El Gobierno eliminó el sistema de conciliaciones de consumo a fin de reducir la conflictividad y los gastos para las empresas, pero la medida los perjudicó

l mes pasado, el Gobierno Nacional disolvió sistema de conciliaciones de consumo protegido (COPREC); se trataba de un mecanismo administrado por la Secretaría de Comercio que tenía por finalidad posibilitar un acuerdo conciliatorio entre proveedores y consumidores para la resolución de los conflictos de consumo dentro del ámbito de la Capital Federal, pero era utilizado por usuarios de todo el país cuando el proveedor tuviera domicilio en la misma ciudad.

Las conciliaciones eran administradas por abogados especialistas en consumo y registrados para este servicio, y habían ganado popularidad gracias a su modalidad de audiencias virtuales, instaurada durante la pandemia y mantenida desde ese entonces.

La decisión de suprimir el COPREC, formalizada mediante decreto presidencial 55/2025, se justificó en la necesidad de evitar la coexistencia de organismos con facultades y atribuciones superpuestas, reducir costos para los proveedores y alinear las políticas de regulación del mercado interno y avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos

Sin embargo, en la práctica, la medida generó un efecto contrario: lejos de simplificar la resolución de conflictos, fortaleció a los municipios y provincias en su rol de conciliadores en disputas de consumo, muchas veces con un marcado sesgo recaudatorio.

El empoderamiento de los municipios

Una de las consecuencias más notorias del cierre del COPREC fue la delegación forzada de la resolución de conflictos a las Oficinas Municipales y las Defensorías Locales de Consumidores.

Si bien los reclamos pueden generarse a través de la Ventanilla Federal de Consumo, un servicio que aún mantiene la Nación; los casos son derivados a la autoridad de consumo local. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los intendentes pasaron a ser actores centrales en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), lo que les otorga mayor grado de discrecionalidad en búsqueda de soluciones y en la facultad de aplicar de sanciones por supuestos incumplimientos.

En el interior del país, el impacto varió según cada jurisdicción. En algunos casos, como en la provincia de Río Negro, las funciones del COPREC se superponían con las reconocidas a la Agencia de Recaudación Tributaria que, además, oficiaba como mediador en los conflictos de consumo, lo que deriva en un incremento de la litigiosidad en el organismo local.

El nuevo escenario en Buenos Aires

Los principales focos de conflictividad siguen concentrándose en los sectores financiero, telecomunicaciones, medicina prepaga y grandes cadenas de consumo. Sin el COPREC como instancia de conciliación a distancia, las empresas ahora deben concurrir a audiencias presenciales, constituir domicilio y designar representantes en cada localidad donde enfrenten un reclamo, lo que implica un aumento en los costos operativos.

El problema central no es solo logístico, sino también de carácter recaudatorio. En la provincia de Buenos Aires, la Ley 13.133 establece la obligatoriedad de la comparecencia en las audiencias de conciliación bajo pena de sanción. En la práctica, esto se ha interpretado como una obligación de participar de manera presencial, por lo cual, incluso si la empresa responde satisfactoriamente o alcanza un acuerdo con el consumidor, puede ser multada si no asiste físicamente.

Municipios como General Pueyrredón han adoptado interpretaciones especialmente rigurosas de la norma, imponiendo sanciones severas, ejecutándolas judicialmente y exigiendo incluso la publicación de edictos en diarios locales, lo que encarece aún más el proceso.

Irregularidades y arbitrariedad

El vacío dejado por el COPREC también ha dado lugar a situaciones irregulares. En municipios, se exige a las empresas el pago de una tasa por servicios, simplemente por haber sido denunciadas, independientemente de la validez o no del reclamo.

Esto resulta abiertamente inconstitucional, ya que vulnera principios fundamentales del debido proceso y la garantía de inocencia de la parte. La sanción anticipada al denunciado, sin posibilidad de presentar pruebas o conciliar con el consumidor, contradice el artículo 48 de la Ley de Defensa del Consumidor, que prevé y establece sanciones para denuncias infundadas o maliciosas, en cuyo caso queda exonerada la empresa denunciada.

Las sanciones, muchas veces omiten la correcta descripción de los hechos y como se ha vulnerado el derecho del reclamante. En algunos casos es alarmante como una sanción deriva de una tergiversación de hechos, de la interpretación particular de un funcionario, o bien por la falta de satisfacción de la pretensión del denunciante, por más irrisoria que esta resulte.

En este contexto, el papel de las OMIC y otras instancias de control locales ha dejado de ser el de mediadores neutrales para convertirse en organismos con intereses directos en la recaudación de multas y tasas.

CABA: un modelo más eficiente

Mientras que en la provincia de Buenos Aires y el interior del país la eliminación del COPREC derivó en mayor injerencia de funcionarios locales no versados en la materia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha consolidado un esquema de conciliación más eficiente con abogados especialistas.

