Lo hizo a través de la Resolución 3/2024 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial.

De esta forma las tasas de intereses por la falta de pago en término de obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras pasan de valores fijos a valores variables y se ajustarán cada dos meses.

Según precisó el tributarista Sebastián Domínguez, la tasa de intereses resarcitorios pasa del 5,91% a 1,3 veces la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente no solicitada previamente del Banco Nación Argentina (BNA).

“Eso llevaría la tasa de intereses resarcitorios poco más del 15% mensual”, indicó.

A su vez, la tasa de intereses punitorios pasa del 7,37% a 1,5 veces la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente no solicitada previamente del (BNA).

En este caso la tasa de intereses punitorios pasa a casi el 18% mensual.

Las tasas de intereses resarcitorios y punitorios para deudas en dólares se mantienen en el 0,83% mensual y 1% mensual, respectivamente.

Para el caso de devoluciones, acciones de repetición, reintegros y otros casos, se aplicará la tasa de depósitos a 30 días publicada por el BCRA. Actualmente la tasa era fija del 3,84%.

“Sin duda las tasas vigentes hasta el 31 de enero de este año son tasas reales negativas muy alejadas de la inflación actual. Esto genera que los contribuyentes, en muchas ocasiones, se financien a través de planes de pago que otorga la AFIP o incluso no paguen ya que el costo de la mora es bajo, afectando las cuentas públicas”, explicó Domínguez.

“Sin embargo, el contexto económico actual y alta presión fiscal que existe en la Argentina genera que muchos contribuyentes estén imposibilitados de cumplir con sus obligaciones en término. Y un incremento casi al triple de los intereses resarcitorios, puede afectarlas aún más”, añadió.

Domínguez remarcó que “la tasa de interés aplicables a descubiertos en cuenta corriente no pactados son las más altas que cobra el BNA”.

A su vez consideró que “el Ministerio de Economía debería fijar la misma tasa de interés para las devoluciones, acciones de repetición, entre otras que interponen los contribuyentes”.

“No puede ser que la AFIP cobre una tasa cuando el contribuyente se atrasa en el pago de sus obligaciones y no pague la misma tasa cuando se demora (y en muchos casos sin razones) en efectuar las devoluciones”, concluyó.

Fuente: noticias argentinas

El DNU firmado por el presidente Javier Milei ya habilitó firmar contratos en cualquier moneda. Esa posibilidad no sólo permite cobrar y pagar en dólares, sino también en criptomonedas. Pero, para hacerlo, esos activos digitales deberán estar previamente declarados ante la AFIP. Y aquí aparece un gran problema, porque la mayoría de los criptoactivos no están registrados en el país.

Miles de profesionales que brindan servicios al exterior -la mayoría vinculado al mundo de la programación y la informática- se encuentran en esa zona gris. Según expertos de consultoras de opinión pública, muchos de esos profesionales votaron a Milei.

Hay profesionales que reciben pagos en plataformas donde el dinero no está declarado ante la AFIP, a través de cuentas abiertas en compañías como Payoneer Global Inc -una empresa estadounidense de servicios financieros que ofrece transferencias de dinero en línea y de pago digital-, que por estos días está en las portadas informativas por el enorme fraude realizado a muchos de sus clientes argentinos y de otros países por parte de presuntos hackers.

Para poder usar esas criptomonedas, deben estar declaradas, pagar Bienes Personales, declarar la compraventa y los resultados y pagar impuestos a las Ganancias. Es lo que busca el gobierno de Milei, porque representaría un enorme ingreso fiscal.

Pablo Reyes, CEO de la billetera cripo SaldoAr, advirtió que “quienes quieran disfrutar de los beneficios” que traen las criptomonedas “tendrán que ampliar su responsabilidad en dar claridad sobre un sector que se ha caracterizado por su informalidad”. En esa línea, estimó que en la Argentina hay más de u$s 100.000 millones en cripto sin tributar”.

La canciller Diana Mondino dijo que los argentinos ya pueden suscribir contratos en criptomonedas. Para Manuel Beaudroit, CEO de la aplicación Belo, “habilitar firmar contratos en otras monedas da más certeza, flexibilidad y apertura”.

La medida del Gobierno fue un fuerte espaldarazo para esos activos digitales. Pero se debe tener en cuenta que antes de pagar un sueldo o abonar un servicio en cripto, el origen de los fondos debe estar justificado.

“La criptomoneda es un bien más que hay en la economía y está reconocido en las leyes impositivas. Ganancias trata en la segunda categoría a la renta que dé la criptomoneda. Incluso hay un dictamen del 2022 de la AFIP que sostiene que el tratamiento que hay que darle a la criptomoneda en bienes personales es como un instrumento financiero. Las personas tienen la obligación de declararla”, advirtió Félix Rolando, tributarista y socio de la consultora Andersen.

