Al sostener que el cómputo de los plazos para interponer la apelación de una sentencia de amparo establecido por la ley 16986 en horas no deben computar los días inhábiles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), revocó la resolución de la Cámara a quo que había declarado extemporáneo el recurso interpuesto por la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el caso llegado al más alto estrado judicial del país, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba había resuelto que la sentencia de primera instancia se había notificado al demandado el viernes 18 de diciembre de 2015 a las 8.55 horas, el plazo de 48 horas previsto en el artículo 15 de la ley 16.986 para la presentación del recurso de apelación se había cumplido el día domingo 20 del mismo mes y año, y por lo tanto, por aplicación del artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vencía en las dos primeras horas del día hábil subsiguiente (lunes 21), razón por la cual consideró extemporánea a la apelación presentada por el Fisco el día martes 22, a las 7:55, señala el sitio Comercio y Justicia.

La Cámara advirtió que los plazos en horas comenzaban a correr desde la hora en que se había practicado la notificación y se computaban hora a hora, es decir, en forma continua.
Ese tribunal aclaró que si el vencimiento se producía en horario inhábil, atento a no poder realizar un acto procesal eficaz, debía concederse el plazo de gracia del art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Por otra parte, el pronunciamiento puntualizó que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 6°dispone: ” Modos de contar los intervalos de derecho. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”.

Contra tal decisión, la parte demandada interpuso recurso extraordinario.

A su turno, los ministros miembros de la CSJN, Carlos Fernando Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideraron que “el planteo del Fisco Nacional suscita cuestión federal bastante para su consideración por la vía intentada pues si bien es cierto que los agravios remiten al examen de cuestiones procesales ajenas, como regla y por su naturaleza, al ámbito del artículo 14 de la ley 48, ello no es óbice para la apertura de su consideración cuando, como en el caso, la decisión impugnada revela la existencia de un excesivo rigor formal, susceptible de lesionar la garantía de defensa en juicio o causar una frustración a los derechos federales”.

En ese orden de ideas, la Máximo Tribunal argentino sostuvo que “la Cámara, al computar el plazo de 48 horas establecido en el artículo 15 de la ley 16916 en forma continua y sin excluir los días inhábiles que existieron durante su transcurso, incurrió en una interpretación que no se ajusta con la solución establecida por el propio legislador en el artículo 17 de la mencionada ley, en el que dispuso las cuestiones no contempladas en ella corresponde aplicar supletoriamente las disposiciones procesales en vigor”.

En esa dirección, la Corte precisó que “frente a la solución legal establecida y ante la ausencia de una previsión expresa en la ley de amparo que regule la forma de cómputo de los plazos allí dispuestos, el a quo debió recurrir a lo establecido en los artículos 152 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que expresamente excluyen del cálculo de los términos procesales a los días inhábiles, sin embargo, en el pronunciamiento en examen, sin exponerse razones de peso que lo justifiquen sustantivo, se omitió la consideración del precepto cuya aplicación supletoria el legislador y se decidió la hermenéutica a partir de de disposiciones de derecho sustantivo (Código Civil y Comercial de la Nación), establecidas para el cómputo de los intervalos del derecho y no de los términos procesales.”.

Aclarados los puntos precedentes, la CSJN concluyó que “la solución de la alzada no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales, pues prescindió, sin dar fundamentos suficientes, de la consideración de argumentos conducentes para la correcta solución del caso y de la normativa legal aplicable, provocando de esta forma un grave menoscabo de la garantía de defensa en juicio del demandado, quien se vio privado de la posibilidad de obtener la revisión de la decisión dictada por el juez de primera instancia”.

En definitiva, en el fallo se resolvió que “se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia impugnada”, ordenando que “vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento”.

Fuente: iprofesional.com

El Ministerio de Desarrollo Social presentará a mediados de enero el cronograma de entrega de la tarjeta alimentaria y relanzará en febrero los microcréditos no bancarios con tasas bajas destinados a pequeños emprendedores.

