El Gobierno anuncia una relajación del recorte a las exportaciones de carne, una medida que venía reclamando el campo desde hace tiempo y que no encontraba demasiado eco, aunque luego de las PASO tomó impulso.

La gran disyuntiva que tenía el oficialismo respecto de qué camino debía tomar tenía que ver con cómo abrir el grifo de las ventas externas, sin que esto fuera en contra de su argumento inicial, es decir el cuidado de los precios en el mercado local a través del cupo a las exportaciones de carne.

A raíz de esto, la solución que se encontró fue la de reabrir la venta al mercado chino, sin dudas el punto más fuerte del negocio de la carne, aunque no se habilitará la salida de los cortes que se encuentran incluidos en el programa oficial Cortes Cuidados, que impone un precio para la venta en diferentes puntos de venta.

Según lo previsto, este nuevo escenario estaría vigente a partir de octubre próximo. Está previsto que de la reunión participen todos los representantes de la Mesa de Enlace, además del ministro de Agricultura, Julián Domínguez y el jefe de Gabinete Juan Manzur, junto a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

De este modo, se estará ofreciendo un importante gesto para el campo, y al mismo tiempo se estará manteniendo la intención de controlar los precios de los cortes más populares, algo que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder.

Esta medida, además, generará beneficios a ambos lados. Para el campo, porque el mercado de China representa nada menos que el 75% del total de ventas. Y para el Gobierno, porque esto le representará un importante nivel de ingresos de dólares, hoy una variable para nada despreciable.

Con esta reapertura de China, el campo sumará ventas aproximadas por u$s 100 millones al mes, lo que le dejará el Estado -en concepto de retenciones- unos u$s 9 millones mensuales, lo que sumaría u$s unos 27 millones hasta fin de año.

Dentro de esta iniciativa de reencauzar la relación con el campo, también se esperan anuncios relacionados con la puesta en marcha de incentivos fiscales y el ofrecimiento de créditos a tasas bajas que permitan impulsar la producción y las exportaciones, dos de los puntos que ya fueron tratados y que estaban dentro de lo que se anunció en algún momento como la implementación de un Plan Ganadero, pero que nunca vio la luz.

Una vez que finalice esta etapa, campo y Gobierno avanzarán en una segunda fase. Las retenciones en general que afectan al sector se pondrán sobre la mesa una vez puestas en marcha las nuevas regulaciones exportadoras, aunque ya hubo algunas charlas informales al respecto.

Fuente: cronista.com

Este nuevo cambio en el impuesto que deben pagar los asalariados implica que aquellos que perciban un sueldo de hasta $ 175 mil mensuales ya no pagarán impuesto, lo que en el caso de un trabajador soltero sin hijos podría representar un ahorro de aproximadamente $ 16.000 en el mes y en el caso de un empleado casado con dos hijos $ 8.500. Este grupo de trabajadores gozarán también de la exención de la segunda cuota del SAC de 2021. Por otro lado, se incrementó de $ 173 mil a $ 203 mil el límite de remuneración hasta el cual los empleados gozan de una deducción especial incrementada que permite atemperar el efecto del impuesto para aquellos que pasan a ganar más de $ 175 mil mensuales.

La Ley N° 27.617 -originadora de los beneficios que han sido actualizados en sus límites de aplicación- había sido publicada en el Boletín Oficial el 21 de abril de 2021 y sus disposiciones entraron en vigencia oficialmente con la sanción de la Resolución General N° 5008 de la AFIP, publicada en el Boletín Oficial el 16 de junio de 2021. Dado el tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley hasta su entrada en vigencia y dada la situación actual en la que los salarios se han visto incrementados por las distintas negociaciones paritarias y/o aumentos otorgados por las empresas se tornó necesario el incremento del “piso” a partir del cual los empleados quedan obligados a tributar. Recordamos que la reforma impulsada por la Ley apuntó a disminuir la carga tributaria de un grupo extenso de trabajadores, dejando a algunos eximidos totalmente del pago del impuesto y a otros con una retención menor. En este sentido, considerando los valores vigentes actualmente, se pueden identificar dos grandes grupos de empleados beneficiados con estos cambios y un tercer grupo en el que el cálculo del impuesto no ha sufrido modificaciones:

GRUPO 1: 

Aquellos empleados cuya remuneración bruta no supere $ 175 mil mensuales, los cuales no tributarán importe alguno. A fin de aplicar este beneficio la norma contempla el incremento de la deducción especial en el mes, de manera tal que la ganancia neta sujeta a impuesto debe arrojar resultado cero. Asimismo, se prevé la exención sobre el aguinaldo.

