La iniciativa, que ingresó el pasado 1 de agosto -incluso fue firmada por la exministra Silvina Batakis– establece la extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA, señala Parlamentario.

Durante el encuentro, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (FdT), consultó a la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, “cuánto se perdería de recaudación si nosotros no prorrogamos” estos impuestos, a lo que la funcionaria contestó: “Solamente a lo que es prórroga de vigencia, no hablamos ahí de Valor Agregado, si esto no se prorroga estaríamos alrededor de un 32% de pérdida de recaudación sobre el total”.

También, tras una consulta del chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT), la representante de la cartera económica señaló que sólo en relación a Ganancias se vería afectado un 13% de lo destinado a las provincias.

Durante su exposición, Balestrini sostuvo que los impuestos contemplados “son pilares del sistema tributario argentino y de la recaudación” y “gran parte son coparticipables o son distribuidos en base a la coparticipación”.

La recaudación de los mismos hace al “financiamiento de políticas públicas”, por lo que “mantener la integridad de esos recursos tributarios” contribuirá a elaborar “los supuestos del próximo Presupuesto”, indicó e insistió: “Es fundamental contar no solamente con una claridad en cuanto a políticas públicas” sino “cómo se van a financiar” y de allí la necesidad de prorrogar la vigencia de estos tributos

Al detallar la incidencia de cada uno, la funcionaria expuso que el impuesto a las Ganancias “representa 5 puntos del PBI”. En cuanto al impuesto sobre los Bienes Personales, precisó que más de 90% es coparticipable; mientras que el impuesto al cheque o el impuesto sobre el precio final de la venta de cigarrillos tienen asignación específica destinada a la ANSeS.

Apoyada en filminas, la subsecretaria explicó que el IVA se reparte un 11% a ANSES y el 89% es coparticipable; en cuanto al Capital de Cooperativas, el 50% es coparticipable y el otro 50% va la Fondo de Promoción de Educación Cooperativa.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales tiene una detracción mensual destinada al INCUCAI, que anualizada es alrededor de 3 millones de pesos, mientras que el 90% se distribuye por coparticipación y el resto va a las cajas previsionales no transferidas.

En cuanto al impuesto a los pasajes al exterior, el 40% va al Instituto Nacional de Promoción Turística y el 60% a la Secretaría de Turismo; el impuesto sobre el precio final de la venta de cigarrillos tiene un destino 100% a la seguridad social; en relación al régimen de monotributo, en lo que refiere al componente impositivo, el 70% va a ANSeS y el 30% a las provincias; y en cuanto al impuesto interno con relación a seguros, el 100% tiene destino al Tesoro Nacional.

Al momento de las preguntas, el diputado porteño Martín Tetaz (Evolución Radical) consultó sobre los efectos económicos. “Ningún impuesto es neutral. Hay impuestos que provocan distintos efectos económicos y que tienen que ver con una mayor o menor progresividad o regresividad”, expresó Balestrini, que añadió: “No son neutrales, pero no son perjudiciales”. Y, ante el requerimiento de cifras, la funcionaria dijo que no podía contestar sobre el nivel de cumplimiento de cada tributo.

Las respuestas de la subsecretaría provocaron la queja de Tetaz, quien cuestionó que no había “escuchado un solo número”. “No tienen la menor idea de cuál es el efecto económico de cada impuesto” y “los niveles de evasión de cada uno de los impuestos”, enfatizó. “¿No ameritaría que cuando tengan la información podamos decidir con los datos sobre la mesa?”, se preguntó

Entonces, la funcionaria procedió a dar ciertos datos, que recomendó podían chequearse en una web oficial, como que “la presión tributaria del impuesto a las Ganancias con relación a 2021 estamos hablando de 5,07, y con relación a 2022, en cuanto a lo estimado y lo efectivo, de 5,41. De eso para las provincias tiene una atribución directa del 63,12%”.

En tanto, el IVA tiene “una presión tributaria de 6,87 neto de reintegro con relación a 2021, y 7,07 para 2022”, del cual “el 51.35% va directamente a las provincias”, apuntó. Sobre el impuesto al cheque, indicó que en 2021 tuvo una recaudación de 750.414 millones de pesos, que representan un 1,52% del PBI para 2021.

