Suspenden los plazos procesales en todos los expedientes electrónicos que se eleven o hayan sido elevados al pleno para su acumulación y en los que se dicte o haya dictado sentencia de acumulación por Sala pendiente de efectivizarse en el sistema.
Resolución (TFN) Nº 115/2019 (BO 04/12/2019)
Fuente: Lisicki Litvin
La calificadora de riesgo señaló que las administraciones provinciales enfrentan “un entorno operativo cada vez más desafiante”. De acuerdo a sus previsiones, el difícil escenario que deberán enfrentar afectará sus resultados financieros y “hará más difícil el refinanciamiento de la deuda”.
El 2020 será un año complejo desde el punto de vista financiero para la Argentina. Más allá de las cuentas nacionales, los números de las administraciones provinciales también estará en el centro de la escena.
Por lo pronto, Moody’s aseguró que la perspectiva de las provincias argentinas en 2020 es negativa, debido a “mayores riesgos sistémicos del gobierno nacional”. A través de un informe, la calificadora de riesgo señaló que las administraciones provinciales enfrentan “un entorno operativo cada vez más desafiante” que afectará sus resultados financieros y “hará más difícil el refinanciamiento de la deuda”.
Y agregaron que “las condiciones restrictivas en los mercados locales e internacionales aumentarán la dependencia de las provincias del financiamiento soberano y profundizarán la exposición de los tenedores de bonos al riesgo de refinanciamiento”.
Además, los indicadores crediticios presentarán “un deterioro como resultado del aumento de los costos financieros y la exposición a la deuda en moneda extranjera” en medio de la volatilidad financiera.
Para Moody’s, la administración de la liquidez “será más difícil” debido a las restricciones en los controles cambiarios y los ingresos se debilitarán en términos reales como resultado de la severa recesión económica de Argentina.
“Ante las tensiones sociales y la inflación persistente, las provincias se verán obligadas a aumentar el gasto a medida que aumenta la pobreza y el desempleo, y disminuye el poder adquisitivo. Sin embargo, los gastos de capital estarán limitados por la falta de opciones de financiamiento y el lento crecimiento”, señaló el informe.
Por último, Moody’s prevé que “el crecimiento económico de la Argentina siga siendo negativo en 2020 debido a presiones monetarias, condiciones financieras extremadamente restrictivas y la alta incertidumbre política” y esperan que “la volatilidad del crecimiento continúe, prolongando el patrón de crecimiento y recesión que el país ha mostrado desde 2011”. “El crecimiento económico negativo afectará las bases económicas de las provincias y, en última instancia, sus ingresos”, concluyó la calificadora.
Fuente: ambito.com
La Resolución 36/19 publicada en el Boletín Oficial actualiza el monto mínimo de $100.000 respecto de cada uno de los facturas de crédito electrónicas que se emitan.
También se dispone que para el supuesto que existan divergencias entre los comprobantes emitidos e inscriptos en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” que fueran puestos a disposición por la AFIP en el domicilio fiscal electrónico de la empresa receptora, y los comprobantes que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas entreguen al comprador, locatario o prestatario, se considerarán como válidos, los que obren inscriptos en el referido Registro.
Fuente: iprofesional.com
La AFIP establece las pautas para acceder a la renovación automática de la vigencia del “Certificado MiPyME”.
A los fines de realizar la renovación automática de la vigencia del “Certificado MiPyME” y, por lo tanto, la reinscripción de la empresa en el “Registro de Empresas MiPyMES”, la AFIP informará, durante el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de cada empresa que a tal efecto hubiera prestado su consentimiento, la información actualizada de los campos del Formulario 1272 denominado “PYMES/Solicitud de categorización y/o beneficios”.
De modo previo a efectuar la transmisión de la información, la AFIP enviará una notificación al domicilio fiscal electrónico de la empresa y pondrá a su disposición, desde el primer día hábil del cuarto mes posterior al cierre de su ejercicio fiscal y durante 20 días corridos, la información correspondiente a los campos del Formulario 1272 denominado “PYMES/Solicitud de categorización y/o beneficios”, a fin que la misma pueda ser verificada por la empresa.
En caso que la empresa detecte inconsistencias en dicha información, deberá subsanarla rectificando las declaraciones juradas presentadas ante el organismo recaudador.
El primer día hábil posterior al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del presente artículo, la AFIP transmitirá la información.
Será requisito para que la AFIP pueda transmitir la información, la presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y las declaraciones juradas determinativas y nominativas de los subsistemas de la seguridad social, de los últimos 3 ejercicios comerciales cerrados, de corresponder.
