Adecuaciones reglamentarias y aclaraciones respecto de: el límite de categorización PYMEs “Comercio” y “Servicios”; el funcionamiento de la detracción adicional de $ 10.000 para todos los trabajadores; la aplicación de la detracción -art. 22 Ley SSyRP- a los empleadores en Convenios de Corresponsabilidad Gremial y la aplicación de la Ley a partir del período devengado Dic/19.
Decreto (PE) Nº 99/2019 -Parte pertinente (BO 28/12/2019)
En diciembre se estima que se liquidaran exportaciones por u$s2.223 millones. Las empresas dicen que no hubo demoras en la liquidación de divisas y aclaran que el ciclo comercial está influido por factores “exógenos”.
Las empresas exportadoras de cereales y aceites liquidaron u$s23.719 millones a lo largo de 2019, informó la cámara que nuclea a las firmas del sector.
En un informe la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que esa cifra se logró luego de que en diciembre de 2019 las empresas liquidaran exportaciones por u$s2.223.417.496.
El informe sectorial recordó que el monto total ingresado durante todo el año 2018 había sido de u$s20,2 mil millones. De ese modo, las empresas reportaron entre el año pasado y el que está por terminar un incremento en la liquidación de dólares de exportación del orden del 18,6%, una cifra que estuvo determinada por los precios internacionales y los cambios impositivos.
“El ingreso de divisas del presente año es uno de los más altos de los últimos 17 años, y el más importante si tenemos en cuenta los precios bajos internacionales actuales”, indicó la CIARA-CEC.
El trabajo indica que el monto liquidado “está directamente relacionado con el volumen de la cosecha y el ritmo de venta de granos por parte de los productores que se ha incrementado en el mes de noviembre y diciembre”.
La entidad indicó que “este año la cosecha récord ha posibilitado altos volúmenes de exportación, pero la balanza exportadora se ha primarizado significativamente, con un incremento sustancial de exportaciones de poroto de soja frente a productos industrializados como la harina y el aceite de soja debido a la inequidad tributaria imperante desde 2018”.
Así el informe indica que “el monto ingresado en diciembre resultó ser el más elevado, en relación con el mismo mes de años anteriores (de 2002 a 2019)”.
El reporte añade que “la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”.
Por otro lado, la CIARA-CEC indicó que “en relación con las nuevas reglas del Banco Central, es importante resaltar que la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas”.
Al respecto, el informe indica que “esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”.
Al respecto, precisó que “en este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos”.Por tal caso, los exportadores advirtieron que “las liquidaciones de divisas de los próximos tres meses dependerán del flujo de ventas de granos, particularmente de trigo y cebada, así como de soja de la campaña anterior aun sin entregar por parte de los productores” y agrega que “para disponer de un flujo normal de ventas resulta necesaria la estabilidad del tipo de cambio y de las reglas del comercio exterior”.
Fuente: ambito.com
Según datos del mercado este año se hicieron operaciones por unos $89.000 millones. En cheques con aval de sociedad de garantías se lograron tasas del 52%, unos 20 puntos menos que en los bancos.
La negociación de cheques en el mercado de capitales fue prácticamente el único canal de financiamiento que les quedó en 2019 a las pequeñas y medianas empresas tras el crecimiento a niveles estrafalarios de las tasas de interés del sistema bancario. En comparación con el año pasado, la operatoria creció el 74% en términos reales, respecto de montos operados, y el 39% en cantidad de documentos negociados.
Las tasas llegaron en promedio al último trimestre al 52,49% a plazos de 180 días para el caso del segmento más usado, que es el de cheques avalados. Los datos corresponden a la operatoria acumulada hasta la segunda semana de diciembre del Mercado Argentino de Valores (MAVSA), el mercado dedicado a instrumentos pymes. Según fuentes de la entidad, en los últimos días se llegaron a hacer operaciones con tasas anuales del 35%. Entre los bancos públicos, la tasa de interés por descuento de cheques se ubicó sobre el final del año cerca del 74% anual efectivo, lo que torna un costo financiero inviable para cualquier empresa.
