SISA. Flexibilizan parámetros objetivos ponderados para la determinación de los ESTADOS.

Se modifica la R.G. (AFIP) N° 4310/2018 para flexibilizar los parámetros del sistema de “scoring” que califica la conducta fiscal de los productores agrícolas y actualizar los plazos de información productiva del “Sistema de Información Simplificado Agrícola – SISA”. Se amplía el acceso al Estado 1 a quienes tengan categoría A o B en el SIPER y se ajusta el período de carga de existencias al 31 de agosto, entre el 1/9 y el 31/10 de cada año. Además, se redefine el control del BCRA sobre el ingreso y liquidación de divisas, aplicándolo solo si el monto supera el 10% del valor FOB anual o USD 10.000, el que resulte mayor. Resolución General (ARCA) N°5771/2025 (BO 14/10/2025).

Fuente: Lisick Litivin & Abelovich

Un informe de Fisfe reveló que el 70% de las actividades fabriles en la provincia presentan una reducción en el ritmo de trabajo.

En los primeros nueve meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El impacto abarcó a casi todos los sectores del Estado, con recortes profundos en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.

Entre los organismos más afectados figuran la Superintendencia de Servicios de Salud, con una reducción del 70% de su presupuesto, y varios hospitales nacionales con bajas que van del 30% al 38%. El Instituto Malbrán perdió el 22% de su ejecución, y la Anmat, encargada de fiscalizar medicamentos y alimentos, un 28%. El Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 42% en sus partidas.

En el área científica, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una baja de 83%, mientras el Conicet, la Conace, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino registraron caídas de entre 19% y 35%. En el ámbito educativo: programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución, y los fondos para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio cayeron hasta un 89 por ciento.

Los organismos de desarrollo productivo tampoco escaparon al ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto 78%, el INTA 38% y el INTI 45%, lo que afectó directamente la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la asistencia técnica al sector industrial y agropecuario. La Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió un 44%, el ENRE un 22% y el Enargas un 28%, mientras persiste la discusión sobre la política energética y tarifaria nacional.

En lo que va del año, el Gobierno redujo un 38% los recursos destinados al funcionamiento del INTA

El área social también sufrió recortes de magnitud. La Anses redujo su ejecución en 7%, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en 72%. Los fondos destinados al Inaes se contrajeron 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia directamente dejaron de ejecutarse o registraron caídas del 100% al 88%, según el estudio privado. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un ajuste del 63 por ciento.

El Ministerio de Capital Humano, que concentró buena parte de las áreas sociales y educativas, fue el más afectado dentro de la estructura estatal. La caída del gasto en Educación fue del 49%, mientras que en Niñez y Familia alcanzó el 72%. Los recortes también alcanzaron al Ministerio de Economía (51%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (53%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (21 por ciento).

Por el contrario, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto de 2023.

En perspectiva

El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA proyecta la continuidad del ajuste con un nuevo marco normativo que consolida el “blindaje fiscal”.

El texto establece que si la recaudación supera lo previsto, el Gobierno reducirá impuestos; pero si los ingresos caen, deberá recortar el gasto discrecional, es decir, el destinado a áreas como salud, educación y desarrollo social.

El Ministerio de Economía defendió el Presupuesto 2026 como un instrumento para mantener el equilibrio fiscal (Foto: Reuters)

El Presupuesto mantiene la meta de equilibrio financiero, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3% del PBI. La proyección de crecimiento económico con 5% se ubica moderadamente por encima del consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, del 4,4 por ciento.

Del lado del gasto se consolida una política de recorte estructural en áreas sensibles. En educación, las partidas aumentan 4% nominal respecto de 2025. Las universidades nacionales siguen con recursos limitados, mientras los programas de becas estudiantiles muestran una caída acumulada del 76% desde 2023. En el Conicet, el recorte interanual será del 5,4%, acumulando una reducción de casi el 40% en tres años.

