El Ejecutivo avanza con un proyecto para simplificar la contratación y promover el empleo formal. El plan apunta a vincular sueldos con productividad
El presidente Javier Milei prometió una reforma del régimen laboral, destinada a otorgar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal, para cuyo éxito serán claves los bloques robustos en el Congreso que logra en esta elección, aunque también necesitará acuerdos políticos para sortear la oposición de los sindicatos.
El gobierno de Javier Milei consiguió su anhelado triunfo en las elecciones legislativas con un resultado mucho mejor del que esperaba. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos como Córdoba y Santa Fe fueron clave para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará, ahora, fortalecido frente a varios gobernadores de peso.
El Gobierno podría contar a partir de diciembre con unos 100 diputados propios en la Cámara baja que le garantizan con creces el tercio del recinto, con el que puede bloquear los intentos de la oposición por rechazar vetos y DNU, incluso sin necesidad del apoyo del bloque PRO, que vio reducida sus filas a una decena de legisladores. Igualmente, necesitará sostener esa alianza y buscar nuevas para tener mayoría, de cara a la aprobación de proyectos ambiciosos, como la reforma laboral.
Todos los empresarios argentinos coinciden en que es necesaria una reforma laboral. El tema se trató en el reciente Coloquio de IDEA y surge con fuerza cada vez que se debaten cuestiones vinculadas a la necesidad de generar empleo.
Muchos de los convenios laborales vigentes tienen décadas sin actualizarse, y gran parte de su origen es el primer peronismo, hacia fines de los años ’40, cuando el sindicalismo cobró fuerza como aliado del Partido Justicialista, que hablaba de “combatir al capital”.
Pero la pregunta que surge entre los especialistas es si alcanzará con introducir esas transformaciones para terminar con la denominada “industria del juicio”, que este año ha cobrado renovados bríos, a pesar de los cambios a la ley de accidentes laborales hace unos años. Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cantidad de juicios laborales aumentó 10,2% en los últimos dos años, a pesar de que el empleo privado, en lugar de crecer, cayó.
De acuerdo con esos cálculos, el rol de peritos y abogados en las demandas laborales insumen más de $2 billones al año que pagan los empleadores. “Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas”, según la titular de la UART, Mara Bettiol.
El equipo de la Secretaría de Trabajo de la Nación viene analizando en detalle el tema y procesando información que, hasta ahora, arroja que los distritos con más demandas laborales son la provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos “preocupantes” de los juicios en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis.
La reforma que impulsará el Gobierno
El Poder Ejecutivo tiene listo un proyecto de reforma laboral con el que espera generar las condiciones para generar empleo privado formal en la Argentina, algo que no ocurre desde el 2010. Si bien desde hace quince años no crece la cantidad de empleo privado o registrado, sí en cambio aumentan los monotributistas. Esto refleja las dificultades que encuentran las empresas para tomar personal sin que ello les implique un dolor de cabeza a futuro, y el hecho de que muchas están trocando empleados en relación de dependencia por monotributistas.
“Es un tema tabú, por ahora, pero no son pocas las empresas que están despidiendo formalmente trabajadores y recontratándolos como monotributistas o ‘facturistas’”, señaló a iProfesional un miembro de un reconocido bufete de abogados especializado en el tema.
En efecto, según los registros que lleva el gobierno, la participación de los monotributistas en el total de las plantillas de empleo de las empresas viene creciendo: con relación a noviembre de 2023, los monotributistas pasaron de 2.037.800 a 2.161.300, es decir 123.500 más. Y los autónomos de 385.800 subieron a 391.900, un crecimiento de 6.100.
“Este fenómeno no es sólo consecuencia de la debacle macroeconómica del país en todos estos años, sino que tiene que ver con la legislación obsoleta en el área”, explican desde la Secretaría de Trabajo.
En este marco, el gobierno considera que se necesita un marco jurídico en lo laboral que sea “claro, simple y predecible”. Ese encuadre -asegura- debe dejar de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad. El proyecto cree aún posible dotar de herramientas que permita que el orden macro se traduzca en más oportunidades laborales.
Entre los puntos que impulsará el proyecto de reforma laboral figuran:
- Impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo para que quienes quieran actualizar las estructuras vigentes hace más de 70 años puedan hacerlo. En la Casa Rosada lo llaman “flexibilización hacia adelante”, dando a entender que no se afectarán derechos adquiridos.
- Eliminar las trabas burocráticas en los procesos registrales, para que las empresas no necesiten contratar un abogado o un contador para generar empleo. Lo que llaman “contratación express”.
