El Gobierno oficializó un cambio clave en el cálculo de las jubilaciones: a partir de diciembre de 2025, los sueldos de los trabajadores que inicien su trámite previsional serán actualizados con un nuevo índice combinado. La decisión quedó plasmada en la Disposición 29/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Capital Humano.

La disposición aplica a los trabajadores que finalicen su relación laboral desde el 30 de noviembre de 2025 o inicien el trámite jubilatorio desde el 1° de diciembre.

¿De qué se trata el nuevo índice?

El indicador se elaboró siguiendo lo que establece el artículo 2 de la Ley 26.417, reemplazado posteriormente por el artículo 4 de la Ley 27.609, que fija una fórmula de actualización trimestral basada en dos componentes:

• El RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
• El índice de movilidad previsional previsto en la Ley 27.260.

Ambas variables se combinan para obtener un promedio que refleja la evolución de los ingresos salariales a lo largo del tiempo.

Quién calculó el índice, bajo qué metodología y cómo impacta en los futuros jubilado

Según detalla la disposición, el cálculo fue realizado por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social y validado siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución 3/2021, vigente desde ese año. La firma de la medida corresponde a Alexandra Biasutti, Subsecretaria de Seguridad Social.

El nuevo índice no modifica los haberes actuales, sino que se aplicará al cálculo inicial de las jubilaciones futuras. Cada salario histórico del trabajador será actualizado con este coeficiente, lo que permitirá obtener un promedio más representativo de sus ingresos reales durante su vida laboral.

El objetivo declarado del Gobierno es lograr un cálculo que “refleje con mayor precisión la evolución de los ingresos” y garantice que el monto inicial de la jubilación sea lo más equitativo posible.

Monotributo: cómo será la jubilación con el aporte de cada categoría en noviembre 2025

Los montos que cobran los beneficiarios que se jubilan por el monotributo suelen generar muchas dudas, ya que el tratamiento es distinto al de los empleados en relación de dependencia. Además, la forma de calcular el haber inicial tampoco es igual a la de los trabajadores registrados bajo un empleador.

Aun así, los requisitos para acceder a la jubilación son los mismos en ambos casos: se necesitan 30 años de aportes y haber alcanzado la edad mínima establecida, que es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

El monto que perciben los jubilados inscriptos en el régimen del Monotributo se determina bajo las mismas reglas generales que los trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, el valor final depende directamente de la categoría en la que el contribuyente realizó sus aportes durante su vida laboral.

A su vez, la jubilación está sujeta a la ley de movilidad previsional, que ajusta los haberes de acuerdo con la inflación. Mientras que en el caso de los asalariados el cálculo del haber inicial se realiza sobre las últimas 120 remuneraciones, en el régimen de monotributo y autónomos se toma como referencia una renta presunta, es decir, un ingreso teórico asignado por la categoría.

Por ejemplo, los aportantes de la categoría más baja (A) cobran la jubilación mínima. En noviembre de 2025, con el incremento del 2,08% correspondiente al mes —en línea con la inflación de septiembre, según lo establecido por el decreto de movilidad vigente—, el haber mínimo pasa a ser de $333.086.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024. De esta manera, el jubilado de la categoría A cobrará en noviembre un total de $403.085. Cabe aclarar que el Presupuesto 2026 no contempla una actualización de dicho bono, aunque el haber mínimo sí seguirá ajustándose mensualmente por inflación.

Fuente: iprofesional

Casi un cuarto de la población de bajos ingresos se endeudó con familiares o amigos en el primer semestre de 2025, para mantener su hogar. Entre las familias con mayor poder adquisitivo el endeudamiento fue menor, y se efectuó principalmente con bancos y entidades financieras.

Este martes el INDEC publicó un informe que surge de la tradicional Encuesta Permanente de Hogares (EPH), con el objetivo de mostrar cómo organizan su economía los hogares argentinos. El mismo arrojó que el 22,5% de los hogares con bajos ingresos (que incluye a los primeros cuatro deciles más aquellos hogares sin ingresos monetarios) solicitaron un préstamo con familiares o amigos entre enero y junio de este año.