Aquellas empresas que se encuentren inscriptas como “IVA Exento” o “IVA No Alcanzado”, integren un grupo económico y/o estén vinculadas a empresas extranjeras, una vez remitida la información, deberán completar su trámite de reinscripción mediante la página web del Ministerio de Producción.
Fuente: iprofesional.com
Los fondos de inversión que integran un comité para la reestructuración ya tienen una propuesta para iniciar la discusión con el próximo gobierno, pero aún no reunirían el nivel de adhesión necesario.
Mientras las próximas autoridades se preparan para desembarcar en la administración pública a partir del martes, el comité de acreedores de la deuda en vías de reestructuración avanza en el consenso interno para presentar una postura única a partir de la cual negociar no sólo las condiciones técnicas del proceso sino también los tiempos y el alcance.
Esto es, más allá de la oferta económica que tiene grandes puntos de coincidencia con las ideas expresadas hasta el momento por el futuro ministro de Economía Martín Guzmán, el debate ahora se centra en los tiempos y actores involucrados. El punto central pasa por el Fondo Monetario.
Parte de los fondos de inversión que integran el comité promueven avanzar sin esperar que el próximo gobierno logre un entendimiento con el FMI. Otros, en cambio, consideran al Fondo Monetario una parte crucial de las tratativas en su calidad de garante de la consistencia fiscal del plan económico. Es decir, para asegurar la verdadera capacidad de pago futura de la Argentina.
Por lo pronto, la postura que gana cada vez más terreno es la de avanzar lo más rápidamente posible, tal como sugirió Guzman: durante el verano. El principal promotor de esta visión sería Hans Hume, presidente de Greylock Capital, pieza fundamental en el armado del comité que también integran el fondo francés Aimundi y los norteamericanos T. Rowe Price, Fidelity y Blackrock. El fondo Templeton, en cambio, otro de los grandes tenedores de bonos argentinos suele mantener una postura en favor de una negociación integrada al plan con el FMI. Al menos esa fue su experiencia en la renegociación de la deuda ucraniana, en 2015, en la que hubo quitas de 20% pero el acuerdo evitó presentaciones judiciales de fondos buitres, conocidas como holdouts.
La discusión, eventualmente, terminará de saldarse a medida que fluya el proceso y que el próximo gobierno muestre sus cartas. En principio, la propuesta más conocida que ya le hicieron llegar los acreedores apunta a una generosa extensión de plazo en los pagos de capital de hasta 5 años pero sin suspender el pago de intereses y, como parte de la discusión, la posibilidad de un nuevo aporte de cash para precisamente hacer frente a esos pagos. En definitiva, los bonistas ponen sobre la mesa para empezar a discutir una alternativa sin quitas que permitiría un rápido cierre de la reestructuración.
El punto débil a la hora de sentarse a discutir con Guzmán es el nivel de adhesión que tiene, por el momento, esa oferta. Tal como están emitidos los bonos bajo legislación extranjera –el tramo más sensible de la reestructuración–, es necesario lograr el acuerdo de los tenedores de al menos 66% de cada serie para poder hacerlo extensiva a todo el resto sin el riesgo de pleitos judiciales. Y, al menos por el momento, esa propuesta no reuniría mucho más de 50 por ciento.
El nivel de adhesión no es el único escollo a superar. Tal vez más sensible es la negativa expresada hasta el momento por Guzmán y el propio Alberto Fernández respecto de pagar sólo una vez que la Argentina “empiece a crecer”. Esta definición incluye capital y también intereses. Por otra parte, el presidente electo manifestó su voluntad de evitar cualquier nuevo endeudamiento, lo que hace suponer a gran parte de los bonistas que en realidad, y pese a la propuesta del ministro de Economía, la renegociación sí incluirá quitas. Otra vez, como en el caso de Ucrania.
Una renegociación con quitas –advierten– no se lograría en tiempo récord. Mucho menos si se involucra en el proceso el Fondo Monetario, a quien también se atribuye una posición en favor de quitas en pos de garantizar la sustentabilidad de la deuda.
El nivel de adhesión no es el único escollo a superar. Tal vez más sensible es la negativa expresada hasta el momento por Guzmán y el propio Alberto Fernández respecto de pagar sólo una vez que la Argentina ‘empiece a crecer’
Por lo pronto, el nombre elegido para encarar el proceso, si bien genera dudas por su falta de experiencia y equipos, cayó bien entre los acreedores y el mercado. “A pesar de su sesgo ideológico, Guzman tiene una profunda formación ortodoxa. Conoce los límites y puede distinguir perfectamente lo que va bien de lo que está mal. Es difícil imaginar que aplique un plan completamente inconsistente”, aseguró a Infobae un alto ejecutivo de un banco que lo conoce hace años.
