El Gobierno oficializó el aumento del piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, de $150.000 a $175.000, y eximió del pago del tributo a los intereses originados en los depósitos efectuados en moneda nacional. La decisión, que fue anticipada anoche por el Poder Ejecutivo, se formalizó por medio de dos decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial, por lo cual ya está vigente.

“Increméntase el monto de la remuneración y/o del haber bruto previsto en el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, a $175.000) mensuales”, según el artículo 1 del texto oficial. Además, se incrementaron los montos previstos en el artículo 30 de la misma Ley, a saber:

• El monto de la remuneración y/o del haber bruto, de $150.000 mensuales a $175.000 mensuales.
• El monto de la remuneración y/o del haber bruto, de $173.000 mensuales a $203.000 mensuales.

En cuanto a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de 2021, a cobrarse en diciembre, “deberá considerarse el importe establecido en el artículo 1° del presente decreto y el promedio del segundo semestre calendario de la remuneración y/o haber bruto”, de acuerdo con lo dispuesto.

El Poder Ejecutivo explicó que la deducción “procederá en el supuesto en que, en el período fiscal 2021, la remuneración y/o el haber bruto promedio mensual arrojara un monto inferior o igual al tramo que correspondiere, considerando la suma resultante del promedio anual de los importes vigentes de aquellos, en cada tramo”.

Motivos de las modificaciones del mínimo no imponible

La Casa Rosada justificó los cambios en el mínimo no imponible de Ganancias al señalar que “debe garantizarse el cumplimiento del objetivo de la norma legal, tendiente a promover que la carga tributaria del Impuesto no neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida en orden a dar sostenibilidad al poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.

“Los supuestos macroeconómicos y salariales actuales difieren de los tenidos en cuenta al sancionarse la Ley N° 27.617, por lo que corresponde amortiguar el impacto del tributo en atención al desfasaje generado en los montos referidos en los párrafos anteriores, anticipando parcialmente y hasta su completa aplicación la actualización anual dispuesta por los precitados artículos de la ley del gravamen”, añadió.

Con esta nueva actualización, 1.267.000 personas que dejaron de pagar Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán exentas de este impuesto. En tanto, por medio de otro decreto, se eximió del pago de Ganancias a los intereses originados en los depósitos en instituciones financieras, en moneda nacional, con cláusula de ajuste. También, a los intereses o la denominación que tuvieren los rendimientos, producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca, a esos efectos, el Poder Ejecutivo, los que a su vez quedan dispensados del Impuesto sobre los Bienes Personales.

El objetivo de esta decisión es “promover integralmente el ahorro en pesos y eliminar la discriminación tributaria que tenían ciertos instrumentos financieros. Para ello, resulta necesario que las personas que confían en el peso con depósitos con cláusulas de ajuste también tengan beneficios impositivos similares”, resaltó el texto oficial.

Además, se diseñaron nuevas herramientas para que, mediante la política fiscal, “se incentive el desarrollo de un mercado de capitales robusto que, al no estar dolarizado, canalice de manera estable y sostenida el ahorro financiero hacia el sector productivo del país, para crecer más y generar más y mejor empleo y también más divisas genuinas a través de exportaciones”, destacó el Gobierno.

Por caso, con el propósito de fomentar la inversión en cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros, cuyo activo subyacente principal esté integrado por los depósitos y determinados bienes que estuvieren exentos en el impuesto sobre los Bienes Personales, se estableció una franquicia en el referido gravamen, aplicable a la tenencia de aquellos instrumentos.

A los efectos, se dispuso que existe un activo subyacente principal cuando una misma clase de depósitos o bienes, o el conjunto de estos, representen, como mínimo, un 75% del total de las inversiones del fondo común de inversión o del fideicomiso financiero.

Fuente: iprofesional.com

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso medidas de alivio para las localidades de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, afectadas por la bajante del Río Paraná. Con el objetivo de asistir a las personas, empresas y contribuyentes el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont postergó los vencimientos de distintas obligaciones tributarias.

