Con la firma del Decreto 767/2025 se actualizaron los requisitos y montos mínimos para declarar transacciones de comercio exterior.

El Gobierno nacional estableció cambios en la reglamentación del Impuesto a las Ganancias, vinculados a las operaciones internacionales de exportación e importación, actualizando los montos mínimos y los requisitos de información que deben cumplir los contribuyentes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las nuevas normas fueron publicadas en el Boletín Oficial del martes 28 de octubre, por medio del Decreto 767/2025, bajo las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ganancias: cambios para importadores y exportadores

Con esta reforma se eleva el umbral a partir del cual los exportadores e importadores están obligados a informar de sus operaciones a ARCA.

Solo deberán presentar la información detallada que exige la ley quienes realicen transacciones internacionales por un monto anual que iguale o supere los 500 millones de pesos. La norma aclara que el organismo tendrá la potestad de incrementar ese monto en función de evolución de los precios de las operaciones involucradas.

Asimismo, el decreto redefine los “bienes con cotización”, incorporando precios de referencia de mercados nacionales e internacionales, y establece la obligación de registrar electrónicamente los contratos de exportación dentro de los 60 días desde el embarque.

En este sentido, especifica que se deberá detallar información sobre contratos, compradores, precios, medios de transporte y condiciones de venta. ARCA podrá fijar precios o índices mínimos de mercado para evaluar la independencia de las operaciones.

El plazo para realizar el registro de los contratos es de un máximo de 60 días desde la fecha de embarque. En caso de no cumplir con la presentación de la información en los términos establecidos por ARCA, las operaciones podrían ser desconocidas a efectos fiscales, corriendo el riesgo de ajustes y sanciones.

Precios mínimos

ARCA será el organismo que podrá definir los índices o precios mínimos que los contribuyentes podrán utilizar como referencia en mercados transparentes para las exportaciones de bienes comprendidos en posiciones arancelarias específicas.

En el caso de las operaciones en las que se pacten precios o índices iguales o superiores a los definidos por el organismo, serán consideradas como celebradas entre partes independientes.

Por último, no tienen que presentar declaraciones juradas quienes, en el marco de operaciones con sujetos vinculados del exterior o con entidades radicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, no superen en el período fiscal los 150 millones de pesos en total o 15 millones de pesos por persona en el año. ARCA puede cambiar estos montos según suban los precios.

Fuente: perfil

Con estos resultados, el tercer trimestre del año cerró con una baja de 0,3% frente al segundo, lo que, según el informe, de confirmarse en las cuentas nacionales implicaría que el país ingresó en una recesión técnica. De todos modos, el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 muestra todavía un crecimiento de 5,7% en términos interanuales.

Desde la consultora explicaron que “luego del rebote de agosto, la economía volvió a contraerse en septiembre, anotando una merma de 0,8% mensual en la medición desestacionalizada”. El trabajo también señaló que durante el mes analizado persiste un clima de incertidumbre económica, aunque tras el resultado electoral favorable al oficialismo se redujo la tensión cambiaria y se comenzó a percibir cierta recuperación de la confianza sobre el rumbo económico. “Por sí solo esto no logrará reactivar la marcha de la actividad, pero ofrece un contexto más favorable para recomponer los ingresos, el consumo y la inversión”, agregaron.

Diferencias entre sectores

El informe de Ferreres identificó diferencias marcadas entre sectores. En septiembre, la agricultura y ganadería mostró una caída de 0,5% interanual, con un retroceso de 1,8% en la actividad agrícola y sin variaciones en la ganadera. En contraste, la intermediación financiera se mantuvo como el sector de mayor crecimiento, con una suba interanual de 24,5%, seguida por minas y canteras, que registró un avance de 4,7%. Dentro de este último rubro, la producción de petróleo crudo creció 13,6%, mientras que la de gas natural se contrajo 5,8%.

El rubro de electricidad, gas y agua también mostró una recuperación luego de dos meses de bajas, con un incremento interanual de 5,7%, asociado a un mayor consumo residencial por factores estacionales. En cambio, la construcción avanzó apenas 3% interanual, reflejando la desaceleración de la inversión privada en un contexto de altas tasas de interés y costos crecientes.