Durante todo este año se negociaron cheques de pago diferido por algo más de $88.971 millones. En cambio, durante 2018 fueron $38.873 millones. La diferencia fue de un incremento del 129%, a lo cual se le debe descontar una inflación anualizada del orden del 55%.
De acuerdo con el detalle, en cheques avalados (con garantía de una Sociedad de Garantías Recíprocas) se negociaron $62.549 millones, en Garantizados por Cadena de Valor (sin garantía de SGR) $24.798 millones (60% anual por 180 días) , y en la modalidad Directo Garantizado (Aval del MAVSA) fueron $1.117 millones (66.58% por 180 días).
De acuerdo con datos del MAVSA, un punto central para lograr el crecimiento de las operaciones fue la participación directa del Estado a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (FONDEP) que a través de fideicomisos estimuló la participación de las compañías de seguro.
“El FONDEP dinamizó y profundizó la financiación de las empresas Pymes y MiPymes. En este mismo orden, podemos mencionar la creciente participación de los Fondos Comunes de Inversión invirtiendo en cheques, obligaciones negociables, pagarés o facturas”, dice un reporte del MAVSA.
En la entidad sostienen que las perspectivas del mercado son positivas porque se necesita “volver a reconstruir el capital de trabajo de las empresas Pyme de Argentina”. “Los próximos 100 días de la gestión del presidente Alberto Fernández son fundamentales, necesitamos alcanzar paz económica, financiera y cambiaria con fuerte estímulo para las pymes y las economías regionales”, señala la entidad.
Por otro lado, este año debutaron las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyme (FCE), un instrumento financiero ejecutivo creado por la Ley de Financiamiento Productivo. En este caso se negociaron 34 FCE en dólares por un total de u$s1.051.968,40 y otras 518 en pesos por $647,4 millones. Estas herramientas debutaron en julio. Actualmente, todos los sectores económicos están alcanzados por el uso obligatorio de las mismas cuando las operaciones superan los $100.000. Cuando una pyme le vende a una grande tiene que emitir una FCE y esta tiene a su vez un mes para rechazarla o conformarla. Si no lo hace queda aceptada de hecho. Según indicaron fuentes del Mercado a Ámbito Financiero, muchas empresas grandes están optando por cancelar las FCE con el pago de un cheque de pago diferido, en muchos casos a 180 días. De alguna de las dos formas las pymes obtienen un instrumento ejecutivo para el cobro, que pueden descontar en bancos o en los mercados.
En tanto, en el segmentos de pagarés se hicieron operaciones por en dólares u$s175,14 millones, con un incremento del 4% en montos y en pesos $1.097,1 millones con una suba en montos del 26%
Fuente: ambito.com
El Gobierno llegó a un acuerdo para extender el programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo próximo, y analiza más medidas para frenar la inflación y continuar alentando el consumo, que serán lanzadas en las próximos horas.
Estarán basadas en acuerdos de precios y salarios, el congelamiento de cuotas UVA, devolución del IVA y relanzamientos del programa Precios Cuidados.
Se van a mantener las mismas condiciones del programa, pero se hará hincapié en que “el beneficio alcance a los productos de origen nacional”.
En 90 días hará una revisión en lo que se espera sea un contexto de mejora de la macroeconomía, indicaron fuentes gubernamentales.
El plan contemplará pagos en 3, 6, 12 y 18 cuotas, según se indicó en forma oficial.
Tras frenar el aumento en combustibles y congelar las tarifas de peajes y del resto de los servicios, el Gobierno busca acordar con empresarios un impacto gradual de la eliminación de la exención del IVA a trece productos de la canasta básica y frenar la indexación de créditos UVA, lo cual deberá definir el Banco Central.