El Tribunal Superior de Justicia de CABA implementó la plataforma “Mi Reclamo”, que permite gestionar conflictos de manera virtual, garantizando la presencia de abogados y facilitando la ejecución judicial en caso de falta de acuerdo. Además, el Gobierno de la Ciudad mantiene el programa “BA Concilia” y la atención en los Centros de Gestión y Participación (CGP), ofreciendo múltiples alternativas para la resolución de conflictos de consumo.

Conclusión: una medida que salió al revés

Lo que en un principio se presentó como un alivio burocrático y económico para las empresas terminó por fortalecer la instancia local municipal o provincial y la justicia administrativa de faltas, donde los organismos encargados de llevar adelante la negociación o mediación también actúan como jueces y beneficiarios de las sanciones que imponen.

La aplicación literal de normativas provinciales y locales ha generado un escenario en el que los proveedores se encuentran en clara desventaja, con costos crecientes y un margen cada vez más reducido para defenderse de reclamos, que en muchos casos son injustificados.

A veces sucede que, la discriminación positiva en favor del consumidor ha terminado convirtiendo al victimario en víctima de un sistema que prioriza la satisfacción del cliente a cualquier costo.

Después de todo, como dice el viejo refrán, “el cliente siempre tiene la razón”.

Fuente: iprofesional

El 23 de marzo marca el vencimiento de la moratoria previsional que permitió a millones acceder a una jubilación sin haber alcanzado los 30 años de aportes. ¿Qué pasará con aquellos que no logren cumplir este requisito y qué alternativas existen para quienes no puedan jubilarse?

A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación, ya que ese día vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, que estuvo vigente desde marzo de 2023. Esta medida, decidida por el gobierno de Javier Milei, no será extendida, y no se habilitarán nuevas moratorias ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.

Este vencimiento de la moratoria traerá consigo importantes cambios para el sistema previsional, afectando a miles de adultos mayores que, hasta el momento, habían podido jubilarse a través de este mecanismo. Se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por medio de la moratoria vigente. En el caso de las mujeres, el impacto será aún mayor, ya que 9 de cada 10 mujeres utilizan la moratoria para jubilarse, de acuerdo con especialistas.

El fin de esta moratoria deja a muchos trabajadores y trabajadoras sin la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio, a menos que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema previsional. Aquellos que no alcancen los 30 años de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si logran cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.

Para aquellos que no puedan acceder a una jubilación, el gobierno ofrece la PUAM, una pensión no contributiva que pueden solicitar las personas mayores de 65 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, este beneficio está restringido a aquellos que puedan demostrar dicha vulnerabilidad mediante la presentación de declaraciones juradas. No cualquier persona podrá acceder a esta pensión, ya que el gobierno ha establecido diversos parámetros socioeconómicos para definir quiénes pueden acceder a ella. Es importante destacar que la PUAM no es un derecho universal, sino que depende de las condiciones económicas del solicitante.

A diciembre de 2024, alrededor de 194.000 personas cobraron la PUAM, según datos de la Anses. Esta pensión equivale al 80% de la jubilación mínima, que en marzo de 2025 será de $223.297,36. Además, se incluye un bono de $70.000, que se mantiene desde el año pasado y que eleva el total que perciben los beneficiarios a $293.297,36.

Es relevante mencionar que aquellos que ya perciben esta pensión no podrán heredar. Es decir, una persona casada con alguien que recibe la PUAM no podrá continuar cobrando esta pensión tras el fallecimiento del beneficiario.

Según la abogada previsional Andrea Falcone, el fin de la moratoria previsional tendrá un gran impacto, ya que 7 de cada 10 personas acceden a la jubilación a través de este mecanismo. En el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 9 de cada 10. Falcone explica que, a partir del 23 de marzo, aquellas personas que no puedan cumplir con los 30 años de aportes no podrán jubilarse, sino que deberán esperar hasta los 65 años y, en algunos casos, pasar por un proceso administrativo para demostrar su vulnerabilidad económica y acceder a la PUAM.

Por otro lado, desde el gobierno sostienen que la moratoria era un mecanismo “injusto” frente a aquellos que cumplieron con los años de aportes requeridos. La moratoria implicaba un gasto para el sistema previsional, ya que permitía a personas con pocos aportes acceder a la jubilación. En cambio, la PUAM está dirigida a las personas que realmente necesitan el apoyo económico, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A pesar de que se desestimó la posibilidad de extender la moratoria, el gobierno también contemplaba la posibilidad de realizar una reforma más amplia al sistema previsional. Sin embargo, esta reforma sigue en proceso y aún no se ha implementado una medida de reemplazo que resuelva el problema de fondo relacionado con la falta de aportes previsionales por parte de muchos trabajadores.