- Introducir los cambios pendientes para terminar con la denominada “industria del juicio”. Este es un punto de especial interés para las pymes.
- Brindar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales como, por ejemplo, cobrar el 100% de los salarios en dólares.
Este último punto es de especial interés para quienes brindan servicios en la Argentina que son exportables, en rubros como la industria del software, call centers, consultoría, etc. De la mano de esta reforma, el gobierno impulsará también cambios en materia tributaria con el fin de eliminar una veintena de gravámenes que, considera, entorpecen a la economía sin tener impacto recaudatorio. “Vamos a eliminar todos los impuestos que, en realidad, son kioscos de la política”, prometen desde la Casa Rosada.
Tanto en materia laboral como tributaria, el Gobierno buscará instalar la idea de que “blanquear será más provechoso que evadir”.
“Salarios dinámicos”
El Gobierno puso sobre la mesa la necesidad de que una reforma laboral incluya “salarios dinámicos”, y que el eje sea la productividad de cada empleado, y la situación de cada empresa o sector. La intención -que altera los nervios de los sindicatos-, es que los niveles salariales dejen de seguir la pauta automática de los convenios colectivos, y pasen a depender de resultados y condiciones concretas.
A su vez, busca cambiar la lógica de los convenios, porque ya no se trataría de pisos mínimos, sino de valores de referencia que funcionarían como techos, desde los cuales cada unidad productiva podría acordar internamente. La postura oficial es que un esquema así permitiría adaptar mejor los ajustes salariales a realidades muy heterogéneas. Y recuerdan que, en un mismo convenio, hay por ejemplo firmas grandes y pymes, regiones con distinta estructura de costos y sectores con ciclos disímiles.
Se busca que esas diferencias puedan trasladarse a la mesa de cada empresa, con acuerdos específicos. De acuerdo con la postura oficial, los convenios seguirían existiendo, pero su función sería solo la de orientar y ordenar. Un eje es la desvinculación de los aumentos salariales respecto de la inflación. En lugar de replicar la variación de precios, el concepto de salarios dinámicos apunta a que las revisiones se basen en parámetros como productividad, rotación de la actividad, márgenes disponibles o metas verificables.
El objetivo es que el salario suba cuando crece la capacidad real de pago, y que esos ajustes se definan con mayor precisión en cada negociación particular. Además, en lugar de acuerdos largos y con cláusulas de actualización predefinidas, el esquema de salarios dinámicos prevé que las partes revisen con más frecuencia y en función de cómo evoluciona la actividad.
Como ejemplo, señalan que en compañías con caídas transitorias de facturación podría pactarse un sendero más gradual, mientras que, en firmas con mejoras sostenidas, podrían convenirse incrementos adicionales sujetos al cumplimiento de objetivos.
Los sindicatos, en alerta
Hay preocupación en los gremios por estas iniciativas. Temen que el reemplazo de pisos por techos en los acuerdos derive en una pérdida de garantías para los salarios más bajos, o más alejados de los centros de mayor actividad. También les preocupa que la descentralización ensanche la dispersión entre regiones y ramas, con mayor distancia entre sectores de alto dinamismo y aquellos más rezagados.
Con salarios dinámicos, los acuerdos dejarían de fijar aumentos uniformes para todos los representados y pasarían a trazar un marco general que cada empresa traduciría a su realidad. Esto es otro motivo de alerta para los gremios. Pero más allá del gobierno y los sindicatos, hay una pata de esta problemática que impacta sobre todo cambio que se pretenda realizar, y que fue apuntada por el economista Carlos Melconian: el fuero laboral de la Justicia.
“La gente no toma mano de obra porque después, cualquier conflicto termina en la ruina de la Pyme. No se trata de perjudicar al trabajador, pero la justicia laboral, como está hoy, no va más”, dijo Melconian, lapidario.
Y agregó un dato sobre el que coinciden las pymes que buscan empleados: “La gente no toma mano de obra porque uno toma a un pibe que trabaja bien y enseguida aparecen los vivos con la industria del juicio, y vas a la justicia laboral y te joden”.
Melconian, hizo notar, también, las dificultades para encontrar personal: “Cuando hablás con el piberío, no quieren trabajo formal. Te dicen ‘no le quiero pagar al sindicato, no quiero esto. Y además, quiero home office, y quedarme hasta las 4 de la mañana laburando y no laburar mañana’. Esa es la realidad que hay que enfrentar”.
Fuente: Rava Bursátil