La Conae tendrá una partida 34% menor a la de 2025, mientras el INTA y el INTI registran caídas acumuladas del 44% y 49%, respectivamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica perderá otro 13% interanual.

En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá un nuevo recorte del 7,3%, mientras la Prestación Alimentar y los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente, ante la baja observada en los índices de pobreza e indigencia.

El CEPA advierte que el Presupuesto 2026 no solo mantiene el sesgo contractivo del gasto público, sino que incorpora medidas estructurales que agravan la situación de los organismos. Entre ellas, la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef (Fondo de Defensa Nacional).

Menos peso en la economía

Según Hernán Letcher, director del CEPA, “La lógica del desfinanciamiento no se limita a la reducción del gasto, sino que afecta las capacidades institucionales del Estado: Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.

Desde una óptica más fiscal, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que el proceso actual combina dos dinámicas: “El gasto total crece, pero por debajo del PBI, por lo que el Estado va perdiendo peso relativo en la economía”. En los primeros nueve meses del año, el gasto indexado -incluye jubilaciones y pensiones- aumentó 18% en términos reales, mientras el gasto no indexado, donde se concentran salarios, obra pública y subsidios, cayó 10% real.

“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, detalló Argañaraz, quien advirtió que esa combinación genera un efecto multiplicador negativo: “El menor poder adquisitivo de los empleados públicos se traduce en menor consumo, y la caída de la obra pública implica menos actividad económica en ese sector y en las cadenas que dependen de él”.

Los especialistas advirtieron sobre las consecuencias del desfinanciamiento de la obra pública

Según los cálculos del Iaraf, el gasto total crecería este año un 2,1% real, por debajo del ritmo de expansión de la economía. Eso implica que el gasto público pierde incidencia en el PBI y, al mismo tiempo, que el superávit fiscal se sostiene a costa de un ajuste cada vez más profundo.

Para alcanzar la meta del 1,6% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno debería intensificar los recortes: “Debería bajar un 16% real el gasto no indexado en el último trimestre, cuando ya venía cayendo 10%”, apuntó.

Argañaraz aclaró, sin embargo, que el desafío de fondo no es solo cuantitativo sino cualitativo: “Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos provoca una caída directa en los servicios que presta el Estado y la demanda social se mantiene, aparecen los cuellos de botella”. En ese punto, advirtió que la eficiencia no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios públicos funcionando con menor presupuesto.

Daniel Garro, director de Value International Group, interpretó el desfinanciamiento como parte de una estrategia deliberada del Gobierno para “cerrar o debilitar organismos considerados ineficientes o redundantes”. Según explicó, “cuando la Ley Bases salió recortada y el Congreso o la Justicia impidieron avanzar con el cierre de ciertas dependencias, el Ejecutivo optó por desfinanciarlas”.

“El mensaje es claro -sostuvo Garro-: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. Se trata de una decisión política y fiscal: no hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.

En su análisis, el recorte no generará grandes disfunciones: “Muchos de estos organismos cumplen tareas que pueden hacer los privados, o son cajas políticas. Por eso, no habrá un impacto relevante en la actividad económica. Lo que el Gobierno busca es obligarlos a ajustarse, auditar sus gastos y eliminar ineficiencias”, concluyó Daniel Garro.

Fuente: infobae

Los comercios pymes registraron una caída del 3,5% en las ventas. El ticket promedio de $37.124 representa un 16,7% menos de poder de compra que el año pasado.

El Día de la Madre 2025 dejó un panorama desolador para los comercios minoristas pymes: las ventas cayeron un 3,5% en comparación con el año anterior (medidas a precios constantes), confirmando el cuarto descenso interanual consecutivo en una de las fechas clave para el consumo.

En septiembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $309.623 millones, según informó el Ministerio de Economía.

Lo informó el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. El sistema ya funciona desde febrero para motos

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, anunció este jueves el lanzamiento del Registro Único Nacional de Automotores (RUNA) también para la inscripción de automóviles, ya que desde el pasado febrero ya funciona para motocicletas.

