Es poco probable que se logre simplemente estimulando la demanda y esperando que a eso le siga un crecimiento de la productividad

Argentina está penúltima en el ranking de presión fiscal. Y en ese marco llega la suba del impuesto a las Ganancias de las empresas. Una voracidad del Estado que desmotiva la inversión y el ahorro. Una nota de opinión del Dr. Cesar Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados. Leela aquí.

Fuente: llyasc.com

Según IARAF, los gastos no previstos para atender la emergencia del coronavirus mantendrían el déficit primario del 4,2%.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los gastos no previstos para atender la emergencia del coronavirus por la irrupción de la segunda ola serían el equivalente a todo lo que se espera recaudar por el Aporte Solidario Extraordinario más el adicional de retenciones por la suba de los precios internacionales de las commodities.

Las cuentas parten de considerar ingresos adicionales por $200.000 millones en concepto de recaudación incremental por derechos de exportación no previstos en el Presupuesto, y otros $300.000 millones por el Aporte Solidario Extraordinario, tampoco contemplado en el cálculo original de la “ley de leyes”. La suma de esos ingresos equivale a aproximadamente 1,2 punto del Producto Interno Bruto (PIB) y permitirían reducir el déficit primario del 4,2% de la última revisión presupuestaria a un 3%. Esto dejaría a Guzmán en mejores condiciones para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, la nueva ola de COVID-19 que aqueja al país se mantendría en el 4,2% según las proyecciones de la entidad dirigida por Nadín Argañaraz. En su análisis, el Instituto consideró el agravamiento de la pandemia y el efecto fiscal que tendrá, en función de la falta de previsiones en la elaboración del proyecto de Presupuesto presentado en septiembre del año pasado.

IARAF remarcó que con el cambio de situación “el gobierno encaró una política de ampliación de gastos sanitarios y transferencias asistenciales, que junto a la reducción del pago de ganancias personales conforman un paquete con un costo fiscal por el momento cercano a los $480 mil millones asociado a la crisis de la segunda ola, aproximadamente un 1,2% del PIB estimado para 2021”. Asimismo, se indica que “el Gobierno nacional presupuesto para 2021 un déficit primario del 4,2% del PIB”, reiteró la entidad, que a su vez indicó que “el achicamiento del déficit respecto a 2020, según estas proyecciones, se obtendría fruto de una mejora en la recaudación de impuestos ligados a la actividad como el IVA, y también de los derechos de exportación”.

“Gastos como el IFE o el ATP de 2020 no fueron previstos en el presupuesto 2021, quizás porque se imaginó un escenario con una inmunización mucho más extendida que impediría nuevas trabas a la circulación, que ocasionen un daño significativo a la economía. Claramente no es el caso actual”, puntualizaron.

Con respecto a las retenciones IARAF aclaró que “explicaron un tercio del crecimiento interanual real del total recaudado en estos primeros cuatro meses de 2021”. “Además, el presupuesto no preveía la aprobación del Aporte solidario y extraordinario, que según las cifras oficiales recaudará en todo el año aproximadamente otro 0,7% del PIB (algo menos de $300 mil millones, de los cuales según cifras oficiales ya ingresaron $223 mil millones)”.

Por último, IARAF advirtió que “además de la pandemia, se tiene un calendario eleccionario”, con el riesgo de un cambio de escenario desde el punto de vista fiscal. “La evidencia reciente indica que si hay un deterioro fuerte de la actividad fruto de nuevos cierres o nuevas olas, los ingresos fiscales sufrirán nuevamente, y no puede descartarse que el gasto corrija el rumbo actual y vuelva a mostrar un salto, sea por imperio de una nueva ola del COVID o por la aceleración del gasto en transferencias y subsidios que habitualmente acompaña en Argentina a cada año electoral”, finalizó.

Fuente: perfil.com

El proyecto que actualiza las escalas y las alícuotas del impuesto a las Ganancias para empresas tuvo el miércoles despacho de comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y la semana próxima será debatida en el recinto de la cámara alta. Lo más probable, entonces, es que esa iniciativa -que ya tiene media sanción- sea convertida en ley.

Durante el debate de ayer miércoles en la comisión, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, dio precisiones sobre una de las principales modificaciones de Ganancias para las empresas:

“A partir del año que viene, (las escalas) van a tener la actualización correspondiente por el Índice de Precios al Consumidor”, dijo Arias durante la exposición ante los legisladores. Es decir, a partir del año 2022 -cuando haya que abonar por las utilidades de este año- serán tomadas en cuenta las escalas que sean aprobadas ahora por la ley pero con la actualización según la inflación de este año.

Para tener en cuenta: el proyecto -enviado por el Poder Ejecutivo- establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.

“Impuesto justo”

Para argumentar a favor del proyecto, Arias explicó en el Senado que la recaudación de Ganancias de las empresas perdió relevancia en los últimos años. Dio datos al respecto: “La recaudación del impuesto a las Ganancias en 2015 era de 3,1% del PBI, bastante cercano al promedio de la OCDE en ese momento que era 3%, mientras que en 2019 fue de 2,7%”, fundamentó.