El porcentaje disminuye al 13,3% para los sectores medios y al 8,3% para los altos. Asimismo, el endeudamiento con instituciones financieras fue del 13,9% en los hogares más necesitados, del 15% en los de ingresos medios y del 13,3% en los más pudientes. En términos agregados, el 16,1% de los argentinos necesitó asistencia de bancos, mientras que el 14,2% recurrió a personas de su entorno más íntimo para satisfacer sus gastos cotidianos.

Los datos exhibieron que el porcentaje de hogares con uso de préstamos bancarios y del sistema financiero en general se redujo y se estancó desde 2020 hasta 2023. El pico de la serie se registró en el segundo semestre de 2019, mientras que a partir de 2024 se observa un nuevo crecimiento de esta estrategia, con niveles similares a los de 2019.

Más del 40% de los hogares argentinos desarmó ahorros o vendió cosas para gastos corrientes

El trabajo del INDEC destacó también que el 40,8% de los hogares utilizó ahorros o vendió pertenencias durante el período en cuestión para afrontar consumos. De esa porción, la gran mayoría corresponde a hogares de ingresos medios y bajos.

Por otra parte, resaltó que los hogares que recibieron transferencias en especie provenientes del Estado, de ONG y de las iglesias aumentaron desde el 2,2% al 6,3% entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2025. El porcentaje asciende al 13% para los sectores de ingresos bajos.

Fuente: ambito

En caso de confirmarse, sería la segunda suba consecutiva del indicador, tras varios meses de relativa estabilidad. Según los analistas, el alza estaría explicada por aumentos en rubros puntuales como bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda y servicios, así como ciertos movimientos en alimentos y productos de consumo masivo.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que octubre mostró un repunte en el nivel general de precios impulsado por algunos sectores específicos. “Fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes”, señaló el especialista.

Las estimaciones de las consultoras

Desde la consultora Eco Go también estimaron que la cifra de octubre se ubicó cerca del 2,4%. De confirmarse ese guarismo, el IPC acumularía una variación interanual levemente superior al 28%, lo que mantiene la tendencia de aumentos moderados, pero sin señales de una desaceleración clara.

Por su parte, el relevamiento de C&T Consultores, dirigido por Camilo Tiscornia, muestra una perspectiva algo más contenida. En su estimación, el IPC del Gran Buenos Aires habría subido alrededor de 2%, lo que implicaría una ligera ralentización frente al dato de septiembre (1,9%). “El movimiento de precios en octubre estuvo más concentrado en algunos rubros específicos, pero no se vio una generalización del alza”, precisó Tiscornia.

En tanto, la consultora LCG registró una suba importante en el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas. Su relevamiento semanal mostró que en la quinta semana de octubre la inflación en ese segmento fue de 0,5%, tras tres semanas consecutivas con aumentos del 1%. En promedio, el mes cerró con una inflación del 3,3% para ese grupo de productos, lo que habría aportado presión al índice general.

Otro dato relevante proviene del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recopila las proyecciones de analistas privados. Según la última publicación, la mediana de las estimaciones para octubre se ubicó en 2,2%, apenas una décima por encima del registro oficial del mes anterior.

Los analistas prevén una segunda suba consecutiva de la inflación, impulsada por aumentos en bebidas alcohólicas, tabaco y alimentos (Reuters)

Expectativas para el cierre del año

El informe del INDEC también servirá como referencia para proyectar cómo cerrará el año. La mayoría de las consultoras prevé que la dinámica inflacionaria se mantenga por encima del 2% mensual durante noviembre y diciembre, mientras que recién en 2026 podría observarse una baja más marcada. En ese sentido, los analistas coinciden en que el proceso de desinflación avanza de manera más lenta de lo previsto y que los precios aún muestran resistencias a estabilizarse.