La Casa Rosada encargó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encarar un programa para evitar que haya un aumento de precios si la exención de IVA a la canasta alimenticia cae.Con el comienzo del año caducan los decretos electorales que el anterior gobierno lanzó tras perder las PASO, que eliminaron el IVA para una canasta de 13 alimentos, suspendieron aumento de cuotas hipotecarias, y mantuvieron la promoción de ventas con los programas de precios cuidados y esenciales.
El gobierno ya definió un mecanismo para que haya devolución del IVA en productos básicos para beneficiarios de AUH y jubilados, pero ahora aspira a que la eliminación de la exención no impacte sobre los precios al consumidor.
Otra de las vías que se analiza es que los trece productos esenciales tengan la devolución del IVA en las compras que se realizan con tarjetas alimentarias, que el Ministerio de Desarrollo Social estima que para marzo habrá sido distribuidas a 1,5 millones de beneficiarios.
El gobierno también encaró conversaciones con supermercados para relanzar el plan de Precios Cuidados con el fin de que sirvan de orientación a la evolución de los precios de los alimentos, los artículos de higiene personal y limpieza.
Se incorporarán productos de primeras marcas y una canasta orientada a recuperar los objetivos iniciales del programa.
Fuente: iprofesional.com
Se aplicaría el 21% pero de manera parcial y con excepciones para algunos productos. Otros podrían tributar menos y habrá sectores sociales favorecidos
Por entender que la eliminación del IVA a la canasta de alimentos básicos no cumplió con el objetivo de fomentar mayores ventas o de frenar la caída del consumo, el presidente Alberto Fernández decidió no extender la medida que había sido puesta en práctica por el anterior gobierno de Cambiemos.
Pensado por la gestión de Mauricio Macri para atenuar el impacto de la última devaluación, el beneficio fue lanzado el 16 de agosto pasado y abarca la compra de unos 15.000 productos.
Su vigencia venció este martes 31 de diciembre y entre los funcionarios del Gobierno vinculados con esta medida entienden que no fue productiva teniendo en cuenta que los últimos datos sobre ventas en los supermercados e hipermercados siguen dando cuenta de una preocupante recesión.
De todos modos, por estas horas todavía se analiza cómo desactivar esta medida sin resentir los bolsillos de los consumidores ya que existe la posibilidad de que el restablecimiento total del impuesto genere una suba de precios en gran parte de los artículos alcanzados hasta ahora por la excepción.
Entre las posibilidades está la de que el IVA se aplique con una alícuota menor a varios alimentos. Esto sería posible ya que algunos productos, como la carne y el pan actualmente tributan un IVA del 10,5% y está en estudio que ese porcentaje sea extendido a muchos otros artículos, en especial los que se encuentran en la canasta básica. Es más, de prosperar esta idea, podrían coexistir dos IVAS, uno del 21% y otro del 10,5%, según el producto.
Otra estrategia en análisis es restablecer el total de la alícuota pero de manera escalonada. Es decir, un 7% en enero, y dos porcentajes similares en febrero y marzo próximo hasta alcanzar nuevamente el 21% del impuesto.
También circuló la versión de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri en agosto pasado para dar luz a esta medida sea prorrogado por otros 180 días por el presidente Alberto Fernández. Esta posibilidad se basa en que todavía no se encuentran terminados los programas y planes sociales que se llevarán a cabo para mejorar la situación de los sectores más castigados por la crisis y que, entonces sería conveniente no aplicar mayor presión en los precios.
De todos modos, a esta hora de la tarde de este lunes todavía desde el Ministerio de Desarrollo Productivo no había información sobre la decisión final, pero se descuenta que con el transcurso de las horas se terminará de definir de qué forma se resolverán las incógnitas que plantea el IVA.Como antecedente se tiene en cuenta la decisión del propio Presidente de frenar la suba del 5% de los combustibles que YPF había anunciado pero que finalmente debió dar marcha atrás ante la orden del Jefe de Estado que tuvo en cuenta precisamente el escenario recesivo de la economía como atenuante para impedir el incremento.
