Por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos migrará todos los códigos de barras a códigos QR. En qué se diferencian cada uno.

El 24 de diciembre de 2020, la AFIP dio a conocer un nuevo régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales, que establece el uso de códigos QR en todas las facturas electrónicas. De ahora en más, si los contribuyentes imprimen la factura también deberán adjuntar el código QR impreso.

Este nuevo método reemplaza el tradicional código de barras lineal, que ha sido estándar durante muchos años. El código de barras estaba conformado por 12 dígitos, los primeros seis correspondían al fabricante y los otros cinco representaban el número de identificación del objeto. El último número es conocido como “dígito de verificación” que permitía al escáner láser saber si había escaneado con éxito. Pero ya no más: las barras fueron reemplazadas por el código “Quick Response” o mejor conocido por sus siglas “QR”. Esta tecnología fue desarrollada por una empresa japonesa en el año 1994. Es un tipo de código de barra 2D y su finalidad es almacenar información en una matriz de puntos. En lo que es pagos, los QR se integran con las billeteras electrónicas. En el caso de la AFIP, al ser escaneado ofrece información adicional.

Escanear el código QR de una factura electrónica permite acceder de manera ágil a la información sobre la operación realizada y comprobar rápidamente la validez del comprobante”, declaran fuentes de la AFIP.

La diferencia entre un código QR y un código de barras normal es que los códigos QR almacenan información en dos dimensiones y pueden contener hasta 4.200 caracteres alfanuméricos, por lo que aparecen como cuadrados pixelados en blanco y negro, cada uno de los cuales contiene un patrón único. Además, están diseñados para ser leídos por la cámara de un teléfono móvil, mientras que un código de barras normal utiliza un escáner láser.

¿HAY QUE HACER ALGÚN TRÁMITE EXTRA?
“Las y los usuarios del servicio de facturación ‘Comprobantes en línea’ no deberán realizar ningún trámite. El código se visualizará de forma automática cuando finalice el proceso de implementación”, explican fuentes de la AFIP.

Todos los comprobantes emitidos por AFIP incluirán QR automáticamente. Los datos codificados ya están disponibles en el micrositio “Factura Electrónica”. ear el código QR con la cámara de un Smartphone o tablet: el QR almacena información sobre la fecha de emisión, CUIT del emisor, punto de venta, número de comprobante, importe total, moneda de facturación y cotización, tipo y número de documento receptor y datos personales sobre el emisor.
QUIÉNES DEBERÁN INCLUIR EL QR DE MANERA OBLIGATORIA
La biblioteca general de la AFIP enumeró en qué casos adjuntar el código QR es obligatorio:

“Para responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que hayan efectuado operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el impuesto durante el año calendario 2020 por un importe total neto de impuestos y tasas:

Superior a PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000): desde el 1 de marzo de 2021.

Superior a PESOS DOS MILLONES ($2.000.000) e inferior o igual a PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000): desde el 1 de abril de 2021.

Superior a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) e inferior o igual a PESOS DOS MILLONES ($2.000.000): desde el 1 de mayo de 2021.

Para el resto de los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, sujetos exentos ante dicho gravamen y pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (Monotributo): a partir del 1 junio de 2021″.

Fuente: cronista.com

Pide suspender hasta el 31 de diciembre el cronograma de rebajas para empresas de la reforma fiscal de 2017.

El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para mantener por este año la alícuota del Impuesto a las Ganancias de las sociedades en el 30% y postergar así hasta 2022 el cronograma de reducción al 25% previsto en la Reforma Fiscal de 2017. La reducción estuvo suspendida durante todo el año pasado y en los papeles, desde el 1 de enero recuperó vigencia.

La iniciativa firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya se encuentra en la Cámara de Diputados para iniciar su trámite. Su aprobación no tiene urgencia, porque en el caso de las empresas que iniciaron su ejercicio desde el primer día hábil de este año, recién pagan el saldo anual en junio de 2022. No obstante, se pretende dar una señal de compromiso con las cuentas fiscales en momentos en que se negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con la reforma de 2017, desde 2020 las empresas iban a poder beneficiarse de una alícuota del 25% del Impuesto a las Ganancias en la medida en que no distribuyeran utilidades entre sus socios. Este gravamen se completaba con un tributo cedular a los dividendos del 13% en cabeza de los dueños de la firma. De esa manera se procuraba alentar la reinversión.