La industria, otra vez en terreno negativo

Dentro del panorama general, la industria manufacturera volvió a ser una de las principales preocupaciones. Según el Índice de Producción Industrial (IPI-OJF), la producción fabril se contrajo 1,1% interanual en septiembre y 0,8% respecto del mes previo, sumando así tres caídas en los últimos cuatro meses. En el acumulado del año todavía mantiene un incremento de 2,2%, aunque la tendencia de los últimos trimestres apunta a una pérdida de dinamismo.

El estudio señaló que el nivel de actividad industrial se ubicó 2,6% por debajo del que tenía a fines del año pasado, lo que confirma que el repunte de agosto fue insuficiente para revertir la tendencia. “Incluso en un escenario optimista, no será rápida la recuperación de la actividad industrial, que dependerá del ordenamiento macroeconómico y de una mejora en el consumo interno, de la mano de la recomposición de los salarios y del crédito”, indicó Ferreres.

El análisis sectorial muestra que alimentos, bebidas y tabaco cayeron 1,3% interanual, con una baja de 3,3% en la faena bovina y un aumento de 2,5% en la producción de aceites. En maquinaria y equipo se registró una disminución de 0,4%, con una caída de 5% en la producción automotriz, parcialmente compensada por el crecimiento de los electrodomésticos de línea blanca. En metales básicos, la contracción fue de 1,7% interanual, aunque el acumulado del año se mantiene positivo gracias al aumento en la producción de laminados en frío.

El informe también destacó que el sector de minerales no metálicos, vinculado a la construcción, creció 0,5% en septiembre, con un incremento acumulado de 7,4% en los primeros nueve meses del año. Los despachos de cemento acompañaron esa evolución, con un alza similar.

El sector de “refinerías” fue el que más creció, con una recuperación interanual del 4,2% en septiembre.

Un panorama aún frágil

En conjunto, los resultados de ambos indicadores elaborados por Ferreres muestran que la economía argentina volvió a perder impulso en el tercer trimestre del año, afectada por la debilidad del consumo y la falta de inversión. El repunte de algunas ramas puntuales, como la energía y la minería, no logró compensar las caídas en sectores más vinculados al mercado interno.

Aunque el resultado electoral de octubre y la reducción de la volatilidad cambiaria pueden brindar un respiro, la consultora advirtió que la recuperación dependerá de la capacidad de recomponer ingresos y restablecer la confianza. En este escenario, tanto la economía en general como la industria en particular enfrentan el desafío de salir de un período de estancamiento que, por ahora, continúa marcando el ritmo de la actividad nacional.

Fuente: infobae economico

El Gobierno nacional simplificó el trámite para habilitar fábricas e importadores de productos cosméticos, de higiene personal, odontológicos, domisanitarios y artículos higiénicos descartables, mediante la Disposición 7939/25 de ANMAT.

La simplificación permite que las empresas, a partir de ahora, podrán obtener la habilitación sanitaria nacional presentando una declaración jurada digital, sin necesidad de entregar documentación física ni esperar inspecciones previas.

Hasta hoy, para fabricar o importar un shampoo, una crema o un jabón era necesario tramitar un permiso ante el Estado. El trámite requería de la presentación de planos, habilitaciones, copias certificadas, y podía demorar hasta más de un año. En algunos casos, incluso, las exigencias nacionales para habilitar un establecimiento se contradecían con las normativas locales.

La nueva normativa establece que las empresas que ya están habilitadas deberán empadronarse nuevamente en un plazo de 180 días hábiles, sin pagar arancel, y quienes estén tramitando una habilitación deberán completar los ajustes pendientes antes de adherirse al nuevo sistema.

La declaración jurada no tendrá vencimiento, aunque deberá actualizarse si cambian datos importantes como razón social, domicilio, rubro o dirección técnica. Además, se aprobó un nuevo manual de Buenas Prácticas de Fabricación específico para los productos higiénicos descartables e intravaginales.

La disposición también deroga normas anteriores que habían quedado desactualizadas y aclara que los productos domisanitarios de mayor riesgo seguirán bajo un régimen más estricto.

