La redacción del DNU 34/2019, que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días y que duplica la indemnización de los trabajadores que hayan sido despedidos sin causa durante ese período, genera incertidumbre, tanto en abogados de empresas, de trabajadores y en los pasillos de los tribunales.El problema es que el artículo 3 de la norma firmada por el presidente Alberto Fernández y publicada a última hora del viernes pasado en el Boletín Oficial indica que “la duplicación comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”.

De esta manera, los profesionales del derecho comienzan a preguntarse si, por ejemplo, deben incluirse dentro de esta duplicación a las multas por empleo no registrado o a los agravamientos indemnizatorios, como desvinculación por embarazo o por motivos gremiales.Es que, en estos últimos casos, los 13 sueldos (un año completo de salarios más el aguinaldo correspondiente) correspondientes a la indemnización agravada por la discriminación podrían llegar a 26.Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista y director de Plan A, considera que el decreto está muy mal redactado por lo que incluye todo tipo de multas, como el artículo 15 de la 24013 (por empleo en negro), y los artículos 1 y 2 de la ley 25323 (que castiga a las empresas que obliga a que sus empleados le hagan juicio para cobrar sus acreencias).

“El decreto es demasiado abarcativo”, agrega Cerutti, para quien sería positivo que se especifique que la emergencia cesa a los 180 días o cuando la desocupación baje a un dígíto (como la ley que estuvo vigente luego de la crisis de 2002). El experto destaca que el desempleo está en el 10,6%, por lo que podría bajar a un digito pronto.

Para dicho especialista, ese problema debería corregirse a través del dictado de un nuevo decreto o ley que aclaratorio que indique que la duplicación solo incluye a la de los artículos 232 (Indemnización sustitutiva por falta de preaviso), 233 (Indemnización por integración del mes de despido ) y 245 (Indemnización por antigüedad) de la LCT y que excluye las multas de las mencionadas leyes 24.013 o 25.323.En tanto, desde el estudio Adrogué, Marques, Zabala, destacan que la indemnización comprende a todos los trabajadores del sector privado despedidos sin justa causa que hayan iniciado una relación laboral antes del 13 de diciembre de 2019.Y remarcan que la duplicación también alcanza a las indemnizaciones especiales derivadas del despido sin causa que prevén los estatutos especiales (agrarios, domésticos, viajantes de comercio, periodistas, entre otros).Pero para este estudio, “no se duplican las indemnizaciones, incrementos o multas que prevé la legislación para los supuestos de maternidad, matrimonio, estabilidad gremial o trabajo no registrado, toda vez que reparan un daño distinto a la extinción sin causa propiamente dicha”.

En el mismo sentido en el que difieren los especialistas consultados por este medio, lo hacen los distintos funcionarios que hablaron con este medio y que se desempeñan en los tribunales laborales.

A la espera de normas aclaratorias

Por eso, consideran que sería esperable una nueva norma aclaratoria, porque sino pueden generarse más juicios, que puedan terminar siendo demasiado caros para las empresas y también para sus exempleados reclamantes.”Por ahí el resultado final es millonario para el trabajador, pero después no lo va a poder cobrar porque la empresa no va a tener fondos para pagarle”, le dijeron a iProfesional.En todos los casos, destacaron que volverán a tener influencias los plenarios que resolvieron esos inconvenientes mientras duró la anterior emergencia laboral o los restantes precedentes judiciales.Y ejemplifica el caso de un empleador que dispone el despido anticipado sin causa de un trabajador contratado por un plazo fijo. Allí, señala que el dependiente también tendrá derecho al cobro duplicado de las indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso e integración del mes de despido.¿Qué pasa en los despidos sin causa en los casos en qué los vínculos no eran por un plazo indeterminado? Gustavo Segu, coordinador de la publicación “Liquidación de Sueldos” de la editorial Errepar, explica que “el DNU 34/2019 establece la aplicación del agravamiento indemnizatorio para el caso de despido incausado sin distinción de la modalidad de contrato de trabajo. De esta manera, sí considera que procede la doble indemnización.

