Pagan la mayoría de las indemnizaciones que se cobran, incluso sin considerar que significan, en realidad, un resarcimiento y no una renta, ya que caduca la fuente productora de beneficios.

En términos impositivos, no es lo mismo una renuncia, que un despido o un acuerdo de desvinculación celebrado en el Ministerio de Trabajo, a pesar que la verdadera causa en muchos casos, en la práctica, sea la misma.

Sin embargo, el límite marcado por la ley poco a poco lo va corriendo la justicia; eso ocurrió, por ejemplo, con el tratamiento fiscal de algunas indemnizaciones agravadas establecidas en la ley de Contrato de Trabajo, en donde los fallos de algunos tribunales e incluso de la misma Corte Suprema de Justicia se inclinaron por la exención de esos conceptos en el Impuesto a las Ganancias.

Haciendo una reseña de las implicancias impositivas que tienen las desvinculaciones laborales, a continuación se resume lo que dice la ley y los últimos fallos más contemplativos de la justicia:

Qué dice la ley

La ley de Ganancias (20.628), establece en su artículo 26 que se encuentra exenta del pago del impuesto lo que el empleado cobra por indemnización de despido, del rubro antigüedad. También, según la misma norma, están exentas las indemnizaciones que se perciben por incapacidad o muerte del trabajador, producidas por accidente o enfermedad. La desgravación se limita a lo establecido en la ley 20744 referida al tope del cálculo indemnizatorio.

La norma no incluye expresamente en la exención a las demás indemnizaciones que se pagan al rescindirse el contrato: por ejemplo: la falta de preaviso, las vacaciones no gozadas ni la integración del mes de despido.

También debe pagar, según la ley, el aguinaldo proporcional liquidado en los casos de desvinculación ( en la medida que se encuentre alcanzado de acuerdo a la categoría que reviste el empleado) y las gratificaciones por jubilación o renuncia, como lo que se percibe durante las ausencias por enfermedad.

Qué dijo la jurisprudencia

La justicia en muchos casos avanza a favor del trabajador más rápido que el texto de la ley. En el fallo “Cuevas Luis Miguel C/ AFIP” la Corte de Justicia hizo lugar al reclamo de un trabajador para que no se le cobre el impuesto a las ganancias sobre la indemnización por estabilidad gremial que percibió en el momento del despido.

El fundamento es que la misma carece de periodicidad y permanencia de la fuente necesarias para tener que pagar el tributo, ya que se cobra como consecuencia del cese laboral.

Otro fallo del Tribunal Superior, “De Lorenzo, Amelia c/ DGI”, confirmó que la indemnización agravada por embarazo tampoco debe pagar ganancias, a pesar de no estar literalmente previsto en la ley, contrariamente a lo que interpretó la AFIP – en el dictamen 43/00 (DAT) – sobre que debería estar alcanzada impositivamente.

Otro caso es el de los trabajadores despedidos que están fuera de convenio colectivo, porque como consecuencia del fallo de la Corte “Vizzotti, Carlos c/ AMSA SA”, se les extendió la exención impositiva al monto de indemnización por despido que surge considerando la base de cálculo de la antigüedad del 67% por cada año de servicio. La interpretación surgió por el dictamen número 160.978 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, conformado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos.

También en este caso, la AFIP a través del dictamen DAT 57/02 tenía un pronunciamiento diferente.Por otro dictamen de la AFIP (72/02 – DAL) se interpretó que el importe abonado a una persona en caso de un despido “consensuado” o por mutuo acuerdo, previsto en el artículo 241 de la ley laboral, hasta el monto que debería pagarse como indemnización por despido no tributa ganancias.

El mismo tratamiento tiene el importe abonado en concepto de gratificación por retiro voluntario, que a pesar de no encontrarse la exención en la ley, por un dictamen de la AFIP (66/00 -DAT) no se encuentra gravado.

En el mismo sentido, la licencia por maternidad que percibe una trabajadora en ese período, al constituir salario familiar no tiene que incluirse en la retención del impuesto (Dictamen 133/01 AFIP-DAL).En esa dirección, según la doctrina, otras indemnizaciones exentas serían las agravadas por matrimonio y la que se abona por finalizar el período de excedencia.En cambio, hay que pagar ganancias por la indemnización que se abona por clientela a los viajantes de comercio.

