Las estimaciones del oficialismo muestran para 2028 que las compras del exterior casi duplicarían el monto de 2024.

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, la letra chica del proyecto del Presupuesto 2026 proyecta que el comercio exterior arrojará un déficit de USD 2.447 millones para 2025, con un nivel de exportaciones de USD 103.313 millones e importaciones por USD 105.760 millones. En tanto, para el año que viene el rojo en la balanza comercial ascenderá a USD 5.751 millones, cuando las ventas al exterior impliquen USD 112.695 millones frente a las compras, que serían de USD 118.447 millones.

“Se espera que la economía crezca 5,4% en 2025 y, como siempre ocurre, arrastre importaciones. Y las exportaciones aún no van a haber logrado el volumen o la competitividad que podrán tener en 2029 o 2030 con la maduración eventual de las inversiones en minería y energía”, explicó a PERFIL el analista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo.

“Dado que el crecimiento económico necesariamente requiere un aumento en las importaciones (en particular bienes de capital y bienes intermedios), la suba en las exportaciones permite acompañar este proceso, brindando mayor sostenibilidad intertemporal a la cuenta corriente de la balanza de pagos”, sostiene el documento oficial.

Un déficit en ascenso, con pico en 2028

Pero en las proyecciones del Presupuesto 2026 se estima que para 2027 y 2028 las exportaciones alcanzan los USD 122.411 millones y USD 131.506 millones, como así también las importaciones sean de USD 126.118 millones y 138.557 millones, respectivamente. Esto arrojaría que el déficit comercial sería de USD 3.707 millones en dos años y el rojo se incremente a USD 6.961 millones en tres años.

Este escenario para los próximos años contrasta con las necesidades del equipo económico de conseguir “dólares genuinos” para engrosar las arcas del BCRA, frente a los vencimientos de deuda y cumplir las metas con el FMI.

Recién para 2030 se espera que la exportaciones energéticas (petróleo y gas) asciendan a USD 30.000 millones. Mientras tanto, la industria, que es el sector que más exporta, se ve fuertemente afectado por la política económica del Gobierno de apertura comercial, que hizo que las importaciones no paren de crecer.

Las manufacturas de origen industrial representan un cuarto del total de nuestras exportaciones y las manufacturas de origen agropecuario el 35%; en total, la industria representa el 60% de las exportaciones nacionales. Cuanto más golpeada siga la industria, menos exportaciones habrá.

Entre enero y julio la balanza comercial cerró con un superávit de USD 3.750 millones, en contraste con los USD 12.201 millones de 2024, lo que implicó una reducción del 69,3%. El saldo comercial positivo se explica únicamente por Vaca Muerta: un saldo comercial energético positivo en casi 4 mil millones de dólares es el que sostiene el superávit comercial total, ya que el resto del comercio exterior no energético presenta un leve déficit de alrededor de 200 millones de dólares.

En los primeros siete meses del año el déficit comercial con Brasil y China, los dos principales socios, alcanzó un rojo de USD 9.725 millones. Comparado contra el mismo período del año pasado, el saldo con la nación vecina fue positivo en USD 12 millones y con el país asiático fue negativo en USD 1.571 millones.

La balanza comercial de julio 2025

El intercambio comercial de bienes en julio de 2025, según datos de INDEC, presentó aumentos mensuales del 5,8% por el lado de las exportaciones, y un 6,2% en el lado de las importaciones, y la balanza comercial arrojó un resultado positivo por 989 millones de dólares en el mes.

Asimismo, respecto de la variación interanual de las importaciones, aumentaron un 17,2% y, las exportaciones, un 7,5%.

Fuente: perfil

El proyecto presentado al Congreso introduce un aumento del 50% en promedio para partidas claves destinadas a infraestructura y asistencia directa en regiones estratégicas, con cambios en criterios de asignación y seguimiento de inversiones

El gobierno de Javier Milei envió este lunes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con la premisa de sostener el equilibrio fiscal, principal ancla de su gestión, aunque igualmente reconocerá un incremento por encima de la inflación proyectada para obras públicas en provincias y municipios. La medida también se conoce tras una serie de traspiés electorales y la disputa de la Casa Rosada con algunos gobernadores que reclaman más fondos. El punto central que surge del mensaje oficial es la decisión de canalizar nuevas partidas hacia jurisdicciones subnacionales, focalizando en programas y proyectos definidos como “prioritarios” por el Gobierno.