Las herramientas de asistencia, que serán oficializadas en el Boletín Oficial a través de la Resolución General N° 5074, contemplan también la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales hasta el 1° de febrero de 2022, para dichos contribuyentes.

Las medidas alcanzan a contribuyentes de las localidades de la región de la cuenca del río Paraná ubicadas en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

La asistencia prevista por la AFIP contempla un plazo especial para el pago de los anticipos de los impuestos a las Ganancias, bienes personales e IVA así como para las obligaciones correspondientes a las contribuciones de la seguridad social, al régimen previsional de trabajadores autónomos y los monotributistas.

Los vencimientos y pagos de las declaraciones juradas fijados entre el 27 de julio de 2021 y 31 de enero de 2022, se considerarán cumplidos en término siempre que se efectivicen hasta las fechas que se indican a continuación:

Nuevos vencimientos para afectados por la bajante del Río Paraná.

Aquellos contribuyentes que hubieran optado por el pago mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático en tarjetas de crédito, podrán solicitar la suspensión del débito ante las respectivas instituciones de pago (entidad bancaria o administradora de tarjeta de crédito).

Cómo acceder a los beneficios

Los beneficiarios de estas medidas de alivio podrán acceder a través del sitio web de la AFIP con clave fiscal. En “Presentaciones Digitales” deberán optar por el trámite “Zona de Emergencia-Acreditación”. El plazo para solicitar los beneficios expira el 31 de octubre.

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos y condiciones serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “515 – Emergencia Hídrica – Decreto 482/2021”.

Bajante del Paraná: cómo afecta al campo argentino

La bajante histórica del río Paraná está golpeando al complejo agroexportador argentino, que tradicionalmente daba salida a sus productos mediante esa vía navegable. Ahora, el menor nivel del río tiene un impacto en el menor calado de los buques, con lo que se debe resignar entre el 20% y el 30% de la carga.

El detalle fue difundido por la a Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que reúnen a los jugadores clave de la región.

Las entidades enfatizaron que esta situación ocasionó “innumerables trastornos” a la navegación de los buques de exportación e incrementó los costos logísticos en u$s350 millones en 6 meses, de acuerdo a los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El puerto de Bahía Blanca, destino de la producción debido a la bajante del Paraná.

Pronósticos que preocupan

El panorama del río Paraná está lejos de mejorar y en el mercado de granos esperan que incluso se agrave aún más. Según los escenarios planteados por el Instituto Nacional del Agua (INA), el pico inferior de la bajante se espera entre mediados de octubre y noviembre de este año, donde se prevé que los valores no alcancen los límites registrados en 1944, puntualizó un análisis de Díaz Riganti Cereales.

“Para poder cumplir con los contratos, los barcos deben completar carga en los puertos de aguas profundas del sur bonaerense, Necochea y Bahía Blanca. Esta maniobra encarece los costos operativos y de exportación, restando competitividad frente a otros países exportadores y competidores de la Argentina”, alertó el reporte de CIARA-CEC.

Por este motivo, se elevaron los embarques en ambos puertos. En el caso de Bahía Blanca, el volumen comercializado, en el período de enero a julio inclusive, representó el 74% del total de lo acumulado durante todo el 2020. En Necochea, equivale al 69% del año anterior.

De hecho, según lo consignado días atrás por la BCR, ambas terminales alcanzaron récords de exportaciones agrícolas en agosto, al totalizar las 2,5 millones de toneladas, el mayor volumen mensual de la historia y un 24,2% de los embarques nacionales. De ese total, más de la mitad correspondió a maíz tardío. Allí, además se indicó que se tocó el peor registro desde septiembre de 1970, al oscilar entre -12 cm a -33 cm durante el mes pasado.

Necochea-Quequén, otro puerto que se fortaleció para exportar los productos del agro.

La liquidación de divisas no se detiene

Pese a los problemas logísticos, los ingresos por exportaciones agroindustriales crecieron 74% durante los primeros 8 meses del año y marcaron un récord histórico.

En este contexto, CIARA-CEC puntualizó que en esta campaña los productores vendieron un volumen récord de maíz de 20,9 millones de toneladas, desde el comienzo de la cosecha hasta el 18 de agosto, contra unos 13,7 millones de toneladas que se comercializaron en igual lapso del 2020, lo que significó una suba superior al 52%.

