El Congreso le puso fin al trámite que debían hacer los jubilados para demostrar su supervivencia. Cuáles son los nuevos mecanismos vigentes. Además, la agenda de pagos según número de documentos comenzó este lunes.

Siete de los diez componentes mejoraron en mayo mientras que sólo tres cayeron en la comparación intermensual. Pero la falta de reservas y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional pueden traer un estrés.

El 16 de mayo pasado la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal (CNACAF) ratificó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), revocando la determinación de la AFIP sobre el impuesto a las ganancias (IG) de los períodos 2011 a 2015, dejando a su vez sin efecto la multa por omisión que pretendía aplicarse. Se trata del caso “Pesquera Trans Antartic Ltda.”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había determinado las supuestas obligaciones fiscales omitidas, en base a desconocer la deducción de diferencias de cambio de deudas originadas en operaciones de importación (operaciones comerciales) realizadas y no canceladas entre la sucursal argentina y su casa matriz radicada en la República de Chile.

Sucintamente, la postura de la Administración Federal (AFIP) se fundaba en:

1) Realidad económica: “al ser la contribuyente una sucursal de la casa matriz, no se podía constituir en deudora de ésta, en tanto eran la misma persona”. Así, a criterio del fisco, la sucursal reunía la condición de acreedor y deudor en forma simultánea, lo que justificaba la improcedencia de la deducción. Para la AFIP no había deudas, sino “asignaciones de capital efectuadas por la principal, formando parte del patrimonio neto de la propia casa matriz”.

2) Interpretación restrictiva de operaciones entre partes vinculadas: “las relaciones comerciales entre partes vinculadas requieren un criterio de análisis más restrictivo acerca de la intención de las partes, el riesgo empresarial, la intención de restituir los fondos, la relación con los activos y las tasas de interés pactadas”. Para el ente fiscal, ninguno de los parámetros mencionados evidenciaban una verdadera relación comercial entre partes independientes.

3) Aplicación del criterio de la Corte (CSJN) en la causa “The Bank of Tokyo” (22/11/2014): En materia del Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP), el Alto Tribunal sostuvo que las sucursales argentinas de sociedades constituidas en el extranjero no tienen personalidad jurídica propia, tratándose de la misma sociedad extranjera que ejerce una determinada actividad en nuestro país. A partir de ello, concluyó la CSJN que dichas sucursales no debían actuar como responsables sustitutos de aquel gravamen.

En resumen, la AFIP circunscribió el motivo de la determinación de oficio a la condición de sucursal de la firma contribuyente.

Llegado el caso al TFN, este revocó la pretensión fiscal con los siguientes fundamentos:

1) Inaplicabilidad del precedente “The Bank of Tokyo”: Es cierto que este fallo protegió el principio de reserva de ley, toda vez que la AFIP sindicaba a las sucursales como responsables sustitutos del ISBP. Sin embargo, su aplicación se limita a dicho gravamen, toda vez que –como explica el TFN– las sucursales en materia del IG tienen una regulación y tratamiento específico.

2) Regulación específica de los establecimientos permanentes (EP): Las sucursales son consideradas EP, los cuales por imperio de la ley del gravamen tributan como una sociedad constituida en Argentina. Por ende, si bien las sucursales no tienen personalidad jurídica propia, para el IG tienen personalidad fiscal.

3) Aplicación del principio del método directo: De consuno con lo anterior, la ley del gravamen y su Decreto Reglamentario (los artículos 16 de la LIG y 22, respectivamente en el ordenamiento actual) establecen la obligatoriedad de las sucursales de llevar contabilidad propia o separada de la casa matriz, lo que también se conoce como principio del “método directo”. Ello, con el fin de lograr un orden para la correcta determinación del IG a ingresar por la sucursal.

4) Aplicación del principio de causalidad: Por lo anterior es que a las sucursales les resulta plenamente aplicable el principio de causalidad, consagrado implícitamente la ley, al establecer que son deducibles todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente.