La norma del Poder Ejecutivo prevé para 2026 un aumento de $1,1 billones en la partida de gastos de capital de la Administración Nacional, equivalente al 50,3% de incremento respecto a lo presupuestado para este año. El componente más importante de estos gastos corresponde a transferencias de capital, que absorben el 49,7% del total de gastos de capital y aumentan un 81,4 por ciento. La inversión real directa alcanza una suba de 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%, según las cifras plasmadas en el texto oficial.

Se trata en todos los casos de subas por encima de la variación esperada para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 10,1% acumulada. La medida se conoció después de la designación de un nuevo ministro del Interior y de la promesa de una relación “más fluida” con los mandatarios provinciales.

El mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto menciona que en 2026 se dará prioridad a obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), proyectos de modernización ferroviaria con renovación de infraestructura y material rodante, inversión energética orientada al desarrollo hidroeléctrico y nuclear, fortalecimiento de defensa y seguridad, y la ampliación de redes de agua y saneamiento. “La ampliación y optimización de las redes de agua y saneamiento apuntan a mejorar la cobertura y calidad del servicio”, describe el documento.

Se trata de un cambio de enfoque para el Gobierno, que había tenido la política de recortar al máximo obras para que sean encabezadas por el sector privado. Aunque, reconocen, hay movimientos que deberán ser realizados primero por el Estado. Hay muchas empresas involucradas que están sujetas a privatización y necesitan “mejoras” para ser más atractivas para eventuales inversores.

Según el anexo oficial, “el gasto público históricamente se ha financiado a partir de la recaudación impositiva, de la captación de fondos en los mercados de deuda o de la emisión monetaria”. El texto remarca que la recaudación desvía recursos del sector privado y la deuda desplaza la inversión privada (“crowding out”), mientras que la emisión fomenta inflación, corta el horizonte de planeamiento y desalienta los proyectos de largo plazo.

El gobierno de Milei argumentó que, tras “años de una tendencia secular al deterioro de la inversión”, la administración “logró erradicar el efecto crowding out, provocando un despegue de la inversión y del crecimiento económico, que superarán el 26% y el 5% en 2025, respectivamente”. La eliminación del déficit fiscal y la disminución de la inflación también reciben mención como factores que “apuntalan la inversión y el clima de negocios”. El texto agrega que “la privatización de empresas públicas aportará a reducir el gasto público, atraer capital privado y mejorar la eficiencia de los servicios prestados”.

Desde el Gobierno se insiste en que “la importancia no radica en la magnitud de la inversión pública, sino en su calidad y eficiencia”. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) busca asegurar que los proyectos del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación. “Su principal propósito es asegurar que los proyectos que se proponen incluir en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación vigentes, los cuales se basan en las mejores prácticas internacionales en la materia”.

Para el periodo 2026-2028, el Gobierno acordó “priorizar proyectos que se encuentren en ejecución, los que a su vez fueron revisados en función de su alineación con las políticas de gobierno”. Para los proyectos a iniciar, pondera aquellos que impacten positivamente en “la generación de empleo, promuevan la actividad exportadora, contribuyan a mejorar la balanza energética e inciden en potenciar el desarrollo tecnológico”. Además, detalla que reciben prioridad los proyectos con informe de calificación técnica, estudios de prefactibilidad y financiamiento externo.

En el plano sectorial, el enfoque se centra en Obras viales de la DNV, modernización ferroviaria, inversión en energía nuclear e hidroeléctrica, fortalecimiento logístico en defensa y seguridad, y mejora de redes de agua y saneamiento. Una frase del documento sostiene que “otro aspecto para mejorar la eficiencia de la inversión consiste en asegurarse una adecuada formulación y evaluación de proyectos por parte de los organismos formuladores.”

El mensaje informa que el Gobierno incrementó instancias de capacitación en la elaboración y gestión de proyectos, abarcando también organismos provinciales. “Este trabajo se ha extendido, para colaborar con los sistemas de inversión pública provinciales, donde también se han propuesto medidas de mejora de la gestión de la inversión, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”, define el texto.