En tanto, desde el 5 de mayo al 18 de agosto, los productores comercializaron un récord de 11,8 millones de toneladas, un aumento del 19%, es decir 1,862 millones de toneladas, con respecto a igual intervalo de la cosecha anterior.

Las ventas de maíz, por encima de las de la cosecha pasada.

Eso también posibilitó conseguir exportaciones récord en julio por unos 4,9 millones de toneladas. “No obstante, el ritmo de ventas de los productores de maíz está disminuyendo en forma significativa desde comienzos de agosto y se proyecta que la oferta disminuirá cada vez más”, puntualizó el informe.

Por otro lado, el ingreso de camiones de soja en agosto se mantuvo en el mismo nivel de junio a julio. Así, ingresaron 65.900 camiones de la oleaginosa a las terminales, con un volumen de 1.977.000 toneladas.

Sin embargo, se informó una consolidación en la caída de ventas de los productores durante la segunda parte de este año. “El productor vende para cumplir con compromisos diferidos o comprar insumos para la próxima campaña 2021-22, se va reduciendo el volumen de oferta de soja en el mercado disponible”, indicó CIARA-CEC.

Ventas de soja, también en un buen momento.

En el “top five” de importadores de harina de soja, la Unión Europea sigue siendo el primero con 4,2 millones de toneladas, un 25% de las exportaciones totales durante el período de enero a julio del 2021.

Sin embargo, si tomamos los “Tigres del Sudeste Asiático” (Vietnam, Indonesia y Malasia), en su conjunto ocupan el primer lugar con 5,08 millones de toneladas (30% de las exportaciones totales). Dentro de estos tres, Vietnam es el primer importador con 2,14 millones de toneladas, seguido por Indonesia con 2,019 millones de toneladas.

En cuanto al aceite, la India sigue siendo el principal comprador con 1,6 millones de toneladas (44% de las exportaciones totales) durante los primeros 7 meses del año, seguida muy de lejos por Irán con 398 mil toneladas (11%), Bangladesh 358 mil (9%), China 327 mil (9%) y Egipto con 244 mil toneladas (6%). Entre los 5, representan el 80% de las exportaciones totales de este producto.

Fuente: iprofesional.com

El Gobierno pretende llegar antes de las elecciones a los más necesitados con una batería de medidas de ayuda, pero también a la clase media, por ejemplo, subiendo el piso del Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores. Esto implicará más dinero en el bolsillo.

El mecanismo consistirá en un decreto que utilizará la delegación legislativa del Congreso en la reforma que subió el mínimo a $150.000, para que el Poder Ejecutivo eleve ese piso hasta $175.000 durante este año.

Sin embargo, el lado B de la suba de la deducción especial por segunda vez en el año es que se vuelve a complicar la carga administrativa de las empresas y también que se achata la pirámide de los mandos medios, de tal modo que un jefe en muchos casos cobrará menos de bolsillo que un empleado.

Por otra parte, con el nuevo tope de remuneración bruta, las empresas tendrán que devolver a sus empleados las sumas retenidas en exceso desde el mes de enero, cuando ya están devolviendo en cuotas lo que correspondió a la norma anterior.

“Dado que los salarios se han visto incrementados por las distintas negociaciones paritarias o aumentos otorgados por las empresas, se está analizando el incremento del piso a partir del cual los empleados quedan obligados a tributar, el que pasaría de ser de $150.000 mensuales a $175.000“, comentó Analía Saitta, de KPMG Argentina.

Esto, en el caso de un trabajador soltero sin hijos que percibe $175.000 podría implicar un ahorro de aproximadamente $16.000, y en el caso de un empleado casado con dos hijos, de $8.500, según calculó Saitta.

Los distintos grupos de beneficiados

La reforma que impulsó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apuntó a disminuir la carga tributaria de un grupo extenso de trabajadores, dejando a algunos eximidos totalmente del pago del impuesto y a otros con una retención menor.