El objetivo de la cartera que encabeza Daniel Arroyo es agilizar el sistema para que los préstamos no bancarios lleguen rápidamente a quienes los soliciten, en un plazo cercano a los 30 días.

En su discurso de asunción, el presidente Alberto Fernández adelantó que apostará a la entrega de créditos no bancarios para aquellas personas que no tengan acceso al financiamiento y quieran desarrollar un emprendimiento productivo.

El Gobierno se parará sobre la estructura del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, una institución que tiene más de una década de vigencia.

El objetivo es agilizar el proceso. Arroyo entiende que los créditos deben otorgarse rápido. No solo porque la inflación corroe el poder adquisitivo del préstamo. Sino también porque la persona necesita del dinero para trabajar.

“El objetivo es poder otorgarlos en un plazo que oscile entre los 30 y los 50 días, pero apuntando a estar más cerca de los treinta”, indicaron fuentes oficiales.

El Gobierno financiará los préstamos con un fondo fiduciario que funcionará en un banco público.

El dinero se prestará a tasas de entre 2 y 3 por ciento anual.

Hay un universo de 4 millones de personas que no acceden al crédito bancario y necesitan mejorar sus condiciones laborales.

Como parámetro: en la actualidad, los microcréditos promedian los 15.000 pesos. Para cubrir con $15.000 pesos a ese amplio conjunto de la sociedad, se requerirían $60.000 millones. Al tratarse de un fondo rotatorio, el pago de las cuotas de los préstamos ya otorgados debería comenzar a financiar a los nuevos préstamos. El dinero saldrá de partidas presupuestarias y no de la Anses.

El ministerio de Desarrollo Social trabajó en la confección de una red de 200 puntos, con asociaciones civiles que canalizarán las gestiones, focalizadas en proyectos que incluyan la compra de maquinaria, herramientas e insumos para la producción.

Habrá tutores productivos que acompañarán el proceso de solicitud, la toma y la cancelación del crédito.

Fuente: iprofesional.com

El cuadro de categorías del Monotributo 2020 deberá ser tenido en cuenta por los pequeños contribuyentes que deban recategorizarse durante el primer mes del año.

Exclusiones del Monotributo: suspendidas hasta fines de febrero de 2020

La AFIP decidió suspender las exclusiones del Monotributo hasta fines de febrero de 2020.Así lo establece la resolución general 4600/2019 que se encuentra en plena vigencia.

En los considerandos, la flamante norma establece que “resulta procedente establecer la suspensión hasta el 29 de febrero de 2020, del procedimiento sistémico de la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.La resolución general 4600 se basa en la estrategia del Gobierno de encomendarle a la AFIP “medidas tendientes a amortiguar” el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros que afronta el país”.En ese contexto, resulta procedente establecer la suspensión hasta dicha fecha del procedimiento sistémico de exclusión de pleno derecho del Monotributo previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución General 4309 y su modificatoria.Esta medida se suma a otras adoptadas en los últimos meses por el Gobierno para aliviar la situación de los contribuyentes y permitirles un mejor cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como la fuerte ampliación de los planes de pago y la digitalización de numerosos trámites.
“Esto no quiere decir que las causales producidas no puedan generar la exclusión. En todo caso y si esto es solo una suspensión se diferirá el mecanismo de exclusión hasta después del 29 de febrero próximo”, señala Daniel G. Pérez, titular del Estudio Pérez, Fiocco & Asociados.

Lo contrario, es decir, considerar que no se produjeron las causales o que producidas se dan por extinguidas, sería una amnistía especial del régimen, la que solo podría darse por el principio de legalidad en virtud de ley.

“Esta medida que parece francamente deseable para este momento, solo lo que hace es diferir el problema para e futuro: o sea para las nuevas autoridades sean las mismas u otras”, precisa Pérez.