Pero con la crisis económica mediante y la pandemia de coronavirus posterior, el Gobierno asumido en diciembre de 2019 tuvo que salir a tomar medidas de emergencia para asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado. Es por eso que cuando se sancionó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva se introdujo un artículo, el 48, que dispone la suspensión del cronograma por un año.

Lo más destacado de la presentación a la Cámara de Diputados es que en ella el Gobierno afirma que en la Argentina rebajar impuestos para alentar a las empresas a invertir no tiene eficacia, y es más, asegura que es perjudicial para el equilibrio macroeconómico, en lo que es una mirada tal vez atribuible al ministro de Economía. El proyecto menciona que diversos estudios han demostrado que “la inversión en la República Argentina no es particularmente sensible a esta variable y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico”. Asegura que la rebaja ya practicada por el anterior gobierno en 2018 y 2019 “provocó pérdida de recursos tributarios generando en perspectiva un sendero de no sustentabilidad fiscal, con nulos efectos sobre la inversión”. “En la propuesta que se efectúa en este caso, se suspenden las bajas allí establecidas y se mantienen las mismas alícuotas que estuvieron vigentes durante los períodos fiscales 2018, 2019 y 2020”, justifica el Gobierno. La iniciativa del Poder Ejecutivo afirma que “un problema constante del país ha sido la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que inevitablemente ha desembocado en aumentos de la deuda pública y en crisis recurrentes”.

Para el tributarista Mario Volman “es un hecho que la reforma se va a aprobar, la mayor o menor rapidez no hace a la cosa”.

Los profesionales consultados sostienen que la suspensión de la rebaja al 25% incluye a los ejercicios que se inician el 1 de enero de 2021 y por lo tanto el ejercicio que cierra el 31 de diciembre próximo estará alcanzado por la alícuota del 30%. En rigor, plantearon que la iniciativa es un cambio de proyecciones a mediano plazo que pudo haber tenido un inversor en la Argentina.

La lectura que se utiliza es que un cambio en la legislación actúa como una llamada de atención respecto de la credibilidad de la legislación.

En esta línea también advierten que cuando una empresa decide invertir en un país mira tanto la alícuota del Impuesto a las Ganancias como la seguridad jurídica.

Esto es así porque cuando se sancionó la reforma del 2017 se pensaba en igualar la competitividad con países de la región (en Uruguay y Chile las alícuotas son del 25%).

Fuente: ambito.com

La decisión impediría también el retiro de cash en locales de Rapipago, Pago Fácil y otras empresas similares. Un cambio normativo del BCRA les fija comisiones que, según argumentan, les reduce el negocio

Compartir en FacebookCompartir en TwitterUna norma del Banco Central provocará un retroceso en la profundidad del sistema bancario si no se modifica a tiempo
Tras haber incorporado la tarjeta de débito a sus medios de pago en los últimos años, las empresas de cobranza de servicios advierten que un cambio normativo las podría hacer retroceder a las épocas del “solo efectivo”. Desde las dos compañías líderes del sector, Pago Fácil y Rapipago, comentaron a Infobae que el plan Transferencias 3.0 del Banco Central implica una modificación de las comisiones que deben pagar a las empresas procesadoras de esas transacciones, Link y Prisma, que pasarían del 0,1% al 0,8 por ciento.

Si el plan se implementa según lo previsto, las empresas de cobranza dejarán de cobrar con tarjeta de débito, un medio de pago que hoy representa el 25% de su recaudación y que, tras el auge de pagos digitales que trajo la pandemia, podría crecer mucho más. También dejarían de entregar efectivo, lo que recargaría la red de cajeros automáticos bancarios.

“Si nosotros le cobramos el 1% a una empresa de servicios públicos para cobrar su factura, no podemos pagarle el 0,8% a la procesadora del pago. La ecuación no cierra. Si esto no se modifica, no nos va a quedar otra opción que dejar de cobrar con tarjeta de débito. Sería un retroceso volver a un modelo anterior que nunca funcionó”, explicó a Infobae Maximiliano Babino, presidente de Pago Fácil.

