También se destaca la enorme delegación de facultades al Poder Ejecutivo, situación que podría dar lugar a planteos de inconstitucionalidad. Así, en Bienes Personales se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de duplicar la alícuota para bienes del exterior (hasta el 2,5%), definir qué se entiende por “bienes del exterior”, nombrar responsables sustitutos, etc. En definitiva, el Poder Ejecutivo puede moldear el hecho imponible.

Dividiremos los cambios entre personas humanas y sociedades / otros entes, más allá del impacto común de ciertas medidas.

Lógicamente, sobre ciertos temas existen diversas interpretaciones, que serán aclaradas con el correr de los días y la publicación de la reglamentación.

1. SOCIEDADES

1.1. GANANCIAS

1.1.1. Se mantiene el ajuste por inflación impositivo, pero sus efectos prácticos quedan licuados, ya que el monto de ganancia / pérdida impositiva que arroje el cálculo solo podrá ser tomada de a sextos en cada ejercicio. No se prevé que los sextos a computar en años siguientes se actualicen por inflación.

Respecto a los tercios a computar para ejercicios cerrados que aplicar el ajuste por inflación impositivo (ejemplo cierres junio 2019), se respeta su cómputo.

1.1.2. No hay novedades respecto al ajuste por inflación en activos que generan ganancias de fuente extranjera.

1.1.3. No hay novedades respecto a la exención (o gravabilidad) de las diferencias de cambio que genera la venta de activos en el exterior (ej. treasuries). Recordamos que existen opiniones doctrinarias contrapuestas, con una mayoría sosteniendo la no gravabilidad.

1.1.4. Se suspende hasta los ejercicios fiscales que comiencen el 01/01/2021, inclusive, la baja al 25% del impuesto sobre la renta de sociedades y la suba de la retención sobre dividendos al 13%. Se mantendrá el esquema 30% – 7 por ciento.

1.1.5. No hay modificaciones respecto al tax credit del impuesto al cheque, algo que se venía analizando.

1.2. CARGAS SOCIALES

Se desarma el esquema de unificación progresiva de tratamientos a todos los empleadores. En concreto quedan establecidas las siguientes pautas:

1.2.1. Habrá dos alícuotas de contribuciones de seguridad social: para empresas de servicios y comercio cuando se supere la categoría de PYME Mediana Tramo 2 comercio. Será del 20,4 por ciento.

Al recoger el criterio de categorización según el encuadramiento de la empresa como PYME, se deja atrás el criterio de $48.000.000 fijo, que generó tantos litigios y generó jurisprudencia mayoritaria a favor de los contribuyentes. Esta es una modificación introducida al proyecto original.

Para el resto, 18 por ciento.

Son las alícuotas que se venían aplicando durante 2019.

1.2.2. Se fijan los porcentajes de crédito fiscal en el IVA sobre las cargas sociales que se podrá computar por zona geográfica donde trabaje el empleado.

1.2.3. Se congela en $7.003 el mínimo no imponible previsional, que no aumentará en 2020. Se aplica para trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados del sector agrario y la construcción.

Se faculta al Poder Ejecutivo para elevar este monto en las actividades que se considere necesario.

Se suma una detracción para empleadores que tengan hasta 25 empleados de $10.000, que no queda claro si es global o por empleado (“Adicionalmente a la detracción indicada en el artículo anterior, los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados, gozarán de una detracción de $10.000 mensual, aplicable sobre la totalidad de la base imponible precedentemente indicada”). Entendemos que es por empleado.

1.2.4. Se mantiene el mínimo previsional especial a determinados sectores, como textiles y economías regionales, donde la detracción será de $17.509, sin actualización en 2020. Se agrega como sector beneficiario a los concesionarios de servicios públicos en la medida que el 80% del capital pertenezca al Estado Nacional.

1.3. BIENES PERSONALES ACCIONES Y PARTICIPACIONES

Se fija la alícuota en el 0,5%, en vez del 0,25% vigente hasta el 2018. Recordemos que este año ya no estará en vigencia el premio contribuyente cumplidor al cual se habían adherido masivamente las sociedades.