Las expectativas para el cierre de 2025 se ubican en torno al 29,5%, de acuerdo con el consenso de los analistas consultados por el Central. Aunque el número está por debajo del 2024, las consultoras advierten que la tendencia dependerá de que se mantenga el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria.

Julián Orué, economista de Libertad y Progreso, consideró que el contexto político también influye en las proyecciones. “El resultado electoral fue importante porque al continuar el equilibrio fiscal, hay menor necesidad de emisión monetaria. Eso debería contribuir a que los precios se estabilicen hacia adelante”, sostuvo.

El documento que hoy difundirá el INDEC a las 16 permitirá confirmar si la inflación efectivamente retomó una senda ascendente o si las estimaciones privadas sobrestimaron el impacto de algunos aumentos sectoriales. De ser así, se consolidaría una tendencia de dos meses consecutivos de aceleración, algo que no ocurría desde mediados del año pasado.

Los rubros que impulsan el aumento

En los últimos meses, el Gobierno buscó mantener bajo control las variables clave que inciden sobre los precios, como el tipo de cambio y la política monetaria. Sin embargo, los aumentos en tarifas de servicios públicos, combustibles y algunos alimentos han sumado presión sobre el índice. Además, los ajustes en los precios regulados y los incrementos estacionales en determinados rubros siguen generando tensiones.

Otro punto de atención está en el comportamiento de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar el dato nacional. El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que el IPC de octubre fue del 2,2%, idéntico al mes anterior, lo que podría indicar que la aceleración se concentró fuera de la capital.

En el desagregado por rubros, se espera que el reporte oficial refleje subas superiores al promedio en bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda, equipamiento del hogar y alimentos. En cambio, transporte y educación habrían tenido una incidencia menor.

A la espera del dato oficial, el mercado analiza el comportamiento de los precios como un termómetro de la política económica. Un resultado por encima del 2,3% confirmaría que la inflación aún no logra quebrar su inercia. En cambio, un número más cercano al 2% reforzaría la idea de que los precios comienzan a estabilizarse.

Fuente: infobae

El stock depositado aumentó a USD 1.160 millones por la dolarización preelectoral. Qué pasó con los plazos fijos y los préstamos

Los datos surgen del último Informe Monetario Mensual publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El documento detalla que durante ese mes se produjo un aumento de USD 1.160 millones en estos fondos depositados.

“Los depósitos del sector privado aumentaron en USD 1.160 millones, finalizando el mes en USD 35.105 millones. De este modo, alcanzaron el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad”, subraya el reporte de la autoridad monetaria.

Al mismo tiempo, el documento subraya que este movimiento coincidió con un contexto de comportamientos disímiles en otros indicadores del sistema financiero en moneda extranjera: los préstamos al sector privado en dólares, que habían mostrado incrementos durante los 17 meses previos, registraron una disminución de USD 640 millones, cerrando octubre en USD 18.252 millones.

Durante el décimo mes del año, el Banco Central concretó un acuerdo de estabilización cambiaria, mejor conocido como swap, con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por hasta USD 20.000 millones. En vísperas de las elecciones del 26 de octubre, el Tesoro de Estados Unidos realizó compras de pesos que, según el informe del BCRA, contribuyeron a reducir la incertidumbre cambiaria y permitieron que el tipo de cambio mayorista cierre ese mes dentro de la banda de flotación, en $1.443 por dólar.

Si bien no se informó el monto exacto de las operaciones norteamericanas en el mercado cambiario local, fuentes del mercado estimaron que rondaría los USD 2.100 millones. Estas intervenciones le quitaron presión a las reservas internacionales del Central en un contexto de inestabilidad cambiaria.

Al cierre de octubre, las tenencias de la entidad conducida por Santiago Bausili quedaron en USD 39.382 millones, con una baja de USD 992 millones respecto de septiembre. El informe oficial atribuye la caída principalmente a las ventas de dólares realizadas por el Tesoro Nacional en un mes signado por la volatilidad financiera. “En sentido opuesto operó el aumento de los depósitos en cuenta corriente en moneda extranjera de las entidades financieras en el BCRA”, añade el informe monetario.

