Ya es un hecho. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que en sesiones extraordinarias se buscará la aprobación de una nueva Ley de Emergencia Económica. Y el dato es significativo, porque la norma permitiría “aumentar los impuestos sin pasar por el Congreso”.

Puntualmente, se trata de un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, modificar alícuotas de impuestos.

La traducción es clara: ante la necesidad de mejorar el ingreso fiscal para cumplir obligaciones financieras y, sobre todo, para estimular la reactivación de la producción, la nueva Ley de Emergencia Económica dará luz verde para subir los tributos que recaen sobre “los que más tienen”.

El incremento de la carga fiscal, se apoya en principio, en tres ideas que se encuentran ampliamente consensuadas en el gabinete económico de Alberto Fernández; y serán de inmediata aplicación.

En primer término, se elevarán los derechos de exportación. Las polémicas “retenciones” se aplicarían en base a un esquema escalonado industrial-exportador. Es decir que los productos con mayor industrialización soportarán menores retenciones.

Si bien se llegó a hablar de una tasa de 35% aplicable a las exportaciones de soja, el porcentaje final sería aun menor. El objetivo es conseguir alrededor de u$s2.000 millones adicionales al año.

Ante la inminente suba de retenciones, se incrementó la cantidad de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la cosecha 2019/2020 para pagar retenciones sin el incremento.

Más precisamente, las DJVE subieron casi 1.000% en soja, 230% en maíz y 53% en trigo en relación al año pasado.

El otro pilar de la suba impositiva refiere al Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Se habla de duplicar dicha alícuota e, inclusive, establecer un nivel mayor para los bienes ubicados en el exterior. Una propuesta que ya crea polémica entre los expertos.

Bienes Personales

“La aplicación de impuestos extraordinarios sobre Bienes Personales, además de no ser relevante desde el punto de vista de la recaudación, superará la frontera de confiscatoriedad establecido por la jurisprudencia actual”, advierte César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

“Este tipo de medidas terminan recayendo en las Pymes y en la clase media, ya que quienes tienen un importante patrimonio encuentran la forma de defenderse en la justicia y de evitar el pago de estos impuestos”, indica Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados.

Fin del “Consenso Fiscal”

Además, la nueva Ley de emergencia Económica permitiría poner un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Consenso Fiscal firmado hace dos años. El Impuesto a las Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado.

Asimismo, el fin del pacto fiscal permitiría una reposición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias de reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.

Quienes critican esta reforma señalan que sería un retroceso en el sentido de que volvería a aumentar el peso del Gobierno central en la coparticipación impositiva que, a modo de compensación, le permitiría a los gobiernos provinciales un mayor margen de determinación de impuestos en el ámbito local.

Impuesto a las Ganancias: un menor alivio para el bolsillo de los empleados”Suspender el Consenso Fiscal es regresar al aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el peor tributo; y también Sellos. Ambos impuestos son de épocas medievales, que han aumentado groseramente en los últimos 20 años”, asegura de manera categórica Litvin.

“Es como rociar con veneno la actividad económica”, sentencia el reconocido tributarista.

A fin de reforzar la idea, Litvin señaló que suspender el Consenso Fiscal “es pulverizar todo el esfuerzo para bajar la desbordante carga de los tributos provinciales y municipales. Los fondos que recibieron las provincias por su compromiso para reducir los impuestos deberán ser devueltos”.

De acuerdo con el índice de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), el alivio en el Impuesto a las Ganancias (actualización del mínimo no imponible y demás deducciones) debería ser de 44,28% a partir del 1 de enero próximo.

Sin embargo, el alivio va a ser un 20% menor. Esto es así, ya que la suba del piso del impuesto se adelantó en igual porcentaje en agosto pasado, a través del decreto 561, como una de las medidas de alivio que aprobó el gobierno saliente luego de la derrota en las PASO.

Por lo tanto, al 44,28% debe descontarse un 20% del anticipo efectivizado este año.

Más allá de estos tres proyectos ya consensuados, el gabinete económico de Alberto Fernández evalúa múltiples iniciativas para incrementar la presión fiscal:

– Impuesto ecológico al glifosato.

– Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas.

Advertencia de expertos

Mientras esperan las confirmaciones oficiales para las modificaciones impositivas que han circulado durante las últimas semanas, los principales referentes en temática tributaria han dado a conocer su predisposición negativa a muchas de las propuestas. En algunos casos, observan que habría implicancias legales, mientras que en otros creen que traerían resultados contraproducentes en materia de recaudación fiscal.

Por caso, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, considera un error pretender gravar con un impuesto -se entiende que sería Ganancias- a la compra-venta de divisas, hoy por hoy exenta para personas humanas.

Fuente: infobae.com

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero adelantó que vuelve el dólar turista y que aumentarán las jubilaciones, los salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En declaraciones a La Nación, el funcionario sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.

Cafiero también se refirió al aumento a las retenciones y dijo que “lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos”.

“Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades”, afirmó.

El funcionario sostuvo que “lo que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina”.

“Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina”, advirtió.

El jefe de Gabinete explicó que buscan “actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar” y aseguró: “Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación”.

Por otra parte, afirmó que la iniciativa que será girada al Congreso el lunes incluirá un impuesto de “alrededor del 20%” a los consumos en dólares en el exterior y “buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local”.

“Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo”, aseguró.

Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: “Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí”.