En base a lo reseñado, el TFN revocó la determinación de oficio y concluyó que las deducciones eran procedentes. Apelado el fallo ante la CNACAF, la sentencia del TFN fue confirmada, por lo que el criterio de AFIP recibió un nuevo revés judicial.

Además de compartir en líneas generales los fundamentos del TFN ya desarrollados, la CNACAF fundó su rechazo de la posición del Fisco Nacional sobre la base de:

1) Procedencia de deducciones: resulta incorrecto el criterio de AFIP, al entender que las deducciones de diferencias de cambio por préstamos son improcedentes per se, por el solo hecho de efectuarse entre empresas vinculadas, postura sin basamento legal alguno.

2) Actuación como partes independientes: en sus operaciones, las empresas vinculadas se deben ajustar a las prácticas normales del mercado entre entes independientes, conforme el art. 9 de la LIG, ya que de lo contrario les resultará aplicable un ajuste bajo el régimen de precios de transferencia. Si las empresas operan como partes independientes, como fue el caso de la actora, las operaciones, diferencias de cambio y su deducción son procedentes.

3) No acreditación de unidad económica: El art. 14 (actualmente, 16) segundo párrafo de la LIG habilita a la AFIP a considerar a la sucursal y a la casa matriz como una unidad económica cuando la contabilidad de la sucursal sea inexacta o insuficiente. Sin embargo, la AFIP no invocó ni acreditó tal situación a fin de desconocer las deducciones.

La Cámara fue contundente al sostener que resulta desacertado considerar que -a efectos del Impuesto a las Ganancias- las transacciones comerciales efectuadas entre la sucursal y su casa matriz radicada en el extranjero son improcedentes per se por formar parte de la misma persona. Ello por cuanto la normativa reseñada no solo acepta la existencia de tales operaciones, sino que exige que sean consideradas como celebradas entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones “se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes”. Caso contrario, aquellas se ajustarán de acuerdo a las previsiones de precios de transferencia y traerán aparejadas las consecuencias previstas en el ordenamiento legal aquí involucrado.

Todo lo anterior deja en evidencia que el Fisco Nacional (AFIP) actuó contra derecho. Con el fin de justificar un reclamo carente de sustento,no sólo ignoró –sino que violentó– lo que la ley del gravamen dispone para la materia, además de aplicar una doctrina judicial que claramente pertenece a otro impuesto.

Estamos ante un fallo sumamente valioso, por la claridad de sus conceptos y por ratificar la resolución del Tribunal Fiscal, poniendo freno a una pretensión del ente fiscal totalmente ajena a la técnica del impuesto.

Insistiendo en su reclamo, la AFIP interpuso recurso extraordinario, que fue concedido por la Cámara. Veremos qué dice la Corte en un futuro cercano.

Fuente: iprofesional

La iniciativa se enmarca en el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, que busca promover las inversiones en el sector automotriz.

El Gobierno estableció los requisitos necesarios para que inversores de la industria Automotriz-Autopartista accedan a incentivos fiscales, a través de la Resolución 278/2023, que se encuadra dentro del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino.

Los bancos nacionales y los extranjeros en el país nucleados en Adeba y ABA, respectivamente, rechazaron el proyecto de ley para mejorar la situación de los deudores hipotecarios UVA que en la semana fue aprobado en la Cámara de Diputados y advierten que, en caso de avanzar en el Senado, dificultará el desarrollo del crédito hipotecario “por muchos años”.

En un comunicado conjunto las cámaras señalaron que “más allá de las buenas intenciones, los efectos serán los contrarios a los buscados, como ya sucedió con la denominada Ley de Alquileres”.

Los créditos UVA nacieron a finales de 2016 con un valor que apenas superaba los $14, ahora se encuentra por encima de los $277, lo que significa un aumento de 1.878% frente una inflación acumulada de poco menos de 1.550% en dicho período.