También presenta mejoras en los sistemas informáticos del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) y su integración con otros sistemas presupuestarios, “con el objetivo de obtener información de mayor calidad y más oportuna en el BAPIN y así poder reforzar la capacidad de respuesta en la toma de decisiones”. El Gobierno implementa además “la evaluación ex post de un conjunto de proyectos, de manera de analizar si las inversiones se realizaron conforme a lo planeado o si hay diferencias entre lo previsto y lo ejecutado, e indagar las causas de los eventuales desvíos”.

La distribución sectorial de las partidas expone que el gasto de capital para 2026 representa 2,2% del total presupuestado. El monto previsto de crecimiento en inversión real directa estará principalmente influido por las obras viales bajo la órbita de la DNV, las asignaciones para infraestructura económica y social, en especial para proyectos de agua potable, alcantarillado y transporte, las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el fortalecimiento operativo de la seguridad y defensa. Las transferencias de capital más importantes tienen como destinatarios a Energía Argentina S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (cada una absorbe 24,5% del total de transferencias de capital), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (19,7%) y Operador Ferroviario (12,5%), además de provincias y municipios que concentran un 7,3% del total.

En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y gobernadores por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el pasado viernes se transfirieron $12.500 millones a cuatro provincias bajo este concepto. Este monto supera ampliamente los $3.000 millones enviados durante todo agosto, y se da en el marco del empoderamiento que Javier Milei decidió sobre el nuevo Ministerio del Interior, que ahora tiene como flamante titular al ex vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

El contexto político agrega tensión a estas transferencias, ya que Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas electorales entre sus oficialismos provinciales y La Libertad Avanza (LLA). En ambas jurisdicciones, los principales candidatos a diputados y senadores pertenecen a LLA, que compite en conjunto con los gobiernos locales. Además, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) participaron recientemente en la primera reunión de la Mesa Federal, convocada por el Ejecutivo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que marcó la presentación del nuevo ministro del Interior.

Fuente: infobae

Se sigue viendo la tendencia reflejada en los jóvenes al momento de elegir optar por esta forma de crédito.

Los créditos otorgados por las empresas fintech ascendieron y alcanzaron a más de 5 millones de eprsonas durante el primer trimestre (enero-marzo) del 2025, según el Informe de Crédito Fintech realizado por la Cámara Argentina Fintech.

De esta manera, la cantidad de créditos otorgados se incrementó un 68% con relación al mismo trimestre del año anterior, alcanzando las 5,7 millones de operaciones vigentes.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Cámara Argentina Fintech

Con respecto a la cantidad de usuarios, el número ascendió a las 5,2 millones de personas, un 65% interanual, lo que equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero.

Sumado a las fintech que poseen licencia bancaria, los créditos ascienden a un total de 6,1 millones. Estas entidades otorgaron 400.000 durante marzo.

Lo que corresponde con la participación en el sistema financiero, 1 de cada 4 usuarios de crédito recurre a las fintech, sobre un total de 19,2 millones.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Cámara Argentina Fintech

Si bien se registró un fuerte crecimiento, dentro del informe detallaron que el volúmen de crédito fintech “todavía representa alrededor del 2% del total del sistema”.

Con un monto promedio de $424.090 por crédito, sigue representando un 2,24% del volúmen del total de crédito de sistema: Este número es el más alto en la comparación año a año.

Sin embargo, el porcentaje de clientes que operan exclusivamente con fintech cayó 4 puntos porcentuales en la comparación interanual: el número fue del 29%, lo que refleja una mayor combinación con otros tipos de servicios bancarios.

Por otro lado, las mujeres continúan liderando el crédito fintech con el 53,3%, mientras que los hombres concentran el 46,7%.

Las personas de entre 18 y 39 años representan el 53,5% de los clientes, una proporción 20 puntos superior a la banca; mientras que las que tienen entre 40 y 59 años concentran el 38,4%. El 8,1% restante lo poseen las personas mayores de 60 años, reflejando una tendencia por los jóvenes.

A su vez, los jóvenes muestran mayor irregularidad en sus pagos con respecto a los grupos etarios mayores, mientras que las personas jurídicas registran 6,9 puntos porcentuales menos que las físicas.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Cámara Argentina Fintech

Con respecto a los créditos otorgados entre personas jurídicas y físicas, la expansión continúa siendo liderada por las entidades.