Por otra parte, en octubre los préstamos en pesos al sector privado revirtieron la tendencia negativa de septiembre y reflejaron un incremento real, ajustado por estacionalidad, del 1,1%. Esta variación implicó una expansión secundaria de $3,26 billones. El informe indica que “este aumento se concentró en el crédito comercial de corto plazo, fundamentalmente adelantos en cuenta corriente y los préstamos con garantía real, que vienen presentando un sostenido crecimiento desde mediados de 2024”.

De manera interanual, el crédito total mostró una suba de 44,8% a precios constantes y, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó el 9,2%, cifra que supera por 0,1 puntos porcentuales el registro de septiembre y duplica el nivel observado a comienzos de 2024. Al incluir los créditos en dólares, el ratio resultante trepó al 12,1% del PIB.

El informe precisa que, luego de dos meses consecutivos de bajas, los préstamos comerciales registraron un aumento real mensual del 1,3%. La recuperación estuvo impulsada por líneas de corto plazo, con los adelantos mostrando “un aumento mensual de 8,1%”, y los documentos descontados subiendo 2,9%. En cambio, los documentos a sola firma se mantuvieron en descenso, con una merma de 3,1% real.

El BCRA señaló que los créditos con garantía real mantuvieron una tendencia positiva ininterrumpida durante los últimos diecisiete meses. En octubre, el crecimiento mensual fue de 4,5% a precios constantes, liderado principalmente por los créditos hipotecarios, que experimentaron un crecimiento de 8,3% frente al mes anterior. El reporte aclara que los préstamos para la compra de viviendas acumulan un incremento del 285,8% interanual, impulsados por los créditos hipotecarios ajustables por UVA.

Por otro lado, los créditos prendarios presentaron un alza real de 1,1% mensual y se ubicaron 69,9% por encima del nivel registrado un año antes. En cuanto a los préstamos al consumo, el informe describe movimientos poco significativos: los préstamos personales bajaron 0,9% real, aunque en los últimos doce meses anotaron un aumento del 80,4%. Las financiaciones en tarjetas de crédito crecieron 0,8% real en el mes y acumularon una suba interanual de 33,9%. Consideradas en conjunto, estas líneas se mantuvieron estables en el mes, sin cambios relevantes a precios constantes.

Terminar con la llamada “industria del juicio”, junto con la necesidad urgente de reducir la informalidad, se convirtió en uno de los pilares del plan del gobierno de Javier Milei para avanzar con una amplia reforma laboral tras el triunfo legislativo de octubre.

Mientras el Ejecutivo acelera las conversaciones con gobernadores, legisladores, cámaras empresarias y gremios para definir los lineamientos del nuevo marco legal, desde el sector privado crecen las advertencias sobre la necesidad de incorporar medidas concretas que frenen el aumento constante de la litigiosidad laboral, un fenómeno que, según señalan, encarece significativamente los costos de las empresas.

Este problema se explica, por un lado, por el incremento de reclamos vinculados a las condiciones laborales y, por otro, por la expansión de los juicios relacionados con los riesgos del trabajo, que actualmente representan cerca de la mitad de los procesos judiciales laborales.

Desafío para la reforma laboral: la mitad de los juicios son por las ART

De acuerdo con un informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) a partir de datos de los tribunales laborales de todo el país, en 2024 se iniciaron 260.969 juicios, de los cuales 134.914 corresponden a demandas laborales generales sobre un universo de un millón de empleadores, mientras que los 126.055 restantes se dirigieron contra el sistema de ART (casi la mitad del total). Para 2025, las aseguradoras anticipan más de 132.400 nuevas demandas, que se sumarán a un stock superior a 300.000 causas ya acumuladas contra el sistema.

