El Ministerio de Desarrollo Social presentará a mediados de enero el cronograma de entrega de la tarjeta alimentaria y relanzará en febrero los microcréditos no bancarios con tasas bajas destinados a pequeños emprendedores.

El objetivo de la cartera que encabeza Daniel Arroyo es agilizar el sistema para que los préstamos no bancarios lleguen rápidamente a quienes los soliciten, en un plazo cercano a los 30 días.

En su discurso de asunción, el presidente Alberto Fernández adelantó que apostará a la entrega de créditos no bancarios para aquellas personas que no tengan acceso al financiamiento y quieran desarrollar un emprendimiento productivo.

El Gobierno se parará sobre la estructura del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, una institución que tiene más de una década de vigencia.

El objetivo es agilizar el proceso. Arroyo entiende que los créditos deben otorgarse rápido. No solo porque la inflación corroe el poder adquisitivo del préstamo. Sino también porque la persona necesita del dinero para trabajar.

“El objetivo es poder otorgarlos en un plazo que oscile entre los 30 y los 50 días, pero apuntando a estar más cerca de los treinta”, indicaron fuentes oficiales.

El Gobierno financiará los préstamos con un fondo fiduciario que funcionará en un banco público.

El dinero se prestará a tasas de entre 2 y 3 por ciento anual.

Hay un universo de 4 millones de personas que no acceden al crédito bancario y necesitan mejorar sus condiciones laborales.

Como parámetro: en la actualidad, los microcréditos promedian los 15.000 pesos. Para cubrir con $15.000 pesos a ese amplio conjunto de la sociedad, se requerirían $60.000 millones. Al tratarse de un fondo rotatorio, el pago de las cuotas de los préstamos ya otorgados debería comenzar a financiar a los nuevos préstamos. El dinero saldrá de partidas presupuestarias y no de la Anses.

El ministerio de Desarrollo Social trabajó en la confección de una red de 200 puntos, con asociaciones civiles que canalizarán las gestiones, focalizadas en proyectos que incluyan la compra de maquinaria, herramientas e insumos para la producción.

Habrá tutores productivos que acompañarán el proceso de solicitud, la toma y la cancelación del crédito.

Fuente: iprofesional.com

El cuadro de categorías del Monotributo 2020 deberá ser tenido en cuenta por los pequeños contribuyentes que deban recategorizarse durante el primer mes del año.

Exclusiones del Monotributo: suspendidas hasta fines de febrero de 2020

La AFIP decidió suspender las exclusiones del Monotributo hasta fines de febrero de 2020.Así lo establece la resolución general 4600/2019 que se encuentra en plena vigencia.

En los considerandos, la flamante norma establece que “resulta procedente establecer la suspensión hasta el 29 de febrero de 2020, del procedimiento sistémico de la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.La resolución general 4600 se basa en la estrategia del Gobierno de encomendarle a la AFIP “medidas tendientes a amortiguar” el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros que afronta el país”.En ese contexto, resulta procedente establecer la suspensión hasta dicha fecha del procedimiento sistémico de exclusión de pleno derecho del Monotributo previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución General 4309 y su modificatoria.Esta medida se suma a otras adoptadas en los últimos meses por el Gobierno para aliviar la situación de los contribuyentes y permitirles un mejor cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como la fuerte ampliación de los planes de pago y la digitalización de numerosos trámites.
“Esto no quiere decir que las causales producidas no puedan generar la exclusión. En todo caso y si esto es solo una suspensión se diferirá el mecanismo de exclusión hasta después del 29 de febrero próximo”, señala Daniel G. Pérez, titular del Estudio Pérez, Fiocco & Asociados.

Lo contrario, es decir, considerar que no se produjeron las causales o que producidas se dan por extinguidas, sería una amnistía especial del régimen, la que solo podría darse por el principio de legalidad en virtud de ley.

“Esta medida que parece francamente deseable para este momento, solo lo que hace es diferir el problema para e futuro: o sea para las nuevas autoridades sean las mismas u otras”, precisa Pérez.

“El problema se plantea también para los contribuyentes que incurren en las causales y que la detección se produce a través de un procedimiento de verificación y fiscalización. En estos casos la exclusión procederá por cuanto la misma no se encuentra enmarcada en un mecanismo sistemático”, concluye el experto.Desde la AFIP señalaron que la medida “beneficia potencialmente a unos 5,000 monotributistas por mes”.Vale tener presente que el beneficio no alcanza “a quienes pudieran ser excluidos por alguna fiscalización en particular”.En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, señaló que “suspender un proceso de la AFIP por cinco meses sin definir consecuencias, es una medida peligrosa”.”Dado que luego de la suspensión los costos para los que la AFIP presuma que se encuentran excluidos puede contener el costo de los intereses resarcitorios por los impuestos omitidos de ingresar en el régimen general, y dado el nivel de tasas de intereses vigentes puede ser un verdadero infierno”, agrega Sasovsky.

