El resultado fue de $10.370 millones y de proyectarse el número al segundo trimestre de 2019 no habrá problemas para recibir los u$s5.400 M del organismo. La misión llegará en mayo y el board se reunirá el 15 de junio.

El Gobierno podría haberse asegurado ayer la aprobación de la segunda revisión del año del Fondo Monetario Internacional (FMI), al mostrar en el primer trimestre del año un superávit fiscal primario de $10.347 millones. De proyectarse este número al resto del ejercicio, el déficit se ubicaría entre el 0% y el 0,5% del PBI, en sintonía con lo firmado con el organismo que dirige Christine Lagarde. La próxima misión del Fondo llegará el mes próximo al país, y preparará un nuevo informe que será revisado el 15 de junio por el board; y, si no hay dificultades, unos días después deberán llegarán al país los u$s5.400 millones correspondientes a la cuarta revisión pactada en el stand by. Quedará luego una revisión más pactada para septiembre, por un monto similar al de junio, con lo que se cerrará cronograma de desembolsos importantes negociados con el FMI. A partir de allí quedarán revisiones trimestrales con giros de aproximadamente u$s1.000 millones hasta el primero de junio de 2021. Obviamente este cronograma quedaría a disposición de una nueva renegociación, una situación casi descartada para el próximo Gobierno, aun ante una reelección de Mauricio Macri. Mientras tanto, lo que el actual Ejecutivo se garantizó ayer con los números superavitarios del primer trimestre del año (en el mismo período de 2018 se había registrado un déficit primario de $31.001 millones), es que con la proyección de ingresos y gastos para el segundo trimestre del año las metas pactadas con el FMI se cumplirán. Y con los u$s5.400 millones que llegarían, estarían ya cubiertos todos los vencimientos de deuda del ejercicio. O dicho de otro modo: Mauricio Macri, gracias al acuerdo stand by 2.0 firmado en septiembre del año pasado, terminaría su gestión 2015- 2019 sin haber caído en default.

El análisis oficial de los números presentados ayer por el Ministerio de Hacienda son los siguientes:

Es la primera vez en siete años que el sector público nacional no financiero tiene un primer trimestre con superávit primario.

El resultado primario acumulado asciende al 0,1% del PBI, en línea con el registrado en los últimos años de equilibrio primario (2010-2011).

Marzo es el vigésimo primer mes consecutivo en el que los ingresos totales suben por encima de los gastos primarios (33% contra 30%). Si se detraen los recursos extraordinarios (en marzo de 2018 y marzo de 2019 ingresaron $15.000 millones de utilidades del BNA), en marzo el diferencial de crecimiento entre recursos y gastos primarios asciende a 6 p.p.

En el primer trimestre este diferencial de crecimiento asciende a 9 p.p. y 10 p.p. respectivamente.

La mayor parte del esfuerzo fiscal viene de la contención de los gastos. En términos reales, los gastos primarios cayeron 16% en marzo (encadenando 16 meses consecutivos de caída real) y 14% en el primer trimestre.

Los recursos están creciendo por debajo de la inflación debido a la dinámica de la recaudación tributaria y al crecimiento en las transferencias automáticas a provincias, que en el primer trimestre se expandieron el 42,8% i.a. (3 p.p. por encima de los recursos nacionales).

La meta contenida en el acuerdo con el FMI para el primer trimestre del año asciende a $6.000 millones, pero este valor puede ajustarse a la baja si (a) el conjunto de programas sociales que abarca el acuerdo supera la línea de base fijada para dichos programas en el acuerdo y (b) el gasto de capital financiado con fuente externa supera la línea de base fijada para dichas erogaciones en el acuerdo.

En el primer trimestre el gasto de capital financiado con fuente externa no superó la línea de base. Sin embargo, el conjunto de gastos contenidos en el ajustador social del acuerdo con el FMI ascendió a $41.513 millones y estuvo $8.312 millones por encima de la línea de base establecida para el primer trimestre. De esta manera, la meta para el trimestre ascendió a – $2.312 millones, ya que la meta original ($6.000 millones) se ajustó a la baja en $8.312 millones.

Dado que el resultado primario en los primeros tres meses acumuló $10.347 millones, en el primer trimestre del año se verificó un sobrecumplimiento de la meta fiscal de casi $13.000 millones.