Las empresas que incumplan los requisitos podrán ser sancionadas y perder la autorización. La medida entrará en vigencia a los 60 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial y busca “modernizar el sistema sanitario sin perder los controles sobre la seguridad y calidad de los productos que llegan al consumidor”.

Al contextualizar la decisión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó que “hemos argumentado muchas veces que la sobrecarga de tareas de ANMAT (por ejemplo, controlar los termos) le restaba capacidad para abordar sus competencias centrales: el control de medicamentos y alimentos”.

En este sentido, reveló que “parte de esas distracciones eran un intrincado entramado de permisos y habilitaciones duplicadas para la producción, importación o comercialización de productos de menor riesgo como cosméticos, productos de higiene personal y perfumes, higiénicos descartables de uso externo y domisanitarios (excluyendo los grado 2b, más tóxicos)”.

Con el escenario planteado, el ministro sostuvo que la medida dispuesta “cambia esta lógica de raíz”, explicando que “no es que pida menos responsabilidad: confía en que tenés todo lo que corresponde, te habilita automáticamente con una declaración jurada digital, e inspecciona después”.

Fuente: noticias argentinas

El presidente Javier Milei prometió una reforma del régimen laboral, destinada a otorgar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal, para cuyo éxito serán claves los bloques robustos en el Congreso que logra en esta elección, aunque también necesitará acuerdos políticos para sortear la oposición de los sindicatos.

El gobierno de Javier Milei consiguió su anhelado triunfo en las elecciones legislativas con un resultado mucho mejor del que esperaba. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos como Córdoba y Santa Fe fueron clave para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará, ahora, fortalecido frente a varios gobernadores de peso.

El Gobierno podría contar a partir de diciembre con unos 100 diputados propios en la Cámara baja que le garantizan con creces el tercio del recinto, con el que puede bloquear los intentos de la oposición por rechazar vetos y DNU, incluso sin necesidad del apoyo del bloque PRO, que vio reducida sus filas a una decena de legisladores. Igualmente, necesitará sostener esa alianza y buscar nuevas para tener mayoría, de cara a la aprobación de proyectos ambiciosos, como la reforma laboral.

Todos los empresarios argentinos coinciden en que es necesaria una reforma laboral. El tema se trató en el reciente Coloquio de IDEA y surge con fuerza cada vez que se debaten cuestiones vinculadas a la necesidad de generar empleo.

Muchos de los convenios laborales vigentes tienen décadas sin actualizarse, y gran parte de su origen es el primer peronismo, hacia fines de los años ’40, cuando el sindicalismo cobró fuerza como aliado del Partido Justicialista, que hablaba de “combatir al capital”.

Pero la pregunta que surge entre los especialistas es si alcanzará con introducir esas transformaciones para terminar con la denominada “industria del juicio”, que este año ha cobrado renovados bríos, a pesar de los cambios a la ley de accidentes laborales hace unos años. Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cantidad de juicios laborales aumentó 10,2% en los últimos dos años, a pesar de que el empleo privado, en lugar de crecer, cayó.

De acuerdo con esos cálculos, el rol de peritos y abogados en las demandas laborales insumen más de $2 billones al año que pagan los empleadores. “Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas”, según la titular de la UART, Mara Bettiol.

El equipo de la Secretaría de Trabajo de la Nación viene analizando en detalle el tema y procesando información que, hasta ahora, arroja que los distritos con más demandas laborales son la provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos “preocupantes” de los juicios en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis.

La reforma que impulsará el Gobierno

El Poder Ejecutivo tiene listo un proyecto de reforma laboral con el que espera generar las condiciones para generar empleo privado formal en la Argentina, algo que no ocurre desde el 2010. Si bien desde hace quince años no crece la cantidad de empleo privado o registrado, sí en cambio aumentan los monotributistas. Esto refleja las dificultades que encuentran las empresas para tomar personal sin que ello les implique un dolor de cabeza a futuro, y el hecho de que muchas están trocando empleados en relación de dependencia por monotributistas.