La postura de la AFIP

La AFIP, mediante las Circulares 3 y 4/12, opinó de forma coincidentemente con lo expresado por la doctrina en cuanto a la exención de algunas indemnizaciones en el cálculo de la retención del Impuesto a las Ganancias.

 La Circular 3 dispuso la siguiente postura: “…se aclara que los pagos realizados en concepto de indemnización por estabilidad y asignación gremial —Artículo 52 de la Ley Nº 23.551—, como asimismo, por despido por causa de embarazo —Artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo—, no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias.”

Mientras que en la 4 se dijo lo siguiente: “… se aclara que el tratamiento fiscal aplicable a la indemnización por antigüedad en caso de despido sin justa causa —normada en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo—, frente a la exención prevista en el inciso i) del Artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se ajustará a los siguientes criterios:1. Si el monto abonado al trabajador resulta igual o inferior al importe indemnizatorio calculado conforme al límite previsto en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la exención del gravamen se reconocerá sobre la totalidad de aquel monto.Consecuentemente, los montos correspondientes a dichos conceptos se hallan excluidos del régimen de retención establecido por la Resolución General Nº 2.437, sus modificatorias y sus complementarias.2. Por el contrario, si el monto pagado resulta mayor al que se obtendría aplicando el límite máximo aludido, la exención se reconocerá hasta una suma equivalente al SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del importe efectivamente abonado —calculado conforme al primer párrafo del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo—, o hasta la obtenida aplicando el referido límite máximo, la que sea mayor.Por el Fallo Negri, de la Corte Suprema de Justicia, la AFIP emitió la circular 4/16 que establece lo siguiente: “se aclara que el pago realizado en concepto de gratificación por cese laboral por mutuo acuerdo —normado en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo—, no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias. Consecuentemente, el monto correspondiente a dicho concepto se halla excluido del régimen de retención.”

La ley 27.430, del año 2017, incorporó en el texto del artículo 82 de la ley, que define como ingreso gravado de la cuarta categoría, lo siguiente:  “Sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación quedan incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o retiro voluntario, entre otros) estarán alcanzadas en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa.”

Fuente: iprofesional

No se trata acá de poner en discusión si la fuerte suba de las tasas de interés tendrán éxito para moderar la ola dolarizadora y atemperar la corrida cambiaria. Ni tampoco si Sergio Massa tendría sobre la mesa de operaciones otro instrumento para poner en práctica.

Lo único indiscutible es que Massa busca evitar una devaluación abrupta por todos los medios. Un objetivo difícil de cumplir bajo el actual contexto de inflación elevada y sin ingreso de dólares en el Banco Central.

Así y todo, cumplido el primer mes de gestión, el ministro pudo cumplir con esa meta. Eso sí, los costos están a la vista y se pagarán con un enfriamiento en el consumo y, por lo tanto, en la actividad económica. La falta de dólares, que desemboca en trabas a las importaciones y en aceleración inflacionaria, provoca ese trago amargo en medio de la incertidumbre.

Cuáles son los costos para pagar la tarjeta

Lo dicho: la súbita alza de las tasas convoca a que los inversores más grandes se queden en pesos. Y que los más pequeños dejen de pensar en dólares para mantener sus plazos fijos en los bancos.

El efecto no deseado es el incremento en los costos para endeudarse. O para refinanciar el saldo de la tarjeta de crédito.

Una cuestión que debe tener en cuenta el consumidor antes de decidir postergar pagos o tomar un crédito es si su salario puede crecer al ritmo de esa deuda. Lo más probable es que no. El problema es que, con semejantes tasas de interés, es muy probable que los sueldos se queden varios escalones por detrás.

Para tener una idea: si el consumidor sólo paga el mínimo de la tarjeta y patea para adelante el resto, esa deuda crecerá con un costo del 125% anual. Ese es el costo financiero total. Hay que tener en cuenta que se trata de una variable regulada por el Banco Central, y que supo estar mucho más baja durante la época de la pandemia.

En 2020, por caso, la tasa que cobraban las administradoras estaba en torno al 50% interanual. En ese momento, la inflación había retrocedido al 40% y los salarios se actualizaban en ese rango.

Ahora, es casi imposible que los sueldos crezcan al 125% anual, para ponerse en equivalencia con el costo que cobran las tarjetas si solamente se abona el mínimo y se patea el resto.