La meta de resultado primario se sobrecumplió sin acumular deuda flotante y superando los pisos de gasto social establecidos en el acuerdo con el FMI.

El déficit y el gasto vienen reduciéndose de manera sostenida. Cuando cierre 2019 habremos bajado el gasto 5 puntos del PBI en cuatro años, algo sin precedente.

El déficit financiero aumentó 32% en marzo contra marzo de 2018, pero esto implicó una reducción de 15 puntos términos reales. En el primer trimestre la ejecución del pago de intereses alcanza el 21% de lo presupuestado para todo el año, y el déficit financiero se redujo 17% en términos reales y en 0,1 p.p. del PBI.

Fuente: ambito.com

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó su adhesión al paro convocado por Hugo y Pablo Moyano para el martes 30 de abril, al asegurar que no se trata de “un gesto de desestabilización”, sino de un “plan de lucha para que el Gobierno cambie su política económica”.

“Creo que va a ser un paro muy importante. Hay muchísimos sectores de la sociedad que están enojados. Hay que contenerlos y darles una alternativa a través de un plan de lucha para confrontar con este modelo. Los números son por demás elocuentes. Por eso y porque estamos empezando el conflicto paritario, el 30 no va a haber bancos”, dijo Palazzo.

Y agregó: “En muchas actividades ha habido una pérdida del poder adquisitivo importante. No se puede ir detrás de esta zanahoria que pone todo el tiempo el Gobierno de que ‘vamos a estar mejor’. No han habido reformas estructurales”.

En diálogo con radio FM Futurock, el gremialista se diferenció de “una pequeña parte del Consejo Directivo de la CGT que apuesta a una definición política”, en referencia a los líderes de la central, Carlos Acuña y Héctor Daer, quienes no participarán de la huelga convocada por las dos CTA, Smata y Camioneros, entre otras organizaciones.

“A los dirigentes gremiales no nos eligen para medir el tiempo político de una medida, sino para defender los intereses de los trabajadores. Ellos tendrán que darle cuenta a los afiliados. Yo creo y apelo al nivel de conciencia que tienen los compañeros para darse cuenta de que, si no acompañan en esta y no se corrige esta inequidad, van a tener que acompañarnos, tarde o temprano”, agregó el jefe de los bancarios.

Por otra parte, consultado sobre el acuerdo de “precios esenciales”, Palazzo opinó que se trata de una medida “estrictamente electoral”.

“Ni siquiera se puede hablar de congelar. Tiene por objetivo estabilizar los precios en el valor que están. Si hubiera voluntad política y una decisión de acompañar lo mal que lo está pasando la gente, hubieran pedido que retrotraigan los precios, que en tres años han duplicado el valor de la inflación. Además tiene seis meses de duración, justo cuando termina el proceso electoral”, sentenció.

Fuente: iprofesional.com

Adecuación del régimen de graduación de las sanciones -R.G. (AFIP) Nº 1566- correspondientes a las infracciones cometidas por los empleadores y trabajadores autónomos conforme las modificaciones de la reforma tributaria Ley Nº 27.430 a las disposiciones de la Ley N° 11.683.

Resolución General (AFIP) Nº 4465/2019 (BO 22/04/2019)

Fuente: Lisicki Litvin

El objetivo del Gobierno para alcanzar un déficit fiscal primario cercano a cero se complica por la caída en términos reales de la recaudación que provocan la recesión económica y el derrumbe del consumo.

En ese contexto, el marco de la 3ra revisión del Acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, el organismo sugirió revisar el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, también conocido como Monotributo, como una alternativa para obtener recursos adicionales.

Los técnicos del organismo, que auditan las cuentas públicas, consideran, palabras más palabras menos, que el Monotributo es, en muchos casos, un saludo a la bandera, ya que muchos contribuyentes “tributan cantidades insignificantes en relación a su verdadera capacidad tributaria”, fenómeno conocido como “enanismo fiscal”, según relata un informe del Instituto Argentino de Analisis Fiscal (IARAF), que considera que el sistema necesita cambios pero que no debería ser eliminado.

Para el IARAF, los problemas con el Monotributo no deben analizarse fuera del contexto de todo el sistema de recaudación impositiva. Por eso el instituto considera que los cambios deben hacerse en el marco de una reforma integral.