Sin ir más lejos, los economistas de la ultraortodoxa Fundación Fiel, Ricardo López Murhphy y Fernando Navajas, fueron algunos de los profesores que más lo marcaron mientras estudió en la Universidad de La Plata. Más tarde, otro economista, de la UBA, Daniel Heymann lo apadrinaría hasta recalar, finalmente, en las huestes del premio Nobel, Joseph Stiglitz.
Una primera aproximación de sus ideas más concretas, al menos respecto del manejo del frente fiscal, se esperaba para este jueves con la presentación del Presupuesto 2020. Pero, tal vez por falta de tiempo, tal como afirmó el presidente electo, o por estrategia de negociación, el proyecto quedó demorado hasta “abril o mayo”, según dijo Fernández.
Para esa fecha, la expectativa es que la reestructuración de la deuda esté, sino cerrada, al menos muy encaminada. Y cualquier plan que contemple un déficit más cercano a 1,5% que a 1% del PBI entorpecería toda la discusión.
Fuente: infobae.com
Las restricciones podrían ampliarse a las compras turísticas del exterior. Se mantendría el acceso para las empresas que giren ganancias a las casas matrices.
Alberto Fernández y su potencial equipo económico están más que conformes con el ritmo de compras de dólares que vienen sosteniendo el Banco Central, desde la aplicación del cepo hard. Al punto de coincidir en que las restricciones continuarán, o incluso se profundizarán para las compras en el exterior con tarjetas de crédito, hasta al menos el segundo semestre de 2020.
Recién hacia julio del próximo año se hará un balance de la situación y evolución de las reservas, para saber si las restricciones para el acceso a las divisas para el público con el fin de atesoramiento se sostienen. En el caso que el ritmo de evolución de los dólares depositados en el BCRA se mantenga al ritmo actual, tampoco habría una liberalización total, sino algún tipo de levantamiento leve de las restricciones. Lo más probable, incluso, es que el cepo en cualquiera de sus variantes se sostenga hasta el final de la gestión de cuatro años de Alberto Fernández.
Los números sobre los que se entusiasma el próximo gobierno son concretos. Hasta el lunes pasado, el contador de la entidad que manejará Sandleris hasta el 10 de diciembre (ver página 4) indicaba que se habían comprado unos u$s2.427 millones, desde la aplicación del cepo hard el 28 de octubre. Se proyectan para el lunes 9 de diciembre, unos u$s 2.700 millones, con lo que se habrían recuperado casi la totalidad de los u$s2.700 millones perdidos de las reservas en la última semana antes de las elecciones del 27 de octubre. Sin embargo, la cifra está muy lejos de la fuga de divisas de u$s7.500 millones alcanzada entre el fatídico lunes 13 de agosto (un día después de las PASO) y el 25 de octubre, último día hábil antes de las elecciones presidenciales y del consecuente cepo hard. Si se siguiera el ritmo de recuperación de divisas registrado desde el 27 de octubre, se llegaría al nivel anterior de las PASO entre marzo y abril de 2020.
Curiosa y coincidentemente sería en el mismo tiempo en que el Gobierno deberá terminar de renegociar la deuda con los privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que el dinero de las reservas sólo alcanzaría para garantizar los pagos de intereses y capital hasta abril. Para mayo, aún acelerando el ritmo de recuperación vía compras del BCRA (ya con la conducción de Miguel Pesce), sin acuerdo con los acreedores, Argentina ingresaría en default. Lo importante para estas negociaciones que se abrirán de manera inmediata, y que serán encabezadas por el economista Martín Guzmán; es que de sostenerse la ola de recuperación de divisas al ritmo generado desde el cepo hard, se mostraría un nivel de fortaleza en la obtención de los preciados dólares que ayudaría a las negociaciones con los acreedores. Un escenario de recuperación de reservas junto con un sostenimiento del saldo positivo de la balanza comercial, resulta imprescindible para que la posición argentina sea creíble en cuanto a la real capacidad de pago futuro del país.