Con un aumento del 36% interanual, alcanzan a 5.038 personas jurídicas por un monto promedio de $44 millones por crédito fintech.

En cuanto a la calidad de la cartera fintech, la misma se mantiene “estable” con una mejora de 2 puntos porcentuales en Incobrables con respecto al primer trimestre del 2024, cerrando marzo de 2025 en torno al 4%.

Desde la Cámara detallaron que el crédito fintech se consolida como “motor de inclusión: más acceso para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), más diversidad de usuarios y un sector cada vez más sólido”.

El Informe de Crédito Fintech surge del acuerdo de colaboración firmado entre el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Cámara Argentina Fintech en 2023. Utiliza información de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) que administra el Banco Central (BCRA).

Fuente: noticias argentinas

Según el documento, en 2024 la suma de aportes personales y contribuciones patronales en Argentina alcanzó el 34,6% del costo laboral total, un nivel que colocó al país en el tercer puesto del ranking internacional, detrás de Austria (35,7%) y Francia (35%). El promedio de la OCDE, en tanto, fue del 21,6%.

Aportes y contribuciones por encima del promedio

El informe detalla que los aportes personales en Argentina representaron el 13,4% del costo laboral. Este porcentaje superó al promedio de la OCDE, que se ubicó en 8,1%. Con este nivel, la Argentina ocupó la séptima posición entre los 39 países relevados. Los países con mayor carga en este ítem fueron Eslovenia (20,3%), Lituania (19,2%) y Alemania (17,3%). En el extremo opuesto, Nueva Zelanda, Dinamarca, Colombia, Australia e Islandia no registraron cargas obligatorias de este tipo.

En cuanto a las contribuciones patronales, la carga alcanzó en Argentina el 21,2% del costo laboral, frente a un promedio de 13,4% en la OCDE. Esto ubicó al país en el décimo lugar de la muestra. Francia (26,7%), Chequia (25,3%) y Estonia (25,3%) encabezaron la lista, mientras que Nueva Zelanda, Chile y Colombia registraron una carga nula.

El caso del impuesto a las ganancias

El tercer componente de la cuña fiscal es el impuesto a las ganancias o renta personal. En este punto, Argentina mostró una diferencia significativa con respecto a la mayoría de los países. El Iaraf indicó que en 2024 “la carga del tributo fue nula, ya que el sueldo promedio considerado estuvo por debajo de la escala mínima de aplicación del tributo”. Esto fue válido tanto antes como después de la reforma implementada por la Ley Bases a mediados del año.

En contraste, la carga de este impuesto fue relevante en varias economías desarrolladas. Dinamarca (35,4%), Islandia (25,5%) y Australia (23,9%) fueron los países con mayor incidencia del tributo sobre un trabajador con salario promedio. Colombia, Costa Rica y la propia Argentina registraron un peso nulo.

La cuña fiscal total

La combinación de aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias define lo que se conoce como cuña fiscal. Este indicador mide la diferencia entre el costo laboral total y el ingreso neto de bolsillo del trabajador.

De acuerdo con el estudio, “al considerar la cuña fiscal completa, Argentina ocupa el puesto número 26 de carga tributaria de la muestra de 39 países, por debajo de la cuña fiscal promedio de los países miembros de la OCDE”. El informe subraya que, si bien el país exhibe niveles elevados en materia de aportes y contribuciones, la ausencia de carga del impuesto a las ganancias sobre los salarios promedio reduce el peso total.

En 2024, los países con mayor cuña fiscal fueron Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) y Austria (47,3%). Los menores niveles corresponden a Nueva Zelanda (20,8%), Chile (7,2%) y Colombia (0%).

Evolución entre 2013 y 2024

El Iaraf también comparó la evolución de la carga tributaria sobre el trabajo entre 2013 y 2024. En el caso de los aportes personales, Argentina pasó del duodécimo al sexto lugar en la muestra internacional. El nivel de carga se mantuvo en torno al 13,4%, pero como en los países de la OCDE descendió en promedio del 9,9% al 8%, la posición relativa del país subió.

