La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había extendido hasta el jueves 16 de abril, inclusive, la registración en el Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP).

La decisión procura garantizar el acceso a las herramientas creadas para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio sobre el entramado productivo.

“Más de 390 mil empleadores ya se anotaron en el programa. Todas las empresas, sin importar la actividad que desarrollan ni su tamaño, pueden inscribirse en el sitio web del organismo”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al referirse al ATP.

“Siete de cada diez empresas registradas en el ATP ya fueron habilitadas automáticamente por la AFIP a una prórroga por dos meses del pago de las contribuciones patronales correspondientes a marzo que vencen mañana”, indicó Marcó del Pont.

La medida, complementaria a las herramientas que prevé el programa para facilitar el pago de los salarios, posibilitará que los contribuyentes alcanzados posterguen hasta junio el ingreso del componente SIPA de las contribuciones patronales.

Con este beneficio, los empleadores solo pagarán este mes el 40% del monto total de las contribuciones patronales y el resto lo afrontarán a partir de junio. El monto que no se posterga está vinculado al financiamiento del PAMI, el sistema de Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo.

“A partir de la próxima semana vamos a informarle a cada empleador a través del domicilio fiscal electrónico qué combinación de beneficios le corresponderá. El Estado hará un esfuerzo muy importante para garantizar el pago de los salarios de todo el sector privado”, precisó la funcionaria.

El programa prevé la posibilidad de que las empresas accedan a los REPRO o una asignación compensatoria al salario. Además contempla la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales que vencen en mayo.

Fuente: iprofesional.com

De los regímenes vigentes para Pymes y emprendedores, una cosa es qué dice la legislación y otra qué se da en la práctica al momento de querer aplicarlos, esto pasa con el Ingreso Familiar de Emergencia y con la ayuda para pagar sueldos.

El Ingreso Familiar de Emergencia abarca a monotributistas de la categoría “A” y “B” y a monotributistas sociales, si son argentinos entre 18 y 65 años y no tienen otros ingresos en la familia y les otorga un beneficio de $ 10.000 por única vez.

“En los hechos, lo que le sucedió a quienes quisieron aplicar y tenían, por ejemplo, un auto aunque ya hubieran pasado sus 10 años de amortización contable, es que salió un cartel advirtiendo que el bono fue denegado”, señalaron M. Bárbara López Lagoria, M. Emilia Budini y Micaela Benayas, de In4action.

La leyenda en la página de la Anses es como sigue:

En cuanto a las contribuciones patronales sobre el componente jubilatorio, que es uno de más significativos de la contribución unificada con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social, existe el beneficio de prórroga o reducción.

La prórroga es para los vencimientos de marzo que operaban el 13 de abril, los que pasaron al 16 de abril, salvo para las empresas que se inscribieron en la AFIP y el organismo aprobó la solicitud del beneficio, a las que el pago del componente jubilatorio les pasó al 16 de junio próximo. La reducción es sólo para empresas con menos de 60 empleados declaradas no esenciales y afectadas en sus ventas por el coronavirus y la cuarentena, y se trata de una disminución del componente jubilatorio de hasta un 95%, recordaron López Lagoria, Budini y Benayas.

En la ayuda para el pago de sueldos, hay dos vías según la cantidad de empleados: para los emprendedores y Pymes, que en general manejan menos de 100 empleados, el beneficio consiste en que el Gobierno se hará cargo de una parte del sueldo del empleado, mediante el pago de una Asignación Compensatoria con tope gradual en distintas cantidades de Salarios Mínimos Vitales y Móviles entre 25 y 100 empleados.

Cómo se gradúa la asistencia

Si bien no está especificado en ningún decreto o reglamentación, en el práctica desde este lunes en el sistema habilitado para tal fin se recordaba a los empleadores tener disponible el CBU de los empleados, por lo tanto es importante para recibir éste beneficio ingresar y actualizar la CBU de cada empleado, recordaron López Lagoria, Budini y Benayas.

De ésta forma parecería que el ANSES depositaría la Asignación Compensatoria con el tope que corresponda en la cuenta bancaria del empleado, precisaron.