Además, deberá ponderarse el efecto de tomar balances ajustados por inflación para el cálculo del impuesto (más allá de la discusión que existe sobre sociedades que publican estados financieros siguiendo normas internacionales de contabilidad).

1.4. IMPORTACIONES

Se aumenta la tasa estadística al 3%, con determinadas excepciones, para destinaciones de mercadería originaria del Mercosur o con acuerdos preferenciales.

1.5. IMPUESTOS INTERNOS

Se introducen modificaciones, que en algunos casos generarían incrementos de precios, por ejemplo, en los autos.

1.6. DERECHOS DE EXPORTACION

Se faculta al Poder Ejecutivo, hasta el 31/12/2021, a subir 3% más las retenciones.

Se establecen topes a determinadas actividades, que en la práctica bajan la alícuota efectiva para ciertas actividades, que se detallan a continuación.

Se prohíbe superar el 5 % de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el 5% del valor imponible o del precio oficial FOB.

También para la actividad de hidrocarburos y minería, donde se fija un tope del 8%.

Se faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar mecanismo de compensación para pequeños productores y cooperativas.

1.7. IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS

Las sociedades que no sean micropymes o pequeñas empresas pagarán el doble del impuesto a los débitos bancarios cuando retiren efectivo.

Esta disposición no alcanza a las personas humanas.

1.8. MORATORIA

Se establece una moratoria para PYMES, con condonación de intereses (parcial) y multas. Permite incluir planes de pago vigentes.

2. PERSONAS HUMANAS

2.1. GANANCIAS

2.1.1. Se restablecen las exenciones, sobre títulos públicos, ON, fideicomisos financieros y determinados fondos de inversión, cuando se trate de emisores argentinos y existe oferta pública. De esta manera se da marcha atrás parcialmente con el impuesto a la renta financiera sobre activos argentinos.

En un error de técnica legislativa, se omitió establecer la vigencia de las nuevas exenciones. Entendemos que se aclara que es a partir del 2020, como estaba previsto en el proyecto original.

En nuestra opinión la nueva exención abarca no solo a los títulos emitidos en pesos sino también en moneda extranjera. También a las obligaciones negociables.

Además, se restablece la exención para los intereses de plazos fijos en pesos (sin cláusula de ajuste).

Hay diversas interpretaciones sobre el alcance de las modificaciones en el impuesto a la renta financiera. Sin embargo, una mayoría de tributaristas se ha inclinado por la exención “amplia” de títulos públicos + ON

Que existan diferentes interpretaciones habla de la escasa claridad de la normativa. interpretamos que la derogación es amplia. Refuerza esto el hecho de que hayan eliminado el artículo donde establecía como se deben calcular los intereses imputables a cada año.

Este artículo también se aplicaba para la imputación de intereses de fuente extranjera, lo cual queda derogado y en una suerte de vacío, en una muestra de una muy rudimentaria redacción de la reforma. Esto puede abrir la puerta a un florecimiento de los bonos zero cupón, por ejemplo.

Se mantiene el impuesto cedular del 15% para operaciones inmobiliarias, ADR de acciones argentinas, criptomonedas, etc.

Se ha agregado también una exención para determinadas operaciones de compra venta de activos, en un artículo (el 34 de la ley) confuso que tuvo un tratamiento parlamentario muy particular.

2.1.2. Se ratifica el incremento en la deducción especial en ganancias, para empleados y jubilados, que se aprobó de manera provisoria vía decreto en agosto 2019 (Decreto 561).

2.1.3. Se incorpora la posibilidad de imputar a su costo impositivo los intereses cobrados por activos financieros argentinos, de manera tal de no pagar sobre los cupones. Esta opción fue originalmente prevista por el Decreto 1170/2018 para el período fiscal 2018 exclusivamente.

2.1.4. No se estableció un impuesto especial a la pérdida de residencia en ganancias que grave las rentas latentes (“exit tax”, vigente en otros países con USA).