“El problema se plantea también para los contribuyentes que incurren en las causales y que la detección se produce a través de un procedimiento de verificación y fiscalización. En estos casos la exclusión procederá por cuanto la misma no se encuentra enmarcada en un mecanismo sistemático”, concluye el experto.Desde la AFIP señalaron que la medida “beneficia potencialmente a unos 5,000 monotributistas por mes”.Vale tener presente que el beneficio no alcanza “a quienes pudieran ser excluidos por alguna fiscalización en particular”.En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, señaló que “suspender un proceso de la AFIP por cinco meses sin definir consecuencias, es una medida peligrosa”.”Dado que luego de la suspensión los costos para los que la AFIP presuma que se encuentran excluidos puede contener el costo de los intereses resarcitorios por los impuestos omitidos de ingresar en el régimen general, y dado el nivel de tasas de intereses vigentes puede ser un verdadero infierno”, agrega Sasovsky.

“Este tipo de medidas que lesionan la seguridad jurídica no tienen explicación porque generan un tratamiento diferencial ante el mismo punto de partida desde el punto de vista legal”, señala el tributarista.En igual sentido, Julián Ruiz, Socio de R&A – Asesores Tributarios, señala que la Resolución 4600 sólo suspende los plazos para realizar la exclusión, pero de ninguna manera establece que en ningún momento se dejará de excluir a aquellos pequeños contribuyentes que hayan incumplido o incumplan hasta el 29 de febrero próximo con las condiciones existentes para tributar conforme el Régimen Simplificado”.

“Si bien la medida resulta sumamente oportuna, en virtud de la recesión económica que desarrolló nuestro país, esta normativa puede ser fuertemente contradictoria, rozando la inconstitucionalidad”, advirtió Ruiz a este medio.

Es importante recordar que en Argentina rige el principio de indisponibilidad del crédito público, salvo que provenga de una ley emanada del Congreso de la Nación. En tal sentido, suspender las exclusiones, genera una merma y postergación en la recaudación, agravado por el alto componente inflacionario existente, de dudosa legalidad.”Todas estas medidas sin embargo no solucionan, el problema de aquellos, que fueron excluidos con anterioridad a esta norma y están atravesando una verdadera odisea tributaria. También en ese sentido, es importante destacar que hay un proyecto de ley tratando de reincorporar a los caídos nuevamente al sistema simplificado, argumentando las mismas penurias económicas”, precisó Ruiz.En tanto, Marcos Felice, consultor tributario, señala que “si bien la AFIP suspende exclusiones del monotributo hasta febrero 2020, nada dice la norma en cuestión sobre que sucederá a partir del 1 de marzo de 2020″.

“Entendemos que más allá de los efectos suspensivos de la medida por el lapso de cinco meses que reglamentó el fisco, luego del 29 de febrero próximo, la AFIP seguirá facultada a excluir de pleno derecho a los monotributistas excedidos aun cuando dicha exclusión cayera dentro del período que abarca la medida, es decir entre el 2 de octubre y el 29 de febrero”, explicó Felice.

Es decir, los pequeños contribuyentes deberán seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la reglamentación para no caer en la exclusión del régimen.

“Para que sea completamente positiva la medida, se debería disponer una especie de tapón fiscal que no permita a la AFIP excluir a los pequeños contribuyentes excedidos en dicho lapso de tiempo”, indicó el experto.Si bien la medida es positiva:- Debería abarcar a todos los tipos de exclusiones (incluyendo las que respondan a una fiscalización – artículo 52).

– Debería permitir el reingreso a quienes fueron excluidos, al menos, desde julio pasado, borrando deudas del régimen general (IVA y Ganancias).- Se deberían eliminar las exclusiones retroactivas de más de seis meses y permitir el reingreso a quienes hayan sufrido las mismas.

– Se deberían quitar los intereses y multas por las deudas del régimen general por causa de exclusión. Que sólo se pague el capital.