En la decisión de volver a aplicar el impuesto sobre los alimentos pesa también el costo fiscal que hasta ahora ha tenido la medida y la necesidad de fondos que tiene el flamante gobierno del Frente de Todos.
Como ejemplo se puede citar un estudio elaborado por la Fundación Mediterránea en el que se asegura que la aplicación de esta rebaja en las 14 categorías de la canasta básica que fijó Cambiemos y que abarca entre 1.500 y 2.000 ítems ha tenido un costo fiscal cercano a los $11.300 millones.
Para dar con esa cifra, el informe toma en cuenta datos de consumo de alimentos entre agosto y diciembre y advierte que, junto con el resto de los impuestos coparticipables que también fueron modificados como Ganancias, la Nación comparte ese costo con la ANSES y las provincias que fueron las que presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la medida de Macri.
Desde los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo entienden además que el IVA cero beneficia a todos los sectores por igual cuando en realidad debería permitir mejorar la calidad de vida de aquellos sectores más vulnerables frente a la crisis económica que sufre la Argentina.
De este modo, explican que el impacto que tendrá la aplicación del 21% en los precios de los alimentos será mínima y en todo caso afectará a sectores con mayores recursos para enfrentar el escenario.
Es decir, en el Programa Alimentar para la compra de alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y bebidas sin alcohol que en algunas ciudades del interior ya se aplica.En tanto que para los más castigados habrá varios programas y planes nuevos que impactarán positivamente en la capacidad de compra como, por ejemplo, sostener el IVA cero sólo en los planes sociales que lanzará el Ministerio de Desarrollo Social.
Se trata de un plan diseñado por la cartera que dirige Daniel Arroyo y que beneficia a jubilados, pensionados, titulares de planes como los de Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Anses y de asignaciones y planes sociales.
Está orientado a atacar las urgencias de los sectores sociales más vulnerables que, según la mirada del Gobierno, fueron los más perjudicados por las políticas de Macri.
El programa es gratuito y su principal herramienta para cumplir con los objetivos planteados por Arroyo es la tarjeta social que se distribuirá entre 4 a 5 millones de personas y que será emitida por el Banco Nación de forma gratuita. Servirá para abastecerse de productos de canasta básica con límite diario y semanal de compra, con precios especiales y sin IVA para esos sectores.
De manera complementaria a este programa, la AFIP pondrá en marcha a partir de finales de enero otra medida orientada a incrementar el poder adquisitivo de los sectores de menores recursos.
Se trata de la devolución de hasta $700 por mes en las compras que realicen con tarjeta de débito los mismos beneficiarios de la tarjeta social.
Y precisamente el monto a devolver surge de calcular qué impacto tiene el IVA en las compras de estos sectores. De hecho, se supone que el reintegro llegará a los $1.400 cada 30 días debido que se calculan dos beneficiarios por hogar.
Otro de los planes vinculados con las mismas políticas de fomento al consumo será Precios Cuidados. El programa vence el 6 de enero próximo y el Gobierno negocia con las empresas productoras de alimentos su ampliación a más productos. El objetivo oficial es el de cerrar un programa que contenga artículos de primera marca a precios menores a los que en la actualidad se comercializan en las góndolas de los supermercados y en los almacenes.
En otras palabras, una rebaja de hecho logrando que muchos de los artículos líderes se incluyan en Precios Cuidados, con valores diferentes a los actuales. Y también que las empresas compensen otras subas dudosas con más artículos más baratos en el programa, además de que no haya más incrementos por lo menos en los próximos meses.
Esto se debe a que, para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tras la implementación del IVA cero en agosto pasado hubo una serie de incrementos sin fundamentos que, en algunos casos particulares como los de los pañales fueron del 70%. O la de los aceites y las harinas, también en la mira oficial.