A quienes aún no hayan alcanzado los 30 años de aportes, el gobierno les otorga la posibilidad de saldar la deuda previsional hasta fin de año. Si bien el vencimiento de la moratoria no permitirá nuevos ingresos a este mecanismo, aquellos que deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante un pago único al contado, lo que les permitirá acceder a la jubilación. Sin embargo, esta opción no estará disponible para quienes no cumplan con los requisitos establecidos.

En ese sentido, Adrián Troccoli, abogado especializado en el tema previsional, criticó que la moratoria no haya resuelto el problema de fondo del sistema previsional, que es la falta de trabajo formal con aportes. Según el experto, la jubilación debería ser el derecho de aquellos que han trabajado durante los años requeridos, y el concepto de jubilación se ha desvirtuado al permitir que personas con pocos aportes accedan a este beneficio.

El sistema previsional enfrenta una situación compleja debido al número creciente de personas que no cumplen con los 30 años de aportes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones. El gobierno se ha comprometido a seguir trabajando en una reforma integral, aunque aún no se han presentado propuestas concretas que puedan reemplazar la moratoria.

El gobierno de Javier Milei sigue trabajando en la reforma previsional, que podría contemplar cambios importantes en la forma en que se gestionan las jubilaciones en el país. Sin embargo, el tema de los aportes no ha sido resuelto de manera efectiva, y es probable que las reformas en el sistema previsional continúen siendo debatidas en el futuro cercano.

Además, aunque se ha descartado la posibilidad de subir la edad jubilatoria, el actual titular de la Anses, Fernando Bearzi, reemplazó a Mariano de los Heros, quien había planteado la posibilidad de una reforma en este sentido. Milei se mostró en desacuerdo con la propuesta de subir la edad jubilatoria antes de abordar una reforma laboral que incentive la formalización del empleo.

El futuro del sistema previsional argentino sigue siendo incierto, con una importante transición hacia la PUAM para aquellos que no logren alcanzar los 30 años de aportes. La moratoria previsional, que permitió a millones acceder a su jubilación, llega a su fin, y con ella, las posibilidades de regularizar deudas previsionales mediante un plan de pagos.

Fuente: infobae

El organismo difundirá el IPC del segundo mes del año que reflejaría una mayor presión de los precios del rubro alimenticio, en particular de la carne.

Tras haber registrado en enero el nivel más bajo en casi cinco años, al presentar una suba del 2,2% interanual, y retomar el sendero de desaceleración tras la suba de diciembre, los analistas estiman que el índice inflacionario en febrero habría reflejado un ritmo por encima del mes anterior.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó en su último informe de febrero que la inflación del segundo mes del 2025 rondaría el 2,1%. El dato estimaba una leve baja pero la entidad aún no publicó el promedio final tras la finalización del mes.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual alcanzó el 2,5%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,7%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3,8%, 1,7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes anterior.

Al respecto, precisaron que “las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”. Los valores de la carne se dispararon un 7,8% en su medición.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del dato oficial de enero. De esta manera, en el primer bimestre del año, la inflación acumulada es del 4,6%, sustancialmente inferior al 36,6% acumulado en el primer bimestre del 2024.

En cuanto a la variación interanual, el reporte reflejó que alcanzó el 66,7%, marcando la décima desaceleración consecutiva y la segunda por debajo del 100%, tras haber quebrado esa barrera en enero pasado cuando se ubicó en 84,5%.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “durante la primera mitad del mes, el IPC registró incrementos por debajo de enero, lo que conducía a pensar en una desaceleración de la inflación” pero expusieron que “en la segunda parte de febrero, se registraron incrementos por encima de lo previsto”.

En ese aspecto, coincidieron con el relevamiento de Eco Go adjudicando al rubro alimentación y en particular a la carne la mayor incidencia de la aceleración al indicar que “buena parte de esto se explica por los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, particularmente en la carne, cuyo incremento fue superior al 7%”.

En este sentido, el reporte de los precios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Politica Ciudadana (ISEPCi) arrojó que en febrero los alimentos escalaron un 5,12%.

Fuente: noticias argentinas

A partir de la reglamentación de la nueva norma en el Boletín Oficial, los viajeros deberán completar una declaración jurada si superan los u$s10.000

ARCA implementa cambios y complementa la reglamentación para el ingreso y salida de dinero en efectivo de los viajeros. A partir de la reglamentación de la nueva norma en el Boletín Oficial, los viajeros deberán completar una declaración jurada si superan los u$s10.000

La resolución establece que los viajeros de cualquier categoría y los tripulantes que ingresen al territorio argentino, ya sea como equipaje o pacotilla, deben declarar ante el servicio aduanero el dinero en efectivo, los instrumentos negociables al portador (en moneda nacional o extranjera) y/o los metales preciosos amonedados, si su valor total es igual o superior a u$s10.000 o su equivalente en otras monedas.