No se sabe aún la fecha estimada de depósito pero sí que los empleadores deberán considerar dicho monto como remunerativo y liquidar las cargas sociales correspondientes, indicaron López Lagoria, Budini y Benayas.

Si la empresa tuviera más de 100 empleados, el empleador deberá solicitar el beneficio para que el Gobierno cubra entre $ 6.000 a $ 10.000 por empleado a través del Repro. Se deberá ingresar información referente a cómo afectó el aislamiento por coronarivus, cómo se piensa recuperar la empresa y, además, establece como requisito que se deberá mantener la nómina actual. Dicho monto no será considerado remunerativo, a diferencia del mecanismo para menos de 100 empleados, puntualizaron.

“Cabe mencionar, que en ambos casos refiere a trabajadores comprendidos en el régimen de negociación colectiva. Parecería que la intención de la norma es de no incluir a aquellos trabajadores que, por ocupar cargos jerárquicos, se encuentran fuera de convenio. Es esperable que en los próximos días sea por vía de norma aclaratoria o reglamentaria, se deje expresado explícitamente si alguno de los trabajadores fuera de convenio puede ser incluido dentro de este beneficio”, comentaron.

Los números del ahorro salarial

Para graficar el ahorro que podría llegar a tener una Pyme por el otorgamiento de la reducción de contribuciones patronales y la ayuda para paga sueldos, las especialistas de In4action tomaron como ejemplo una Pyme que tiene 10 empleados, los mismos se encuentra todos dentro de Convenio Colectivo de Trabajo y el sueldo promedio es de $32.780.

Como se puede observar el ahorro total ascendería a: $195.123 y se compone de la siguiente manera, concluyeron López Lagoria, Budini y Benayas:

• $26.373 por reducción de hasta un 95% de las contribuciones patronales al SIPA.
• $168.750 por compensación de los salarios por parte del ANSeS.

Cómo cumplir con los impuestos cuando no hay fondos líquidos

Estamos en días de vencimientos de obligaciones impositivas y nos encontramos con un abanico de alternativas posibles, dijeron en In4action, como pagar, ingresar a un plan de pagos, a la moratoria o no pagar y esperar.

Hoy la moratoria vigente incluye deudas vencidas al 30 de noviembre de 2019, por lo cual no es una posibilidad, pero se sabe y se habla entre empresarios que como se trata de una crisis generalizada, es de esperar que el fisco lance algún tipo de moratoria para las deudas vencidas durante el período de aislamiento. Si la nueva moratoria es igual a la actual, permitiría cancelar deudas con bajo o nulo interés y sin multas, comentaron López Lagoria, Budini y Benayas.

Entonces, ¿qué se puede hacer con la deuda que se genera por la imposibilidad de pago en la crisis del coronavirus?, se preguntaron en In4action, y respondieron que se puede ingresar en planes de pago.

En tal sentido, recordaron que se extendió hasta el 30 de junio próximo inclusive la vigencia transitoria correspondiente a los beneficios del Plan Permanente de Facilidades de Pago.

Todos los contribuyentes podrán solicitar hasta un máximo de 3 planes la cantidad de cuotas a solicitar será de 6 y la tasa interés mensual será de 4% o de 7% según el perfil de cumplimiento.

En cambio, para las Pymes tramo 1, habrá la posibilidad de solicitar hasta un máximo de 10 planes, una cantidad máxima de 8 cuotas y la tasa de interés mensual podrá variar de 1% a 3%.

Fuente: iprofesional.com

Entre el 1 y el 12 de abril la recaudación tributaria nacional cayó un 28,3% en términos reales, mientras que la recaudación provincial lo hizo en un 58,6% real, señala el último informe del IARAF.

Cuatro tributos presentaron crecimiento nominal interanual en los periodos considerados del mes de abril. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la inflación acumulada en el mismo periodo, solamente muestran subas reales dos tributos nacionales cuya relevancia relativa en comparación con el resto es baja.

La evolución de la recaudación tributaria, tanto nacional como provincial, es siempre importante. Pero en la situación actual, se hace todavía más relevante, dada la gran caída de ingresos que se espera a raíz de los efectos del aislamiento obligatorio. La baja de ingresos puede aumentar de manera considerable tanto el déficit fiscal nacional como provincial.

