Empresas, contribuyentes individuales, monotributistas y empleados en relación de dependencia deben afrontar pagos de impuestos a lo largo de todo el año. Por eso, es importante tener a mano el detalle de los vencimientos que se presentarán durante 2020.

Hay que tener en cuenta que los primeros días de vencimiento comenzarán a partir de los números más bajos de las terminaciones de CUIT/CUIL, empezando con el cero, indica Clarín.

A continuación, las fechas clave a considerar:

– Impuesto al Valor Agregado
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 22 de cada mes. Estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o inhábiles. Por ejemplo, los vencimientos de febrero irán desde el 18 al 26 de ese mes, dependiendo de la finalización del número de CUIT y comenzando con las terminaciones 0 y 1. En este punto sigue vigente el pago diferido a 90 días habilitado para las empresas que califican como Micro y Pequeñas (ley 27.264), siempre que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años, y en la medida que mantengan el certificado Pyme vigente.

Para los empleados en relación de dependencia y los jubilados, el vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas informativas será el 30 de junio. En este último caso, corresponderá la presentación cuando los ingresos brutos correspondientes al 2019 igualen o superen $1,5 millones, independientemente de que hayan sufrido retención durante el año fiscal. Por el 2019 habrá que pagar por el importe excedente del mínimo de $2 millones y por las nuevas tasas progresivas que serán mayores para los activos del exterior, señala Clarín.- Bienes Personales
La presentación de la declaración jurada para los inscriptos y los que deban pagar el impuesto va del 11 al 16 de junio de 2020. El pago se podrá efectuar hasta el día hábil siguiente. En las mismas fechas vencerá la presentación y el pago correspondiente a Bienes Personales de las participaciones societarias, que pagan las sociedades representando a sus integrantes. Los que se registraron oportunamente como contribuyentes cumplidores ya no tendrán el beneficio de estar eximidos del impuesto.

Para el beneficio de reducción de alícuotas de todos los bienes, que se obtiene por repatriar por lo menos un 5% del valor de los del exterior, hay tiempo de hacerlo hasta el 31 de marzo de 2020, y deberán estar en la foto del 31 de diciembre. Seguramente, la AFIP deberá emitir una resolución para adecuar el cálculo de los dos anticipos, que vencen en febrero y abril, al nuevo texto legal. Los nuevos adelantos comienzan en agosto y siguen en octubre y diciembre 2020. Los vencimientos en esos meses están agrupados del 13 al 15 de cada mes.

– Impuesto a las Ganancias
Las declaraciones juradas anuales de Ganancias de los contribuyentes autónomos vencerán del 11 al 16 de junio y el pago se podrá realizar el primer día hábil siguiente. Los dos anticipos que restan vencen en febrero y abril. Los nuevos cinco anticipos para el próximo año irán del 13 al 15 en los meses de agosto, octubre, diciembre de 2020 y febrero y abril de 2021. Los anticipos de las sociedades vencerán del 13 al 15, a partir del sexto mes posterior al mes de cierre del ejercicio, siempre considerando los días que son hábiles; de no ser así, se corren.

– Renta financieraEl primer anticipo de las sociedades sigue calculándose exageradamente con el 25% sobre el impuesto determinado el año anterior. Luego, le siguen nueve adelantos más del 8,33%, cada uno, sobre la misma base imponible. Los anticipos de las personas se calculan con la tasa del 20% sobre el impuesto determinado el año anterior, siendo cinco en total. El anticipo mínimo para sociedades es de $500 y para las personas, de $1.000. Para los empleados que deban presentar la declaración informativa simplificada de Ganancias (sin pago), por haber igualado o superado los ingresos brutos anuales de un millón y medio de pesos, el vencimiento será el 30 de junio de 2020.

Este impuesto se derogó a partir del 2020, por la última ley de Emergencia. Pero, por los rendimientos en plazos fijos, fondos de inversión y títulos públicos obtenidos durante el año pasado habrá que pagar la tasa del 5% ó del 15%, dependiendo de si la inversión fue en pesos, en otra moneda, o con cláusula de ajuste, respectivamente. Se paga por lo que exceda del mínimo de $103.018,79. Seguramente este impuesto vencerá en las mismas fechas en que vence el Impuesto a las Ganancias.

– Ganancia Mínima Presunta
Este gravamen quedó derogado para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019. Las empresas que calificaron como pymes ya no debían pagarlo desde el 2017. Los cierres de ejercicio residuales que quedan, correspondientes a empresas grandes y que van de agosto a noviembre del año pasado, tendrán que presentar las últimas declaraciones juradas en los días que van del 13 al 15 de los meses de enero a abril de 2020.