“Es un tema tabú, por ahora, pero no son pocas las empresas que están despidiendo formalmente trabajadores y recontratándolos como monotributistas o ‘facturistas’”, señaló a iProfesional un miembro de un reconocido bufete de abogados especializado en el tema.

En efecto, según los registros que lleva el gobierno, la participación de los monotributistas en el total de las plantillas de empleo de las empresas viene creciendo: con relación a noviembre de 2023, los monotributistas pasaron de 2.037.800 a 2.161.300, es decir 123.500 más. Y los autónomos de 385.800 subieron a 391.900, un crecimiento de 6.100.

“Este fenómeno no es sólo consecuencia de la debacle macroeconómica del país en todos estos años, sino que tiene que ver con la legislación obsoleta en el área”, explican desde la Secretaría de Trabajo.

En este marco, el gobierno considera que se necesita un marco jurídico en lo laboral que sea “claro, simple y predecible”. Ese encuadre -asegura- debe dejar de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad. El proyecto cree aún posible dotar de herramientas que permita que el orden macro se traduzca en más oportunidades laborales.

Entre los puntos que impulsará el proyecto de reforma laboral figuran:

•  Impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo para que quienes quieran actualizar las estructuras vigentes hace más de 70 años puedan hacerlo. En la Casa Rosada lo llaman “flexibilización hacia adelante”, dando a entender que no se afectarán derechos adquiridos.
• Eliminar las trabas burocráticas en los procesos registrales, para que las empresas no necesiten contratar un abogado o un contador para generar empleo. Lo que llaman “contratación express”.
• Introducir los cambios pendientes para terminar con la denominada “industria del juicio”. Este es un punto de especial interés para las pymes.
• Brindar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales como, por ejemplo, cobrar el 100% de los salarios en dólares.

Este último punto es de especial interés para quienes brindan servicios en la Argentina que son exportables, en rubros como la industria del software, call centers, consultoría, etc. De la mano de esta reforma, el gobierno impulsará también cambios en materia tributaria con el fin de eliminar una veintena de gravámenes que, considera, entorpecen a la economía sin tener impacto recaudatorio. “Vamos a eliminar todos los impuestos que, en realidad, son kioscos de la política”, prometen desde la Casa Rosada.

Tanto en materia laboral como tributaria, el Gobierno buscará instalar la idea de que “blanquear será más provechoso que evadir”.

“Salarios dinámicos”

El Gobierno puso sobre la mesa la necesidad de que una reforma laboral incluya “salarios dinámicos”, y que el eje sea la productividad de cada empleado, y la situación de cada empresa o sector. La intención -que altera los nervios de los sindicatos-, es que los niveles salariales dejen de seguir la pauta automática de los convenios colectivos, y pasen a depender de resultados y condiciones concretas.

A su vez, busca cambiar la lógica de los convenios, porque ya no se trataría de pisos mínimos, sino de valores de referencia que funcionarían como techos, desde los cuales cada unidad productiva podría acordar internamente. La postura oficial es que un esquema así permitiría adaptar mejor los ajustes salariales a realidades muy heterogéneas. Y recuerdan que, en un mismo convenio, hay por ejemplo firmas grandes y pymes, regiones con distinta estructura de costos y sectores con ciclos disímiles.

Se busca que esas diferencias puedan trasladarse a la mesa de cada empresa, con acuerdos específicos. De acuerdo con la postura oficial, los convenios seguirían existiendo, pero su función sería solo la de orientar y ordenar. Un eje es la desvinculación de los aumentos salariales respecto de la inflación. En lugar de replicar la variación de precios, el concepto de salarios dinámicos apunta a que las revisiones se basen en parámetros como productividad, rotación de la actividad, márgenes disponibles o metas verificables.

El objetivo es que el salario suba cuando crece la capacidad real de pago, y que esos ajustes se definan con mayor precisión en cada negociación particular. Además, en lugar de acuerdos largos y con cláusulas de actualización predefinidas, el esquema de salarios dinámicos prevé que las partes revisen con más frecuencia y en función de cómo evoluciona la actividad.