Dado esto, el IARAF ha decidido incorporar a su seguimiento habitual de variables económicas y fiscales, el de la evolución semanal de la recaudación de los principales impuestos vigentes en nuestro país en los distintos niveles de gobierno. Con este objetivo, se analiza la recaudación percibida en los últimos días, comparada de manera acumulada con el mismo periodo transcurrido del año anterior.

El dato permite analizar cómo se viene desempeñando la recaudación hasta el último dato disponible (en el caso particular de este informe, hasta el 12/4/2020), y debe quedar claro que no se busca extrapolar esta información a lo que podría terminar resultando la recaudación de todo el mes. Es un termómetro del estado actual de las variables.

La estructura de recaudación tributaria nacional descansa en dos impuestos clave: el IVA y el impuesto a las Ganancias, que representan el 39,1% y el 28,5% del Total de recaudación nacional (sin considerar los recursos de la Seguridad Social).

Ambos tributos son al mismo tiempo los principales componentes de la masa a repartir entre Nación y Provincias en virtud de la Ley de Coparticipación y sus modificatorias y complementarias.

En las provincias, la obtención de recursos descansa fuertemente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, que representa $75 de cada $100 que se recaudan en este nivel de gobierno. Le siguen en orden de importancia el impuesto a los sellos y el inmobiliario (8,3% y 8,2%, respectivamente, de la recaudación provincial).

Fuente: iprofesional.com

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que las personas jurídicas deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales.

El nuevo régimen informativo establecido por el organismo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. La normativa representa un avance en materia de transparencia.

La Resolución General 4697/2020 reemplaza al régimen de información sobre participaciones societarias vigente que no requería a los contribuyentes la información referida a los beneficiarios finales. La decisión de la AFIP dificultará así maniobras de ocultamiento de información sobre los verdaderos dueños de las distintas personas jurídicas, entidades o estructuras.

La normativa del organismo establece que los sujetos alcanzados deberán reportar la información sobre todas las personas humanas que posean capital o derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica, o que por cualquier otro medio, ejerzan su control directo o indirecto.

Los datos sobre los beneficiarios finales deberán presentarse independientemente del porcentaje de participación que posean. Esto es, la nueva normativa de la AFIP no establece un umbral mínimo a partir del cual los sujetos alcanzados tienen que informar quiénes son sus beneficiarios finales.

En los casos que no sea posible identificar a las personas humanas que revisten la condición de beneficiarios finales, los sujetos obligados deberán informar como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de dicho sujeto. En esos casos, la AFIP mantendrá sus facultades para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación de los beneficiarios.

Registro de entidades pasivas en el exterior

La Resolución General 4697/2020 de la AFIP avanza también en la implementación del registro de entidades pasivas en el exterior. Se trata de un instrumento previsto en la ley 27.260 de 2016 que habilitó el denominado “sinceramiento fiscal”.

El registro alcanza a los contribuyentes que posean más del 50% de la participación en sociedades del exterior que, a su vez, obtenga una renta pasiva (por ejemplo, las generadas por depósitos a plazo o inversiones financieras) que supere el 50% de sus ingresos brutos. La normativa establece que esos individuos estarán obligados a informar una vez por año los datos que identifiquen a dicha entidad y su vinculación jurídica con la misma

A partir de lo establecido por la ley 27.260, los contribuyentes no solo presentarán este año la información referida a 2019 sino que también deberán ingresar los datos correspondientes a 2016, 2017 y 2018. La implementación del registro de entidades pasivas en el exterior ofrecerá así trazabilidad sobre las inversiones extranjeras registradas a lo largo de los últimos años.