– Cargas sociales
Los vencimientos de las cargas sociales de empleadores irán del 9 al 11 de cada mes posterior al que correspondan los sueldos. Los aportes para el personal doméstico vencerán todos los días 10, mientras que las cuotas de autónomos irán del 5 al 7 de cada mes vencido. Siempre considerando que sean días hábiles; si no, los días se corren en bloque.

– Retenciones y percepciones- Participaciones societarias y autoridades
El régimen de información anual que deben presentar todas las sociedades vence del 28 al 30 de julio, agrupados en 3 fechas cada 4 números y dependiendo de la terminación del CUIT.

El pago a cuenta por la primera quincena de cada mes vence del día 20 al 26 para febrero y luego arrancará a partir del día 21, siempre agrupadas de a tres números finales de CUIT. En cuanto a las declaraciones juradas mensuales, vencerán del 9 al 11 de cada mes, o días hábiles siguientes.

– Monotributo
En el regimen simplificado el pago de la mensualidad vence el 20 de cada mes o el primer día hábil siguiente. Las dos recategorizaciones deberán hacerse durante enero y julio de 2020, para eso habrá que utilizar las nuevas tablas de categorías publicadas por la AFIP. Sólo tendrán que realizar el trámite aquellos pequeños contribuyentes que tuvieron modificaciones en los parámetros de facturación, de alquileres a pagar y de consumos de energía. Luego de la recategorización, las nuevas cuotas deberán abonarse a partir de los meses de febrero y agosto, respectivamente. Los que no tuvieron cambios en el encuadre no tienen que hacer el trámite, pero tendrán que pagar la nueva cuota que por el ajuste anual aumentó su valor.

– Impuestos internos
Las declaraciones juradas mensuales, excepto cigarrillos, vencerán del 18 al 20 de cada mes, considerando los días hábiles y agrupados por tres números finales de CUIT, indica Clarín.

– Convenio multilateral
El vencimiento de las declaraciones juradas mensuales irá del 15 al 18 de cada mes, en días hábiles y agrupados por los dos números finales de inscripción. La declaración anual (CM05) vence el 15 de mayo para todos los números de CUIT.

Fuente: iprofesional.com

Las empresas que cerraron su balance contable en diciembre pasado y las que lo hagan a lo largo de este año, van tener que aplicar el ajuste por inflación al cumplirse las condiciones que fija la ley del Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con la ley 27.468, desde aquel entonces comenzó el segundo período a partir del cual puede realizarse un ajuste si la inflación anual supera el 30%, y este miercoles se conoció el dato oficial del INDEC que en 2019 fue de 53,8 por ciento.

Hasta noviembre el valor que debía superarse era del 55%, pero a partir del 2021 será del 15%.

Este ajuste perjudicará a las compañías que tengan deudas y podría desalentar a la demanda de créditos, mientras que beneficiará a las que tengan un patrimonio neto integrado con mayor cantidad activos.

El mecanismo funciona del siguiente modo: si una empresa toma por ejemplo un préstamo a 5 años, el valor de ese pasivo se va licuando con la inflación. Por lo tanto obtiene una ganancia. En cambio, si una empresa tiene créditos comerciales a cobrar, es un activo que pierde valor y por lo tanto genera un quebranto.

“Se estipula que va a repercutir en todos los cierres. Se deberá analizar la composición del patrimonio de las empresas para saber si el efecto va a ser a favor o en contra. A las que se encuentren más endeudadas, el ajuste las puede hacer pagar más impuesto y las que tengan acumulación de activos superiores a los pasivos pagarán menos”, señaló a Ambito. El especialista Ivan Sasovsky señaló que “el ajuste se dispara para todos los ejercicios y ninguna previsión establece lo contrario”.

Vicente Lourenzo, asesor tributario especializado en pymes, consideró que más allá de que una empresa con alto endeudamiento resultará perjudicada “la realidad es que las pymes pagaron tasas de interés confiscatorias”.

El tributarista sostuvo por otro lado que “una pyme típica es aquella que lo poco que vendió esta pendiente de cobro, y entonces en ese caso sí hay un perjuicio enorme si no se hace el ajuste por inflación, porque es un activo que pierde valor”.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en tanto, estableció que tanto sea un resultado a favor o en contra de la empresa, los efectos del ajuste se deberán tomar a lo largo de seis ejercicios fiscales.