Como ejemplo, señalan que en compañías con caídas transitorias de facturación podría pactarse un sendero más gradual, mientras que, en firmas con mejoras sostenidas, podrían convenirse incrementos adicionales sujetos al cumplimiento de objetivos.

Los sindicatos, en alerta

Hay preocupación en los gremios por estas iniciativas. Temen que el reemplazo de pisos por techos en los acuerdos derive en una pérdida de garantías para los salarios más bajos, o más alejados de los centros de mayor actividad. También les preocupa que la descentralización ensanche la dispersión entre regiones y ramas, con mayor distancia entre sectores de alto dinamismo y aquellos más rezagados.

Con salarios dinámicos, los acuerdos dejarían de fijar aumentos uniformes para todos los representados y pasarían a trazar un marco general que cada empresa traduciría a su realidad. Esto es otro motivo de alerta para los gremios. Pero más allá del gobierno y los sindicatos, hay una pata de esta problemática que impacta sobre todo cambio que se pretenda realizar, y que fue apuntada por el economista Carlos Melconian: el fuero laboral de la Justicia.

“La gente no toma mano de obra porque después, cualquier conflicto termina en la ruina de la Pyme. No se trata de perjudicar al trabajador, pero la justicia laboral, como está hoy, no va más”, dijo Melconian, lapidario.

Y agregó un dato sobre el que coinciden las pymes que buscan empleados: “La gente no toma mano de obra porque uno toma a un pibe que trabaja bien y enseguida aparecen los vivos con la industria del juicio, y vas a la justicia laboral y te joden”.

Melconian, hizo notar, también, las dificultades para encontrar personal: “Cuando hablás con el piberío, no quieren trabajo formal. Te dicen ‘no le quiero pagar al sindicato, no quiero esto. Y además, quiero home office, y quedarme hasta las 4 de la mañana laburando y no laburar mañana’. Esa es la realidad que hay que enfrentar”.

Con esta modificación se podrá solicitar la reducción desde el tercer anticipo. Además, actualizó los montos mínimos que determinan si una solicitud será sometida a controles especiales.

A través de la Resolución General 5778/25 publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo dispuso que las sociedades podrán solicitar la reducción desde el tercer anticipo.

Anteriormente, las sociedades debían esperar hasta el quinto anticipo, o ejercer la opción desde el primero si la suma total a ingresar superaba en más del 40% el importe estimado de la obligación.

En el impuesto a las ganancias, las sociedades calculan sus anticipos sobre la base del impuesto determinado en el período fiscal anterior.

Pueden solicitar una reducción si durante el año prevén una menor carga tributaria.

Opción de reducción de anticipos

La medida establece que las sociedades podrán solicitar la reducción bajo los siguientes criterios:

– Desde el 1° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar en tal concepto superará en más del 40% el importe estimado de la obligación.

– Desde el 3° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar superará en más del 25% el importe estimado de la obligación.

– Desde el 5° anticipo, en el resto de los casos.

Por otra parte, se actualizaron los montos mínimos que determinan si una solicitud de opción de reducción será sometida a controles especiales.

Para contribuyentes de alta significación fiscal, el umbral de la base de cálculo se eleva a $250 millones y para el resto de los contribuyentes, el umbral será de $200 millones.

Además, estos importes se actualizarán anualmente a partir de marzo de 2027, que se realizará según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Fuente: perfil

Las claves de la reforma impositiva del Gobierno se centran en la simplificación del sistema tributario, la reducción de impuestos y el fomento a la inversión. Sin embargo, muchas de sus propuestas implican una baja de la coparticipación de impuestos a las provincias o tocan privilegios de sectores radicados en ellas, por eso al Gobierno no le alcanza el triunfo y necesitará a los gobernadores.

El gobierno de Javier Milei consiguió su anhelado triunfo en las elecciones legislativas con un resultado mucho mejor del que esperaba. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos como Córdoba y Santa Fe fueron clave para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará, ahora, fortalecido frente a varios gobernadores de peso.