El impacto económico es considerable: el costo de la litigiosidad en los juicios iniciados durante el último año equivale a casi 7 millones de salarios mínimos y representa algo más del 1,1% de la masa salarial cubierta por el sistema de ART, que actualmente protege a más de 10 millones de trabajadores.

Las claves de la reforma laboral

Si se considera el costo laboral, la UART estima que financiar el incremento de demandas requeriría elevar la alícuota promedio de las empresas en un 80%, pasando del actual 2,85% al 5,15% de la masa salarial. Ese salto, explican, responde a la necesidad de cubrir los montos resultantes de las sentencias judiciales y las tasas de actualización aplicadas por los tribunales.

Pese a la sanción de la Ley 27.348 en 2017 -impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri y adoptada por 18 provincias-, la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo no se redujo como se esperaba. La norma había creado comisiones médicas administrativas, bajo la supervisión de la Superintendencia de ART, y dispuso la conformación de cuerpos médicos forenses en el fuero laboral.

Sin embargo, su implementación fue dispar: en varias jurisdicciones las autoridades judiciales demoraron la creación de esos cuerpos, y en los casos en que sí se constituyeron, se detectaron amplias diferencias entre las incapacidades fijadas en sede administrativa y las determinadas por la Justicia.

Radiografía de los juicios laborales, según el informe

El informe de la UART aporta un dato revelador: el 91% de los juicios iniciados corresponde a expedientes en los que las comisiones médicas habían determinado la inexistencia de incapacidad, pero en esas mismas causas los cuerpos médicos judiciales establecieron un promedio del 14% de incapacidad. Un ejemplo ilustrativo es la comparación entre Jujuy y Salta: con niveles similares de accidentes laborales, la judicialidad alcanza el 113,8% en Jujuy y apenas el 3% en Salta.

“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la UART. Según explicó la entidad, los peritos judiciales que determinan los grados de incapacidad actúan de manera independiente, sin supervisión, y sus honorarios están relacionados con el resultado del juicio.

“Estos peritos establecen porcentajes de incapacidad según sus propios criterios, desvíos que son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, además, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de interés imposibles de ser financiadas”, agregó la cámara.

A esto se suma la falta de uniformidad en los criterios de actualización e intereses aplicados por los tribunales laborales de distintas provincias. Algunos juzgados utilizan el RIPTE, otros el IPC o la tasa activa, e incluso en ocasiones suman porcentajes adicionales. Esa disparidad no solo se observa entre provincias, sino también entre juzgados de una misma jurisdicción, lo que genera aún más incertidumbre jurídica y financiera.

En este contexto, mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral y el presidente Javier Milei insiste en la necesidad de promover el empleo formal, las aseguradoras piden “incluir medidas que terminen con el flagelo de los juicios por riesgos del trabajo”. Y advierten: “Todos aquellos que tengan un rol en esta iniciativa deben tomar nota de nuestra mala experiencia: una buena ley, sin implementación adecuada en la Justicia, agrava el problema”.

Fuente: infobae

La base monetaria registró en octubre su mayor caída mensual en un año y medio, fundamentalmente por el desarme de los plazos fijos de “personas humanas”, en el marco de la previa electoral y la desconfianza en el esquema cambiario. Esto impactó en la liquidez de los bancos, algo que el Banco Central (BCRA) buscó corregir de manera tímida recientemente.

Este lunes el BCRA publicó su informe monetario del mes pasado, el cual arrojó un retroceso real del 3,1% en la base monetaria, respecto de septiembre. “En promedio, registró una caída de $1 billón, producto de una menor exigencia asociada fundamentalmente a la caída de los depósitos a la vista del mes de septiembre”, explicó la autoridad monetaria.

El informe remarcó que los plazos fijos exhibieron una contracción real del 2,3%, la mayor desde abril, como reflejo de “un período caracterizado por la incertidumbre asociada a las elecciones de medio término” y “una elevada demanda por cobertura cambiaria”.