El IARAF explica que “el Monotributo, tal como está diseñado en Argentina, presenta distorsiones que deberían ser objeto de corrección, pero en el marco de una reforma integral que abarque también el impuesto a las ganancias de personas físicas.

Esto es así porque uno de los principales problemas que enfrenta la imposición a las personas humanas en Argentina es el gran diferencial de presión tributaria legal existente entre el régimen simplificado (básicamente en las categorías superiores de éste) y el que corresponde a un sistema general en lo referido al impuesto a las ganancias, lo que lleva al monotributista a evitar por todos los medios posibles el cambio de régimen”.

El salto del que habla el IARAF se observa entre lo que debe tributar quien está en la categoría más alta del Monotributo con lo que tributaría si pasara al régimen general de Ganancias. Pasaría de un 5 al 20 por ciento.

“El problema surge porque un contribuyente que se encuentra en el margen de facturación entre ambos sistemas, principalmente si desarrolla actividades de servicios, de pasarse al régimen general pagará un porcentaje notablemente más elevado de sus ingresos (en torno al 20%) en concepto de impuesto a las ganancias”, dice el trabajo y da un ejemplo aleatorio para que se entiendan los números: “Por ejemplo, un prestador de servicios que se encuentra en la categoría H (facturación promedio mensual aproximada de $ 96.000) abona $ 4.604 mensuales en concepto de impuesto unificado. Si dicho contribuyente se pasa al régimen general pagará, suponiendo que sus gastos deducibles representan el veinte por ciento de su facturación y pueda computar dos hijos, en concepto de impuesto a las ganancias aproximadamente $11.500 mensuales. Además, la obligación de pago al régimen previsional de autónomos representa un gasto mensual adicional en torno a los mil pesos adicionales respecto al componente previsional del Monotributo, y finalmente podría afrontar un costo de IVA en el caso que no pueda trasladar totalmente este tributo al precio de venta”.

Este notable diferencial de presión tributaria lleva al monotributista a tratar de evitar por todos los medios el pase de régimen, ya sea mediante la subfacturación de operaciones e incluso rechazando realizar trabajos, ya que de aceptarlos terminaría teniendo un ingreso disponible inferior. Es decir, el sistema tributario está dando una señal perversa a los contribuyentes generando un fuerte incentivo a la evasión o, más grave aún, desalentando el propio crecimiento del nivel de actividad del sujeto.

El IARAF propone, entonces, que el salto no sea tan pronunciado, “de manera tal que la principal diferencia entre las categorías superiores del régimen simplificado y el régimen general esté relacionada principalmente a la administración, y no a la presión tributaria”.

La recomendación es que las escalas del Monotributo se inicien en el 5% del tope de facturación para las categorías inferiores y lleguen al 10% en las superiores. O sea, subir la carga del Monotributo, pero también haciendo cambios en el sistema general: en este caso propone modificaciones “en los tramos de escala del impuesto a las ganancias de personas humanas reduciendo el “achatamiento” que se produjo por el congelamiento primero, y la inadecuada actualización después, de los tramos de escala. De esta manera se recuperaría la progresividad que el impuesto a las ganancias debe poseer, y reduciría la diferencia de presión tributaria entre el régimen simplificado y el general”.

La segunda reforma que se cree necesaria es la relacionada al mecanismo de recategorización de los contribuyentes para evitar que el monotributista permanezca “eternamente” en las categorías más bajas.

“La generalización en la obligación de uso de la factura electrónica colaborará en lograr una mayor eficiencia en las recategorizaciones periódicas que deben hacer los contribuyentes, al impedir que se declare un monto facturado diferente al real, pero subsiste la posibilidad de evitar el pase de categoría mediante la no confección de facturas por una parte de las ventas efectuadas, aprovechando que el consumidor final no las solicita. Para solucionar esta situación se propone que se diseñe un sistema de categorías mínimas en que deba revistar el contribuyente conforme la cantidad de tiempo de permanencia en el régimen.