GRUPO 2: 

Aquellos cuya remuneración bruta resulte superior $ 175 mil pero sea menor o igual a 203 mil pesos mensuales, los cuales gozarán de una disminución de su carga fiscal. En este caso, se establece una deducción especial incrementada, de forma tal de crear pequeños “escalones” entre aquellos que no tributarán impuesto por integrar el grupo de trabajadores con haberes brutos menores a $ 175 mil mensuales y aquellos que continúan abonando el tributo de la misma forma que lo venían haciendo por superar 203 mil pesos mensuales.

GRUPO 3: 

Aquellos trabajadores que no gozarán de este beneficio en el cálculo mensual ya que perciben remuneraciones superiores a 203 mil pesos.

Pasados algunos meses de la aplicación práctica de la Ley N° 27.617, advertimos que se ha producido un cambio de lógica del cálculo del impuesto.

Al respecto, vale señalar que para generar los beneficios indicados se ha producido un cambio en la mecánica de determinación del impuesto, ya que a los efectos de su aplicación debe establecerse si el trabajador se encuentra en alguno de los grupos en forma mensual -según la fórmula indicada por la RG 5008/2021- desvirtuando “parcialmente” el concepto de anualidad del impuesto a las ganancias.

Complementariamente, se ha tratado de solucionar uno de los grandes cuestionamientos que tenía la determinación del impuesto por su progresividad y anualidad, ya que hasta la sanción de la Ley N° 27.617, alcanzada la ganancia neta sujeta a impuesto, la aplicación del tributo gravaba la totalidad de las rentas percibidas hasta ese momento y ante incrementos salariales la dinámica del cálculo llevaba a que el empleado pudiera saltar el tramo de la escala en la que se encontraba (por ejemplo pasando a tributar del 27% al 31%) impactando dicho incremento no solo en ese mes, sino en la renta acumulada.

A partir de la Ley N° 27.617, y en relación con el grupo 1 y 2, la RG 5008/2021 establece que el beneficio obtenido -reflejado en la deducción especial incrementada- resulta inamovible, con lo cual la gravabilidad solo afecta al trabajador en el mes en que supera el tramo de cada grupo y aun considerando la renta acumulada el impacto es menor que de considerar la dinámica precedentemente mencionada.

No obstante, estas ventajas, no podemos dejar de señalar dos aspectos que merecerían un abordaje específico. Por un lado, la aplicación práctica de la norma resulta muy compleja, toda vez que la creación de la deducción especial incrementada no ha contemplado situaciones particulares y básicamente desde el punto de vista sistémico el cambio de lógica “parcial” de la anualidad se complica respecto de aquellos trabajadores que se mueven entre los distintos grupos a lo largo del año (por ejemplo, casos que perciben comisiones u horas extras que generan variaciones significativas en el salario mensual, lo que puede ubicarlos en los distintos grupos a lo largo de un año).

Por otro lado, tampoco se ha considerado que de superarse el “piso” a partir del cual se comienza a tributar, dada las escalas actuales, un trabajador rápidamente podría pasar a tributar a la tasa máxima del 35%. Por ejemplo, un trabajador casado y con dos hijos podría estar aún en la tasa del 27% al percibir $ 196 mil y alcanzará la tasa máxima cuando llegue aproximadamente a $ 215 mil.