Créditos UVA: por qué los bancos rechazan el proyecto oficial

La primera razón que esgrimen los banqueros es la inseguridad jurídica. “Será muy difícil atraer los recursos necesarios para desarrollo del crédito hipotecario para la vivienda, en la medida que sea factible que el Congreso modifique los contratos pactados entre particulares. Esta cuestión deben tenerla en cuenta tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición”.

En ese sentido, entienden que “uno de los pilares que necesita el país para solucionar buena parte de sus problemas, particularmente los problemas económicos y más específicamente el déficit habitacional, es la seguridad jurídica. Esto es, poder confiar en los acuerdos, en el ordenamiento jurídico y en los contratos”.

Por otro lado, apuntan que el tema clave a solucionar en la Argentina es la inflación: “La caída del ingreso real de muchos argentinos debido a la alta inflación es la causa de los problemas de muchos inquilinos y propietarios, y también del resto de la sociedad; no del instrumento que se creó para paliar el déficit de créditos hipotecarios. Se debe atacar el problema: la inflación”.

“Tal como expusieron en las comisiones de Diputados, tanto el Banco Central de la República Argentina, como las asociaciones de bancos públicos y privados, el grado de incumplimiento de los créditos hipotecarios es muy bajo, siendo uno de los menores de la región”, sostienen las entidades en un comunicado conjunto.

Además, llaman a utilizar los recursos del Estado de manera estratégica para llegar a sectores que no accedan al sistema financiero, pero “difícilmente tendrán la magnitud necesaria para solucionar el déficit habitacional del país; se requiere necesariamente del capital privado. Pero el Estado puede contribuir fijando normas generales para que ese desarrollo privado encuentre un terreno más fértil y no interviniendo arbitrariamente los contratos entre privados”.

“A la fecha, tanto los bancos públicos como los privados tienen establecidos mecanismos para atender la situación de las familias en mora, sin destruir el instrumento, hasta tanto la situación macroeconómica alcance la estabilidad necesaria para que las políticas de crédito de largo plazo puedan desarrollarse”, destacan las entidades.

La propuesta de los bancos

Las entidades propusieron realizar un trabajo técnico en conjunto con los legisladores para considerar los siguientes puntos:

• Unidad de cuenta hipotecaria. Crear una unidad de cuenta que ajuste por inflación. Dado la experiencia y difusión, esa herramienta podría ser la actual UVA.
• Fondo Compensador privado. Crear un fondo compensador privado, entre variación de las UVA y los salarios (CVS), de manera de que los tomadores de crédito tengan una especie de “seguro” que los protegerá en los periodos donde la inflación aumente sustancialmente por encima de los salarios. El proyecto con media sanción en Diputados tiene otro grave problema de diseño, porque el fondo que se crea se relaciona con la cantidad de depósitos que tiene cada banco y no con la cantidad o el volumen de los créditos hipotecarios UVA que otorgó.
• Promover el proceso de venta de hipotecas (securitización). Aprobar un marco legal que otorgue seguridad jurídica y no grave con impuestos distorsivos a las transferencias de hipotecas generadas por los bancos. De esta forma, los bancos podrían transferir sus carteras de hipotecas al mercado de capitales e inversores de largo plazo. También obtendrían más fondos para otorgar nuevos créditos.
• Simplificar las actuaciones notariales. Crear mecanismos que simplifiquen y hagan más económicos los procesos de registración de hipotecas y procesos notariales.
• Promover la seguridad jurídica de las operaciones de crédito hipotecarios y derecho de propiedad. Generar el marco legal que le dé transparencia y estabilidad jurídica a las transacciones de crédito hipotecarios, así como a los procesos de ejecución en caso de no pago

Fuente: iprofesional

Según el BCRA, los argentinos atesoran USD 240.967 millones en efectivo, de los cuales USD 16.043 millones estaban depositados en los bancos locales y el resto, unos USD 224.924 millones permanecían fuera del sistema.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos señala, además, que la construcción presentó un retroceso del 2,9 % en el mismo período

La actividad industrial registró durante mayo un alza del 1,1 % en relación a igual mes del año pasado, mientras que el sector de la construcción presentó un retroceso del 2,9 %, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En mayo, respecto a abril, la actividad fabril reflejó una merma del 1,5 % y la construcción tuvo una baja del 2,2%.