Tarjetas: lo peor está en el supermercado

Si el consumidor puede decidir con qué se financia, la opción de las tarjetas emitidas por los supermercados -a través de las financieras que emiten sus propios plásticos- es la alternativa más onerosa.

Esos plásticos, que las cadenas lanzan para ofrecer promociones sobre todo en el rubro de los electrodomésticos, ponen tasas de interés muy elevadas a la hora de financiar los consumos que están fuera de las ofertas.

Esos costos arrancan en el 163% anual pero trepan al 199% en el caso de algunas cadenas, de acuerdo a la información que los propios supermercados publican en sus páginas de Internet.

Con las tarjetas bancarias, el escenario no es mucho mejor.

Si una persona decide comprar en un comercio en 12 cuotas, el costo financiero total será del 165% en promedio. Claramente, muy lejos de la inflación. Pero sobre todo muy lejos de la evolución de su salario.

El “Ahora 12” no se salva

Muy distinto a lo que ocurría hace más de una década, cuando fue creado, el sistema del “Ahora 12” ya no significa comprar a 0% de interés.

El costo financiero, tras la última actualización, ya subió al 70% anual, en línea con la inflación de los últimos 12 meses. También con las mejoras salariales. Pero ya no es “gratuito”, lógicamente.

Una cosa es habilitar un subsidio cuando la inflación anual es del 20% o 25%, y otra muy diferente cuando salta al 70% o al 90%, como muy probablemente terminará este año. Si no más.

Está claro que estas subas de los costos tendrán impacto en el nivel de consumo por una doble vía. Por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que inevitablemente pierden contra semejante suba de los precios, y porque las cuotas también ya quedan cada vez más lejos de lo que un asalariado puede abonar.

Objetivo: dólar en paz

Massa busca que la suba de la tasa de interés aminore la dolarización. Y que un mejor clima cambiario ayude a calmar las expectativas inflacionarias.La clave también pasa por encarecer el costo de los créditos en un nivel que le ponga freno al financiamiento “barato” de los productores, que toman pesos del mercado para después dolarizarse.

La gran cuestión es a qué nivel deberían trepar las tasas de interés para que eso suceda. Para que los tomadores de créditos en pesos perciban que pueden perder dinero haciendo esas operaciones.

Para lograrlo, desde Economía insisten que el ministro quiere ganar credibilidad en el mercado. Que sin ese paso será muy complicado lograr la ansiada estabilización del mercado cambiario.

Fuente: iprofesional

Es lo que no había ocurrido con el anuncio, hace poco más de un mes, con el incentivo del Banco Central para que los sojeros pudieran vender un 30% de su exportación al precio del “dólar ahorro”. En aquella ocasión, los militantes kirchneristas se quejaron de la “claudicación”, los productores dijeron que la medida era engorrosa y poco atractiva y, en definitiva, el Gobierno pagó un alto costo político para no quedarse con las divisas de la soja, dado que terminó el mes  con ventas por encima de u$s500 millones.

Massa, desde el anuncio del nuevo esquema para los productores, puede festejar un logro que le permite al mismo tiempo recuperar oxígeno financiero y, además, demostrar ante sus interlocutores de Estados Unidos que tiene herramientas para dominar la turbulencia financiera. En los primeros dos días, ya hubo ingresos por más de u$s700 millones, en línea con el plan oficial, que esperaba unos u$s1.000 millones en tres jornadas, dando así una fuerte señal sobre que se podrá conseguir el refuerzo de u$s5.000 millones planteados por Massa tras su asunción.

No es gratis, claro, ni en términos políticos ni tributarios. En los hechos implica, según cómo se lo quiera ver, una eliminación pasajera de las retenciones agrícolas, o bien un desdoblamiento cambiario de hecho.

Ambas eran medidas fuertemente resistidas desde la interna de la coalición oficialista. De hecho, el principal reclamo desde el kirchnerismo era que Alberto Fernández subiera las retenciones por decreto, amparado en el contexto mundial de suba generalizada de impuestos por parte de los países productores de alimentos.

Esa rebaja de retenciones, para lo cual parecía que era imposible que hubiera margen político en medio de las peleas del gobierno con los productores que convocaban a “tractorazos” de protesta, se tornó súbitamente viable cuando la escasez de reservas hizo crisis.