Al respecto, Ezequiel Passarelli, socio de SCI Group. afirmó que “si bien con estos parámetros seguramente el ajuste por inflación se vuelva obligatorio para todas las empresas y tan solo se podrá aplicar una sexta parte a este año”. “Los otros cinco sextos se aplicarán a los futuros años pero, para colmo, sin ajustarse por inflación. De esta forma, tendremos empresas ganadoras y otras tantas perdedoras”.

Del mismo modo, Sebastián Dominguez explicó que hay que tomar en cuenta en detalle la composición del patrimonio neto de las empresas. Si la empresa tiene un alto nivel de pasivos el ajuste le genera perjuicio”.

Dominguez coincidió con Passarelli en advertir que el posible perjuicio o beneficio que puede tener una empresa se debe distribuir a lo largo de los siguientes cinco años, pero sin que estos a su vez se puedan actualizar por inflación.

El consultor Alberto Mastandrea, socio de la consultora BDO especializado en impuestos, apuntó un ejemplo que clarifica la situación: “Si una empresa tiene una ganancia histórica de $ 1 millón y el ajuste por inflación arroja una pérdida de $1.200.000, la conclusión es que perdió $ 200.000. “En un país normal, no se tributaría sobre la pérdida. Pero acá se toma ese millón de ganancia nominal, se le resta un sexto del ajuste ($ 200.000) y se paga sobre $ 800.000”.

Entonces, las empresas que tengan una pérdida histórica, si el ajuste arroja ganancia resultarán ganadores. En este sector están contempladas aquellas compañías que tengan deuda a partir de créditos tomados con su casa matriz.

En ese caso, si la empresa tiene una pérdida nominal de $ 800.000 y el ajuste arroja una ganancia de $1.200.000, en vez de declarar una base imponible para Ganancias de $ 400.000 y pagar sobre ese monto, declara un quebranto de 600.000, los $ 800.000 de pérdida menos $ 200.000; un sexto de la ganancia de 1.200.000 de pesos.

“Pero como los préstamos se cayeron, en las firmas medianas que no están tan endeudadas el ajuste genera una mayor pérdida fiscal, porque las ganancias que da el ajuste no se pueden aplicar en un solo año, sino que hay que dividirlas en seis”, explicó Mastandrea, en diálogo con Clarín, dejando en claro que serán las que pierdan.

El ajuste por inflación, aunque está contemplado en la normativa, casi no se ha podido aplicar desde que entró en vigencia con la reforma fiscal de diciembre de 2017.

El exministro de Hacienda Nicolás Dujovne estableció por decreto que los umbrales para aplicar eran el 55% de inflación para el primer año contado desde diciembre de 2018, 30% para el segundo y 15% para el tercero.

El año pasado lo tuvieron que practicar empresas que cerraron balance en abril (IPC 55,1%), mayo (IPC 56,8%) y diciembre (53,8%), cuando regía 30%.

Varias empresas que proyectan que no podrán hacer frente al impuesto planean iniciar juicios contra el Estado, ya que consideran que el tributo en cuestión resulta confiscatorio.

Fuente: iprofesional.com

El aumento de las jubilaciones y pensiones a partir de marzo será, en promedio, del 11,56%, tal como surge de la suspendida fórmula de movilidad.

Pero ese porcentaje no se aplicará en forma similar a todos los beneficiarios sino en forma diferenciada, a través de una suma fija y/o porcentaje diferenciado, de lo que resultará un mayor valor para los que cobran haberes más bajos y una proporción menor para los que ganan más.

Por los altos porcentajes de inflación, desde el Gobierno admitieron que no hay margen político para achicar el gasto total en jubilaciones y pensiones respecto de la suspendida fórmula de movilidad que, punta a punta, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, llevó a una pérdida del 19,5% a todos los jubilados y pensionados con relación a la inflación, según Clarín.

Para el diseño del incremento, la decisión es que no habrá exclusiones porque todos los jubilados y pensionados recibirán algún aumento, pero, acortando la distancia entre los haberes más bajos y los más altos (achatamiento de la pirámide previsional), con mejoras al sector de ingresos bajos en detrimento del resto.

El aumento en jubilaciones y pensiones del régimen general (no incluye a los regímenes especiales, como docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos, servicio exterior, jueces y magistrados y Luz y Fuerza), pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal al adulto mayor) abarca a 7.300.000 personas.

