La financiación de los pagos de las tarjetas de crédito en pesos muestran en marzo un salto muy importante frente a los meses anteriores, ya que con un total de $191.000 millones es la cifra más alta de toda la serie. Ya llegó a niveles pre-pandemia.

Es que si se compara este monto con los anteriores, pero ajustados por inflación, se debe retroceder hasta el inicio de la pandemia para encontrar una cifra superior, ya que en igual mes de 2020 se financiaron $232.000 millones a precios de hoy.

Asimismo, es un 38% más que el promedio de los doce meses precedentes.

Financiación de las tarjetas de crédito: cambio de tendencia

Según advierte el indicador de consumo BBVA Research Big Data, en los primeros 13 días de marzo, al analizar el nivel de las compras con tarjetas se observa que supera 5% promedio el registro de la pre-pandemia (medido en pesos constantes).

Es decir, el consumo apunta una mejora aunque con signos de debilidad, lo cual representa un cambio frente a lo que venía sucediendo en los meses anteriores.

En efecto, según consigna el informe del BBVA “el detalle de los consumos con tarjetas durante enero y febrero de 2022 pone en evidencia que los clientes realizaron más cantidad de compras, pero por montos que no crecen en términos reales y que se mantuvieron en niveles similares a los del primer bimestre de 2020″.

En cuanto a los rubros que crecieron en términos reales, se destacan los relacionados a turismo y recreación en sus diferentes variantes, mientras que los que hacen a la vida cotidiana, como alimentos o combustible, muestran cierto retroceso.

De esta manera y aunque en forma acotada, pues el aumento apenas supera el 7%, se retoma la senda de crecimiento iniciada en abril de 2021 y que se extendió a lo largo de diez meses en forma consecutiva, pero que se vio interrumpida abruptamente en febrero, cuando se redujo un 35% frente a igual mes del año anterior.

Cambios en la forma de pagar las deudas

Según fuentes privadas cercanas al sector de procesamiento electrónico de pagos, se estima que un 70% de las personas con cuentas bancarias cambiaron su forma de comprar y pagar, en particular desde el inicio de la pandemia.

En apenas dos años, pero con mayor profundidad a lo largo de 2021, se registró un progresivo abandono del efectivo y un acelerado crecimiento en el uso de billeteras virtuales y en particular todo lo relacionado con los códigos QR.

Sobre este punto, un estudio de la Fintech Ualá sostuvo que el año pasado más de 1,2 millones de personas decidieron digitalizar efectivo a través de agentes de cobranza extrabancarios como Pago Fácil o Rapipago, siendo esta una tendencia que se afianza con el paso de los meses.

De hecho, en marzo los pagos con códigos QR superaron las 63.000 operaciones diarias y ya implican un movimiento mensual de unos $1.500 millones, con un ticket que en promedio ronda los $2.000.

¿Qué dicen los balances de los bancos?

Luego de los dos primeros meses del año, cuando los consumos con tarjetas de crédito cayeron en forma abrupta, el cierre de marzo muestra una recuperación de esta forma de financiación.

Según la consultora First Capital Group, los datos correspondientes al mes pasado muestran que las las operaciones con tarjetas de crédito habían alcanzado al último día del mes los $1.371 millones, lo cual significa un aumento de un 4,8% respecto al cierre del mes pasado. Este porcentaje prácticamente triplica al obtenido en febrero cuando el saldo apenas se incrementó un 1,6 por ciento.

No obstante, el crecimiento interanual llegó al 44% y el del último trimestre es del 8,9%, ambos valores que se posicionan por debajo de la inflación de ambos períodos. La duda de los analistas reside ahora en qué pasará de ahora en más, teniendo en cuenta dos factores clave: el efecto inflacionario y la falta de ajuste de los límites de compra y de financiación, al tiempo que ofrecen otras opciones.

Fuente: iprofesional

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya confirmó que el Gobierno planea implementar un nuevo impuesto. Se tratará de “un mecanismo para poder capturar parte de la renta inesperada producto no de inversiones, sino del shock que implica la guerra en Ucrania”.

Será un impuesto para grandes empresas con ganancias netas imponibles en términos absolutos superiores a los $1.000 millones en el año.

De ser aprobado, se convertiría en el tributo número 22 creado o modificado durante el mandato del presidente Alberto Fernández.

Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, realizó un informe que recopila los impuestos que fueron creados o modificados desde 2019.

Los impuestos que se crearon o aumentaron con Alberto Fernández

1 – Creación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)

Se trata de un recargo del 30% sobre el precio de cualquier operación de compra de dólares, ya sea para atesoramiento como para el pago de consumos en moneda extranjera hecho con pesos, tarjeta de crédito, débito u otra forma de pago.