“A través de una plataforma web vas a poder inscribir vehículos 0km de manera 100% online y 20% más barato”, resaltó el funcionario.

Amerio recordó que “antes, el proceso era presencial en los registros seccionales, con formularios costosos y mucha burocracia, podría demorar hasta una semana”.

“Ahora, cada concesionario puede cargar los datos del vehículo y del comprador, que firma y valida su identidad de manera electrónica”, expuso.

Por otro lado, se destacó que a raíz de la implementación de este sistema, ahora las concesionarias contarán con las chapas patente para colocar en los vehículos inscriptos digitalmente a través del RUNA.

Este trámite es totalmente a distancia, incluso se puede abonar el arancel desde la web. Luego, una vez realizado el pago, el titular recibe el título por mail y la cédula verde en la aplicación Mi Argentina. El siguiente paso, es retirar el vehículo por la concesionaria, ya listo para circular.“Cuando asumió este gobierno, el costo de inscripción bajó del 2% al 1%, y ahora lo hace del 1% al 0,8% para aquellos que inscriban digitalmente su vehículo, lo que implica un 20% de descuento adicional”, sostuvo Amerio.El viceministro indicó que “a futuro, el RUNA va a centralizar todos los trámites del automotor”. “Esta medida forma parte de la desregulación y modernización que impulsa el Gobierno Nacional, que comenzó el año pasado con la digitalización de la cédula verde y la ex cédula azul”, manifestó.Y concluyó: “Hoy, la autorización de un tercero para conducir tu vehículo se hace con la aplicación Mi Argentina en segundos, 100% digital y sin costo”.

El RUNA simplifica y abarata los costos de los trámites automotores

Para las motos, el RUNA comenzó a funcionar el 19 de febrero. En ese momento, había algunas limitaciones, como que los compradores fueran personas solteras, que no se inscribiera con prenda simultánea o contrato de leasing, y que el monto de venta no involucrara sumas que alcanzaran o superaran los “Umbrales para el Sector Automotor” conforme a las normas establecidas por la Unidad de Información Financiera (UFI).

Además, aún necesitaba distintas correcciones por parte del Gobierno, ya que al día de su implementación, todavía era más caro registrar una moto con un precio de menos de $3.700.000 en el RUNA que seguir haciéndolo en una dependencia del Registro del Automotor.

Esto se debía a que, si bien el Gobierno aplicó una alícuota del 0,8% de arancel para el alta de un 0 km en el RUNA, también aplicó un monto mínimo de ese concepto que es de $30.000 para motos y de $180.000 para automóviles. Estos montos estaban detallados en el anexo correspondiente a la Resolución 38/2025 del 17 de febrero, en los aranceles nro 8 y nro 9.

Esos mínimos eran válidos sólo para el sistema digital, pero no para los Registros del Automotor tradicionales, donde se seguía pagando el 1% de arancel. Sin embargo, en este caso las motos tenían un monto mínimo mucho más bajo, de apenas $8.500, los autos nacionales de $15.800 y los autos importados de $21.300.

Estos mínimos eran solo para motos y autos cero kilómetro, de modo tal que todas las motos de 110 cm3, que representan el 50% de las ventas mensuales, y la mayoría de las motos de 150 cm3, que sumándose alcanzan el 75% del total de unidades que se venden en el mercado, podrían pagar menos de los $30.000 pesos haciendo el trámite en un Registro del Automotor. Para el caso de las motos 110, que tenían en ese momento un precio entre 1,5 y 2,5 millones de pesos, registrarlas en el RUNA costaría $30.000, pero hacerlo por la vía tradicional, costaría entre $14.500 y $20.000.

Fuente: infobae

El Índice de Precios al Consumidor de la provincia subió 2,3% el mes pasado, contra el 2,1% que midió el Indec. Educación y transporte encabezaron las subas. Alerta por el índice mayorista.

Fuente: la capital