Ante este panorama, lo que habrá que esperar es, eventualmente, un endurecimiento del cepo en cuanto a la salida de divisas a partir del turismo en el exterior de los residentes argentinos. Si bien los números del BCRA no están del todo aceitados, se sabe que la presencia de las tarjetas de créditos de los turistas argentinos en el exterior durante las próximas vacaciones es un factor en la mira de los futuros administradores del cepo cambiario. Se sabe también que está en estudio un sobrecosto para las compras de los viajeros al exterior, que podría tener un tope del 35%. Está casi descartado que algún tipo de medida se tomará para estas operaciones con plásticos fuera del país. Lo que aún no está definido es si será de una manera lineal, lo que generaría un tipo de cambio especial para los viajeros, tipo “dólar turista”, o si se podrá tomar parte de este sobrecosto a cuenta de ganancias; replicando el esquema polémico que se aplicaba durante la vigencia del cepo versión gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La disyuntiva se resolverá en las horas próximas a la asunción del gobierno de Alberto Fernández y su equipo económico, incluyendo a Guzmán, Matías Kulfas y, obviamente, Miguel Pesce.
Lo que se descarta es que el cepo alcance las rentabilidades de las empresas y la prohibición de girar ganancias al exterior. Se asume en el próximo equipo económico, que esta decisión fue un error grave del esquema de restricciones cambiarias que rigió hasta diciembre de 2015 y que en tiempos en los que se hace necesaria una aceleración de la inversión externa en el país para salir de la crisis, reestablecer estas trabas sería un tiro en el pié.
Lo que sí se está pensando es en un eventual beneficio impositivo para las empresas que decidan reinvertir esas ganancias, renunciando a reclamar divisas para retirarlas del país.
El sostenimiento del ritmo de compras de dólares desde el BCRA, al menos en los niveles actuales (difícilmente se aceleren), servirá para que mientras Guzmán y sus asesores negocien con los acreedores el país pueda cumplir en tiempo y forma con el cronograma de vencimientos de deuda ya programados entre diciembre y abril. Antes de mayo las negociaciones deben estar terminadas, ya que los vencimientos de mayo (más de 7.000 millones de dólares), son imposibles de enfrentar, aunque el BCRA continúe con el actual nivel de compras de dólares.
Fuente: ambito.com
La deuda, la coordinación entre el sector público y privado y la inflación se posicionan como los temas fundamentales a afrontar.
La necesidad de renegociar la deuda, la coordinación entre el sector público y privado y un “programa consistente” para combatir la inflación, se posicionan como los principales desafíos a afrontar por el Gobierno entrante de Alberto Fernández, según economistas de diversas vertientes académicas.
En diálogo con NA, el economista jefe de la consultora Elypsis, Martín Kalos, apuntó a la necesidad de lograr una renegociación de la deuda y destacó la importancia de contar con “coordinación entre el sector público y privado”.
“Las urgencias económicas, laborales y productivas están a la vista. Hay un agravamiento de una situación muy crítica a nivel social que se traduce en indicadores que seguimos con preocupación como la pobreza, la indigencia, la precarización laboral”, analizó.
Puntualizó que “es importante pensar en dar una solución de largo plazo a esas cuestiones tan críticas”.
Al insistir con la renegociación de la deuda, advirtió: “Hoy por hoy, la perspectiva es de una incapacidad de pago en el corto plazo”.
“Si no logra una renegociación, le va a costar tener recursos disponibles para ejecutar políticas públicas como para que el conjunto de la economía tenga los necesario para crecer”, pronosticó y señaló que “en paralelo, hace falta empezar a diseñar políticas públicas de largo plazo, en particular en lo productivo”.
Por su parte, el director del Centro de Política Económica Argentina, Hernán Letcher, sostuvo que los principales desafíos para el Gobierno entrante se vinculan con “la recuperación del poder adquisitivo y una renegociación exitosa de la deuda”.
Al asegurar que ambas cuestiones están relacionadas, indicó: “La pérdida acumulada de poder adquisitivo en cuatro años es de aproximadamente 20 por ciento. Eso tiene muchos efectos. La gente vive peor, se reclama menos e implica un efecto macroeconómico, que es el impacto sobre la evolución del Producto Bruto Interno dado que el 65 por ciento lo explica el consumo”.
“Están vinculadas porque la renegociación puede permitir liberar recursos, como dar un aumento de jubilaciones, por ejemplo. Permitiría margen de acción para apuntalar el consumo”, argumentó y afirmó que se debe “pensar la deuda con relación al PBI”.
Para el economista Agustín Monteverde, “en lo inmediato está el tema de la renegociación con los acreedores”.
“No hay ninguna duda”, enfatizó en declaraciones a Noticias Argentinas y criticó que “se desperdiciaron muchas semanas sin equipo económico”. En ese sentido, pronosticó: “Creo que vamos hacia una cesación de pagos como mínimo”.
Alertó también sobre el “shock inflacionario” y evaluó: “La Argentina enfrenta un problema fiscal al que nunca quiere atender. El gran desafío de fondo que enfrenta la administración es devolverle sentido a las cuentas públicas”.