2.1.5. No se han gravado las donaciones y otros enriquecimientos a título gratuito, ni en ganancias ni creando otro impuesto especial.

2.2. BIENES PERSONALES

2.2.1. No se toca el mínimo no imponible de $2.000.000.

2.2.2. No se modifican las exenciones a los inmuebles rurales, títulos públicos argentinos, plazos fijos y saldos en caja de ahorro, tanto en pesos como en dólares. Se mantiene exenta la casa habitación con el tope de $18.000.000.

Recordamos que, en materia de activos financieros, la mayoría de los títulos valores tanto públicos como privados emitidos por Bolivia están exentos del impuesto, por aplicación del Convenio para evitar la doble imposición. No así los de Brasil.

2.2.3. Se modifican las alícuotas, manteniéndose el esquema de una tabla que se aplica de manera progresiva (NO hay alícuota única).

Sobre los bienes gravados que excedan los $18.000.000, quedan gravados a la alícuota máxima del 1,25 por ciento.

2.2.4. Nótese que pese a la elevada inflación del 2019 no se actualizó ni el monto de la exención de la casa habitación ($ 18.000.000) ni el monto a partir del cual se aplica la alícuota máxima.

También se eliminó la alícuota del 0.5% sobre el primer tramo.

2.2.5. Se establece en la práctica una alícuota especial incrementada para bienes del exterior. Se faculta para ello al Poder Ejecutivo a duplicar la alícuota máxima de la ley para dichos bienes, con lo cual la alícuota quedará en el 2,5%, suponiendo que el Poder Ejecutivo haga uso de esta opción.

Entendemos que se aplica como alícuota única sobre todos los bienes del exterior y no por tramos.

2.2.6. Los inmuebles en el exterior quedarían fuera de la alícuota del 2,5%. El problema se origina cuando la inversión es a través de sociedades (caso típico de USA), donde le cabría la alícuota incrementada.

Situación especial que deberá aclararse son los inmuebles en cabeza de sociedades que ingresaron al sinceramiento fiscal declarándose en cabeza personal. Entendemos que no le cabría la alícuota incrementada.

Entendemos que la moneda extranjera en efectivo (“bajo el colchón” o en cajas de seguridad) no se consideran bienes del exterior, y tributarían a las alícuotas de bienes nacionales.

Igualmente, tener en cuenta que el Poder Ejecutivo puede ampliar la lista, como se indica en el punto 2.2.8.

2.2.7. Dentro de la enumeración de bienes del exterior se incluyen a los derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior.

Se han generado distintas interpretaciones de este párrafo, en particular sobre los alcances que tendría sobre beneficiarios residentes en el país de trust irrevocables y discrecionales.

Más allá de la lógica de los trust irrevocables, donde los beneficiarios pueden incluso no conocer su carácter como tales, pareciera clara la intención de buscar recaudar el impuesto aún en estos casos. Entendemos que en parte a ello apunta la creación de responsables sustitutos que se menciona en el punto 2.2.9.

2.2.8. Se deja abierta la posibilidad que el Poder Ejecutivo agregue otro tipo de bienes, en una delegación de facultades legislativas de dudosa legalidad.

2.2.9. En un cambio respecto al proyecto original, en relación con la recaudación del impuesto a los bienes del exterior, se faculta al Poder Ejecutivo a que se designen responsables sustitutos en aquellos casos que se detecten maniobras elusivas o evasivas.

2.2.10. Se modifica el criterio de residencia en bienes personales, asimilándolo al de la ley de ganancias.

De esta manera, aquellos contribuyentes que habían perdido su domicilio real en Argentina antes del 31/12/2019 pero aún no habían cumplido los criterios para darse la baja en ganancias (que son, alternativamente y expresándolo de una manera muy simplificada, la residencia migratoria permanente en otro país o permanecer fuera de Argentina un año sin reingresar al país más de 90 días en dicho lapso), deben pagar el impuesto, cuando antes se consideraba que no.