En otro de los puntos del decreto, Sagu señala que las notificaciones por despido tienen carácter recepticio, es decir que surten efecto a partir de la recepción por parte del destinatario, por lo que “resultarían de aplicación las previsiones establecidas en el decreto en cuanto a la duplicación de las indemnizaciones, especialmente si la fecha indicada en la notificación para la extinción se encuentra comprendida dentro del período de vigencia del mismo”.

Allí, señala que sería importante una aclaración normativa que regule estas situaciones excepcionales.Otro de los puntos que puede llegar a generar controversia es la aplicación de este decreto en los casos de despido indirecto, que se da cuando el trabajador se considera desvinculado por un incumplimiento grave de su empleador.

Sagu señala que el DNU nada aclara al respecto, pero indica que podría aplicarse el mismo razonamiento establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en plenario “Ruiz, Víctor c/Universidad Argentina de la Empresa UADE s/despido“, del 1 de marzo de 2006, en el que se hizo lugar a la aplicación de la duplicación de indemnizaciones establecida por la ley 25561, en el que se señaló que los diversos incumplimientos contractuales del empleador que llevan al trabajador a considerarse en situación de despido indirecto plantean una situación idéntica a la de un despido sin causa.Es que la Ley de Contrato de Trabajo sobre la resolución indirecta del vínculo, establece que el trabajador que se da por despedido con justa causa tiene derecho a las mismas indemnizaciones que emergerían de un despido infundado decidido por el empleador.

Ya es un hecho. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que en sesiones extraordinarias se buscará la aprobación de una nueva Ley de Emergencia Económica. Y el dato es significativo, porque la norma permitiría “aumentar los impuestos sin pasar por el Congreso”.

Puntualmente, se trata de un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, modificar alícuotas de impuestos.

La traducción es clara: ante la necesidad de mejorar el ingreso fiscal para cumplir obligaciones financieras y, sobre todo, para estimular la reactivación de la producción, la nueva Ley de Emergencia Económica dará luz verde para subir los tributos que recaen sobre “los que más tienen”.

El incremento de la carga fiscal, se apoya en principio, en tres ideas que se encuentran ampliamente consensuadas en el gabinete económico de Alberto Fernández; y serán de inmediata aplicación.

En primer término, se elevarán los derechos de exportación. Las polémicas “retenciones” se aplicarían en base a un esquema escalonado industrial-exportador. Es decir que los productos con mayor industrialización soportarán menores retenciones.

Si bien se llegó a hablar de una tasa de 35% aplicable a las exportaciones de soja, el porcentaje final sería aun menor. El objetivo es conseguir alrededor de u$s2.000 millones adicionales al año.

Ante la inminente suba de retenciones, se incrementó la cantidad de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la cosecha 2019/2020 para pagar retenciones sin el incremento.

Más precisamente, las DJVE subieron casi 1.000% en soja, 230% en maíz y 53% en trigo en relación al año pasado.

El otro pilar de la suba impositiva refiere al Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Se habla de duplicar dicha alícuota e, inclusive, establecer un nivel mayor para los bienes ubicados en el exterior. Una propuesta que ya crea polémica entre los expertos.

Bienes Personales

“La aplicación de impuestos extraordinarios sobre Bienes Personales, además de no ser relevante desde el punto de vista de la recaudación, superará la frontera de confiscatoriedad establecido por la jurisprudencia actual”, advierte César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

“Este tipo de medidas terminan recayendo en las Pymes y en la clase media, ya que quienes tienen un importante patrimonio encuentran la forma de defenderse en la justicia y de evitar el pago de estos impuestos”, indica Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados.

Fin del “Consenso Fiscal”

Además, la nueva Ley de emergencia Económica permitiría poner un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Consenso Fiscal firmado hace dos años. El Impuesto a las Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado.