De la misma manera, el planteo del desdoblamiento cambiario, que antes era visto como una herejía por los arquitectos del “cepo”, ahora no sólo se tolera sino que es visto como una medida virtuosa.

Es cierto que Massa se las ingenió para que no hubiera un desdoblamiento formal que obligara a cambiar la normativa cambiaria, pero el efecto es el que reclamaban desde hacía mucho tiempo varios economistas de la línea ortodoxa. Como Gabriel Rubinstein, por ejemplo, uno de los más elocuentes al argumentar que el desdoblamiento era la única alternativa a la devaluación brusca.

Pocas semanas antes de que se formalizara su nombramiento como secretario de Política Económica, Rubinstein planteaba urgencia de un cambio: “Si se nos permite ahorrar, viajar al exterior, pagar con tarjeta afuera, al valor de un dólar diferente al del MULC (por ejemplo un mercado MEP), OK. Si con eso, y alguna medida adicional se descomprime la compra de insumos y bienes importados de uso corriente y extendido (por ejemplo ¡café!), se entiende en esta economía en “emergencia”, que coquetea con la hiperinflación”, argumentaba el hoy viceministro.

Pero, además de argumentar sobre la necesidad de un dólar más alto para las importaciones no prioritarias, Rubinstein alertaba sobre el riesgo del problema inverso, el de un desincentivo a la exportación que terminara en una subfacturación masiva: “En el pasado hemos visto situaciones en las que por ejemplo Paraguay exportaba más soja de la que producía. Significa que había soja argentina que se exportaba desde ahí”.

Las razones del éxito inicial

El éxito inicial del plan de incentivo a los sojeros no tiene mucho misterio: a diferencia de lo ocurrido con las anteriores propuestas, esta vez los números les resultan favorables a los productores.

“Quién está en el mundo de los negocios no tiene ideología política, toma decisiones en función de lo que necesita económicamente. Por eso, muchos de los que van a vender soja durante septiembre no lo hacen por amor al Gobierno, sino porque es una medida que los beneficia”, fue la elocuente definición de Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y uno de los empresarios agropecuarios de más alto perfil.

En línea con lo que siempre ha planteado Rubinstein, Aracre plantea que el “sutil desdoblamiento cambiario” que se está aplicando podría continuar con bienes suntuarios o los gastos con tarjeta en el exterior, que podrían cotizarse a dólar MEP.

Pero, sobre todo, auguró que habrá “un aluvión” de ventas, al punto que se está alcanzando el registro de ventas por un millón de toneladas diarios, cuando hasta la semana pasada las ventas promediaban las 100.000 toneladas.

La estimación que hacen los expertos es que, para que se cumpla el objetivo de Massa, sólo en septiembre las ventas deberán alcanzar ocho millones de toneladas. Algo ambicioso, si se tiene en cuenta que desde mayo hasta ahora el promedio mensual ha sido de 2,5 millones de toneladas.

Sin embargo, los analistas no consideran que sea una medida imposible. “En la medida en que el beneficio en poder adquisitivo se sostenga por encima del 40% respecto de  lo que podría recibirse con las liquidaciones hasta la semana pasada, se acelerarán  las liquidaciones”, planteó en un informe Marianela de Emilio, técnica del INTA y asesora en la firma Agronegocios.

Pero advierte que, en caso de que se perdiera esa ventaja por una caída en los precios internacionales -que, según algunos analistas, hasta podría ser provocada por el propio incremento de la oferta de soja argentina-, entonces la situación ya no será tan favorable.

Un salto del 27% al 49%

Los números son claros, tanto a la hora de explicar por qué fracasó la anterior propuesta del Banco Central como por qué empezó bien el nuevo plan de Massa. El tema de fondo es el porcentaje del precio internacional que le queda efectivamente en el bolsillo al productor argentino una vez que se le restan las retenciones y que el monto que recibía -pesificado al valor del dólar oficial- vuelve a dolarizarse en el mercado paralelo.

Ese porcentaje se hacía cada vez más pequeño cuanto mayor fuera la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Se había llegado a un mínimo de 27% cuando se produjo el peor momento de la corrida cambiaria. En otras palabras, si el precio internacional récord había llegado a unos u$s600 por tonelada, al productor solamente le quedaban u$s162.