En Pago Fácil estiman que entregan efectivo por $10.000 millones a través de 5.000 locales de todo el país, lo que refuerza la capilaridad de la red de cajeros bancarios

En su principal competidora, plantearon un escenario similar. “Hoy tenemos un arancel especial. Un 0,8% sería impagable. Estamos en diálogo con el Banco Central y con las operadoras para generar una solución en lo comercial. Cobrar solo en efectivo sería ir hacia atrás”, dijo Gustavo Gómez, gerente general de Rapipago y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (Caeceis).

En diciembre, el BCRA lanzó el plan Transferencias 3.0, que expandirá los pagos por código QR y las transferencias con beneficios y comisiones bajas para los comercios. El problema es que las recaudadoras están en una situación diferente. Explican que históricamente no aceptaron tarjetas de débito porque las tarjetas querían cobrarle la misma comisión que a cualquier comercio. “No somos un supermercado, que cobra por la mercadería que vende. Nosotros cobramos a nombre de otro”, argumentan. Desde 2017, el BCRA creó un sistema denominado PEI (Pago Electrónico Inmediato) que les permitió cobrar pagándole a Link y Prisma un monto fijo por operación, que ronda los 3 pesos. De ahí que el costo de procesamiento no excedía el 0,1%.

El nuevo plan reemplazó al sistema PEI y fijó comisiones del 0,8%. Todavía no están plenamente en vigencia, ya que la normativa del Central fijó un año de plazo para su implementación, que finalizará en noviembre.

¿Cómo se reparte el dinero cada vez que un usuario paga con tarjeta de débito una factura de un servicio público en Pago Fácil o Rapipago u otra empresa de cobranza? El usuario paga solamente lo que dice la factura, sin recargo alguno. La empresa de servicios (desde distribuidoras de luz o gas hasta colegios privados) le paga a recaudadora una comisión que va del 0,5% al 1% del monto cobrado. De ese monto, Pago Fácil y Rapipago deben pagar aproximadamente $3 por transacción a Link o Prisma, además de otros gastos, como el alquiler de las terminales POS. Si ese costo sube al 0,8%, se lleva toda su ganancia.

El uso de tarjeta de débito en las empresas de cobranza se expandió en la pandemia, tanto para pagar facturas como para retirar efectivo

Si bien en el mercado de medios de pago hay coincidencias de que el plan Transferencias 3.0 ayudará a desarrollar el negocio para reducir el uso del efectivo, su implementación no va a estar exenta de dificultades. Una de ellas es la objeción de Visa, que rechaza que los pagos vía transferencia (como los que reciben las empresas de cobranza) se hagan usando sus tarjetas de débito pero no a través de sus sistemas.

Por tal motivo, Visa y los bancos que emiten sus tarjetas establecieron topes que impactaron en Rapipago y Pago Fácil. Desde diciembre, el límite para pagar facturas con tarjeta de débito es de $8.000 y para extraer efectivo es de $15.000. Ese primer escollo ya tuvo una primera corrección. Según contó Gómez, en los últimos días gran parte de los bancos decidió aumentar ambos topes a $20.000, lo que significó un alivio para las recaudadoras, aunque no una solución definitiva. Hasta diciembre, el tope para pagar una factura era de $80.000 y para retirar efectivo de 50.000 pesos.

En Pago Fácil estiman que entregan efectivo por $10.000 millones a través de 5.000 locales de todo el país, lo que refuerza la capilaridad de la red de cajeros bancarios. Por este servicio, las recaudadoras no cobran nada, pero no lo hacen gratis. Entregar el cash a los usuarios les reduce una enorme cantidad de costos operativos que implicaría llevar esos billetes a un banco.

Entregar el cash a los usuarios les reduce una enorme cantidad de costos operativos

Desde Caeceis, que además de Rapipago y Pago Fácil integran otras empresas como Cobro Express, Bica Agil, Multipago, Plus Pagos, Pronto Pago, Ripsa y Provincia Net, admiten que hay “mesas de trabajo” con el BCRA y los bancos para llegar a una solución por la vía comercial, fijando una comisión similar a la que hoy se paga, o bien por la vía regulatoria. Cobrarle un recargo al usuario, no es una opción. “La renovación tecnológica es una forma de camuflar el regreso del modelo anterior al PEI. El modelo actual, en cambio, hizo que se masificara el uso de la tarjeta de débito y que se reduzca el uso del efectivo”, apuntó Maximiliano Babino.