“Este tipo de medidas que lesionan la seguridad jurídica no tienen explicación porque generan un tratamiento diferencial ante el mismo punto de partida desde el punto de vista legal”, señala el tributarista.En igual sentido, Julián Ruiz, Socio de R&A – Asesores Tributarios, señala que la Resolución 4600 sólo suspende los plazos para realizar la exclusión, pero de ninguna manera establece que en ningún momento se dejará de excluir a aquellos pequeños contribuyentes que hayan incumplido o incumplan hasta el 29 de febrero próximo con las condiciones existentes para tributar conforme el Régimen Simplificado”.

“Si bien la medida resulta sumamente oportuna, en virtud de la recesión económica que desarrolló nuestro país, esta normativa puede ser fuertemente contradictoria, rozando la inconstitucionalidad”, advirtió Ruiz a este medio.

Es importante recordar que en Argentina rige el principio de indisponibilidad del crédito público, salvo que provenga de una ley emanada del Congreso de la Nación. En tal sentido, suspender las exclusiones, genera una merma y postergación en la recaudación, agravado por el alto componente inflacionario existente, de dudosa legalidad.”Todas estas medidas sin embargo no solucionan, el problema de aquellos, que fueron excluidos con anterioridad a esta norma y están atravesando una verdadera odisea tributaria. También en ese sentido, es importante destacar que hay un proyecto de ley tratando de reincorporar a los caídos nuevamente al sistema simplificado, argumentando las mismas penurias económicas”, precisó Ruiz.En tanto, Marcos Felice, consultor tributario, señala que “si bien la AFIP suspende exclusiones del monotributo hasta febrero 2020, nada dice la norma en cuestión sobre que sucederá a partir del 1 de marzo de 2020″.

“Entendemos que más allá de los efectos suspensivos de la medida por el lapso de cinco meses que reglamentó el fisco, luego del 29 de febrero próximo, la AFIP seguirá facultada a excluir de pleno derecho a los monotributistas excedidos aun cuando dicha exclusión cayera dentro del período que abarca la medida, es decir entre el 2 de octubre y el 29 de febrero”, explicó Felice.

Es decir, los pequeños contribuyentes deberán seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la reglamentación para no caer en la exclusión del régimen.

“Para que sea completamente positiva la medida, se debería disponer una especie de tapón fiscal que no permita a la AFIP excluir a los pequeños contribuyentes excedidos en dicho lapso de tiempo”, indicó el experto.Si bien la medida es positiva:- Debería abarcar a todos los tipos de exclusiones (incluyendo las que respondan a una fiscalización – artículo 52).

– Debería permitir el reingreso a quienes fueron excluidos, al menos, desde julio pasado, borrando deudas del régimen general (IVA y Ganancias).- Se deberían eliminar las exclusiones retroactivas de más de seis meses y permitir el reingreso a quienes hayan sufrido las mismas.

– Se deberían quitar los intereses y multas por las deudas del régimen general por causa de exclusión. Que sólo se pague el capital.

El Gobierno llegó a un acuerdo para extender el programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo próximo, y analiza más medidas para frenar la inflación y continuar alentando el consumo, que serán lanzadas en las próximos horas.

Estarán basadas en acuerdos de precios y salarios, el congelamiento de cuotas UVA, devolución del IVA y relanzamientos del programa Precios Cuidados.

Se van a mantener las mismas condiciones del programa, pero se hará hincapié en que “el beneficio alcance a los productos de origen nacional”.

En 90 días hará una revisión en lo que se espera sea un contexto de mejora de la macroeconomía, indicaron fuentes gubernamentales.

El plan contemplará pagos en 3, 6, 12 y 18 cuotas, según se indicó en forma oficial.

Tras frenar el aumento en combustibles y congelar las tarifas de peajes y del resto de los servicios, el Gobierno busca acordar con empresarios un impacto gradual de la eliminación de la exención del IVA a trece productos de la canasta básica y frenar la indexación de créditos UVA, lo cual deberá definir el Banco Central.