“Los ingresos están por encima del máximo tolerable”, enfatizó, mientras pidió “reducir el gasto, pero bajando los impuestos para devolverle vitalidad a la actividad económica”.
Por último, el economista y docente de la UBA y la Universidad Torcuato Di Tella, Bernardo Kosacoff, recomendó poner en marcha un “programa consistente y articulado” para “apuntar a disminuir la inflación”.
Sugirió tener un “proceso asociado a estrategias de desarrollo” en un contexto de caída de empleo e inversión.
De acuerdo con su criterio, la Argentina debe tener una “agenda importante de un régimen de cooperación y coordinación” entre diferentes sectores, incluso empresarios, sindicalistas y sociedad civil.
Resaltó que la próxima administración tendrá que buscar la manera de “recuperar la actividad” y “revertir la desigualdad y la pobreza”.
Fuente: ambito.com
Los vencimientos de la presentación de las declaraciones juradas para operaciones internacionales y precios de transferencia, que originalmente vencían entre el 16 y 20 de diciembre de 2019, se postergarán para la segunda semana de febrero de 2020. Las nuevas fechas corresponden a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018.
Así surgirá de una nueva normativa que elaboró la AFIP, en la que se abrió al proceso de consulta pública a entidades profesionales y empresarias y cuyo texto final se publicará próximamente.
La nueva resolución general reemplazará a la vigente, la 1112. Allí también se prevé desarrollar un sistema nuevo en entorno web, con un formulario único (F 2668) para todas las operaciones.
El aplicativo web concentra gran parte de la información que se encuentra en los estudios de precios de transferencia y la relaciona con los individuos del exterior y con las operaciones declaradas. La nueva funcionalidad estará disponible en la página de la AFIP sobre el final de la semana próxima.
En tanto los vencimientos generales a partir de los ejercicios a finalizar en diciembre de 2019 ocurrirán en 6° y 12° mes siguiente al del cierre de ejercicio para operaciones internacionales y precios de transferencia, y para el informe maestro, respectivamente.
Fuente: iprofesional.com
El último ordenamiento de la Ley había sido en el año 1997 y las posteriores modificaciones y reformas que ésta sufrió hacen necesario su reordenamiento. En este sentido, el Artículo 316 de la Ley 27.430 (reforma tributaria 2017) facultó al Poder Ejecutivo Nacional para ordenar las leyes tributarias.
Del mismo modo, se procede al reordenamiento del reglamento (Dto. 1344, Texto ordenado en 1998) que tuvo modificaciones significativas, especialmente a partir de la ley de reforma tributaria. Adicionalmente, y en pos de mejorar la claridad de la normativa se introducen cambios a ese reglamento, pudiendo enunciarse, entre otros, los siguientes:
– Se publica el listado de jurisdicciones “no cooperantes”.
– Se establece que los contribuyentes que obtengan exclusivamente ganancias de fuente argentina sujetas al impuesto cedular no estarán obligados a presentar declaraciones juradas, conforme lo determine la AFIP.
– Se introducen adecuaciones y precisiones sobre diversos temas tales como transparencia internacional y precios de transferencia.
Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, señaló que “es bueno este ordenamiento porque hay muchos artículos agregados a continuación de otros y se dificulta el análisis y las referencias a las normas”.
“El Decreto Reglamentario también es importante que se modifique haciendo referencias a los nuevas artículos que reglamentan”, agregó Domínguez.
“Cuando se reordena la Ley, si no se modifica el Decreto Reglamentario (DR), quedan artículos con referencia al texto ordenado anterior”, agregó.
Hoy nos encontramos, por ejemplo, que el Artículo 21 del DR tiene 30 artículos agregados a continuación, el Artículo 149 del DR tiene 17 agregados a continuación y el Artículo 165 tiene 30 algunos argregados a continuación de otros agregados a continuación.
“Es decir, que la interpretación de las normas por la falta de ordenamiento complica aun más el análisis de normas tributarias complejas”, aseguró Domínguez.
Fuente: iprofesional.com
Nueva prórroga para la implementación del SIRE.
Prorrogan, hasta el 01/03/2020, la obligación de informar e ingresar por parte de los agentes de recaudación las retenciones/percepciones del IVA a través del SIRE. Por otra parte, a efectos de cumplir con las obligaciones de información e ingreso de las retenciones/percepciones que efectúen a partir del 01/12/2019, se deberá utilizar el programa “SICORE – SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES – Versión 8 Release 39”.
Resolución General (AFIP) Nº 4640/2019 (BO 29/11/2019)
Fuente: Lisicki Litvin