Problemas de liquidez en el sistema financiero

Los datos mostraron que la caída en este tipo de depósitos se explicó enteramente por la reducción de las tenencias de las personas humanas. El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión de Money Market (FCI MM) presentó un comportamiento heterogéneo a lo largo del mes, con una caída inicial, y un repunte luego de las elecciones. Mientras tanto, las colocaciones a la vista remuneradas siguieron una evolución similar y llegaron a representar cerca del 30% de los activos en cartera de los FCI MM, con un aumento mensual promedio del 0,6%, que cortó cuatro meses consecutivos a la baja.

En cuanto a la oferta de pesos, el BCRA remarcó que las operaciones del Tesoro Nacional resultaron contractivas debido al efecto de la licitación de fines de septiembre, en la cual hubo financiamiento neto positivo. Por el contrario, las operaciones del BCRA resultaron expansivas debido fundamentalmente al desarme de pases pasivos (ruedas simultáneas).

Este escenario provocó un problema de liquidez al sistema financiero, agravado por la elevada exigencia del Central en materia de encajes. “Vale señalar que, con el fin de dotar de mayor flexibilidad a las entidades financieras en el manejo de la liquidez, el BCRA dispuso que, a partir de noviembre, la integración mínima diaria sea del 95% de la exigencia de efectivo mínimo total en pesos del período”, dijo al respecto la entidad que conduce Santiago Bausili.

Fuente: ambito

pocos días de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el índice oficial de inflación de octubre, un estudio privado sobre la variación de precios en los supermercados arrojó un dato que marca una clara dispersión regional: la Patagonia se consolidó como la región con mayores incrementos mensuales en alimentos y bebidas, superando ampliamente a las provincias del Norte.

El informe, realizado por la consultora Analytica a través de su medición del “Changuito Federal”, comparó la variación de precios de una canasta representativa del consumo de una familia tipo de clase media en diferentes jurisdicciones del país. Los resultados evidencian no solo la brecha en los aumentos, sino también una correlación entre los precios más altos y los salarios más elevados.

La disparidad de los incrementos de precios refleja las distintas estructuras de costos logísticos y los niveles de ingresos que motorizan la demanda en cada región, lo que subraya la complejidad de la política antiinflacionaria en un país con marcadas asimetrías geográficas y económicas.

Inflación en Argentina: la Patagonia lidera los incrementos de precios

Según el relevamiento de Analytica, las provincias patagónicas registraron las mayores subas mensuales en el precio de la canasta de supermercado.

Tierra del Fuego se ubicó a la cabeza de los incrementos, con una variación mensual del +5,3%. Le siguieron de cerca Chubut con un aumento del +4,3%, y un triple empate entre Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y Santa Cruz (+3,7%).

En contraposición, las provincias con los aumentos más moderados se concentraron en el Norte y el Litoral. Misiones registró el incremento más leve, con un +1,1%, seguida por Formosa (+1,4%) y Jujuy (+1,7%). La diferencia entre el distrito con mayor inflación (Tierra del Fuego) y el de menor (Misiones) fue de 4,2 puntos porcentuales solo en el mes de octubre.

En términos absolutos, los mayores aumentos en pesos también se concentraron en el Sur: Tierra del Fuego acumuló un alza de $45.544, seguida por La Pampa (+$42.392) y Chubut (+$39.373).

¿Dónde es más caro llenar el changuito?

Más allá de la variación mensual, la consultora también midió el costo total de la canasta de alimentos y bebidas, encontrando una clara tendencia regional: la Patagonia concentra las canastas más caras del país.

El costo mensual más elevado se registró en Santa Cruz, donde la canasta asciende a $834.177. Le siguen Chubut ($829.597) y Tierra del Fuego ($822.066).

En el otro extremo, las provincias del NEA se consolidan como las más económicas para llenar el changuito, aunque con un impacto relativo mayor en el bolsillo de sus habitantes. Misiones ($748.815), Formosa ($749.929) y Chaco ($755.224) mostraron los valores más bajos.