El funcionario se encargó de defender la iniciativa: “Es un impuesto justo. Y está bien que tenga alícuotas progresivas porque si durante la pandemia una empresa logró mantener o aumentar el nivel de ganancias, parece justo que pague una alícuota mayor, mientras que las empresas que tuvieron caída en el nivel de actividad no tengan el mismo impacto”, argumentó.

El Senado dio dictamen al proyecto que modifica Ganancias

A su vez, destacó los cambios en las alícuotas que se pondrán en vigencia ni bien se apruebe el proyecto de ley. “Desde 1999 hasta 2017 la alícuota fue del 35%, igual para todas las empresas, independientemente de su nivel de ganancias”, con lo cual desde ahora se irá hacia un esquema más progresivo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90% de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.

“Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.

Llamó la atención la crítica que hizo del proyecto Oscar Parrilli, el senador del bloque oficialista que responde a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Nos quedamos a mitad de camino con este proyecto”, reveló Parrilli.

“Deberíamos volver al diez por ciento original (en la alícuota del reparto de dividendos)y no mantener el siete por ciento del impuesto adicional. A veces hacemos un discurso en beneficio de las PyMEs y, en realidad, estamos beneficiando a las grandes empresas”, cuestionó.

Ganancias para empresas: las claves

Fue un dato de color. La iniciativa, más allá de la crítica de Parrilli, tendrá aprobación sin ese deseo del senador kirchnerista.

El radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.

“Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.

Fuente: iprofesional.com

Así lo decidió el presidente Alberto Fernández durante la reunión de gabinete económico que encabezó en Olivos. A principios de año había prolongado la doble indemnización por cesantías hasta fin de año

El Gobierno extendió otros 30 días el decreto que prohíbe los despidos sin causa por la crisis sanitaria del coronavirus. La medida está vigente desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

La decisión fue tomada por el presidente Alberto Fernández en la reunión de gabinete económico que finalizó hace algunos minutos y que tuvo lugar en la Residencia de Olivos. El jefe de Estado mudó el habitual encuentro de funcionarios del área a la quinta presidencial para evaluar las medidas de asistencia tras la implementación del confinamiento más estricto desde el último sábado.

La prohibición de los despidos sin causa fue una de las primeras medidas que tomó el Poder Ejecutivo ante la llegada de la crisis sanitaria. En un primer momento tuvo una vigencia de tres meses, pero sucesivamente fue extendida a pesar de la flexibilización paulatina de la actividad en la mayoría de los sectores económicos.

Antes de la pandemia, incluso, había tomado otra medida con fuerte impacto en el mercado laboral como fue la obligación de doble indemnización en caso de cesantías. En enero el Gobierno decidió prolongar ese decreto hasta fin de año. Ambas decisiones fueron cuestionadas con dureza desde el sector privado.

En su momento, el presidente de Copal y próximo titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja había definido a ese paquete como un “triple cepo” por la prohibición de despidos, de suspensiones y por la doble indemnización: “Constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, había criticado.

La tradicional reunión entre funcionarios que encabeza el jefe de Gabinete Santiago Cafiero suele tener lugar los miércoles, aunque por cuestiones de agenda fue mudada a este jueves a Olivos. “Fue de agenda abierta”, adelantaron desde el Poder Ejecutivo.

Participaron, además de Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el de Trabajo Claudio Moroni, la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, entre otros funcionarios.

En el tope de la agenda en Olivos estuvo el seguimiento de las medidas de asistencia que tuvieron que ser ampliadas en los últimos días por las restricciones más estrictas a la circulación y la actividad en distintos sectores.

En la última reunión de gabinete económico, un día antes de que Alberto Fernández anunciara el confinamiento más estricto, los funcionarios del área evaluaron cómo incrementar la ayuda salarial para empresas y familias a través del Repro y de la Tarjeta Alimentar.

El costo de las medidas anunciadas equivale a 1,3% del PBI, lo que implica unos $480.000 millones. Se destacaron el incremento del monto del salario complementario para trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasará de $18.000 a $22.000, esto implicará un gasto extra de $6.000 millones. Por otra parte, se incorporará el sector gastronómico al Repro y también al programa de reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.

Fuente: infobae.com

El último informe del Observatorio de la Deuda Social revela que las restricciones para salir a buscar trabajo aumentaron los niveles de desocupación; fuerte impacto en el empleo informal.

La pandemia golpeó tan fuerte al mercado laboral de la Argentina que el índice de desocupación real en el país hoy es del 28,5% en función de las personas que perdieron sus trabajos, tuvieron que cerrar comercios o se vieron forzadas a quedarse en sus casas por las restricciones sanitarias impuestas ante el avance del Covid-19.

Según el último relevamiento que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA la desocupación real del 28,5% se midió en 2020 en función de la gente que perdió sus trabajos, tuvo sólo empleos temporales o bien se vieron impedidos de salir a buscar trabajos por las imposiciones de la cuarentena.

“De no haberse generado este efecto desaliento (por la cuarentena) y se hubiese mantenido el nivel de participación en el mercado de trabajo, la desocupación se habría incrementado a 28,5%”, sostiene el informe de la UCA titulado “Efectos de la pandemia Covid-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana”.