“Habrá una moratoria importante a las Pymes. Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses”, adelantó.

Por otra parte, explicó que el proyecto de ley “va a facultar al Ejecutivo” para aumentar jubilaciones, salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y precisó que “Los aumentos van a tener que ver con la capacidad que tenga el fisco en el momento. Estamos definiendo los montos y las formas de pago”.

Consultado sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios, dijo: “En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios”.

Respecto a la deuda, Cafiero Señaló: “Nosotros tenemos voluntad de pagar, lo que no tenemos es la capacidad de pagar. Necesitamos tiempo para hacer crecer la economía y poder pagar la deuda. Si conseguimos ese tiempo para pagar la deuda, no tenemos duda de que la Argentina rápidamente se va a poner en marcha”.

Fuente: iprofesional.com

El Gobierno nacional oficializará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días, se informó oficialmente.

En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarca que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres.

En este sentido, la norma sostiene que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019.

Y recuerda que ya en el año 2016 el Congreso advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue vetado por el Gobierno anterior provocando hasta la fecha la pérdida de 111 mil puestos de trabajo registrado, según Télam.

Así, por decisión del presidente Alberto Fernández se declaró la emergencia pública en materia ocupacional ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral.

La norma estipula que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Cabe destacar que durante la campaña, los equipos técnicos del PJ le habían acercado al entonces candidato a presidente del Frente de Todos una propuesta en esta línea, además de otras iniciativas vinculadas con el empleo.

Preocupación empresaria

Cuando se corrió el rumor, los empresarios salieron a plantear su preocupación. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) subrayaron que la iniciativa podría ser contraproducente para la economía. “No es una herramienta para este momento, yo creo que va a haber una reactivación, una suerte de veranito, y la prioridad debe ser encender la producción”, planteó José Urtubey, vocal de la UIA.

En tanto desde la CGT pusieron más foco en la generación de puestos de trabajo: “Tenemos que hablar de sumar empleos y no de despidos. Los despidos se provocan por la caída de la actividad económica, que nos lleva a un círculo vicioso que cada vez se achica más. Si logramos ese punto de inflexión rápido y se detiene la caída de la economía, vamos a hablar de empleo y vamos a alejar seguramente los fantasmas”, planteó Héctor Daer.

Fuente: iprofesional.com

Alberto Fernández buscará el apoyo del recién renovado Congreso de la Nación para avanzar en la instauración de una triple emergencia que le permita una mayor libertad de acción en la gestión de temas urgentes.

El Ejecutivo enviará a Diputados el próximo lunes los proyectos de emergencia sanitaria, social y económica.

La emergencia sanitaria fue acordada con el ministro de Salud, Ginés González García, quien debe enfrentar la puesta en marcha del reflotado ministerio y cuestiones críticas en todo el país.

La emergencia social tiene que ver con los planes alimentarios y las medidas que forman parte de la “lucha contra el hambre” que prometió emprender la nueva administración.

El estado de excepción en lo económico dará más poder a Fernández para decidir, por ejemplo, en cuestiones tributarias.

Aunque todavía no se conocen el texto de los proyectos, las leyes de emergencia suelen brindar al Ejecutivo facultades extraordinarias para emitir decretos y normativas administrativas sin la intervención del Congreso.Para avanzar con el tratamiento, Fernández llamará a sesiones extraordinarias.

La agenda parlamentaria de Alberto

En los discursos pronunciados en el día de su asunción, este martes, el nuevo Presidente aclaró cuáles serán las cuestiones urgentes que moverán la actividad en el parlamento.

El presidente Alberto Fernández mencionó  tres temas que serán abordados por el Congreso: la creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo, una propuesta de transformación y coordinación estructural de toda la política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y una reforma integral del sistema federal de Justicia.

“En los próximos días estaremos enviando al Parlamento las bases legislativas para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”, dijo Fernández en su discurso ante el Congreso.,Al mismo tiempo, ratificó que el Presupuesto 2020 no será debatido este año, y que su formulación dependerá de la renegociación de la deuda.

Y agregó: “Le daremos rango legislativo y propondremos que sus máximas autoridades sean elegidas con acuerdo Parlamentario, por un período de gestión que trascienda nuestro mandato”.

“Pretendemos que en este ámbito plural se diseñen los grandes pilares institucionales y productivos de mediano y largo plazo -sin discusiones coyunturales-, rumbo a un desarrollo humano integral e inclusivo”, añadió.

Sobre el segundo de los proyectos, remarcó: “en las próximas semanas estaremos enviando al Parlamento y sometiendo al debate informado de la sociedad civil y los expertos de todo el país, una propuesta de transformación y coordinación estructural de toda la política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia”

Sobre la reforma integral del sistema federal de justicia, dijo que enviarán al Parlamento un conjunto de leyes “que permita superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural”.”Aspiramos a que sea no sólo una política de Estado sino también una política de la sociedad, concertada, plural, integral y cogestionada, más allá del plazo de nuestro mandato, entre todos los actores del sistema político. Para evitar los péndulos peligrosos que no hacen más que poner en cuestión la credibilidad de las instituciones”, enfatizó.

“Al mismo tiempo, estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de la Justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, que son flagelos que debemos abordar con un carácter sistémico”, completó.

Sobre la denominada ley de leyes, sentenció: “He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto Nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos”.

“Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestras deudas haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real”.

Fuente: iprofesional.com