Por eso, se le pidió a las empresas que en los próximos días acerquen a Economía material que justifique esos incrementos, que expliquen de alguna forma esa evolución de precios que se dio a pesar de la no aplicación del IVA.
Para los funcionarios el esquema ideado por Macri no funciona ya que el impacto positivo de la eliminación del 21% se licuó rápidamente por esas subas que llamaron la atención. Acusan a las empresas de haber incrementado los precios y quedarse con el IVA.
Las empresas tendrán que aportar sus primeras marcas a precios diferentes a los vigentes para el nuevo programa de Precios Cuidados versión 2020 que arrancará el próximo 6 de enero.
Pero más allá de todas estas medidas orientadas a los sectores de menores recursos, está claro que de no haber otros planes similares, para el resto de la sociedad y más que nada para la clase media, a partir de este jueves habrá aumentos consistentes con la aplicación del 21% al precio de los productos que sugiere el regreso del IVA.
En varias empresas alimenticias y en las cadenas de supermercados ya advierten sobre esta posibilidad al sostener que sería un freno a las iniciativas del propio Gobierno para fomentar una rápida recuperación del consumo.
Si bien avalan su continuidad para las clases bajas y admiten que podrían captar gran parte de ese alivio, anticipan subas generalizadas que hasta podría desactivar el impacto positivo y el cambio de expectativas que busca Alberto Fernández en sus primeros días al frente de la Casa Rosada.
Fuente: iprofesional.com
Finalmente, la medida quedó sin efecto
La empresa petrolera comunicó hoy un incremento del 5% en combustibles. Finalmente, la medida quedó sin efecto
La empresa petrolera estatal YPF dio marcha atrás y suspendió el aumento del 5% en el precio de los combustibles que había anunciado y que empezaba a regir esta medianoche.
Este domingo por la mañana, la compañía había anunciado un incremento del 5% que representaría un aporte de 0,2 punto porcentual en la inflación de enero, de acuerdo con la ponderación del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Los combustibles ya sufrieron nueve aumentos en lo que va de 2019.
Fuente: unosantafe.com
Los plazos fijos, con excepción de los ajustados por coeficiente UVA, dejarán de pagar impuestos a partir del miércoles próximo con el arranque de 2020, según lo determina la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
En su artículo 32, la nueva norma derogó los artículos 95 y 96 de la ley de Impuesto a las Ganancias a partir del período fiscal 2020, por lo que las colocaciones a plazo en pesos dejarán de pagar la Renta Financiera.
Pero en el 33 aclara que “quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste”, como los que dan intereses vía la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Hasta 2019, el impuesto a la Renta Financiera se aplica a aquellos que hayan tenido performances por encima de los $103.018 en el año. El gravamen, que también es para los tenedores de títulos públicos, es del 5% del rendimiento calculado sobre el importe que exceda los $103.018.
La Ley de Emergencia deja sin efecto el impuesto, pero recién a los rendimientos que se obtengan durante el año próximo.
A diferencia de los que ahorraron en pesos, quienes lo hicieron en dólares (y a pesar de las devaluaciones que hubo) no tendrán que pagar por ese beneficio obtenido durante 2019, según TN.
El impuesto seguirá vigente para la distribución de dividendos y utilidades, ganancias de capital derivadas de la enajenación de acciones, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales que no coticen en bolsa o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
También para utilidades de obligaciones negociables, títulos de deuda o participación en fideicomisos financieros y cuotas parte de fondos comunes de inversión por el ejercicio 2019; y enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles anterior.
Fuente: iprofesional.com
Desde la CAME sostienen que más de la mitad de los productores de este sector tiene rentabilidad negativa y todos necesitan un incentivo.