Otro tema a tener en cuenta es que las normativas internacionales de blanqueo de capitales toman en cuenta a las criptomonedas, al punto de que diversas agencias nacionales, continentales y mundiales pueden requerir a las plataformas y los exchanges cripto el cumplimiento de ciertos estándares para la prevención de delitos. Estas normas requieren recopilar información sobre remitentes y destinatarios de transacciones cripto, así como de los titulares de las wallets o monederos de criptomonedas.

Qué pasa si la criptomoneda no está declarada.

Si la criptomoneda no está declarada ante la AFIP y el sujeto pasivo del impuesto no pagó Ganancias sobre el resultado impositivo por la venta, ni tampoco el impuesto sobre los Bienes Personales sobre su tenencia al 31 de diciembre de cada año, aparecen alternativas ante el intento de firmar un contrato.

      – Una es ingresar al blanqueo propuesto por el Gobierno en la Ley Ómnibus, iniciativa que aún no fue aprobada ni reglamentada, y declarar las criptomonedas antes de firmar un contrato cripto.

      – Si, en cambio, se concreta un contrato en moneda digital no declarada, también podría declararse el bien adquirido en el blanqueo.

Cualquiera sea el caso, falta al menos que el proyecto de blanqueo (Régimen de Regularización de Activos) se convierta en ley y la posterior reglamentación de la misma.

Contratos en criptoactivos: ¿en verdad convienen?

Como Bitcoin es un activo muy volátil, en la industria cripto creen que tal vez no sea la moneda digital más adecuada para firmar contratos. En su lugar, consideran que las monedas estables atadas a la cotización del dólar pueden dar más previsibilidad. Son los “stablecoins”.

Estas cripto permiten tener ingresos con referencia en dólares sin exponerse a la inflación y la permanente devaluación del peso, pero también sin quedar a merced de la volatilidad de Bitcoin.

Para los defensores de los polémicos criptoactivos estables, más allá de la previsibilidad en su precio, es que son herramientas de muy bajo riesgo, fáciles de almacenar y de usar, que ofrecen alta liquidez y la máxima rapidez de operación y, sobre todo, sin horarios para transaccionar.

El ahorro de los argentinos y la inflación.

Como insistió Milei en su campaña electoral, y confirman en el sistema financiero desde hace décadas, los argentinos ahorran y piensan en cualquier moneda que no sea el peso, porque a lo largo de la historia la inflación consumió sus ahorros y, en muchos casos, los fondos atesorados a lo largo de su vida.

En ese marco, en un fenómeno que se profundizó en los últimos años, la Argentina ya está entre los 10 países con mayor interés y tenencia de criptomonedas, y a su vez es la tercera nación con mayor tenencia de dólares por habitante después del propio emisor Estados Unidos, y Rusia, según datos de organismos internacionales como el FMI.

El dólar es la divisa más elegida por los argentinos. Por ejemplo, para algunos especialistas que cuestionan el proyecto dolarizador de Milei -por ahora postergado, pero no abandonado-, si se cambia de moneda de curso legal el país pasaría de las manos inflacionarias argentinas a depender de la Política Monetaria norteamericana.

Bajar la inflación es el principal objetivo de Milei, al menos en esta primera etapa. Henry Hazlitt -uno de los teóricos que el presidente argentino ha leído en detalle-, fue un filósofo libertario y educador económico estadounidense. También fue periodista del The Wall Street Journal, The New York Times y Newsweek, entre otras publicaciones. En el mundo es reconocido por haber llevado la Escuela Austríaca de Economía a las audiencias de habla inglesa.

A mediados del siglo pasado -en la Argentina ya gobernaba Juan Perón-, Hazlitt alertaba que la inflación “no es en el fondo más que una forma singular de tributación, quizá la peor, ya que de ordinario exige más de quienes cuentan con menores posibilidades económicas”.

Y remataba: “Aún suponiendo que la inflación afectase a todos por igual, equivaldría a un simple impuesto sobre el consumo que gravara con igual porcentaje toda clase de mercancías, lo mismo el pan y la leche, que los diamantes y pieles lujosas”.

Argentina ya es el país del mundo con más inflación (acaba de superar a Venezuela). Todos los gobiernos en los últimos años prometieron solucionarla. Pero casi todos incrementaron sus consecuencias sin solucionar sus causas.

Fuente: noticias argentinas

El presidente Javier Milei envió al Congreso el mensaje de extensión del período de sesiones extraordinarias, que ahora será hasta el próximo 15 de febrero.