Para el caso de servicios digitales, como la provisión de servicios de streaming online, la alícuota fue fijada en el 8 por ciento.

2 – Bienes Personales

También se implementó un aumento en las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Pasó de un mínimo de 0,25% y un máximo de 1,25% a un mínimo de 0,5% y un máximo de $156.250 más 1,25 por ciento.

Además, para tenencias fuera del país la alícuota máxima subió a 2,25%. Y, como agregado, se mantuvo sin cambios el mínimo no imponible a partir del cual se paga el tributo de $2 millones.

3 – Impuesto al Valor Agregado sobre productos de la canasta básica de alimentos

El 31/12/2019 venció la alícuota del 0% sobre determinados productos de la canasta básica que había sido introducida por decreto del Gobierno anterior.

De esta forma, los productos volvieron a estar gravados al 10,5% y al 21% en las ventas a consumidores finales.

4 – Costos laborales

La Ley de Solidaridad también estableció un aumento de impuestos para el empleo.

En primer lugar, la Ley derogó la obligación que tenía el Estado de actualizar por inflación -un 53,8%- el mínimo no imponible para contribuciones patronales que estaba en $7.003. Al mantenerlo por un año más en ese nivel, hubo un aumento en los costos de los empleadores por efecto de la inflación.

Pero además, previo a esa Ley, la normativa fijaba una convergencia gradual de la alícuota de contribuciones patronales al 19%, lo que implicaba una suba para las pequeñas y medianas empresas más una baja para las empresas más grandes.

La Ley de Solidaridad interrumpió esa convergencia deteniendo la suba para pymes en el 18%, desde el 17% previo -así evitó una suba mayor- mientras que congeló en el 20,4% la alícuota para empresas grandes, para las que estaba prevista una baja.

5 – Impuesto a las Ganancias para sociedades

La Ley de Solidaridad también estableció cambios en el Impuesto a las Ganancias para sociedades. El texto postergó la aplicación de la tasa del 25% para sociedades prevista para este año por un año más, lo que es lo mismo que decir que extendió un año más la tasa del 30%. Eso pesó sobre la distribución de utilidades.

6 – Impuesto al cheque

La Ley de Solidaridad también duplicó el Impuesto a los Débitos y Créditos -Impuesto al cheque- para el retiro de efectivo en caja para empresas, pasó del 0,6% al 1,2% entre las actividades sometidas a la alícuota máxima.

7 – Retenciones a las exportaciones

El Gobierno decidió un aumento de las retenciones a las exportaciones para distintos sectores, con los impuestos a las exportaciones de soja como principal exponente. El cambio fue gradual.

Primero, se elevaron al 30% desde el esquema de monto fijo previo heredado de la administración de Mauricio Macri. La Ley de Solidaridad amplió al 33% la alícuota máxima que se puede aplicar a esos hechos imponibles y, este año, el Gobierno llevó la alícuota al máximo que se había permitido. Los cambios, con distintos niveles de alícuota, afectaron también a la minería, los hidrocarburos, servicios y otros sectores exportadores.

Estas medidas se revirtieron en forma parcial y temporal, cuando se decidió una baja de algunos puntos adicionales a la alícuota máxima.

8 – Ajuste por inflación

La Ley de Solidaridad también afectó al ajuste por inflación. Según la normativa vigente, las empresas pueden computar los quebrantos que les causa la inflación sobre sus resultados hasta un tope. Los excedentes por sobre ese tope se pueden computar en años venideros, los siguientes “períodos fiscales”.

Hasta 2019, se podía imputar en tercios dentro de 3 períodos fiscales y, luego de la Ley de Solidaridad, pasó a poder imputarse en sextos: a lo largo de seis años. Así, el impacto de la inflación en los resultados sujetos a impuestos se licúa a lo largo del tiempo, lo que en los hechos es un costo financiero para las empresas en favor del fisco.

9 – Recargo del 35% a compras de dólares

La AFIP diseñó una percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias o el Impuesto a los Bienes Personales para la compra de divisas, ya sea para atesoramiento como para concretar consumos en moneda extranjera.

La percepción llevó del 30% al 65% el recargo por la compra de dólares, si se tiene en cuenta el Impuesto PAIS que ya se aplicaba a las mismas operaciones.

10 – Suba de Impuestos Internos a electrónicos

A través de la Ley de Presupuesto 2021 se aumentan los Impuestos Internos sobre productos tecnológicos.Los Impuestos Internos que pesan sobre celulares y otros electrónicos pasarán del 7% al 17%, en general, y del 0% al 6,55% para los producidos en Tierra del Fuego, a partir de enero próximo.