A su turno, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) cuestionó que “el destino cuando hay asignaciones específicas nos pasa de costado a las provincias” que “se ven menguadas en su capacidad de receptar los fondos de estos impuestos que sistemáticamente tenemos que pagar”. Al referirse al Consenso Fiscal, la cordobesa fustigó que “por un lado dicen que las provincias suban (impuestos), pero por otro, que sigan pagando impuestos y los recursos se los queda la Nación”.

En tanto, el secretario de la comisión, Víctor Hugo Romero (UCR), subrayó que la prórroga de los tributos se puede votar por mayoría simple, pero “la asignación específica requiere mayoría absoluta”, al reclamar por cambios en el texto, algo a lo que se sumó su par Fernando Carbajal (UCR).

Pero desde el oficialismo, Martínez aclaró: “Estamos discutiendo las prórrogas de los impuestos y las asignaciones específicas, no nos estamos metiendo en las estructuras internas de cada uno de ellos. No se está afectando ni modificando nada de lo que ya existe. Yo creo que hay que dictaminar como está (el texto)”

En el tramo final, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro), anticipó la postura del interbloque Juntos por el Cambio. “Nosotros filosóficamente estamos de acuerdo en que los impuestos tradicionales que han financiado al Estado deben prorrogarse: Ganancias, IVA y algunos impuestos internos que tienen que ver con la salud. Como es de usos y costumbres, como pasó por última vez en 2017”, dijo al referirse a la última reforma tributaria de 2017 (Ley 27.432). “En ese sentido nuestra intención bajo ningún concepto es tratar de desfinanciar al Estado nacional, mucho menos a las provincias”, remarcó.

Sin embargo, el macrista aseguró que “no” pueden “avalar con una prórroga lisa y llana la contrarreforma tributaria que se ha hecho en estos últimos dos años”. Y consideró que durante este gobierno hubo “una contrarreforma salvaje, que ha aumentado el impuesto al trabajo, congelando el mínimo no imponible de contribuciones patronales”.

También se “ha aumentado el impuesto a la reinversión de utilidades”, se “ha subido salvajemente el impuesto a los Bienes Personales” y “se ha aplicado una violencia inusitada sobre el contribuyente argentino”. “En estos años ha habido una inflación impositiva”, criticó.

En esa línea, anunció un dictamen de minoría, donde plantearán “la prórroga en general de muchos impuestos”, pero también “algunas correcciones en los que nosotros creemos han sido algunos de los puntos centrales de la contrarreforma impositiva que se ha dado durante el gobierno de Alberto Fernández”.

“Esto es un mensaje de responsabilidad. No vamos a hacer la demagogia de no votar impuestos, porque sería ridículo. Pero sí al mismo tiempo plantear una posición clara de hacia dónde tiene que ir la Argentina en materia de reducir impuestos”, completó.

Por último, Martínez anticipó que buscarán votar el proyecto en sesión la próxima semana y defendió que se propone “una prórroga totalmente prudente en el tiempo”. “Hay que buscarle mucho el pelo al huevo para estar en contra de este proyecto”, manifestó y advirtió por “una situación de colapso de financiamiento de las economías provinciales” en caso de no prorrogarse esos tributos. Finalmente, el santafesino pidió “tener un gesto de responsabilidad y compromiso” ya que “no le estamos pidiendo nada extraño a nadie”.

De acuerdo a esos monitoreos -de “alta frecuencia”- que permiten avisar la evolución de los precios prácticamente en tiempo real, los alimentos mostrarían un alza promedio por encima del 7% en este mes de agosto.

Esa realidad quedaría plasmada si se proyecta lo sucedido en las primeras dos semanas y mes al resto de agosto. Si el mes terminara así, es muy probable que agosto cierre con una inflación en 7%, o incluso algunas décimas por encima de ese tope. Muy cerca del nivel de julio, que tuvo el récord del año, en el 7,4%.

La preocupación del Gobierno tiene doble vía: por un lado, el hecho de que los precios de los alimentos hayan tomado la delantera. La otra, que el índice de precios de este mes empiece con el número “7” por segundo mes consecutivo.

“Sería grave. Pondría en duda la posibilidad de que baje de ese nivel tan pernicioso, justo en medio de las renegociaciones de las paritarias. Estamos en un momento muy complicado”, admite un funcionario clave del equipo económico, en diálogo con iProfesional.