Así lo supo Noticias Argentinas de fuentes legislativas, que confirmaron también la ampliación de la lista de temas que podrán abordarse en ese período.

La extensión de las extraordinarias muestra que el Gobierno ya abandonó la idea de aprobar la ley ómnibus en el plazo vigente de sesiones, hasta el 31 de enero.

Teniendo en cuenta que con el principio de acuerdo con bloques de la oposición recién la ley ómnibus podría llegar al recinto de Diputados la próxima semana (martes o jueves), sería imposible que el Senado pudiera tratarla antes de fin de mes, ya que en la Cámara alta deben pasar siete días desde la firma de un dictamen para que llegue a discutirse en el pleno.

Por esa razón y con la expectativa de entablar acuerdos que puedan motorizar la aprobación, el oficialismo cedió ante el pedido de la oposición de extender el plazo de sesiones extraordinarias.

En la prórroga firmada por el presidente Javier Milei, que este viernes regresó al país tras su visita a Suiza para participar del foro de Davos, se amplió el temario y se incluyeron tres proyectos.

El primero es el que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos durante el mes de abril de 2024.

El segundo es el proyecto de ley por el que se sustituye el Capítulo II –Defensa Nacional- del Título IV –Seguridad y Defensa- del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023.

El último una modificatoria del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Msje. 28/2022 Exp. Senado 3-CD-2023).

Fuente: noticias argentinas

El nivel de actividad de las pequeñas y medianas industrias registró en diciembre una importante caída de 26,9% respecto a igual mes del año anterior y cerró de esta forma el 2023 con una baja acumulada de 2,6%, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Industria pyme: cuáles fueron las razones de la caída

“La significativa depreciación de la moneda, la escalada de la inflación posterior a las elecciones y los cambios en las regulaciones de importación, que impidieron realizar compras durante algunas semanas, entre otras cuestiones, crearon un entorno marcado por la elevada incertidumbre y la disminución del consumo, factores que obstaculizaron los niveles de producción en el conjunto del sector manufacturero”, señaló CAME al explicar los números del último mes de 2023.

“Además, se experimentaron períodos sin cotizaciones, con tasas elevadas de escasez de insumos, lo que llevó a que numerosas empresas suspendieran operaciones durante algunos días o adelantaran las vacaciones de su personal”, agregó la entidad empresaria.

La CAME ratificó la fuerte baja del consumo del mes de diciembre, mes que históricamente es de mayor actividad.

CAME, en un comunicado, señaló que si bien las pymes industriales operaron con el 73,1% de su capacidad instalada, casi en los mismos niveles de noviembre (73,3%), el contraste con el nivel de producción obedeció a “la salida del proceso productivo de algunas maquinarias sin repuestos disponibles, y al achicamiento de unidades de negocios frente a la expectativa de un futuro recesivo”.

En este marco, en diciembre el 53,4% de las empresas reportó dificultades para reponer stocks, especialmente en la obtención de materias primas e insumos.

Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 410 industrias pyme a nivel federal.

Industria pyme: cómo fue la baja por sectores

Por sectores, en diciembre la peor performance correspondió al rubro “Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte”, con una baja anual de 35,7% en su producción, a precios constantes, seguida por “Maderas y muebles” (-34,4%).

En tanto, en el acumulado del año, la mejor performance sectorial estuvo en “Textil e Indumentaria”, con un alza de 3,3% frente al período enero-diciembre de 2022.

Mientras que el peor desempeño en el acumulado anual fue para el rubro “Papel e impresiones”, con una caída del 16,7%.

Deberán realizar el trámite los monotributistas cuyos ingresos hayan sido superiores o inferiores a los de la categoría vigente en la actualidad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 5 de febrero el plazo para la recategorización del monotributo, correspondiente al semestre julio-diciembre del 2023.

La prórroga del plazo responde a razones de administración tributaria, las necesidades de los contribuyentes y las peticiones efectuadas por las entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas, informó la dependencia oficial.

La decisión fue publicada hoy lunes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución General (RG) 5480.

Deberán realizar el trámite los monotributistas cuyos ingresos hayan sido superiores o inferiores a los de la categoría vigente en la actualidad.

Para ello, deberán ingresar a monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal.

Los monotributistas que mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción.

A su vez, si transcurrieron menos de 6 meses desde la inscripción en el monotributo, no corresponde la recategorización, se precisó.

Fuente: telam

Por ejemplo, el denominado “Trámite docente” pasará de $250 a $500. El trámite normal de 5 días costará $1000, cuando hasta ahora tenía un valor de $500. El certificado express, que se entrega en solo una hora, tendrá un valor de $8500, siendo que el precio anterior era de $4200.