11 – Fondo de Incentivo Docente

El Presupuesto 2021 también contempló el regreso del Fondo de Incentivo Docente. Se trata de un tributo destinado a financiar mejoras salariales para docentes establecido por el ex presidente Carlos Menem.

12 – Suba del impuesto a las apuestas online

La Ley de Presupuesto 2021 también estableció un aumento de impuestos sobre las apuestas online. La Ley establece una suba del 2 % al 5 % en el impuesto al juego online.

El tributo se aplica a cualquier transacción por apuesta realizada de forma digital, mientras que el gravamen será del 10% para aquellas empresas que operen desde países “no cooperantes o de baja o nula tributación”, los conocidos como paraísos fiscales.

13 – Contribución sobre las primas de seguros automotores

La Ley de Presupuesto 2021 también creó una contribución obligatoria de 0,5% sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos los vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional y que tendrá como destino la Comisión Reguladora del Transporte.

14 – Contribución sobre las primas de seguros para el manejo del fuego

La Ley de Presupuesto 2021 también creó el denominado Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que estará compuesto, entre otros conceptos, por una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida), a cargo de las aseguradoras. Tal contribución no puede ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores, y deberá ser liquidada por las compañías de seguros a la Superintendencia de Seguros de la Nación.

15 – Impuesto a la Riqueza

El impuesto extraordinario al patrimonio aplicó alícuotas progresivas del 2% al 3,5% y, en el caso de bienes en el exterior, de alícuotas proporcionales del 3 al 5,25%

16 – Impuesto a las Ganancias para la sociedad. Segunda parte

Luego de la postergación indicada, a través de la Ley 27.630 se modificó la ley estableciendo una alícuota progresiva.

Se aplica una alícuota del 25% para las ganancias netas imponibles acumuladas de hasta $5.000.000; para las ganancias de entre $5 millones y $50 millones se abona un monto fijo de $1.250.000 y una alícuota del 30% sobre el excedente; y quienes tienen una ganancia mayor a $50 millones abonan un monto fijo de $14.750.000 más una alícuota del 35% sobre el excedente de ese monto.

De esta forma, se incrementó la presión fiscal aplicando alícuotas del 30% y del 35%, según el tramo de la ganancias que corresponda. A su vez, en todos los casos, al distribuir dividendos se retiene un 7%.

17 – Impuesto al cheque. Segunda parte

Se modificaron las exenciones del impuesto al débito y crédito para gravar a las determinadas cuentas de pago.

18 – Impuesto al cheque. Tercera parte

Se modificaron las exenciones para gravar movimientos de fondos que estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares.

19 –  Bienes Personales- segunda suba

Se aprobó una nueva suba de Bienes Personales con las siguientes características: se incrementa el impuesto del 1,25% al 1,5% para el tramo de bienes en el país entre $100.000.000 y hasta $300.000.000; se incrementa el impuesto del 1,25% al 1,75% para el tramo de bienes en el país por montos superiores a $300.000.000; y se gravan permanentemente los bienes en el exterior con alícuotas diferenciales que van del 0,70% al 2,25% dependiendo del monto total de bienes en el país y en el exterior.

20 – Bienes Personales – tercera suba

La AFIP ha dado a conocer que cambió su criterio respecto al valor fiscal de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires que deben considerarse a los efectos de la valuación del impuesto sobre los bienes personales.

Esto implica multiplicar por cuatro el valor que se venía considerando y que incrementará, en la mayoría de los casos, el impuesto a ingresar especialmente por la clase media.

21 – Bienes Personales – cuarta suba

El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional en uniformar las valuaciones fiscales de los inmuebles de todo el país para el mes de septiembre de 2022 previo acuerdo con las Provincias y CABA.

El objetivo es que ese incremento de las valuaciones generé mayor recaudación del impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2022.

Fuente: iprofesional

El informe aclara que se denomina tributo “al pago que se realiza al Estado para que éste lo administre a través de las operaciones mediante las cuales provee a la ciudadanía de bienes y servicios”.

Por lo tanto, los tributos pueden clasificarse como impuestos, tasas y contribuciones. La diferencia fundamental entre un impuesto y una tasa, derecho o contribución, se explica, “es que en los primeros se grava una manifestación de capacidad contributiva que no precisa ser acompañada de una contraprestación específica por parte del Estado, en tanto que en el caso de tasas y contribuciones la obligación de pago se origina en la prestación estatal de un bien, obra o servicio que beneficia de manera concreta al contribuyente”.

Este último es, o al menos debiera ser, en el caso de las 98 tasas, derechos o contribuciones que con enorme inventiva y avidez recaudatoria administran los municipios, el tercer nivel del esquema de ingresos fiscales del estado argentino.