La Casa Rosada encargó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encarar un programa para evitar que haya un aumento de precios si la exención de IVA a la canasta alimenticia cae.Con el comienzo del año caducan los decretos electorales que el anterior gobierno lanzó tras perder las PASO, que eliminaron el IVA para una canasta de 13 alimentos, suspendieron aumento de cuotas hipotecarias, y mantuvieron la promoción de ventas con los programas de precios cuidados y esenciales.

El gobierno ya definió un mecanismo para que haya devolución del IVA en productos básicos para beneficiarios de AUH y jubilados, pero ahora aspira a que la eliminación de la exención no impacte sobre los precios al consumidor.

Otra de las vías que se analiza es que los trece productos esenciales tengan la devolución del IVA en las compras que se realizan con tarjetas alimentarias, que el Ministerio de Desarrollo Social estima que para marzo habrá sido distribuidas a 1,5 millones de beneficiarios.

El gobierno también encaró conversaciones con supermercados para relanzar el plan de Precios Cuidados con el fin de que sirvan de orientación a la evolución de los precios de los alimentos, los artículos de higiene personal y limpieza.

Se incorporarán productos de primeras marcas y una canasta orientada a recuperar los objetivos iniciales del programa.

Fuente: iprofesional.com

Por entender que la eliminación del IVA a la canasta de alimentos básicos no cumplió con el objetivo de fomentar mayores ventas o de frenar la caída del consumo, el presidente Alberto Fernández decidió no extender la medida que había sido puesta en práctica por el anterior gobierno de Cambiemos.

Pensado por la gestión de Mauricio Macri para atenuar el impacto de la última devaluación, el beneficio fue lanzado el 16 de agosto pasado y abarca la compra de unos 15.000 productos.

Su vigencia venció este martes 31 de diciembre y entre los funcionarios del Gobierno vinculados con esta medida entienden que no fue productiva teniendo en cuenta que los últimos datos sobre ventas en los supermercados e hipermercados siguen dando cuenta de una preocupante recesión.

De todos modos, por estas horas todavía se analiza cómo desactivar esta medida sin resentir los bolsillos de los consumidores ya que existe la posibilidad de que el restablecimiento total del impuesto genere una suba de precios en gran parte de los artículos alcanzados hasta ahora por la excepción.

Entre las posibilidades está la de que el IVA se aplique con una alícuota menor a varios alimentos. Esto sería posible ya que algunos productos, como la carne y el pan actualmente tributan un IVA del 10,5% y está en estudio que ese porcentaje sea extendido a muchos otros artículos, en especial los que se encuentran en la canasta básica. Es más, de prosperar esta idea, podrían coexistir dos IVAS, uno del 21% y otro del 10,5%, según el producto.

Otra estrategia en análisis es restablecer el total de la alícuota pero de manera escalonada. Es decir, un 7% en enero, y dos porcentajes similares en febrero y marzo próximo hasta alcanzar nuevamente el 21% del impuesto.

También circuló la versión de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri en agosto pasado para dar luz a esta medida sea prorrogado por otros 180 días por el presidente Alberto Fernández. Esta posibilidad se basa en que todavía no se encuentran terminados los programas y planes sociales que se llevarán a cabo para mejorar la situación de los sectores más castigados por la crisis y que, entonces sería conveniente no aplicar mayor presión en los precios.

De todos modos, a esta hora de la tarde de este lunes todavía desde el Ministerio de Desarrollo Productivo no había información sobre la decisión final, pero se descuenta que con el transcurso de las horas se terminará de definir de qué forma se resolverán las incógnitas que plantea el IVA.Como antecedente se tiene en cuenta la decisión del propio Presidente de frenar la suba del 5% de los combustibles que YPF había anunciado pero que finalmente debió dar marcha atrás ante la orden del Jefe de Estado que tuvo en cuenta precisamente el escenario recesivo de la economía como atenuante para impedir el incremento.

En la decisión de volver a aplicar el impuesto sobre los alimentos pesa también el costo fiscal que hasta ahora ha tenido la medida y la necesidad de fondos que tiene el flamante gobierno del Frente de Todos.

Como ejemplo se puede citar un estudio elaborado por la Fundación Mediterránea en el que se asegura que la aplicación de esta rebaja en las 14 categorías de la canasta básica que fijó Cambiemos y que abarca entre 1.500 y 2.000 ítems ha tenido un costo fiscal cercano a los $11.300 millones.

Para dar con esa cifra, el informe toma en cuenta datos de consumo de alimentos entre agosto y diciembre y advierte que, junto con el resto de los impuestos coparticipables que también fueron modificados como Ganancias, la Nación comparte ese costo con la ANSES y las provincias que fueron las que presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la medida de Macri.