En este sentido, se pueden identificar dos grandes grupos de empleados beneficiados con estos cambios y un tercer grupo en el que el cálculo del impuesto no ha sufrido modificaciones, enumeró Saitta:

• Grupo 1: aquellos empleados cuya remuneración bruta no superaba los $150.000 mensuales, los cuales pasaron a no tributar importe alguno.

A fin de aplicar este beneficio, la ley contempló el incremento de la deducción especial en el mes, de manera tal que la ganancia neta sujeta a impuesto arrojara resultado cero. Asimismo, se previó la exención sobre el aguinaldo.

• Grupo 2: aquellos cuya remuneración bruta fuera superior $150.000 pero menor o igual a $173.000 mensuales, los cuales gozan de una disminución de su carga fiscal.

En este caso, se facultó a la AFIP a fijar una deducción especial incrementada, de forma tal de crear pequeños “escalones” entre aquellos que no tributarán impuesto por integrar el grupo de trabajadores con haberes brutos menores a $150.000 mensuales y aquellos que continúan abonando el tributo de la misma forma que lo venían haciendo por superar $173.000 mensuales.

• Grupo 3: aquellos trabajadores que no gozan todavía de este beneficio en el cálculo mensual ya que perciben remuneraciones superiores a $173.000.

“Pasados algunos meses de la aplicación práctica de la Ley N° 27.617, cabe mencionar que se ha producido un cambio de lógica en el cálculo del impuesto”, advirtió Saitta.

“Al respecto, cabe señalar que para generar los beneficios indicados se ha producido un cambio en la mecánica de determinación del impuesto, ya que a los efectos de su aplicación debe establecerse si el trabajador se encuentra en alguno de los grupos en forma, desvirtuando parcialmente el concepto de anualidad del Impuesto a las Ganancias”, explicó Saitta.

Un mecanismo que discrimina

“Más allá de los beneficios para este rango de asalariados, la ley discrimina en contra del resto de los asalariados que están por encima de ese monto mínimo de salario bruto, ya que los mismos no tienen ningún beneficio”, comentó Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores.

“Por consiguiente, al incrementarse ese monto mínimo, dentro de una empresa se va a dar la paradoja de que un jefe puede tener un ingreso de bolsillo inferior a un empleado”, alertó Rodríguez.

“Finalmente, los trabajadores autónomos siguen sin tener beneficio alguno frente al embate del proceso inflacionario que vive el país”, remarcó Rodríguez.

Y Andrés Edelstein, socio de Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc, también indicó que “se insiste en el esquema inplementado por la Ley 27.617, cuya técnica legislativa es perfectible, aunque obviamente el único objetivo de aumentar el piso para empleados en relación de dependencia y jubilados se logra. Se agranda la brecha con quienes quedaron fuera de este esquema, es decir los trabajadores autónomos, lo cual incrementa la desigualdad ya existente”.

Desde cuándo se dejará de pagar

“Contrarreloj se está escribiendo la norma para subir el piso a $175.000, que probablemente impacte recién en los sueldos de octubre que se pagan a fin de mes o en los primeros días de noviembre“, consideró Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

“En el esquema actual la devolución de los pagos en exceso se hace en cuotas, ahora bien si el objetivo es entrar al bolsillo debería diseñarse el sistema para que la devolución sea de una vez”, afirmó Laiún.

Pero la experta criticó que “así las personas que trabajan en relación de dependencia y las que cobran jubilaciones y pensiones pasan a cobrar lo que el Gobierno decide a su gusto, en lugar de disponer de un sistema transparente, claro y sencillo que permita anticiparse y organizar la economía familiar”.

“Por más que esto sea una buena noticia, en perspectiva no lo es, porque así como hoy quieren entrar en el bolsillo para dejar unos pesos, en todos los años en que las escalas permanecieron sin ajuste, desde 2001 a 2013 y de 2019 a 2020, el Gobierno se dedicó a sacar pesos de los bolsillos de las personas en relación de dependencia”, enfatizó Laiún.