ARCA: cambios para el ingreso o egreso de dólares

Esta declaración se realizará mediante el formulario OM 2249-A, el cual será completado y emitido por el servicio aduanero y firmado por el declarante, según lo dispuesto en la reglamentación disponible en el sitio web de la agencia

Por otro lado, se aclara que se considerará el tipo de cambio comprador al cierre del día hábil anterior al ingreso del país, según lo comunicado por el Banco de la Nación Argentina

En cuanto al egreso, los viajeros y tripulantes solo podrán retirar dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador en moneda extranjera o metales preciosos amonedados si su valor es inferior a u$s10.000 o su equivalente en otras monedas, y deberán considerar el tipo de cambio vendedor al cierre del día hábil anterior al egreso, según lo indicado por el Banco de la Nación Argentina.

Si el valor total supera esta cantidad,sólo podrán realizar el egreso de moneda extranjera y de instrumentos negociables al portador a través de entidades autorizadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

En el caso de la moneda nacional de curso legal y los instrumentos negociables en esta moneda, podrán hacer el egreso mediante una declaración ante el servicio aduanero, utilizando el formulario OM 2250-B.

El formulario OM 2250-B será completado y emitido por el servicio aduanero y firmado por el declarante, de acuerdo con la reglamentación disponible en el sitio web de la agencia.

Ingreso de dólares al país

Se establece que los viajeros de cualquier categoría y los tripulantes que introduzcan al territorio argentino, en calidad de equipaje o pacotilla, dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador -en moneda extranjera o nacional de curso legal- y/o metales preciosos amonedados, deberán declararlo ante el servicio aduanero al momento del ingreso al país, cuando el total de ellos tenga un valor igual o superior al equivalente a u$s10.000.

Deberán declararlo mediante el formulario OM 2249-A, el que será integrado y emitido por el referido servicio y suscripto por el declarante de conformidad con lo que establezca la reglamentación disponible en el micrositio “Viajeros” del sitio “web” de ARCA.

A tal fin, el valor de los bienes se determinará utilizando el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre del día hábil anterior al ingreso, conforme lo informe el Banco de la Nación Argentina.

Egreso de dólares del país

A su vez, los viajeros y tripulantes sólo podrán egresar del territorio argentino, en calidad de equipaje o pacotilla, dinero en efectivo en moneda extranjera, instrumentos negociables al portador en moneda extranjera y/o metales preciosos amonedados, cuando su valor en total sea inferior a U$S 10.000 o su equivalente en otras monedas.

A tal fin, se tendrá en cuenta el tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al de su egreso, comunicado por el Banco de la Nación Argentina.

Si el valor total excede esta cifra, el egreso deberá realizarse a través de entidades autorizadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

En el caso de egreso de moneda nacional de curso legal e instrumentos negociables emitidos en moneda nacional, si el valor total supera los USD 10.000 o su equivalente, los viajeros deberán declarar estos bienes al momento de salir del país mediante el formulario OM 2250-B.

En todos los casos, los importes se computarán por cada viajero o tripulante. Cuando se trate de menores de 16 años de edad no emancipados, los citados montos serán iguales al 50% del establecido para los mayores de edad.

Los límites establecidos en esta resolución no serán de aplicación a los viajeros de cualquier categoría y a los tripulantes que se encontraren en tránsito, siempre que hayan declarado previamente a su ingreso al país utilizando el formulario OM 2249-A. En este caso, deberán consignar la palabra ‘Tránsito’ en el formulario y presentar la declaración ante la aduana de salida.

Cuando se constate el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución general, el sujeto responsable será pasible de las sanciones y medidas cautelares previstas por el Código Aduanero.

ARCA cierre de oficinas: qué localidades afecta

El Gobierno nacional confirmó que se eliminarían 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y se cerrarán una serie de oficinas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En efecto,ya comenzaron a llegar las notificaciones que pusieron en alerta a los trabajadores de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

A nivel de la provincia de Buenos Aires, sólo quedarán operativas las sedes de Junín, La Plata, Mercedes, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de oficinas en Tandil y Necochea. En tanto, la Agencia La Plata absorberá los partidos de La Plata, Brandsen, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena, Castelli, Dolores, General Guido, Tordillo, Maipú, Pila, Chascomús, General Paz y General Belgrano. A continuación el detalle de la nueva organización de las oficinas de ARCA:

Según la disposición oficial, los cambios entrarán en vigencia 45 días después de su publicación en el Boletín Oficial. En los considerandos de la norma, el Gobierno fundamentó la decisión señalando que en los últimos años se produjo un “sobredimensionamiento” de la estructura de la Dirección General Impositiva.

Fuente: iprofesional