La propuesta del Banco Central implicaba una mejora apenas marginal, que hacía que al productor le quedara un 30% del precio internacional.

En comparación con aquella situación, lo de ahora luce como una mejora muy sustancial: tomando los precios de la soja en el mercado de Chicago y el tipo de cambio MEP del pasado viernes, lo que propuso Massa significa que al productor le queda el 49% del precio internacional.

La cuenta es así: en aquel momento, el grano cotizaba a u$s541, que cuando se le aplica la retención de 33% queda reducido a u$s362. Si se obligaba al productor a convertir ese dólar al tipo de cambio mayorista de $139, entonces le quedaban $50.000 por cada tonelada vendida, y si quería reconvertir esa cifra a dólares en el mercado MEP, entonces la ganancia final era de u$s181, es decir un 33% del precio internacional. Pero al reconocerle al productor un dólar de $200 en vez de $139, entonces su ingreso real pasaba a ser de u$s267. En otras palabras, un 49% del valor internacional.

Ese es el motivo que llevó a la euforia de las últimas horas: los sojeros antes obtenían poco más de 30% del precio pleno, y ahora se quedan con un 49%. Y con un aliciente extra: esa cifra mejora cuanto más cae el dólar paralelo, algo que efectivamente ocurrió en el arranque de la semana, por el propio efecto de la mayor oferta de dólares de la soja.

¿Un anabólico de corto plazo?

Visto desde ese punto de vista, parece haberse llegado a la solución perfecta: se alivia la caja del  Banco Central, se promueve una disminución de la brecha y hasta hay un mayor ingreso fiscal por el mayor volumen exportado, que sirve para justificar políticamente la medida -porque se determinó que la mayor recaudación impositiva irá a reforzar la asistencia social-.

Sin embargo, no todos son aplausos. Abundan las advertencias y las visiones de escepticismo, tanto entre los empresarios como dentro del propio Gobierno.

Una típica preocupación de estos casos es que puede significar “pan para hoy y hambre para mañana”, porque se promoverá un adelantamiento de exportaciones que luego se pagará con una escasez de divisas sobre fin de año.

Uno de los más contundentes al respecto fue el consultor Salvador Di Stefano, que calificó como “un mamarracho” al nuevo dólar soja. “Es una oportunidad para resolver problemas de corto plazo, acopiar dólares o aumentar stocks de insumos, pero nos aleja de tener un escenario de negocios sustentable en el tiempo”, sostiene.

Su argumento es que el país ingresó en un “modelo de in solvencia intertemporal” porque trae al presente ingresos del futuro sin resolver su problema de déficit fiscal. Por eso califica el plan de Massa como “un anabólico”.

Otros analistas creen que el dólar soja, lejos de ser una excepción, será apenas el primero de una larga saga de excepciones, que generará un complicado sistema de múltiples tipos de cambio sectoriales. Y, en ese sentido, destacan cómo hay industrias que ya reclaman un trato cambiario específico, como el vino, que ya avisó que aspira a tener su “dólar Malbec”.

También, desde dentro del Gobierno, hay otra preocupación: que el beneficio no se quede exclusivamente en la caja de las grandes corporaciones exportadoras sino que efectivamente sea trasladado al pequeño productor. Y se teme que, en la medida en que los precios internacionales de la soja no se sostengan -una posibilidad al que los analistas le asignan altas chances-, entonces el beneficio comience a diluirse.

Pero, sobre todo, la principal crítica señalada por los economistas es la inconsistencia de un sistema cambiario que le terminará vendiendo a los importadores un dólar más barato que el que le compra al exportador.

Al respecto, hubo muchos comentarios irónicos y asombrados en las redes sociales. Como este de Jorge Ávila, histórico referente de la Ucema: “No recuerdo un ejemplo así en la historia del control de cambios en la Argentina. El tipo de cambio oficial de compra siempre fue inferior al de venta. Este “margen de cambios” se sumaba a la recaudación tributaria”.

Pero claro, se trata de críticas demasiado sutiles para Massa, que tiene la misión urgente de estabilizar al avión en medio de la turbulencia. Y que en estos días, en Estados Unidos, quiere demostrarles con cifras, a los funcionarios del FMI y de la administración Biden, que tiene la situación bajo control. El dólar soja se está revelando como una forma efectiva de transmitir esa imagen de estabilidad recuperada.

Fuente: infobae