El potencial de ventas al exterior son 10 millones de toneladas de maíz (unos USD 2.000 millones), pendiente de registrarse, y 15 millones de toneladas de soja (USD 6.300 millones). Es decir, el campo tiene disponible para liquidar USD 8.300 millones, según el especialista en el sector Pablo Andreani.
Aunque proyecta que el costo fiscal se ubique entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, podría ser menor debido a que duda de que el productor venda toda la soja que tiene. “La mejora del precio debería ser muy importante para que se vea tentado”, explicó, considerando que quedan seis meses hasta que ingrese la cosecha nueva y la incertidumbre económica por lo que suceda luego de las elecciones de octubre.
El consultor agropecuario Javier Preciado Patiño detalló que en octubre, la recaudación habitual por retenciones ronda los $650.000 millones. No obstante, resaltó que es fundamental analizar la composición de los USD 7.000 millones de tope. Si corresponden principalmente a soja, la cifra será más alta debido a la alícuota del 26% que se aplica sobre la oleaginosa. En el caso del maíz, es del 9,5%, y para el girasol, 5,5%.
Al igual que Andreani, el especialista piensa que es difícil llegar al monto fijado por el Ejecutivo. En este sentido, cobra importancia el recorte de tasas de la FED, que no alcanzó para debilitar el dólar y le puso un techo a los valores de los granos, indica Dante Romano, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. De todos modos, desde su perspectiva, la liquidación va a ser fuerte y estima una pérdida de recaudación de entre USD 1.200 y USD 1.400 millones.
Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) planteó tres escenarios: 1) 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja, 2) 60% de maíz y 90% de soja y el 3) 80% del stock de maíz y 80% del de soja.
“Dadas las alícuotas vigentes y las nulas dispuestas, el costo fiscal va desde USD 1.460 millones hasta los USD 1.600 millones, dependiendo del mix de liquidación que termine ocurriendo. En términos del PBI, representa desde 0,25% hasta 0,28%”, resaltó.
En Max Capital estiman un costo para el fisco de 0,2% del PBI, consistente con un adelantamiento de 2–3 meses de exportaciones. Calculan que la liquidación podría ubicarse entre USD 3.000 millones y USD 6.000 millones.
“El objetivo evidente es preservar el ancla cambiaria, es decir, sostener el esquema de bandas y limitar la pérdida de reservas como la semana pasada, de USD 1.110 millones en solo tres días, a costa del ancla fiscal. El Presupuesto 2026 fija una meta de superávit primario de 1,5% del PBI para 2025, que ahora podría caer a 1,3%, alejándose aún más de la meta de 1,6% del FMI”, analizó la consultora.
El Gobierno busca una mayor oferta de dólares
En este marco, creen que las ventas de dólares, que proyectaban entre USD 6.000 millones y USD 8.000 millones, ahora podrían oscilar entre USD 1.000 millones y USD 4.000 millones hasta las elecciones, desacelerando la sangría o incluso deteniéndola, según el éxito de la medida.
Vale recordar que durante el primer semestre se habían recortado temporalmente los derechos de exportación al complejo agroexportador, lo cual tuvo un costo fiscal de 0,126% del PBI. La baja se hizo permanente a fines de julio, alcanzando a productos tales como soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y carnes. La erogación para el fisco supuso un 0,055% adicional, según lo plasmado en el proyecto de Presupuesto 2026.
En relación a la posibilidad que las retenciones 0 alivien las presiones cambiarias, Outlier se remitió a esa experiencia, donde el récord de exportaciones no se tradujo en una caída del tipo de cambio sino que, por el contrario, subió.
“Al no haber cepo para personas físicas residentes, la mayor oferta creó en parte su propia mayor demanda”, puntualizó.
Dadas las alícuotas vigentes y las nulas dispuestas, el costo fiscal va desde USD 1.460 millones hasta los USD 1.600 millones, dependiendo del mix de liquidación que termine ocurriendo, según un informe del Iaraf REUTERS/Agustin Marcarian
Respecto al posible éxito de la medida, la consultora destacó que en junio y julio ya se anticiparon bastante las ventas, y que “la situación actual con la siembra de la gruesa retrasada por las fuertes lluvias quitan efectividad”.
En diálogo con Infobae en Vivo, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, lamentó que en esta oportunidad no se incluyera a la carne, pero señaló: “La retención cero para el agro es algo que venimos reclamando desde hace muchos años, no por un simple capricho, sino porque perjudica la producción, restringe las inversiones y obliga a extremar el cuidado de los gastos”.
“Además, distorsiona el mercado, ya que no permite competir en igualdad de condiciones con nuestros vecinos, que son grandes productores. Es probable que quienes cuenten con granos o productos aprovechen esta ventana de oportunidad”, aseguró.
Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, calificó como “una sorpresa” la decisión y afirmó que se trata de “un reclamo histórico que venía haciendo el sector”. Aunque remarcó que el beneficio tiene fecha límite, considera que puede ayudar a evidenciar que “es un impuesto injusto” para los productores agropecuarios.
“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.
Fuente: infobae