Por ejemplo se podría disponer que se pueda permanecer solo un año en la categoría “A”, un año en la categoría “B”, etc. Los parámetros de permanencia máximos en cada categoría podrían ser diferentes según la actividad del contribuyente, o su domicilio fiscal. De esta manera, el sistema contemplaría un mecanismo que evita que el contribuyente permanezca constantemente en las categorías más bajas del sistema, aprovechando la posibilidad de no emitir facturas que revelen su correcta categoría, que le posibilita el hecho de que las mismas no le son solicitadas por los consumidores”, propone el IARAF, a la vez que se ataja de una posible observación: “Es cierto que podría argumentarse que el mero paso del tiempo no es condición suficiente para que un contribuyente esté obteniendo mayores ingresos. Pero debe remarcarse que el sistema simplificado es un régimen voluntario, razón por la cual si el monotributista considerase que la categoría obligatoria en la que debe revistar no resulta compatible con sus ingresos reales, podría optar por pasar al régimen general, que ya no estaría tan “lejos” del régimen simplificado”.

Fuente: iprofesional.com

Se castigarán las conductas desleales de supermercados y otras grandes empresas. La intención es proteger a las pymes.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 274/2019 con el objetivo principal de asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y “garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados en todo el país a través de canales físicos o digitales”.

La normativa referente a Lealtad Comercial, que en su parte resolutiva tiene 77 artículos, está suscripta por el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y todos los ministros integrantes del Gabinete nacional.

Principales puntos

Se establecen 13 actos de competencia desleal y hay 5 sanciones previstas.

Entre los actos de competencia desleal, en el artículo 10 se especifica casos en los que se busca “engañar” o “confundir” respecto a la fabricación, naturaleza, origen o distribución de los productos y servicios. También se castiga la venta por debajo del precio de adquisición o fabricación, para eliminar u obstaculizar a un competidor; y a aquellas situaciones en las que se violan normas y se saca ventaja a la competencia de esa situación.

Enfocado en las pymes, el inciso D, además, habla de los casos de “Abuso de situación de dependencia económica”. Se trata de aquellos en los que se busca “explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora” y se le pidan descuentos o condiciones “adicionales que no se conceden a compradores similares”.

Entre las sanciones previstas por el decreto, figuran una multa económica de hasta 10 millones de unidades móviles –hoy unos 200 millones de pesos; este valor se actualizará a través del Indice de Precios al Consumidor. Además prevé la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

Además, se le otorgó la Secretaría de Comercio Interior más facultades para controlar conductas desleales.

Por último, el DNU apunta a reforzar la ley de Defensa del Consumidor. Se establece el “Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos”, que será de uso obligatorio para los proveedores y prestadores. Se busca así que reclamos individuales de los consumidores tengan una rápida resolución.

Las 13 conductas que serán consideradas desleales por la ley:

– Actos de engaño. Inducir al error sobre la existencia o naturaleza, modo de fabricación o distribución, características principales, pureza, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o compra, disponibilidad, resultados que pueden esperarse de su utilización y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los bienes y servicios.

– Actos de confusión. Inducir al error respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o servicios propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen distinto al que les corresponde.

– Violación de normas. Valerse efectivamente de una ventaja significativa derivada de competir mediante el incumplimiento de normas legales.

– Abuso de situación de dependencia económica. Explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente, de forma regular, otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.

– Obtención indebida de condiciones comerciales. Se considerará desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.

– Venta por debajo del costo. La venta por debajo del costo de fabricación o por debajo del precio de adquisición, cuando forme parte de una estrategia encaminada a dificultar la entrada al mercado o eliminar a un competidor del mercado.

– Explotación indebida de la reputación ajena. Realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.

– Actos de imitación desleal. La imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

– Actos de denigración. Menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación de otro competidor, a no ser que las aseveraciones sean exactas, pertinentes y verdaderas.
Violación de secretos. Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso, legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. A estos fines, será considerada desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. En estos casos, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.
Inducción a la infracción contractual. Inducir a empleados, proveedores, clientes o demás obligados a infringir obligaciones contractuales contraídas con un competidor.

– Actos de discriminación. El tratamiento discriminatorio de compradores cuando el vendedor o distribuidor haya publicado una lista de precios, a no ser que medie causa justificada.

– La publicidad comparativa. Aquella que aluda explícita o implícitamente a un competidor, o a su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él. Solo estará permitida si no induce al error, engaño o confusión entre los competidores; la comparación se realiza en forma objetiva; tiene como finalidad informar las ventajas de los bienes o servicios publicitados; no desacredita ni denigra los derechos de propiedad intelectual e industrial o circunstancias de algún competidor; no obtiene ventaja de la reputación de una marca de algún competidor o no presenta un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.

Fuente: unosantafe.com