Casos típicos que se ven afectados: expatriados trabajando en Estados Unidos con visa de trabajo, que residieron en Argentina hasta algún momento de 2019 y se mudaron durante el año a Estados Unidos. Contribuyentes que mudaron su domicilio real a Uruguay pero que al 31/12 no habían obtenido la residencia migratoria permanente en dicho país.

2.2.11. No residentes con bienes en el país: se sube la alícuota del 0.25% al 0,5%. Esto impacta a los argentinos que se hicieron no residentes, que solo tributan sobre sus bienes en el país. Aquí hay un esquema de alícuota única.

2.3. IMPUESTO PAIS

Objeto: se gravan determinados consumos de manera específica (como pasajes cuando impliquen consumo de divisas y turismo en el exterior) y en otros casos se gravan por medio de pago (tarjetas), cuando los consumos sean de bienes y servicios del exterior.

En el proyecto definitivo se precisó que el impuesto no alcance a aquellas compras que hayan sido efectuados antes de la entrada en vigencia de la ley. Restan algunas aclaraciones que se definirán en la reglamentación de la ley, por ejemplo, si la excepción, en principio para operaciones en pesos y en el que no intervenga el mercado cambiario, abarcará también a las compras en Aerolíneas Argentinas (y eventualmente Lan Argentina, Buquebús, etc.) para destinos al exterior.

Importante que quedan afuera los pagos de servicios que efectúen directamente las empresas a sus proveedores del exterior por servicios (asesoramiento, regalías, servicios técnicos, etc.).

Fuente: iprofesional.com

Las divergencias en torno a la gravabilidad en el Impuesto a las Ganancias de las sumas que se abonan con motivo del distracto laboral fueron zanjadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15 de julio de 2014 con el dictado del fallo “Negri Fernando Horacio”, donde sostuvo que tales montos se encuentran fuera del objeto del impuesto, por destruirse la fuente creadora de riqueza (en ese caso se había tratado la aplicación del impuesto a una gratificación especial en un cese por mutuo acuerdo).

El criterio del caso “Negri” ya había sido sentado en infinidad de casos por tribunales inferiores de diversos fueros. Y también por el más alto Tribunal, pero en otros precedentes donde se debatía la aplicación del impuesto a indemnizaciones por embarazo o por estabilidad gremial.

No obstante, el ente recaudador nacional (AFIP) se negaba sistemáticamente a extenderlo a otros supuestos de similares características, como la indemnización por antigüedad. Esta actitud reticente de parte del organismo fiscal obligaba a los afectados a judicializar los reclamos.

Hace más de tres años, la AFIP cambió su temperamento, al dictar su Circular 4/2016 que adoptó la “doctrina Negri”.

Esta situación ha durado poco para un determinado sector, pues con la reforma tributaria de fines de 2017 (introducida por la ley 27.430) se estableció que las indemnizaciones que perciban los ejecutivos y directivos de empresas -públicas o privadas- con motivo de su desvinculación laboral, están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, mientras excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable.

Según la ley están también alcanzadas por ganancias las sumas que tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o retiro voluntario, entre otros) en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa.

Directivos y ejecutivos en la mira

El Decreto 976/2018 reglamentó la parte comentada de la Ley de Impuesto a las Ganancias para directivos y ejecutivos de empresas, al disponer cómo se aplicaría el impuesto para estos casos, así como las condiciones que deberían cumplirse para que una indemnización quede alcanzada por ese gravamen.

A la luz de lo establecido por la ley y por el decreto, las condiciones que deben reunirse para que se graven las indemnizaciones o pagos que se realicen con motivo de un distracto laboral son las siguientes:

1. Las indemnizaciones deben tributar en la medida en que se superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable, pero sólo en lo que excedan tales límites.

Es decir, deben tributar los pagos indemnizatorios (o con origen en procesos de mutuo acuerdo, retiro voluntario, etc.) por encima del tope previsto por el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere al equivalente de tres veces “el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad”. Dicho cálculo deberá respetar el criterio de la Corte Suprema en el caso “Vizzoti” (14/09/2004) anteriormente receptado por la AFIP en su Circular 4/2012, que implica que sólo se podrá gravar el excedente del 67% de la mejor remuneración normal y habitual.

