Ante la suba de la inflación, el BCRA tomó la decisión hace algunos meses de emitir billetes de mayor denominación: cuándo estarán en circulación.

Estiman los analistas que el organismo que dirige Florencia Misrahi tendría que permitir a los contadores determinar el impuesto con las escalas viejas pero permitir que no se pague hasta que se sancione la restitución del gravamen.

Por más que el Gobierno nacional y las provincias logren, en los próximos días, un acuerdo en torno de la restitución del Impuesto a las Ganancias para los salarios más altos de la economía, dados los tiempos en los que se están manejando, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no va a poder contar con los aplicativos actualizados en tiempo y en forma llegado el momento de la liquidación anual.

Es decir, que, aún cuando en los próximos 30 días el Congreso pudiera -en un trámite exprés- sancionar el nuevo impuesto, la realidad es que la adaptación de los sistemas de organismo fiscal lleva su tiempo. En consecuencia, los trabajadores que durante el 2023 dejaron de pagar Ganancias debido a modificaciones establecidas por decreto, van a tener una deuda con el fisco que no tendrían que abonar.

Así lo explicó a Ámbito el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien consideró que el organismo que conduce Florencia Misrahi no obligará a las empresas a hacer las retenciones por lo que no se pagó en 2023.

Ganancias: los cambios que dispuso el gobierno anterior

El año pasado se emitieron dos normas, los decretos 415 y 473 de Ejecutivo, mediante los cuales el Poder Ejecutivo modificó las escalas y el piso del impuesto a la espera de una ley que convalidara los beneficios otorgados por la anterior gestión de gobierno.

El Decreto 415/2023, de agosto del año pasado, subió las escalas del Impuesto a las Ganancias para los asalariados en un 35%. Hay que recordar que las escalas subían anualmente en función de la evolución del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de octubre del año anterior. Además, llevó el piso a partir del cual se pagaba a $700.875 mensuales.

Luego, el Decreto 473/2023 dispuso que, a partir del segundo semestre del año pasado, el mínimo no imponible y las escalas de impuestos se iban a determinar en 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Lo cual hizo que las personas con haberes desde $1,8 millones comenzarán a tributar.

Ganancias: la decisión del gobierno de Milei

Estos dos cambios no se convalidaron luego por ninguna ley. Tampoco cuando se derogó la denominada cuarta categoría se contempló resolver esa deuda.

Domínguez explicó que los aplicativos que tiene que poner la AFIP en su sitio para que los contadores hagan las liquidaciones del impuesto no están listos aún. Y, si bien tal como se dijo, el Gobierno nacional negocia con las provincias para intentar lograr, en los próximos días, un acuerdo en torno a la restitución de este tributo, tampoco se espera que una vez sancionada la ley estos cambios se puedan instrumentar rápidamente.

“Los aplicativos no están todavía. Si lo tuvieran que subir ahora a la web, lo tendrían que hacer conforme la ley vigente al momento. Aplicarían las escalas del impuesto que son diferentes”, señaló Domínguez.

El asesor tributario consideró que la AFIP tiene, no obstante, la capacidad de definir el vencimiento del compromiso y podría fijarlo en un momento en que se tengan ya los cambios aprobados.

“Esto ya pasó una vez durante el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, lo que se hizo fue dejar la deuda en un campo especial y se difirió el pago. La verdad es que se determinó la cancelación como correspondía, pero la deuda no había que ingresarla. Después, cuando se aprobó la ley, quedó inexistente la deuda”, explicó.

Por esa razón, el CEO de SDC Asesores Tributarios consideró que, “como los nuevos aplicativos no van a estar listos, será necesario prorrogar los vencimientos seguramente”.

Un problema para Autónomos

Pero ese no es el único tema a resolver. Por otro lado, Domínguez señala que se genera un problema para los trabajadores autónomos. El experto en impuestos explicó que, en el caso de los profesionales que pagan IVA y Ganancias, que están anotados como Responsables Inscriptos, que por ejemplo “tienen saldos a favor que podrían usar para pagar Ganancias, no lo pueden hacer”.

Y eso ocasiona perjuicios a los contribuyentes porque el dinero que figura a favor en la cuenta se licúa por la inflación. Claramente, es una situación que afecta a los aportantes, que pierden poder adquisitivo de esos saldos producto de la evolución de los precios de la economía.

Fuente: ambito

La rentabilidad de los depósitos quedó debajo del 6% mensual, aún lejos de una inflación de dos dígitos. Medida en dólares sigue siendo una apuesta ganadora debido a la sorprendente estabilidad cambiaria.

Cuatro de diez argentinos se inclinan por darle un curso oficial al dinero digital.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una norma por la cual tanto las personas humanas como jurídicas que proveen en el país servicios relativos a criptomonedas deberán inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El plazo previsto será de 45 días y, de no registrarse, no podrán operar más en la Argentina, uno de los países con más usuarios de dinero digital.

En cuanto a lo que opina los argentinos sobre el dinero cripto, y ante la consulta sobre si debieran estar prohibidas, sólo el 13% dijo estar de acuerdo, según un estudio del Ebook Anual Blockchain de Sherlock Communications.

La idea del presidente Javier Milei de que pronto en la Argentina funcione una canasta de monedas también coloca en el juego a las nuevas herramientas tecnológicas de transacción.

La falta de información parece ser la principal traba de los argentinos para apostar con seguridad y confianza al mundo crypto.

Casi la mitad dice que la principal razón por la que no invierte en ese mercado es porque “no sabe lo suficiente o le resulta confuso”.

Uno de cada cinco encuestados latinoamericanos dijo que ya invierte en criptomonedas, 73% más que el año pasado. En Argentina, el aumento fue del 63 por ciento.