Los 165 impuestos que soportan los argentinos

El estudio llevado adelante por el IARAF identifica la cantidad de tributos, la recaudación generada, su grado de concentración y la distribución de la misma entre el gobierno nacional, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES, la agencia gubernamental que administra el sistema previsional y paga una amplia variedad de programas que más con la previsión tienen que ver con la imprevisión individual o estatal), los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipales.

El informe identifica165 diferentes tributos en el territorio nacional. Una exacción, define, “es un tributo si implica que un agente del sector privado debe realizar un pago a un organismo estatal”.

A partir de ese criterio, contabiliza unitariamente según el hecho imponible, es decir el nacimiento de la obligación tributaria. Por caso, la obtención de una cierta ganancia es el “hecho imponible” del impuesto a las Ganancias, y la posesión de un inmueble el del impuesto inmobiliario. Aunque se aclara que en algunos casos la contabilización tiene en cuenta que ciertos tributos tienen en la práctica mecánicas de liquidación diferentes según a qué persona (física o jurídica, en Ganancias) o a qué bien o servicio (en el caso de Impuestos Internos) se apliquen. En cuyo caso funcionan como tributos distintos y así los computa el Vademécum.

Más allá de que los tributos sean 165, la recaudación efectiva se concentra en relativamente pocos instrumentos. En efecto, el estudio precisa, en base a la recaudación del año 2021 de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas, Ganancia de sociedades, Derechos de exportación, Débitos y créditos bancarios (cheque) e Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que 8 tributos explican el 82% de la recaudación tributaria consolidada (esto es, de los tres niveles de gobierno) del país.

Y si a esos ocho tributos le sumamos el impuesto sobre los Combustibles, los Derechos de Importación, el impuesto a los Bienes Personales y la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, se obtiene que el 91% de la recaudación consolidada argentina se concentra en doce tributos. De ellos, diez son nacionales y los dos restantes los principales a nivel provincial y municipal respectivamente.

Impuestos, tasas y contribuciones: el detalle del informe

Los 153 tributos restantes aportan a las arcas fiscales el 9% de la recaudación consolidada, lo cual abre un amplio espacio de posibilidades a la simplificación del sistema tributario, que no solo pesa por lo que detrae de los ingresos de personas, empresas e instituciones, sino también por el enorme tiempo y recursos asociados a satisfacer requerimientos legales y burocráticos no siempre sencillos o precisos.

El 91% de la recaudación total, en cabeza de Nación, debe repartirse a su vez, en función del esquema vigente de coparticipación y leyes y acuerdos modificatorios, entre el nivel nacional (Tesoro y ANSES), las provincias, CABA y municipios, fuente de tironeos y controversias como la que actualmente involucra a los gobiernos nacional y porteño.

Las provincias, a su vez mediante sus propios esquemas legales de coparticipación, distribuyen a sus municipios los fondos ingresados tanto por coparticipación de tributos nacionales como por impuestos provinciales, de los cuales el más relevante, por lejos, es Ingresos Brutos, el segundo tributo de mayor recaudación en todo el país.

En el agregado de los 165 tributos considerados, señala el informe del IARAF, de cada $100 de la recaudación total en toda la geografía del país, $54 quedan en el nivel nacional ($28 en caja de ANSES y $26 en el Tesoro), $36 ingresan a las arcas de alguna provincia o CABA, y $ 10 a los Municipios en su conjunto.

Otra observación del flamante documento, sobre la base de los tributos de mayor recaudación, es que $91 de cada $100 de la recaudación consolidada se distribuyen de manera automática: $31 a las provincias y CABA, $27 a la ANSES, $25 al Tesoro nacional y $8 a los Municipios.

Tasas: la situación de los municipios

Los intendentes y concejos deliberantes compensan esa posición de convidado de piedra con una frondosa creatividad a la hora de crear y administrar “tasas, derechos y contribuciones”, cuya recaudación no comparten con los demás niveles de gobierno.

Así que a las habituales tasas “por servicios generales”, o “de limpieza e higiene”, los “derechos de construcción” y las contribuciones “por pavimentos y veredas” o “alumbrado, barrido y limpieza” se agregan “derechos de cementerio”, de “habilitación de comercio e industria” y de “derecho a los espectáculos públicos” y “de timbre” y “tasas por desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas” o por “desinfección, desinsectización y desratización” o por “inspección de pesos y medidas”, hasta llegar a los 98 tributos que pueden observarse en los cuadros del Vademécum y que afectarán a ciudadanos y empresas según el lugar donde residan, compren, vendan, transiten y vayan de vacaciones.

Fuente: iprofesional