Fuente: infobae.com

La AFIP extiende el plazo previsto para la recategorización en el monotributo. Cuáles son los motivos y los detalles de la medida

La AFIP extiende el plazo previsto para la recategorización en el Monotributo hasta el 31 de enero.

A través de una Resolución General que será dictada en el transcurso de los próximos días el organismo establecerá un plazo de gracia adicional para la recategorización en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Desde la AFIP indicaron que la medida “se propone ofrecer alivio ante la situación de incertidumbre y zozobra observada entre algunos monotributistas frente a la recategorización con las tablas vigentes”.

La normativa no afectará la obligatoriedad de la recategorización. Los contribuyentes deberán registrarse en la categoría que se adecúe a sus parámetros.

A lo largo de las últimas semanas surgieron dudas entre los contribuyentes y sus asesores sobre la recategorización puesto que las escalas y alícuotas no fueron actualizadas.

Monotributo: la AFIP prorroga la recategorización al 31 de enero

Esta situación obedeció a la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria durante 2020 ya que ésta es utilizada para adecuar una vez al año los parámetros del monotributo. De esta manera, el único mecanismo disponible para modificar las escalas es una norma con rango de ley, situación prevista en un proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

Fuentes del organismo remarcaron que “todos los potenciales perjuicios de los que se hicieron eco distintos actores serán subsanados en el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso”.

Monotributo: la AFIP prorroga la recategorización al 31 de enero

Para eso, explicaron que “durante el debate parlamentario se incorporarán las modificaciones que resuelven tales cuestiones con el fin de garantizar que ningún monotributista se vea impedido de acceder a los beneficios y previsiones del proyecto”.

El proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación aborda distintas problemáticas estructurales y coyunturales experimentadas por los monotributistas. Las modificaciones propuestas apuntan a armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar quienes cambian de régimen.

La iniciativa se suma al conjunto de medidas implementadas por el Gobierno durante 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia sobre los monotributistas. A lo largo del año pasado se otorgaron cerca de 600 mil Créditos a Tasa Cero a monotributistas, se evitaron las bajas por falta de pago y se ofrecieron distintos planes de facilidades para regularizar deudas.

Monotributo: el proyecto oficial

Según el proyecto para el nuevo Monotributo, los contribuyentes que en los últimos 15 meses se hayan excedido hasta un 25% del límite máximo de facturación y voluntariamente se hayan ido al régimen general, podrán volver al Monotributo sin tener que esperar tres años.

A su vez, quienes no puedan volver tendrán un recorte del IVA futuro durante tres años, de 50%, 30% y 10% respectivamente, así como un crédito fiscal por el IVA de las compras hechas mientras fueron monotributistas.

Esas dos medidas continuarán funcionando como “puente” para los monotributistas que en adelante excedan las categorías del régimen y pasen al régimen general sin que tenga que advertírselos la AFIP.

El proyecto de Nuevo Monotributo prevé actualización de escalas

Si se recibe antes una intimación de la AFIP, no se podrán computar los descuentos del IVA durante el período de tres años, aunque sí gozarán del crédito fiscal.

Actualización de las escalas

Ese proyecto de nuevo Monotributo, que crea el puente para el pase al régimen general de IVA y Ganancias, será tratado por el Congreso en sesiones extraordinarias en los próximos días.

La iniciativa incluye la actualización para las tablas y los montos a pagar del Monotributo para enero de 2021, los que entrarán en vigor cuando se publique la ley.

En números, en la categoría H, la más alta para servicios, la facturación anual pasará en 2021 de $1.739.493,79 a $2.353.535,10. Y para la categoría K, la más elevada para venta de cosas muebles, la facturación pasará de $2.609.240,69 a $ 3.530.302,65.

Pero no estará en vigor dentro de 8 días hábiles que faltan para la recategorización, motivo por el cual los contadores exigen la postergación de este trámite.

Monotributo: expertos detallan los puntos centrales del proyecto

El proyecto de ley con cambios en el régimen del Monotributo que el Gobierno nacional envió al Congreso plantea un esquema de actualización de los topes de las categorías, contempla el reingreso anticipado al Monotributo de los contribuyentes que pasaron al régimen general.

La iniciativa también busca crear un puente entre el régimen de Monotributo y el de trabajadores autónomos, para que el salto entre un esquema y otro no sea tan abrupto.