2. Otro de los requisitos -el más polémico- para quedar alcanzado por el impuesto es de carácter subjetivo: consiste en que quien recibe la indemnización ocupe el cargo de directivo o ejecutivo de una empresa pública o privada.

El decreto aclara que se trata de cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados.

3. La tercera de las condiciones para tributar es de carácter temporal, también introducida por el decreto: el desempeño del cargo de directivo o ejecutivo debe haber sido dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la desvinculación, ya sea de forma continua o discontinua.

4. La última de las exigencias es cuantitativa, también incorporada por el decreto a modo de “piso”: el sueldo bruto del sujeto desvinculado debe ser superior a determinada suma, que son 15 veces (el salario mínimo vital y móvil a la fecha de la desvinculación.

La ley y su reglamentación se refieren sólo a directivos y ejecutivos de “empresas”, no de “sujetos empresa” (esta última es la terminología genérica con la que la ley del Impuesto a las Ganancias denomina a una serie de entidades que pueden no ser sociedades comerciales), por lo que podría llegar a sostenerse que no se ha pretendido alcanzar las indemnizaciones de directivos de otros entes legales, tales como asociaciones, fundaciones, entidades religiosas, universidades, sindicatos, etc. ni a directivos de organismos estatales que no sean empresas, como por ejemplo la AFIP, la ANSES, la Auditoría General de la Nación, etc.

Discriminación inconstitucional

Existen importantes argumentos como para cuestionar la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los montos indemnizatorios que perciban los directivos y ejecutivos que encuadren en el Decreto 976/2018.

La ley y su reglamentación resultan claramente inconstitucionales, por efectuar una discriminación irrazonable que no se vincula en modo alguno con la capacidad contributiva de quien percibe la indemnización.

Sin perjuicio de que el decreto establece un piso a partir del cual se encontrarían alcanzadas estas rentas –en esta parte de la norma sí se estaría respetando la capacidad contributiva-, el hecho de alcanzar una indemnización por la circunstancia de que su destinatario sea “directivo o ejecutivo” de una empresa (es decir, le gravan la indemnización por la circunstancia de ocupar un cargo en una compañía) constituye una discriminación irrazonable, inconstitucional respecto de otros sujetos que podrían percibir idénticas o más importantes indemnizaciones, aunque sin abonar el impuesto.

¿Qué sucede con la doble indemnización?

Efectuada la reseña anterior, ahora cabe analizar cómo se inserta en este escenario el decreto de necesidad y urgencia 34/2019, que establece que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia de dicho decreto (180 días) “… la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente” (art. 2). Esta duplicación “…comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo” (art. 3).

Más allá de la opinión que uno puede tener en torno a la constitucionalidad y a los efectos económicos de esta norma, es menester recalcar que al tratarse de un reglamento de necesidad y urgencia, este decreto posee status legislativo. Por lo tanto, al extender dicho decreto la indemnización legal mínima frente al despido sin justa causa, sus implicancias impositivas también deberían extenderse a tales montos.

Esto significa que las consideraciones del referido fallo “Negri” (que se produce una extinción de la fuente productora de renta con carácter previo a la entrega de los montos que se adeudan como consecuencia del distracto laboral) también deberían aplicarse a las sumas extras que se abonen en virtud de la duplicación de la indemnización por despido sin causa.

Cabe preguntarse, asimismo, qué tratamiento corresponde imprimirle a los demás rubros indemnizatorios que se duplican en virtud del citado decreto de emergencia.

Una reciénte tendencia jurisprudencial ha intrepretado (con buen criterio) que existen otros rubros diferentes de la indemnización por antigüedad, que tienen por objeto resarcir al trabajador por la resolución del contrato de trabajo y que, además, se derivan del cese de la relación laboral. Así pues, carecen de los requisitos de periodicidad y permanencia en la fuente. Dentro de estos rubros se encuentran los conceptos “indemnización sustitutiva de preaviso”, “vacaciones no gozadas” e incidencia del Sueldo Anual Complementario, pero también los rubros “Bonificación Gross” y “Adicional Grossing Up” en la medida en que sean abonados por única vez y como consecuencia de la disolución del vínculo laboral.