De esta manera, el sector industrial acumuló una suba del 2,2% en los primeros cinco meses del año, mientras que la construcción retrocedió 1,9%.

Durante mayo, 10 de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron subas interanuales, destacó el Indec.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron alzas en “Industrias metálicas básicas”, 9,2%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 10,7%; “Sustancias y productos químicos”, 2,1%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 5,9%; “Vehículos automotores, y autopartes”, 5,%.

También mostraron subas “Productos de caucho y plástico”, 3,3%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,8%; “Productos textiles”, 4,2%; “Derivados del Tabaco”, 11,9%; y “Otro equipo de transporte”, 4,5%.

Por su parte, marcan retrocesos las divisiones “Madera, papel, edición e impresión”, 4,8%; “Productos minerales no metálicos”, 5,3%; “Maquinaria y equipo”, 2,9%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 4 %; y “Productos de metal”, 0,9%.

Asimismo, “Alimentos y bebidas” mostró una disminución cercana a cero.

En el plano cualitativo, el Indec consultó también a los empresarios del sector fabril sobre sus expectativas para el corto plazo.

En este plano, el 26,8% de los relevados pronosticó una baja en el nivel de actividad, el 26,2% proyectó un crecimiento, mientras que el 47% restante dijo que se mantendrá en los niveles actuales.

En tanto, en el sector de la construcción, los datos de compra de insumos en mayo mostraron con relación a igual mes del año anterior subas de 21,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 12 % en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 8,9% en placas de yeso; 3,8% en artículos sanitarios de cerámica; 2,5% en pinturas para construcción; 2,1% en pisos y revestimientos cerámicos; y 1,7% en hormigón elaborado.

Por el contrario, se observaron bajas de 15,1% en la venta de ladrillos huecos; 9,6% en asfalto; 8,7% en cales; 8,3% en hierro redondo y aceros para la construcción; 5,9% en yeso; y 1,5% en cemento portland.

En cuanto a las expectativas, el 22,1 % de los empresarios de la construcción que se dedican principalmente a obras privadas estimaron que el nivel de actividad se reducirá en el corto plazo, el 16,3% anticipó un alza, mientras que el 61,6% restante no prevé mayores cambios.

Por último, entre los que se dedican a realizar obra pública, el 30% cree que habrá una disminución en el nivel de actividad, contra un 17% que anticipó un avance, mientras que el restante 53% no estimó mayores variantes.

Fuente: el ciudadano

La Pampa. Declaración y prórroga del estado de emergencia y/o desastre agropecuario a determinadas zonas afectadas por incendios y sequía.

A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, en la Provincia de LA PAMPA, declaran, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda; (i) desde el 01/12/2022 y hasta el 31/05/2023, a las explotaciones agrícolas-ganaderas afectadas por incendios de los lotes de los Departamentos Chalileo y Toay, de acuerdo al detalle catastral dispuesto por el Decreto Provincial N° 527/2023; y (ii) desde el 15/03/2023 y hasta el 30/06/2023, a las explotaciones agrícolas-ganaderas afectadas por sequía, en los lotes de departamentos de acuerdo con el detalle catastral dispuesto por el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 1193/2023. Asimismo, prorrogan hasta el 30/06/2023, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a las explotaciones agrícolas-ganaderas afectadas por sequía, conforme la R. (MEC) N° 538/2023.

Resolución (MEC) Nº 928/2023 (BO 06/07/2023)

Fuente: Lisicki Litvin