Asimismo, el fin del pacto fiscal permitiría una reposición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias de reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.

Quienes critican esta reforma señalan que sería un retroceso en el sentido de que volvería a aumentar el peso del Gobierno central en la coparticipación impositiva que, a modo de compensación, le permitiría a los gobiernos provinciales un mayor margen de determinación de impuestos en el ámbito local.

Impuesto a las Ganancias: un menor alivio para el bolsillo de los empleados”Suspender el Consenso Fiscal es regresar al aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el peor tributo; y también Sellos. Ambos impuestos son de épocas medievales, que han aumentado groseramente en los últimos 20 años”, asegura de manera categórica Litvin.

“Es como rociar con veneno la actividad económica”, sentencia el reconocido tributarista.

A fin de reforzar la idea, Litvin señaló que suspender el Consenso Fiscal “es pulverizar todo el esfuerzo para bajar la desbordante carga de los tributos provinciales y municipales. Los fondos que recibieron las provincias por su compromiso para reducir los impuestos deberán ser devueltos”.

De acuerdo con el índice de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), el alivio en el Impuesto a las Ganancias (actualización del mínimo no imponible y demás deducciones) debería ser de 44,28% a partir del 1 de enero próximo.

Sin embargo, el alivio va a ser un 20% menor. Esto es así, ya que la suba del piso del impuesto se adelantó en igual porcentaje en agosto pasado, a través del decreto 561, como una de las medidas de alivio que aprobó el gobierno saliente luego de la derrota en las PASO.

Por lo tanto, al 44,28% debe descontarse un 20% del anticipo efectivizado este año.

Más allá de estos tres proyectos ya consensuados, el gabinete económico de Alberto Fernández evalúa múltiples iniciativas para incrementar la presión fiscal:

– Impuesto ecológico al glifosato.

– Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas.

Advertencia de expertos

Mientras esperan las confirmaciones oficiales para las modificaciones impositivas que han circulado durante las últimas semanas, los principales referentes en temática tributaria han dado a conocer su predisposición negativa a muchas de las propuestas. En algunos casos, observan que habría implicancias legales, mientras que en otros creen que traerían resultados contraproducentes en materia de recaudación fiscal.

Por caso, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, considera un error pretender gravar con un impuesto -se entiende que sería Ganancias- a la compra-venta de divisas, hoy por hoy exenta para personas humanas.

Fuente: infobae.com

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero adelantó que vuelve el dólar turista y que aumentarán las jubilaciones, los salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En declaraciones a La Nación, el funcionario sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.

Cafiero también se refirió al aumento a las retenciones y dijo que “lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos”.

“Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades”, afirmó.

El funcionario sostuvo que “lo que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina”.

“Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina”, advirtió.

El jefe de Gabinete explicó que buscan “actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar” y aseguró: “Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación”.

Por otra parte, afirmó que la iniciativa que será girada al Congreso el lunes incluirá un impuesto de “alrededor del 20%” a los consumos en dólares en el exterior y “buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local”.

“Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo”, aseguró.

Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: “Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí”.

“Habrá una moratoria importante a las Pymes. Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses”, adelantó.

Por otra parte, explicó que el proyecto de ley “va a facultar al Ejecutivo” para aumentar jubilaciones, salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y precisó que “Los aumentos van a tener que ver con la capacidad que tenga el fisco en el momento. Estamos definiendo los montos y las formas de pago”.

Consultado sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios, dijo: “En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios”.

Respecto a la deuda, Cafiero Señaló: “Nosotros tenemos voluntad de pagar, lo que no tenemos es la capacidad de pagar. Necesitamos tiempo para hacer crecer la economía y poder pagar la deuda. Si conseguimos ese tiempo para pagar la deuda, no tenemos duda de que la Argentina rápidamente se va a poner en marcha”.

Fuente: iprofesional.com