El proyecto, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue enviado formalmente el 30 de diciembre al Congreso y recién este martes se concretó su ingreso por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados.

En el Gobierno proyectan que la iniciativa comience a ser debatida en las próximas semanas, en el marco del período extraordinario de sesiones, dado que la recategorización al monotributo, de acuerdo al actual sistema, debe implementarse antes del 20 de enero.

En los fundamentos, el proyecto propone “establecer distintos mecanismos para morigerar el impacto negativo” que tuvo la cuarentena en los monotributistas, de manera de beneficiar “a una significativa cantidad de pequeños y pequeñas contribuyentes que, de acuerdo con los parámetros vigentes, quedarían excluidos y excluidas con efecto retroactivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en una situación extraordinaria”.

Además contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020.

“La actualización, de acuerdo a los lineamientos que plantea el proyecto es de 35,3%”, indicó el tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.

César Litvin, CEO del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados

Litvin dijo que era necesario definir el porcentaje debido a que quedó sin efecto el que se utilizaba hasta en momento, que era el índice de movilidad jubilatoria.

“Cuando se creó el Monotributo el tope de facturación era aproximadamente de 100.000 dólares, si tomamos al dólar oficial estaríamos en cerca de 9 millones de pesos lo que debería ser el tope de facturación y estamos en venta de bienes 3.5 millones o sea que está atrasado respecto del dólar”, explicó Litvin.

También el texto elaborado por la AFIP busca aliviar la situación de quienes facturaron por encima del límite y que por ello deberían pasar al régimen general.

Respecto de este punto el especialista advirtió que “los excedidos son los que superaron el tope” y aclaró que se dividen en dos tipos: el que superó el límite y el que se quedó -o se fue voluntariamente- como responsable inscripto.

Para el primer caso “en la medida en que sus ingresos no superen el 25% del tope a ese momento puede quedarse en el régimen. El que se cambió voluntariamente y está en la misma relación de facturación puede regresar” como monotributista.

Litvin ejemplificó con datos por qué le conviene regresar a los que están en esta situación: “un monotributista de servicios en el tope de facturación va a pagar en el año 153.000 pesos y si pasa a ser responsable inscripto el monto es de 789.000 pesos por año. Eso explica que la gente se ‘acurruca’ en el monotributo y va enanizando sus ingresos”, dijo.

El otro punto que plantea el proyecto es el puente entre un régimen y otro para que la diferencia no sea tan significativa. Para ello admite beneficios a través del IVA y de Ganancias.

A través del IVA “se le permite un crédito fiscal presunto equivalente a un 17,5% del monto que le fue facturado por los proveedores y también permite un monto equivalente a una doceava parte del 50% de la alícuota en concepto de crédito fiscal pero que no puede exceder el 75% del débito fiscal”, explicó Litvin quien consideró la fórmula muy compleja y que nuevamente los monotributistas necesitarán de la asistencia de un profesional.

De acuerdo al texto enviado al Congreso, para los casos antes mencionados, la alícuota del IVA va a bajar 50% en el primer año, 30% en el segundo y 10% en el tercero.

“También hay beneficios en Ganancias donde toma un gasto deducible equivalente al 82,65% de las compras y una deducción especial equivalente al 50% de un límite”, agregó Litvin.

Este puente reduce el monto a pagar por IVA y deducciones especiales en Ganancias y dura tres años.

A modo de cierre, Litvin recordó que cuando fue creado en el año 1998 se pensaba que el régimen de monotributo iba a alcanzar 500.000 personas, una cantidad superada con holgura en la actualidad debido a que ya suman más de 3,5 millones de contribuyentes inscriptos bajo esta modalidad.

“Esto se explica porque es un régimen que además de ser simplificado establece un muy bajo aporte de dinero que suple el pago de ganancias, IVA y seguridad social a cualquier otro contribuyente que está en el régimen general”, concluyó el especialista.

Fuente: iprofesional.com

Nota presentada por FACPCE ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont, en relación a solicitud de audiencia.

Ver nota

El día lunes 11 de enero nuestro Consejo Profesional ha solicitado la habilitación de la feria judicial a los fines de que se continue con el trámite de la cautelar planteada, en pos que se suspenda la aplicación de la Resolución General (AFIP) Nro 4838 mediante la cual el organismo dispuso la implementación de un “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales”.