Ahora bien, mientras no se generalice esta tendencia jurisprudencial, la AFIP no admitirá que las empresas que desvinculan a sus empleados omitan la retención sobre tales rubros.

También cabe analizar lo que ocurrirá en el caso de indemnizaciones que se abonen a los directivos y ejecutivos de empresas que encuadren en los términos de la ley 27.430 y del decreto 976/18, a quienes -de acuerdo con tales normas, que no podría obviar la AFIP– sólo les cabría una exención en el impuesto sobre los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable.

Estos montos ahora se verían duplicados, por efecto del DNU 34/2019, por lo que también la exención legal (limitada) admitida por la AFIP se extendería al doble de dichos montos mínimos. Existen antecedentes administrativos que avalan esta interpretación.

Ahora bien, respecto de las sumas que excedan esos topes mínimos (que en sueldos de ejecutivos no resultan demasiado significativos, dando lugar rápidamente a la aplicación del impuesto), es altamente probable que las compañías apliquen la retención impositiva sobre el sujeto desvinculado, para salvar su responsabilidad tributaria frente al fisco.

Alternativas

Como explicáramos, es altamente probable que, para evitar contingencias, las empresas que desvinculen empleados durante este período “de emergencia” actuarán como agentes de retención sobre ciertos rubros que alguna jurisprudencia (aplicando la doctrina “Negri”) considera excluidos del objeto del impuesto a las ganancias.

Pero también lo harán sobre el doble de tales sumas que se abone por aplicación del decreto 34/2019. Una situación similar se verificará con las indemnizaciones por encima del mínimo legal que perciban directivos y ejecutivos de empresas, a pesar de que tanto la Ley 27.430 como su decreto reglamentario adolezcan de serios vicios constitucionales.

En tales casos al ex empleado al que se le aplique la detracción le va a quedar la posibilidad de instrumentar un reclamo de repetición por lo que le retuvieron.

Este procedimiento es prolongado y engorroso, ya que primero debe interponerse un reclamo ante el fisco –que se toma un muy largo tiempo en resolver, si es que lo resuelve- y luego ante el Tribunal Fiscal de la Nación o la Justicia Federal. Se trata de un tortuoso derrotero que puede insumir varios años (por lo menos cinco) hasta obtener una sentencia definitiva, pero también con el riesgo ínsito de que quien lo resuelva no conozca mucho el tema impositivo o sentencie con un criterio demasiado fiscalista.

Algunos ex empleados también han logrado un “fast track” para obtener la devolución de las sumas retenidas, al reclamarle a su antiguo empleador el pago de dicho dinero –según el demandante, improcedentemente retenido – en un juicio laboral que suele durar entre uno y dos años aproximadamente.

En tales casos -que no son generalizados pero implican un riesgo cierto para las empresas- las compañías han debido hacerse cargo del impuesto que la Justicia Laboral consideró mal detraído del ex dependiente.

Como alternativa, los sujetos desvinculados podrían solicitar el dictado de una medida cautelar –creemos que en sede laboral, por ser más permeable a los reclamos del trabajador-, a efectos de que se obligue al empleador a no practicar la retención impositiva.

Este remedio, de ser atendido, evitaría al trabajador afectado tener que sufrir todo el camino judicial de la repetición previamente descripto, además de los gastos y el daño económico que implicaría percibir el dinero luego de varios años, con una significativa pérdida de su valor.

Por otra parte, un decisorio judicial de estas características resultaría conveniente también para la empresa obligada a practicar la retención, ya que de este modo podría cubrir su responsabilidad frente a la AFIP como agente de retención y, paralelamente, evitaría el riesgo de quedar expuesta a un futuro reclamo laboral de parte de su ex empleado.

Fuente: iprofesional.com