Mientras hasta diciembre pasado el aumento se aplicaba en forma porcentual sobre los haberes en curso, ahora ese volumen se distribuirá en forma diferenciada por rango de haberes.

La distribución podrá ser una suma fija o un porcentaje diferenciado o una combinación de ambos. Los funcionarios están haciendo simulaciones con distintas alternativas para la toma de decisión del Presidente.

De acuerdo a los rangos de haberes se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% o más, recortando la pérdida sufrida en estos 4 años en sus jubilaciones, y los restantes 2.800.000 profundizarían el retroceso de sus ingresos.

Por ejemplo, si los 18.000 millones de pesos se distribuyeran como una suma fija entre los 7,3 millones de beneficiarios, resultaría un incremento de $ 2.465 por persona. En este caso, para los que ganan el haber mínimo, de $ 14.068 representaría un incremento del 17,5%. Para los que perciben $ 20.000, un 12,3%.

La línea de corte del 11,56% serían los $ 21.323. Por encima de ese valor el aumento sería inferior al promedio. Así, con $ 25.000, la suba sería del 9,9%; con $ 40.000, del 6,2% y seguiría descendiendo hasta representar apenas el 2,4% para los que cobran el haber máximo de 103.064 pesos.

Los funcionarios explicaron que el aumento tiene que estar definido antes del 10 de febrero para que la ANSeS pueda realizar los ajustes internos y el envío de los fondos a los bancos pagadores.

A pesar de que la pérdida real de las prestaciones abarcó a todos los jubilados y pensionados, los funcionarios defendieron el achatamiento de la pirámide de haberes y se mostraron confiados en sortear la eventual litigiosidad por parte de quienes cobren menos del 11,56%.

Vale recordar que en el fallo Badaro, la Corte Suprema cuestionó el achatamiento de la pirámide previsional que se produjo entre enero de 2002 y diciembre de 2006 con el fundamento de que pone “en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes, quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”.

No obstante, los funcionarios sostienen que cuentan con el “paraguas” de la “emergencia previsional” y que los aumentos diferenciados por decreto solo se aplicarán en dos oportunidades a diferencia del caso Badaro que abarcó un período de 5 años, porque ya para el segundo semestre está previsto que rija una nueva fórmula de movilidad.

Una vez definido el aumento diferenciado para las jubilaciones y pensiones, se avanzará en el diseño del incremento de las asignaciones familiares que comprende a 5 millones de hijos y de la AUH que engloba a 4 millones de chicos, que también se rige por la fórmula de movilidad.

Fuente: iprofesional.com

Los receptores de facturas de crédito electrónicas (FCE) tienen la posibilidad de informar la cancelación o aceptación expresa del comprobante dentro de los 30 días corridos desde su recepción. Pasado ese tiempo, la FCE se considerará aceptada tácitamente.

Lo mismo sucede con las notas de débito y de crédito electrónicas MiPyme que se encuentren asociadas a la FCE: serán aceptadas en forma tácita pasado ese lapso y ajustarán, de corresponder, el importe total a negociar.

Estas podrán ser rechazadas de manera independiente de la factura, si es que esta última fue aceptada. Esto significa que los 1500 grandes contribuyentes nominados por la AFIP para recibir estos documentos, tendrán que tener un control pormenorizado de las facturas, evitando de esta manera, superar los plazos establecidos por la AFIP.

¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede rechazar una factura de crédito electrónica?:

* Daño en las mercaderías, cuando no estuviesen expedidas o entregadas por su cuenta y riesgo.

* Vicios, defectos y diferencias en la calidad o en la cantidad, debidamente comprobados.

* Divergencias en los plazos o en los precios estipulados.

* Existencia de vicios formales que causen su inhabilidad, lo que generará la inhabilidad de la factura de crédito electrónica MiPyMEs tanto como título ejecutivo y valor no caratular, así como documento comercial.* No correspondencia con los servicios o la obra efectivamente contratados.

* Falta de entrega de la mercadería o prestación del servicio.

* Cancelación total de la factura de crédito electrónica MiPyMEs.

Aquellas empresas que reciban grandes volúmenes de facturas, difícilmente puedan continuar con una gestión manual de ellas. En este sentido, contar con una solución que permita realizar una gestión optimizada e integral de los documentos será clave.

Es fundamental tener un control centralizado de las facturas recibidas, en proceso de pago, pagadas e incluso las no recibidas (pero que ya están registradas en AFIP). Así como también informar las facturas ya canceladas o rechazadas.

Fuente: iprofesional.com