Las razones más mencionadas por los usuarios locales fueron ahorrar dinero para el futuro (47%); complementar los ingresos (43%) y diversificar los modos de inversión (40%).

La investigación, realizada a más de 3.000 personas de seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), busca entender la opinión pública sobre blockchain y criptomonedas.

Los usuarios latinoamericanos reflejaron un fuerte apoyo a las acciones regulatorias relacionadas con las criptodivisas en América Latina.

En promedio, el 73% en la región dijo estar de acuerdo con más regulaciones sobre cripto activos y, en línea con esta percepción, el 61% está en desacuerdo con medidas que restrinjan su adopción.

Mientras en Argentina se reinstaló el debate sobre la posible regulación del mercado crypto, otros países de la región ya han dado pasos significativos en el marco legal.

Brasil, por ejemplo, cuenta desde mediados del año pasado con una legislación dedicada a los llamados “activos digitales”, cuyo órgano supervisor es el Banco Central. En El Salvador, el bitcoin está reconocido como moneda oficial, mientras que Ecuador y Guatemala han empleado blockchain en procesos electorales.

“Estos datos refuerzan la tendencia de consolidación de la adopción de criptomonedas en América Latina. Tanto las empresas como los usuarios demuestran madurez para satisfacer las demandas actuales y prepararse para los nuevos casos de uso que puedan surgir. El mundo necesita prestar atención al desarrollo de aplicaciones blockchain en América Latina en términos de adopción de base, insights y casos de estudio”, dijo el especialista Luiz Hadad.

Los latinoamericanos consideran que las CBDC (Monedas Digitales del Banco Central) son una herramienta que puede ayudar a combatir la corrupción (el 67% estaba de acuerdo con esta afirmación) y se espera que agilicen los pagos y reduzcan la burocracia (68%).

Sin embargo, el 61% admitió no entender aún lo suficiente sobre el tema, mientras que el 56% cree que las monedas digitales emitidas por los Bancos Centrales son una forma de que los gobiernos controlen los hábitos de consumo de la población.

En el caso puntual de los usuarios argentinos, un 59% respondió que una moneda digital lo hará sentirse “más seguro y menos expuesto al crimen/robo”.

Y casi un 70% consideró que “acelerarán los pagos y reducirán la burocracia”.

Fuente: noticias argentinas

El incremento de los nuevos valores máximos de facturación no supera el 190% interanual.

El incremento dispuesto está por debajo de la inflación interanual que trepó en los últimos 12 meses al 276,2%, ya que los nuevos parámetros máximos de facturación subieron frente al aumento anterior en marzo del año pasado 164,84% para construcción; 148,29% para servicios; 181,25% para comercio; 189,38% para industria y minería; y 148,21% para el sector agropecuario.

De acuerdo a datos aportados por la cartera económica, actualmente hay 1.758.722 de personas humanas y jurídicas que cuentan con el certificado MiPyME vigente, de las cuales 424.275 son empleadores que generaron 4.005.994 puestos de trabajo en 2023.

Desde Economía sostuvieron que “con esta renovación se garantiza que las micro, pequeñas y medianas empresas continúen con las ventajas que otorga el certificado MiPyME, entre los que se incluyen beneficios impositivos y previsionales, avales de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y otros”.

Asimismo, explicaron que “esta actualización permite que las empresas que hayan mantenido el nivel de actividad no sufran modificaciones por efecto de la inflación”, aclarando que “si bien los topes de facturación para mantener la condición de MiPyME se actualizan tomando la evolución de precios del último año, la facturación es un promedio de los últimos tres ejercicios fiscales, a moneda de cada año, por lo que a mayor inflación en el último año respecto de los anteriores, menor es la probabilidad de que una MiPyME pierda su categoría”.

Mientras el Ejecutivo desestima el perjuicio que puede ocasionar que la actualización esté por debajo de la inflación, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, alertó que “se pueden presentar dos problemas para las empresas”, por un lado que aquellas firmas que solicitaron el Certificado MiPyME en marzo 2024 salgan perjudicadas “ya que para el encuadramiento se tomarán parámetros de marzo 2023 debido a que la modificación tiene efecto a partir abril 2024”, indicando que “la modificación debía haber tenido efecto a marzo 2024”.

La segunda dificultad, que plantea Domínguez, tiene que ver con que “por el sólo efecto de la inflación puede suceder que determinadas empresas queden encuadradas en una categoría más alta que la que correspondería si se actualizaran los parámetros por la misma o directamente pueden llegar a ser consideradas grandes empresas”.

Continuando en esa línea, manifestó que “esta actualización por debajo de la inflación no es un tema menor ya que las empresas pueden llegar a perder beneficios tributarios relevantes” y ejemplificó señalando que “pueden incrementarse las contribuciones patronales, puede variar el límite del cómputo del impuesto al débito y crédito como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, puede eliminarse la posibilidad de pagar el IVA en forma diferida (IVA 90 días), puede eliminarse la posibilidad de solicitar el certificado de exclusión de regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta del IVA en forma simplificada, pueden aplicarse tasas de interés más elevadas en planes de pago, entre otros”.

A partir de lo planteado, el estudio jurídico encabezado por Domínguez consideró que “la Resolución debe modificarse ya que, de lo contrario, se estaría recurriendo a la receta de siempre: no actualizar parámetros por el efecto de la inflación para incrementar en forma encubierta la recaudación tributaria”.

Asimismo, propuso que “los parámetros de ventas y el límite de activos se deberían actualizar en forma trimestral por la variación del IPC para reflejar el efecto pleno de la inflación, en lugar de hacerlo una sola vez al año” y agregó que “se debería incorporar una cláusula gatillo para que se adelante la actualización cuando la inflación acumulada dentro del trimestre sea del 20% o más”.

Fuente: noticias argentinas