Respecto de las contribuciones patronales, Argentina descendió del primer puesto al décimo, aun cuando la carga se mantuvo sin cambios. En el mismo período, Francia escaló al primer lugar con un incremento de 6,2 puntos porcentuales, mientras que Chequia se consolidó en el segundo lugar.

En cuanto a la cuña fiscal total, el indicador en Argentina se mantuvo en 34,6% del costo laboral. Sin embargo, el país retrocedió en el ranking, pasando del puesto 23 en 2013 al 24 en 2024. El promedio de la OCDE se mantuvo constante en 35,8%.

Contexto salarial

El informe aclara que el análisis se realizó sobre un trabajador soltero y sin hijos, tomando como referencia el salario promedio de un trabajador formal. El cálculo parte del costo laboral total, compuesto por el sueldo bruto más las contribuciones patronales. De ese monto se restan las cargas sociales y el impuesto a las ganancias para obtener el ingreso de bolsillo.

En comparación internacional, Argentina ocupa el puesto 35 de 39 en términos de costo laboral promedio, medido en dólares. El país con mayor costo laboral fue Suiza, mientras que el menor correspondió a Colombia.

Fuente: infobae

Hoy el Gobierno presenta en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026. Javier Milei lo acompañará con un discurso en el que insistirá en sostener el ajuste, mientras que el resultado de las elecciones de octubre será clave para su viabilidad.

Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, envió el 3 de julio pasado un anticipo del Presupuesto 2026 al Congreso, allí se consignaba que en diciembre de 2025 el dólar se ubicaría en $1.245. Sin embargo, actualmente la cotización ya supera los $1.450, poniendo a prueba el techo de la banda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En apenas tres meses, la situación de la economía cambió de manera drástica. Las tasas de interés, que en ese momento estaban en el orden del 29%, superaron el 60% (más del doble), mientras que la inflación prevista para todo el año era del 22%.

Ahora, de acuerdo con los datos del INDEC a agosto, los precios acumulan un incremento del 19,5%, mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) la ubica en el 28,2% para 2025.

Proyecciones desactualizadas

¿Qué quiere decir esto? Que todas las proyecciones acordadas con el Fondo Monetario en abril, cuando se firmó el entendimiento con el Gobierno, quedaron desactualizadas y será necesario replantearlas por completo.

Y en el organismo están al tanto de ello. De hecho, en el mercado ya se sospecha que el gobierno de Milei no va a tener fuerza política para avanzar con las reformas estructurales a las que se ha comprometido.

“Esperamos con interés el Presupuesto de 2026 para continuar este progreso, sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha”, afirmó Julie Kozack, la vocera del FMI, en la primera conferencia de prensa posterior al receso de verano.

El Gobierno presentará el Presupuesto este lunes en el Congreso, y el presidente Javier Milei lo explicará en cadena nacional. El equipo económico elaboró una pauta de ingresos y gastos del año próximo que al final del período deje un 2,2% de superávit primario. Todo ello incluye proyecciones de crecimiento y un PBI ajustado por inflación.

Es decir, que lo importante para determinar si tendrá algún sentido el Presupuesto 2026 es ver dónde cree el Gobierno que va a terminar el 2025. Probablemente este año, si hay debate, se vuelva a plantear con fuerza que las proyecciones oficiales son demasiado optimistas, como durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, cuando se subestimaban las cifras de inflación.

En cuanto al nivel de actividad, la carta anticipo de julio proyectaba un crecimiento del PBI de 5,5% para 2025. Por sectores, la industria se expandiría un 5,3% y el comercio, un 7,6%. También esperaba un aumento del 7,2% en el consumo privado, del 5% en el público y del 22,7% en la inversión. Las exportaciones crecerían 3,7% y las importaciones, un 25,2%.

En materia fiscal, el Gobierno estimó que la recaudación tributaria se incrementará un 22,3% en 2026 en comparación con este año. Y la presión impositiva subiría del 22,23% al 22,74% del PBI. El aumento se explicaría por el impacto de las condiciones macroeconómicas y por medidas de administración tributaria.

Los ingresos por Ganancias crecerían 23,2% interanual, aportando 0,15 puntos adicionales al PBI, impulsados por mayores precios, tipo de cambio, salarios e importaciones.