Según explican en los considerandos del acto administrativo, esta actualización de la tabla tarifaria se debe a “la necesidad de implementar mejoras tecnológicas y mayores medidas de seguridad para la confección de los certificados digitales”.

A su vez, señalan que el objetivo es “sostener un adecuado equilibrio económico del sistema registral y con el propósito de asegurar un servicio de calidad, eficaz y eficiente”.

Cabe recordar que el Registro Nacional de Reincidencia depende del Ministerio de Justicia y es el organismo encargado de extender estas constancias de antecedentes penales a particulares, necesarias por ejemplo para ingresar a trabajar en relación de dependencia o para tramitar la visa de otros países.

Si bien los nuevos montos ya entraron en vigencia, la norma establece que aquellos trámites que hayan sido abonados con anterioridad serán aceptados durante un plazo de 30 días.

Fuente: noticias argentinas

El déficit financiero (que incluye a los servicios de la deuda pública) fue el año pasado de 9 billones 471.762 millones de pesos.

El déficit primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) ascendió en 2023 a 6 billones 22.787 millones de pesos, con un incremento nominal del 106,6% que, al ser inferior a la inflación promedio del año, representó una caída del 11,5% en términos reales y un valor equivalente al 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con lo informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por su parte, el déficit financiero (que incluye a los servicios de la deuda pública) fue el año pasado de 9 billones 471.762 millones de pesos, con un alza anual del 111,2% a valores corrientes y una baja del 9,5% a valores constantes, equivalente al 5% del PBI.

La información de la OPC se anticipa a la que dará a conocer el lunes 22 de enero el Ministerio de Economía, aunque los números no son comparables por presentar diferencias metodológicas: el del organismo bicameral se refiere al gasto devengado de la APN y el de Hacienda al ejecutado del Sector Público No Financiero, que además comprende a las empresas públicas y los fondos fiduciarios.

Déficit fiscal: los ingresos y los gastos estuvieron por debajo del 2022

Los guarismos son resultado de ingresos totales por 28 billones 650.718 millones de pesos, gastos totales por 38 billones 122.480 millones y gastos primarios por 34 billones 673.505 millones.

En todos los casos hubo retrocesos reales respecto de los niveles de 2022: los ingresos tuvieron una merma del 5,9%, los gastos totales una del 6,8% y los primarios una retracción del 7%.

Déficit fiscal: en diciembre los gastos duplicaron los ingresos

Si bien el informe de la OPC no especifica la ejecución presupuestaria de diciembre, en base a la comparación con el acumulado de enero a noviembre se desprende que en el último mes de 2023 (de los que 21 días corresponden a la Presidencia de Javier Milei) los ingresos totales fueron de 3 billones 532.685 millones de pesos, los gastos totales de 6 billones 209.212 millones y los gastos primarios de 5 billones 823.368 millones de pesos.

En consecuencia, en diciembre hubo un déficit primario de 2 billones 290.683 millones de pesos y uno financiero de 2 billones 676.527 millones.

Déficit fiscal: por qué cayeron los ingresos del Estado

La variación real negativa observada en los recursos obedece fundamentalmente a la disminución de los ingresos impositivos (11% real), debido a las caídas reales de los Derechos de Exportación (57%) y del Impuesto a las Ganancias (21,5%), parcialmente compensadas por las variaciones reales positivas en la recaudación del IVA (8,2%) y del Impuesto PAIS (118%).

En sentido contrario, se incrementaron los ingresos no impositivos (61,2%) y las rentas de la propiedad (33,3%) originados, en el primer caso, por la adjudicación de licencias del servicio 5G ($308.651 millones y sin ejecución en 2022) y en el segundo, por los intereses generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (24,3%).

Gastos primarios: cayeron las asignaciones familiares y jubilaciones

Por el lado de los gastos primarios, que presentaron una disminución real de un año a otro del 7%, según la OPC “la dinámica estuvo mayormente impulsada por la caída de las jubilaciones y pensiones (6,1%), las asignaciones familiares (31,1%) y los subsidios energéticos (26,5%)”.

Ese comportamiento se compensó parcialmente por las subas del gasto en personal (8,5%), las transferencias corrientes a provincias (8,1%) y las transferencias a universidades (6,2%).

“En el caso del gasto jubilatorio, la caída del gasto hubiera sido del 12,4% de no contarse con la política de bonos extraordinarios que compensó parcialmente el ahorro por aplicación de la movilidad jubilatoria”, indicó el organismo parlamentario.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que para la medición de las variaciones reales no se tiene en cuenta la inflación punta a punta (211,4%) sino el promedio de los doce meses (133,5%).

Fuente: ambito