Si bien es cierto, que dada la mecánica actual estos trabajadores no van a perder el beneficio ya obtenido, lo cierto es que podrían pasar a tributar a la tasa máxima de un mes a otro. Esta última situación, nos muestra la necesidad de efectuar una revisión integral del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría que grava las rentas de los trabajadores dependientes y jubilados, ya que más allá de los objetivos de alivianar la carga tributaria de un grupo específicamente determinado por la remuneración establecida por decisión de la Administración, se hace necesario incrementar la deducción especial, el mínimo no imponible y las cargas de familia para todos los trabajadores, pero fundamentalmente adecuar las escalas para que el impuesto vuelva a encontrar la lógica, la razonabilidad y la equidad que las últimas décadas ha perdido.

Fuente: cronista.com

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este viernes la reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios, una medida que apunta a fortalecer el desempeño y la competitividad del sector de la economía del conocimiento como segundo complejo exportador del país.

Así lo comunicó el ministro Guzmán junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una reunión con representantes de Argencon, Accenture, Globant, PWC, Ernest & Young, Tax&Legal, Laboratorios Bagó y el INVAP, informó la cartera económica.

La industria de servicios es el segundo complejo exportador, sólo superado por el complejo oleaginoso-cerealero y en 2018, por primera vez en la historia, el sector comenzó a pagar retenciones de hasta 12%, a partir de una medida aplicada por el Gobierno de Juntos por el Cambio.

Esta medida que baja a cero las retenciones, “corrige una distorsión que dañaba el dinamismo del sector”, se explicó oficialmente al señalar que el primer paso se dio con la ley de Solidaridad que bajó significativamente el porcentaje de retenciones.

La medida apunta a fomentar la creación de empleo, generar divisas e impulsar la agregación de valor, por lo cual a partir del 1° de enero de 2022, el Gobierno eliminará por completo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior.

“Esta medida fortalece al sector de la economía del conocimiento, clave en la construcción de una Argentina con más dinamismo productivo, trabajo y estabilidad macroeconómica”, afirmó Guzmán en su cuenta de Twitter al anunciar la reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios.

Para el ministro, el de hoy es “otro paso más hacia una política tributaria que favorece la agregación de valor y el empleo” al entender que “la eliminación de estas retenciones revierte la decisión fiscalista y anti-productiva adoptada en 2018 que por primera vez en la historia imponía impuestos aduaneros al sector”.

El camino de reducción de los derechos de exportación

La Ley de Solidaridad Social estableció una política de reducción de los derechos referidos a las exportaciones de mayor valor agregado (industria, economías regionales y servicios), “con el objetivo de cuidar la sostenibilidad fiscal, promover el empleo y el dinamismo productivo con un sentido federal”, indicó Economía.

Para el caso de los servicios, se estableció en primer lugar una reducción de la alícuota al 5% que rigió durante todo el año 2020 (durante 2019 había sido entre 11% y 7%).

En diciembre de 2020, el decreto N° 1034/2020 reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento estableció que a partir de 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación.

Ahora, a partir de 2022, tanto las empresas inscriptas como las que aún no lo están pagarán cero.

Las exportaciones de servicios son una fuente de generación de valor novedosa: fomentan la creación de puestos de trabajo en todo el país y el incremento de divisas.

La industria de servicios (informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.) exportó durante 2020 un total de u$s5.700 millones anuales. Los principales destinos fueron EE.UU. y la Unión Europea.

La política de JxC

En 2018 se dispuso un derecho de exportación de $4 por dólar exportado (en ese momento equivalente a una alícuota de 12%) a las prestaciones de servicios producidas en el país y consumidas en el exterior.

De esta manera, por primera vez en la historia de nuestro sistema tributario, comenzaron a aplicarse derechos de exportación a los servicios. La medida implicó una modificación del Código Aduanero para incluir a los servicios como mercadería susceptible de ser importada o exportada.

“Aplicar derechos de exportación a los servicios fue una política errada consecuencia de una mirada exclusivamente fiscalista sobre los derechos de exportación durante el período 2015-2019, cuando se resolvió aplicar alícuotas a todos los bienes y servicios (independientemente del nivel de valor agregado) y con poca diferenciación entre bienes primarios, industriales, servicios, etc.”, remarcaron fuentes oficiales.

Fuente: ambito.com