A su vez, el contador José Luis Ceteri aseguró que la medida “complica administrativamente a las empresas, y sigue siendo un mecanismo injusto, porque el que se pasa por $1 del mínimo, empieza a pagar. Lo ideal sería aumentar todas las deducciones personales. Sería más equitativo, aunque se llegue al mismo monto”.

Por la situación post-electoral, sostuvo el contador Daniel Pérez, “se aumentará el mínimo a $175.000 de remuneración bruta, y habrá personas que estarán por abajo en el promedio en algún momento del año, lo que será un beneficio para los trabajadores, pero un conflicto liquidatorio, administrativo y de sistemas para las empresas”.

Fuente: iprofesional.com

Desde 2001, el FMI considera un dato clave para la “transparencia fiscal” que se calcule “el gasto tributario” que se produce por perdones en los impuestos con destino a sectores específicos, y el Presupuesto anual argentino los calcula cada año. Para 2022, tendrá la dimensión de 2,64% del PBI.

Se denomina gasto tributario a la cuantificación de los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, explicó Ariel Barraud, de Iaraf.

El objetivo de estos gastos es beneficiar a determinadas actividades, zonas o contribuyentes. Los casos más habituales son los de otorgamiento de exenciones, deducciones, alícuotas reducidas, diferimientos, amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos, añadió Barraud.

Los objetivos y la transparencia

Ante la identificación de la necesidad de que el Estado intervenga en la economía por fallos del mercado como asignador de bienes y servicios, surge la alternativa de que la mayor provisión se realice de manera directa a través de gastos y/o subsidios públicos; o en forma indirecta por medio de señales como el tratamiento diferencial o la exención en materia impositiva, indicó.

En este último caso se estarán resignando recursos potenciales (este es el gasto tributario) en relación a una situación en la que no haya tratamientos diferenciales. Se trata de recursos fiscales que en caso de existir de manera efectiva podrían alternativamente ser usados en forma directa para el fomento de la actividad de interés, precisó Barraud.

La combinación de instrumentos directos e indirectos está sujeta a debate, y no presenta los mismos resultados para todos los sectores, ya que debe tenerse en cuenta que en ocasiones la eliminación del tratamiento diferencial no necesariamente acercaría una ganancia fiscal al Estado, afirmó Barraud, y agregó que esto es así puesto que podría tener el efecto de reducir el nivel o suspender la actividad económica beneficiada por la exención.

Las mayores críticas a los mecanismos de incentivos surgen en actividades o regiones en las que se considera que la decisión de inversión, producción o consumo se hubiera tomado aún sin la existencia de la política, advirtió.

La legislación tributaria argentina ha venido incluyendo desde sus orígenes tratamientos diferenciales y exenciones impositivas, que al implicar una renuncia a la obtención de recursos fiscales constituye un verdadero gasto: el gasto tributario o tax expenditure según la literatura internacional.

En tal sentido, el Manual de Transparencia Fiscal del FMI de 2001 recomienda su cálculo, ya que lo considera un requisito básico para la transparencia fiscal.

La Dirección Nacional de Análisis e Investigación Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos-Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía, realiza una estimación del gasto tributario que es introducida en los mensajes de elevación del Presupuesto.

Los números del Presupuesto 2022

Los gastos tributarios para 2022 se calculan en $1.587.258 millones, lo que representa un 10,2% de la recaudación nacional proyectada y un 2,64% del PBI previsto en el presupuesto para el próximo año.

Este porcentaje prácticamente iguala al de los últimos dos años, que fue de 2,63% del PBI en 2020 y se estima en 2,67%para 2021, comentó Barraud.

Del total de gastos tributarios, un 71% surge por la normativa impositiva nacional, con un 1,87% del PIB en deducciones y exenciones de Ganancias, IVA, Seguridad Social, Combustibles, Bienes Personales e Impuestos Internos.

El otro 29% se debe a regímenes de promoción como la promoción económica de Tierra del Fuego, el régimen de fortalecimiento de pyme, promoción industrial, de la actividad minera, entre los más relevantes. Sumados equivalen a un 0,77% del PBI en 2022, sin mostrar cambios relevantes respecto al año pasado, precisó Barraud.

Fuente: iprofesional.com