Desde los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo entienden además que el IVA cero beneficia a todos los sectores por igual cuando en realidad debería permitir mejorar la calidad de vida de aquellos sectores más vulnerables frente a la crisis económica que sufre la Argentina.

De este modo, explican que el impacto que tendrá la aplicación del 21% en los precios de los alimentos será mínima y en todo caso afectará a sectores con mayores recursos para enfrentar el escenario.

Es decir, en el Programa Alimentar para la compra de alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y bebidas sin alcohol que en algunas ciudades del interior ya se aplica.En tanto que para los más castigados habrá varios programas y planes nuevos que impactarán positivamente en la capacidad de compra como, por ejemplo, sostener el IVA cero sólo en los planes sociales que lanzará el Ministerio de Desarrollo Social.

Se trata de un plan diseñado por la cartera que dirige Daniel Arroyo y que beneficia a jubilados, pensionados, titulares de planes como los de Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Anses y de asignaciones y planes sociales.

Está orientado a atacar las urgencias de los sectores sociales más vulnerables que, según la mirada del Gobierno, fueron los más perjudicados por las políticas de Macri.

El programa es gratuito y su principal herramienta para cumplir con los objetivos planteados por Arroyo es la tarjeta social que se distribuirá entre 4 a 5 millones de personas y que será emitida por el Banco Nación de forma gratuita. Servirá para abastecerse de productos de canasta básica con límite diario y semanal de compra, con precios especiales y sin IVA para esos sectores.

De manera complementaria a este programa, la AFIP pondrá en marcha a partir de finales de enero otra medida orientada a incrementar el poder adquisitivo de los sectores de menores recursos.

Se trata de la devolución de hasta $700 por mes en las compras que realicen con tarjeta de débito los mismos beneficiarios de la tarjeta social.
Y precisamente el monto a devolver surge de calcular qué impacto tiene el IVA en las compras de estos sectores. De hecho, se supone que el reintegro llegará a los $1.400 cada 30 días debido que se calculan dos beneficiarios por hogar.

Otro de los planes vinculados con las mismas políticas de fomento al consumo será Precios Cuidados.  El programa vence el 6 de enero próximo y el Gobierno negocia con las empresas productoras de alimentos su ampliación a más productos.  El objetivo oficial es el de cerrar un programa que contenga artículos de primera marca a precios menores a los que en la actualidad se comercializan en las góndolas de los supermercados y en los almacenes.

En otras palabras, una rebaja de hecho logrando que muchos de los artículos líderes se incluyan en Precios Cuidados, con valores diferentes a los actuales. Y también que las empresas compensen otras subas dudosas con más artículos más baratos en el programa, además de que no haya más incrementos por lo menos en los próximos meses.

Esto se debe a que, para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tras la implementación del IVA cero en agosto pasado hubo una serie de incrementos sin fundamentos que, en algunos casos particulares como los de los pañales fueron del 70%. O la de los aceites y las harinas, también en la mira oficial.

Por eso, se le pidió a las empresas que en los próximos días acerquen a Economía material que justifique esos incrementos, que expliquen de alguna forma esa evolución de precios que se dio a pesar de la no aplicación del IVA.

Para los funcionarios el esquema ideado por Macri no funciona ya que el impacto positivo de la eliminación del 21% se licuó rápidamente por esas subas que llamaron la atención. Acusan a las empresas de haber incrementado los precios y quedarse con el IVA.

Las empresas tendrán que aportar sus primeras marcas a precios diferentes a los vigentes para el nuevo programa de Precios Cuidados versión 2020 que arrancará el próximo 6 de enero.

Pero más allá de todas estas medidas orientadas a los sectores de menores recursos, está claro que de no haber otros planes similares, para el resto de la sociedad y más que nada para la clase media, a partir de este jueves habrá aumentos consistentes con la aplicación del 21% al precio de los productos que sugiere el regreso del IVA.

En varias empresas alimenticias y en las cadenas de supermercados ya advierten sobre esta posibilidad al sostener que sería un freno a las iniciativas del propio Gobierno para fomentar una rápida recuperación del consumo.

Si bien avalan su continuidad para las clases bajas y admiten que podrían captar gran parte de ese alivio, anticipan subas generalizadas que hasta podría desactivar el impacto positivo y el cambio de expectativas que busca Alberto Fernández en sus primeros días al frente de la Casa Rosada.

Fuente: iprofesional.com