La cifra de desocupación real proyectada emitida por la UCA dista del 11,6% de desempleo que informó el Indec el año pasado.

De todas maneras, la tasa de desocupación tradicional se incrementó, entre 2019 y 2020, del 11,3% al 13,9% de la población económicamente activa, el valor más elevado de la década, según los datos de la UCA.

La Encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, referida a la población de 18 años y más, sostiene que a pesar de la fuerte pérdida de empleo observada, la tasa de empleo disminuyó del 57,9% al 54,1%, se dio un efecto de desaliento en la búsqueda de empleo ya sea por la imposibilidad de circular libremente por las disposiciones del ASPO o del DISPO o, por la creencia de que no se va a conseguir trabajo.

“La tasa de desempleo real del 28,5% registrada el año pasado supera por lejos al 21% de desocupación que se había registrado en la Argentina en el 2001 en un contexto de grave crisis. Esto es porque la tasa de medición tradicional no releva a aquellas personas que querían salir a buscar empleo pero que no pudieron hacerlo por las restricciones de la pandemia”, explicó a El Cronista, Eduardo Donza, uno de los autores del informe de la UCA sobre desempleo.

El documento añade que en 2020, sólo el 43,7% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 13,9% de esta población se encontraba abiertamente desempleado y el 14,5% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación).

A la vez, el 27,9% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social).

El trabajo elaborado por el Observatorio de la Deuda Social en las grandes ciudades de la Argentina reveló también que en el último año aumentó la proporción de ocupados en el sector microinformal de la estructura productiva (actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal).

En 2020, este sector reunía al 51,1% de los ocupados. En el mismo año, los ocupados en el sector público representaban el 15,2% (se incluye tanto a los empleados que cubren las necesidades operativas del Estado como a los trabajadores que realizan contraprestación en los programas de empleo directo), y solamente el 33,7% de los ocupados realizaban actividades en el sector privado formal (actividades laborales profesionales o en unidades económicas de media o alta productividad e integradas a los mercados formales).

En 2020, el 36,7% de los activos mayores de 18 años se encontraba en riesgo de desempleo por haber estado desocupado por lo menos una vez en el último año, el 46,4% del total de los ocupados carece de aportes al Sistema de Seguridad Social (no le realizan los aportes jubilatorios al 27,6% de los asalariados y el 70,4% de los trabajadores por cuenta propia no realiza el pago de sus aportes jubilatorios) y el 32,4% de los ocupados no contaban con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga.

Para Donza, el empleo público fue el menos afectado por el desempleo y en el trabajo privado o en los empleos informales la ayuda del IFE o el ATP que ofreció el gobierno durante la pandemia tuvo un efecto limitado por dos motivos centrales: no se pudo continuar en el tiempo y apuntó sustancialmente a los trabajadores formales de la economía.

Según el especialista de la UCA si bien no se conoce aún el desenlace de la pandemia, la situación de desempleo va a empeorar en la Argentina ya que habrá mayor precarización del empleo y menores ingresos. Es que los ingresos cayeron un 7% y todo indica que seguirán en baja.

En este sentido, el informe de la UCA reveló que el ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-informal fue un 35,4% menor que el ingreso del total de ocupados. En 2020, el ingreso medio mensual del total de los ocupados fue de $33.257.-, el de los trabajadores del sector micro-informal de $21.475.-, el de los ocupados del sector privado formal de $46.101.- y el del sector público de $44.854.-

Si bien la evolución de la media de ingresos de cada uno de los grupos de trabajadores según el sector de inserción es relativamente similar, el saldo 2010-2020 fue aún más negativo para los ocupados en el sector microinformal (-28,6%) que para los del sector público (-17%) y el sector formal (-13,8%).

A nivel general, el poder de compra del ingreso horario del total de ocupados disminuyó, entre 2010 y 2020, un 13,5% (de $353,9.- a $306,2.-). Este descenso fue más marcado al considerar a los trabajadores del sector público, un 22,2% (de $512.- a $398,1.-) y en los trabajadores del sector micro-informal, con un 15,4% (de $261,8.- a $221,4.-) que en los del sector formal de la economía donde casi no tuvo cambios, solo -0,3% de variación (de $401,1.- a $399,7.-, todos en pesos del tercer trimestre de 2020)

En relación a la situación de los/as trabajadores/as pobres entre 2010 y 2020, con énfasis en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19 en la Argentina urbana el trabajo de la UCA arriba a algunas conclusiones alarmantes. Al respecto, se aprecia que entre 2017 y 2020 el porcentaje de trabajadores/ as pobres pasó de 15,5% a 27,4% y de 1,9% a 4,4% al considerar un umbral de pobreza extrema.

Así, el incremento de la pobreza fue significativamente más intenso entre los/as trabajadores/as que viven en hogares del estrato trabajador integrado y del estrato marginal, que residen en el Conurbano Bonaerense, entre las mujeres y entre trabajadores/as en edades centrales (35-59 años).

Fuente: cronista.com