El Gobierno podría contar a partir de diciembre con unos 100 diputados propios en la Cámara baja que le garantizan con creces el tercio del recinto, con el que puede bloquear los intentos de la oposición por rechazar vetos y DNU, incluso sin necesidad del apoyo del bloque PRO, que vio reducida sus filas a una decena de legisladores. Igualmente, para aprobar la reforma impositiva necesitará sostener esa alianza y buscar nuevas para tener mayoría, aunque las urnas lo dejaron mucho mejor parado para esa tarea.

Los ejes principales de la reforma impositiva que propone el Gobierno son los siguientes:

1. Simplificación del sistema impositivo

Reducción de la cantidad de impuestos nacionales para eliminar tributos de escasa relevancia y disminuir la carga administrativa y el costo de cumplimiento fiscal.

El Gobierno sabe que, de 120 impuestos, solo 10 explican el 90% de la recaudación, por lo que propone empezar a derogarlos, con la eliminación de 20 gravámenes en una primera etapa.

Se busca un esquema de simplificación de impuestos en general.

2. Impuesto a las Ganancias para Individuos

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la reforma tributaria incluirá una baja de este impuesto para los trabajadores en relación de dependencia y jubilados.

El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal para el plan colchón, que impulsa el Régimen Simplificado de Ganancias. Si bien se encuentra vigente por decreto y ya cuenta con 13.400 adherentes, no da seguridad jurídica a los “dólares del colchón” y está trabado en el Congreso.

3. Autonomía fiscal provincial y Súper IVA

La propuesta incluye la devolución de facultades impositivas a las provincias en los impuestos recaudados por el Estado nacional, lo que podría generar competencia fiscal positiva y políticas locales más eficientes.

En este marco, se propone la creación de un IVA provincial. La Nación cobraría un IVA de 9% y el resto lo cobrarían las provincias, en un régimen de competencia fiscal, donde tratarán de atraer inversiones con el nivel de imposición.

El objetivo principal es que este nuevo esquema del IVA reemplace al impuesto provincial a los Ingresos Brutos y, de ser posible, a las tasas de Abasto municipales, que son altamente distorsivas, al ser acumulativos.

4. Revisión del gasto tributario

La revisión del gasto tributario se enmarca en el objetivo más amplio del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero y de llevar a cabo una reforma estructural. Los principales objetivos de esta revisión son:

• Aumentar la recaudación y los recursos corrientes del Estado.
• Simplificar el sistema impositivo y eliminar impuestos considerados distorsivos.
• Corregir las distorsiones que generan las exenciones y reducciones impositivas, muchas de las cuales han permanecido vigentes por décadas y son vistas como resultado de lobbies o con justificaciones económicas debatibles.

A pesar de la voluntad del equipo económico, la implementación de esta revisión ha encontrado resistencia en el ámbito legislativo.

En tal sentido, el Paquete Fiscal incluía un artículo que instaba al Poder Ejecutivo nacional a enviar un proyecto de ley al Congreso para suprimir o modificar exenciones y beneficios tributarios con el fin de incrementar los recursos corrientes en hasta un 2% del PBI, y fue eliminado en el Senado.

Se espera que la reforma impositiva contenga estímulos fiscales para atraer inversiones nacionales y extranjeras, creando un ambiente más favorable para los negocios y la actividad productiva.

Pero toda modificación impositiva debe ser aprobada por el Congreso, y simplificar el sistema tributario nacional, eliminar impuestos distorsivos a nivel provincial y generar competencia fiscal entre las provincias deberá contar con los gobernadores.

El Gobierno dio la sorpresa y obtuvo un contundente triunfo en las elecciones legislativas a nivel nacional, lo cual le da poder de fuego para poder llevar a cabo las reformas estructurales prometidas, como la laboral y la tributaria. En cuanto al impacto sobre el dólar, el oficialismo consigue aire para calmar las expectativas de devaluación y sostener el actual esquema de bandas, aunque las dudas a mediano plazo todavía no se disipan del todo.

Con casi la totalidad de los votos escrutados, La Libertad Avanza (LLA) se impone en 16 de las 24 jurisdicciones en el segmento de Diputados y en seis de las ocho que eligen senadores, destacándose particularmente la inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, histórico bastión del peronismo. En caso de no haber cambios significativos, se quedaría con 92 de los 257 legisladores en la cámara baja (36%) y con 19 de los 72 legisladores en la alta (26%).