Y todo ello en medio de un período electoral cuyo resultado puede ser determinante para los números de fin de año. Es casi un ejercicio de futurología.

Presupuesto ideal vs. el posible

En 2025, el Presidente decidió prorrogar por segunda vez el Presupuesto 2023 para evitar que el Congreso le cambiara el texto que presentó hace un año. Es conocido que el primer mandatario considera casi un delito que se aprueben pautas con déficit.

El 15 de septiembre de 2024 fue él mismo a llevar el proyecto al Congreso y ofreció un discurso ante los diputados. Eso normalmente alcanzaba con una explicación del ministro de Economía ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La presencia del Presidente brindó un marco de importancia institucional que en rigor amerita el tema.

Desde que los proyectos se presentan con la facultad especial para que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pueda reacomodar partidas, sin subir el gasto total, los presupuestos suelen ser una mera carta de intención, que se sabe que al tiempo se van a modificar. El Legislativo puede autorizar un incremento de partidas de 10% para planes sociales y una reducción en Defensa, y por DNU o una decisión administrativa el jefe de Gabinete puede invertir esa autorización.

Bajo esa premisa, el Presupuesto ideal para Milei sería que el Congreso lo apruebe sin cambios, con la meta de un superávit primario equivalente al 2,2% del PBI. Sin embargo, si el Gobierno libertario se muestra dispuesto a negociar con los gobernadores y con la oposición “amiga” luego de unas elecciones de octubre que, hasta el momento, se anticipan poco favorables, el escenario más probable es que ese objetivo se modere. En ese caso, el superávit proyectado debería ser más bajo.

Los operadores de la city vislumbran que Milei, aun ganando en octubre, solo tendría un grupo de diputados que podría alcanzar apenas para blindar vetos, pero insuficiente para llevar adelante reformas, como la tributaria y la laboral, que son clave para que el modelo que proponen los libertarios funcione.

Fuente: ambito

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Entre Ríos en la antesala del rechazo a la ley aprobada por el Congreso. El Ejecutivo busca apoyo de mandatarios para reformas clave.

El mismo día que inauguró el diálogo con los gobernadores, el Gobierno ratificó su decisión de vetar la ley de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN). “El veto a los ATN saldrá este jueves”, dijo Manuel Adorni, vocero presidencial en diálogo con los periodistas acreditados de la Casa Rosada. En referencia a una eventual judicialización de la Ley de Discapacidad, el funcionario admitió que “se está analizando”.

Hubo especulaciones sobre si el presidente Javier Milei daría marcha atrás al veto total de los ANT u optaría por uno parcial tras la dura derrota electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Nada de eso sucederá. Con esa decisión tomada este jueves se llevó a cabo la primera reunión federal con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán y de Economía, Luis “Toto” Caputo, quiénes recibieron a los mandatarios de Mendoza, Corrientes y Entre Ríos.

El Gobierno sale en busca de acuerdos para impulsar la reforma laboral y tributaria

En otro orden, Adorni anticipó que el ministro de Economía ya tiene “listos los proyectos de reforma laboral e tributaria” y dio a entender que algunas de estas iniciativas podrían estar contenidas en el marco del proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado este lunes al Parlamento.

El Gobierno sabe que con esta composición parlamentaria sería muy difícil el tratamiento de estas iniciativas, claves para garantizar la sustentabilidad del programa económico, de donde, se infiere, que su eventual inclusión en esta etapa, obedece más a dar una señal a los inversores que vienen reclamando este tipo de modificaciones estructurales.

“Para impulsar estas reformas se necesita tener un diálogo con los gobernadores”, explicó el funcionario y agregó que Caputo “tiene muy buena relación al menos con el 90% de los mandatarios”.

Por esta razón, no resulta casual que Adorni haya destacado la importancia de contar en la Mesa Federal con la presencia del ministro de Economía. Rescató que, de los cambios efectuados en el gobierno como resultado de la elección, a su juicio “Lo más importante fue la presencia de Toto (Caputo) en la reunión de la Mesa Federal”.

En referencia a las elecciones de octubre, el vocero anticipó: “No tenemos duda en la victoria. La única duda es la diferencia que obtendremos”, al tiempo que admitió que el resultado de las elecciones del domingo pasado “fue sorpresivo”.

Fuente: ambito