Analytica explica que la mayor dispersión en los precios y los valores más altos en el Sur se deben a una combinación de factores. Las provincias patagónicas, si bien tienen costos logísticos más altos, también registran los salarios privados más elevados del país, con Neuquén y Santa Cruz a la cabeza, impulsadas por las industrias energética, minera y pesquera. En esta región, el costo de la canasta equivale en promedio al 15,7% del ingreso mensual de dos salarios registrados.

La situación es opuesta en el NEA: a pesar de tener las canastas más económicas, los ingresos laborales más bajos hacen que el costo de la misma canasta representa el 29,5% de dos salarios promedio, casi el doble que en el Sur del país.

Los productos que más aumentaron

Dentro de la canasta relevada, dos rubros clave de consumo masivo mostraron alzas generalizadas y significativas durante octubre:

• Aceite de girasol: Este producto volvió a ser uno de los motores del incremento de precios, aumentando entre el 4% y el 6% en todas las jurisdicciones. Los picos se registraron en San Luis (+6,6%), Entre Ríos (+6,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) (+6,3%).
• Lácteos: También evidenciaron subas en casi todo el país. El queso crema subió entre el 2% y el 4%, con un salto mayor en Santa Cruz (+5,2%). El yogur bebible avanzó en un rango similar, con aumentos más leves en el Norte.
• Huevos: Mostraron un comportamiento estable, con pocas variaciones, salvo en Tucumán y Santiago del Estero, donde se registraron subas en torno al 1%.

Fuente: infobae

El uso de las tarjetas de crédito continúa en ascenso y se afianza como una de las principales herramientas de financiamiento para los hogares argentinos en un contexto de ingresos ajustados. Cada vez más consumidores recurren al pago mínimo para afrontar los gastos del mes, una práctica que puede derivar en deudas difíciles de sostener debido a los elevados intereses.

En octubre, el saldo total financiado con tarjetas en pesos alcanzó los $21,9 billones, con un incremento nominal del 1,3% mensual y del 63,4% interanual, según un informe de First Capital Group elaborado a partir de datos del Banco Central. En términos reales, sin embargo, se registró una caída mensual del 1,2%, aunque el crecimiento anual fue del 24,2%.

El Banco Central también señaló en su Informe de Pagos Minoristas que las tarjetas de crédito superaron en uso a las de débito: en agosto se realizaron 180,4 millones de operaciones por $9,4 billones con crédito, frente a 178 millones con débito por $4,7 billones. El crédito, que en 2022 representaba solo el 13,3% del total de operaciones, hoy explica el 46,2%.

El último Informe de Inclusión Financiera del BCRA destacó además que la tarjeta de crédito sigue siendo el principal instrumento de financiamiento: 14,6 millones de personas tienen deudas vigentes, un 4% más en la primera mitad de 2025, lo que equivale al 39,6% de la población adulta.

Tasas altas y presión sobre el bolsillo

A pesar de que el Gobierno inició una reducción paulatina de tasas tras las elecciones, el costo de financiarse con tarjeta sigue siendo elevado. Las compras en un pago no generan intereses, pero sí pueden incluir cargos administrativos e impuestos. Las cuotas financiadas y el pago mínimo, en cambio, implican un costo que se potencia si el usuario ni siquiera puede cancelar el monto mínimo, caso en el cual se aplican intereses punitorios.

El Costo Financiero Total (CFT) —que incluye TNA, IVA y otros cargos— determina cuánto termina pagando el usuario por financiar su consumo. En Banco Macro, por ejemplo, la TNA para financiar compras es de 105,30%, mientras que el CFT nominal anual con IVA asciende a 127,41%. Los intereses punitorios no se quedan atrás: la TNA es del 52,65% y el CFT llega al 63,70%.

La creciente dependencia del crédito, sumada a estos costos, expone a los usuarios a un escenario de endeudamiento creciente que presiona sobre la economía.

Fuente: ambito