El área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado donde señalan que “Productos tales como arroz, maní, legumbres, frutas finas, yerba, tabaco,
miel, entre otros, deben contar con un trato impositivo diferencial que incentive a los productores a encarar una planificación de trabajo a corto y mediano plazo”, señalaron desde CAME.
La entidad advirtió, además, que el nivel de rentabilidad en estas Economías Regionales “es nulo o directamente negativo” y en algunos casos, inclusive, los costos de producción superan por amplio margen los precios que reciben los productores.
“El impacto fiscal de la suba de retenciones a las Economías Regionales es insignificante para el Estado y, a su vez, muy representativo para el interior productivo que genera miles de empleos en mano de obra intensiva”, explicaron desde la entidad. En este sentido, el aporte de las Economías Regionales al Tesoro en concepto de derechos de exportación rondará este año los 520 millones de dólares con la tasa de entre 3 y 4 pesos por dólar exportado que aplicó el anterior gobierno en 2018.
Un dato clave que remarca CAME “para comprender la necesidad de un trato impositivo diferencial surge del Censo Nacional Agropecuario preliminar del INDEC: de las 250.881 explotaciones rurales que existen en el país, un 63% corresponden a Economías Regionales. Un reciente relevamiento realizado por la entidad en 18 complejos agroalimentarios de las 23 provincias argentinas revela que actualmente menos de la mitad de los productores de Economías Regionales tiene rentabilidad positiva.
Dicho informe muestra también que un 31% de los productores de este sector tiene expectativas positivas de cara al corto plazo, mientras un 43% espera un futuro regular y, por último, un 23% cree que lo que vendrá será malo. Entre las principales demandas de los productores se destacan, entre otras: acceso al financiamiento a tasas razonables; tarifas eléctricas diferenciales para las pymes; eliminación de retenciones, y una reforma laboral integral.
Las autoridades de CAME insistieron con la creación de una Secretaría de Economías Regionales en el ámbito del Ministerio de Agricultura “para poder canalizar y atender las demandas de cientos de complejos productivos del interior del país y descomprimir la tensión social reinante en el sector”.
Fuente: perfil.com
El Ejecutivo despejó las dudas que quedaban respecto a la ley aprobada por el Congreso. Hubo cambios en el dólar “solidario” y el pago de servicios que facturan en el exterior. Además, se definieron las alícuotas para Bienes Personales.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada días atrás por el Congreso, con lo que despejó algunas de las cuestiones que quedaban pendientes en la letra fina y además concretó algunos cambios con respecto a lo que se había sancionado.
Una de las cuestiones que se conocieron este sábado son las nuevas alícuotas del impuesto a los Bienes Personales en el marco de la ley de Emergencia Económica, a través del decreto 99 publicado hoy en el Boletín Oficial.
En los considerandos del citado decreto, se menciona que “se incorporó la posibilidad de fijar alícuotas diferenciales para gravar los bienes situados en el exterior pudiendo disminuirlas cuando se verifique su repatriación”.
Por otro lado, tal como se había modificado en Diputados, el impuesto de 30% del dólar “solidario” no se aplicará “para la adquisición de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes”.
Cuando se discutió en el Congreso no estaba claro cuáles eran los destinos que iban a quedar excluidos. Pero todo indicaba que iban a ser, como finalmente ocurrió, los países limítrofes.
Pero lo que también cambio es que será solo para pasajes terrestres, y no para acuáticos y aéreos.
Otra de las novedades es que el Gobierno suavizó el impuesto que pagarán servicios como Netflix y Spotify, que si bien el usuario lo paga en pesos la tarifa está dolarizada porque se facturan en el exterior. Ese gravamen no será de 30% sino de 8%.
Fuente: ambito.com
Cumplimiento de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes Culturales -ley 19.943- y generar un marco regulatorio para los diferentes actores que participan en la Comercialización de Antigüedades, Obras de Arte y otros Bienes Culturales.
Ley Nº 27.522 (BO 20/12/2019)
Fuente: Lisicki Litvin