La lupa puesta sobre los alimentos

En julio, la suba de los alimentos había sido del 6%, por detrás del promedio del 7,4%. En el comienzo de agosto, esa relación se dio vuelta, lo que provocó la preocupación en las filas oficiales.

La información es que productos de la canasta esencial cuyos precios venían subiendo por detrás del resto aceleraron esa dinámica ante la incertidumbre cambiaria y la crisis política en el oficialismo, con los sucesivos cambios en el ministerio de Economía y en la estratégica Secretaría de Comercio.

También cuenta la falta de certezas en materia de importaciones. Sin dólares para las compras en el exterior, la presión sobre los precios se intensifica. Un impacto que es transversal a todos los sectores de la economía; cierto es que con distintos grados.

De acuerdo a las mediciones de la consultora que dirige el economista Guido Lorenzo, en la tercera semana de agosto, los alimentos se encarecieron 1,9% contra 0,7% de la semana anterior. Se trata de una medición en línea con lo sucedido en julio.

En las últimas cuatro semanas, el alza de los alimentos totalizó el 6,6%, que va en sintonía con lo que también están viendo desde el Gobierno.

Las mayores alzas se dieron en el rubro de los lácteos, con un 5,8%; seguido por las verduras (+2,0%); los panificados (+1,8%) y las carnes (+1,2%). Según LCG, uno de cada cuatro productos relevados mostraron alzas en sus precios durante la tercera semana del mes.

La inflación “caliente” de agosto

El problema es que el rubro de los alimentos no es el único que aceleró la dinámica de las subas: a comienzos de este mes hubo un ajuste del 40% en los pasajes de los colectivos del área metropolitana.

Según las estimaciones que hacen tanto en las consultoras como en el Gobierno, la incidencia del aumento en el transporte será en torno a tres décimas en el AMBA.

A este capítulo habrá que añadirle el aumento que acaba de poner en práctica YPF y el resto de las petroleras encarecieron los precios de los combustibles un 7,5% en promedio, un movimiento que también le pondrá presión al índice de precios.

Para septiembre recién impactarán las subas en las tarifas de luz, agua y gas, por el retiro parcial de los subsidios para una porción de los consumidores.

La aceleración inflacionaria se produce sin que haya una suba de los dólares alternativos. Tampoco en medio de un incremento en el ritmo del “crawling peg”, algo que desorienta a los funcionarios del equipo económico.

El círculo vicioso

La actual dinámica inflacionaria es corrosiva y muy difícil de interpelar. Las pruebas están a la vista: las subas de los precios son sucesivas e involucran a todos los sectores. Van moviéndose sin parar, un rubro tras otro.

Está claro que ahora, incluso, el ajuste llegó a los precios regulados que antes estaban congelados. O se movían poco. En la lista se inscriben las tarifas de luz, agua y gas y también los combustibles.

Como se dijo más arriba, los alimentos de la canasta básica que están regulados por el Gobierno -muchos de ellos a través de “Precios Cuidados”-, en las últimas semanas aceleraron las subas. Al mismo ritmo que el resto. Allí están desde el azúcar (aumentó 30,5% en julio y este mes vuelve a encarecerse) hasta el paquete de harina 000 (triple cero), que es el más económico y que venía subiendo bien por detrás del resto.

Por ahora, el flamante secretario Matías Tombolini no puso en marcha ninguna medida que pueda enfriar el proceso en los alimentos de la canasta básica. Pero está claro que, a esta altura, ninguna iniciativa solitaria podrá calmar la situación.

El diagnóstico que hacen en las empresas es que, con pocos dólares en el Banco Central, las expectativas de una posible devaluación en el mercado oficial no se diluyeron. Y que ese escenario, quiérase o no, recalienta la dinámica inflacionaria.

Por eso mismo, el propio Massa encabeza distintas negociaciones para tratar de acercar divisas a las reservas del Banco Central.

Impacto político

A diferencia de lo que sucedía hasta mediados de año, la dinámica de precios actual no puede explicarse a partir de los cambios en el escenario internacional (pandemia o la guerra en Ucrania); la Argentina sufre su propio proceso inflacionario.

Todos estos movimientos en los precios erosionan el poder adquisitivo de los salarios, sin dudas. Por eso hay que enmarcarlos en el plano político y social. El impacto es inevitable.

Fuente: iprofesional