Frente a la noticia, el denominado “dólar cripto”, que opera las 24 horas, se desplomaba casi un 7% diario y perforaba los $1.490 en promedio. Vale remarcar que el tipo de cambio oficial mayorista cerró el viernes pasado en los $1.492 (casi en el techo de la banda), mientras que, en los bancos comerciales, la cotización minorista terminó en torno a los $1.515.

En la previa de los comicios el mercado especulaba, a grandes rasgos, con tres escenarios: uno derivado de una victoria oficialista, uno derivado de una derrota, y uno intermedio. Si bien es difícil predecir el futuro, el veredicto de las urnas confirma la premisa del primero de los escenarios mencionados, que hace prever una continuidad del régimen de bandas.

Se espera una marcada baja del dólar y la continuidad de las bandas: ¿qué pasará con la intervención de EEUU?

En este nuevo contexto, queda prácticamente descartada la transición hacia una mayor flotación, aunque quedan algunas dudas respecto de un ajuste en los valores del piso y el techo de las bandas.

“Veo bastante calma cambiaría, con un dólar cayendo fuerte en el comienzo de semana, y operando probablemente entre los $1.300 y los $1.350. En ese sentido creo que la demanda por cobertura dejará de existir y EEUU no tendrá que intervenir más”, pronosticó en diálogo con Ámbito Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN).

“Hacia adelante veremos qué medidas toma el equipo económico. Creo que no sacarán las bandas. Sería bueno una baja de encajes y apertura del cepo a empresas. Si compran reservas, mejor”, profundizó.

Por su parte, Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, también proyecta que la dolarización de carteras se va a moderar, e incluso no descarta una reversión de la dinámica, con inversores vendiendo dólares en el mercado. Sin embargo, aclaró a este medio que todavía “van a hacer falta novedades para darle perspectiva de mediano plazo al esquema”. En cuanto al rol de EEUU, cree que el apoyo se va a mantener, pero “que la intervención directa ya no tiene razón de ser”.

El analista financiero Christian Buteler señaló que, pese a que no considera que el tipo de cambio actual esté atrasado, lo que sí hacía falta era encontrar un valor de equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. Por el lado de la demanda advierte que, con el resultado electoral, “debería aflojar”, aunque advirtió que por el lado de la oferta “tenemos un problema para adelante”.

“Si el tipo de cambio baja, la intervención norteamericana tiene que terminar. La pregunta es cuándo EEUU va a recomprar sus dólares y qué va a ocurrir en ese momento”, dijo en relación al preponderante papel que tuvo el Tesoro estadounidense a la hora de contener la presiones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Acumulación de reservas y vencimientos de deuda: los dos desafíos para el Gobierno que mira la city

Más allá del alivio que estas elecciones le dan al equipo económico, Buteler piensa que “sería bueno un cambio hacia un régimen cambiario más libre, donde se pueda comprar reservas sin temor a que eso impulse la cotización hacia el techo de la banda”. Sin embargo, no cree que el Gobierno vaya en esa dirección, “más si el dólar se estabiliza entre los $1.350 y los $1.450, como se prevé”.

José Ignacio Bano, especialista en el mercado de capitales, expresó que “ahora Argentina sí puede decir que tiene garantizado el pago de la deuda para los próximos dos años, sobre todo cuando se ratificaría el acuerdo con EEUU”. “En ese caso, el riesgo país puede caer por debajo de los 500 puntos en los próximos dos meses, hecho que evitaría activar el acuerdo con Donald Trump”, aseveró.

Los testimonios demuestran que es unánime entre los economistas la expectativa de una mayor calma en el mercado cambiario, con caídas en las diferentes cotizaciones. Paralelamente, el respaldo de Trump puede garantizar, de manera directa o indirecta, al equipo económico los dólares para pagar la deuda, aunque resta tener una mayor claridad sobre los condicionamientos del acuerdo con EEUU. Mientras tanto, el oficialismo debería dedicar esfuerzos a acumular reservas y a reactivar una economía real que viene en capa caída desde febrero.

Fuente: ambito