Las nuevas obligaciones por dentro

La AFIP estableció un nuevo régimen de información a cumplir por determinados contribuyentes quienes deberán actuar como agentes de información, respecto de:

a) Las personas humanas y sucesiones indivisas -domiciliadas o radicadas en el país y en el exterior- que, al día 31 de diciembre de cada año, resulten titulares o tengan participación en el capital social o equivalente (títulos valores privados -incluidas las acciones escriturales-, cuotas y demás participaciones sociales, o cuotas parte de fondos comunes de inversión).

b) Las sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior que, al día 31 de diciembre de cada año, resulten titulares o tengan la participación a que se refiere el inciso anterior.

c) Los sujetos distintos de los mencionados en los incisos a) y b) precedentes, por sus participaciones en el capital social o equivalente, al 31 de diciembre de cada año.

d) Las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

e) Con relación a los sujetos mencionados en los incisos b), c) y d) precedentes, deberá identificarse al beneficiario final, entendiendo como tal a la persona humana que posea el capital o los derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica –independientemente del porcentaje de participación-, o que por cualquier otro medio, ejerza el control directo o indirecto de dicha persona jurídica, entidad o estructura.

Siempre que no se identifique a aquella persona humana que reviste la condición de beneficiario final conforme a la definición precedente, deberá informarse como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de dicho sujeto, sin perjuicio de las facultades de esta Administración Federal para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación del beneficiario en los términos establecidos en el párrafo anterior.

f) Los directores, gerentes, administradores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia.

g) Los apoderados no incluidos en el inciso anterior, cuyo mandato o representación haya tenido vigencia durante el año que se declara, la mantengan o no a la fecha de cumplimiento del presente régimen.

h) El patrimonio neto al 31 de diciembre del año calendario por el cual se presenta la información y al cierre del último ejercicio finalizado a la fecha mencionada anteriormente.

i) Si el Fondo Común de Inversión se encuentra comprendido en el artículo 205 o 206 de la Ley 27.440.

2. Las personas humanas domiciliadas en el país y, cuando corresponda, las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, respecto de:

2.1. Sus participaciones societarias o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas las empresas unipersonales, de las que resulten titulares.

2.2. El desempeño de cargos directivos y/o ejecutivos o el carácter de apoderados, en cualquier sociedad, estructura jurídica, ente o entidad, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior.

3. Los sujetos obligados que sean titulares de más del 50 % de las acciones o participaciones del capital de sociedades o cualquier otro ente del exterior –excepto fideicomisos y fundaciones-, los directores, gerentes, apoderados, miembros de los órganos de fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en dichas sociedades o entes del exterior, que obtengan una renta pasiva superior al 50 %)de sus ingresos brutos durante el año calendario.

La información se suministrará a través del servicio denominado “Régimen de Información de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas” disponible en el sitio web de la AFIP, al cual se accede utilizando la correspondiente clave fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo.

La presentación a que se refiere el artículo anterior se efectuará hasta la fecha del año siguiente al que corresponde la información que, de acuerdo con la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del agente de información, se fija seguidamente:

• 0, 1, 2 y 3 Hasta el día 28 de julio, inclusive
• 4, 5 y 6 Hasta el día 29 de julio, inclusive
• 7, 8 y 9 Hasta el día 30 de julio, inclusive

Cuando alguna de las fechas de vencimiento establecidas precedentemente coincida con día feriado o inhábil, la misma así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes.

También se establece un régimen de registración respecto de las operaciones de transferencia y/o cesión total o parcial, a título gratuito u oneroso de:

a) Títulos, acciones y participaciones o equivalentes en el capital social de los sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 53 y las asociaciones civiles y de los fondos comunes de inversión, realizadas sin oferta pública.

b) Títulos, acciones y participaciones o equivalentes en el capital social de entidades constituidas o ubicadas en el exterior, sin oferta pública.

c) Títulos valores, con oferta pública, emitidos por sujetos radicados en el país o en el exterior, cuando a partir de las mismas se produzca una modificación en el control societario.

La registración deberá ser efectuada, en forma concurrente, por los sujetos que se mencionan a continuación, y en los plazos que -para cada caso- se indican:

a) Vendedores o cedentes y adquirentes o cesionarios de las participaciones aludidas en el artículo anterior: dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la transferencia y/o cesión respectiva, de la de cancelación total o parcial, de la emisión del documento de carácter público o privado que la instrumenta o de las actas o registraciones societarias, etc., según el caso, lo que ocurra primero.

b) Escribanos de Registro, cuando las transacciones se hubieren realizado con su intervención mediante instrumento público: dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión del respectivo instrumento.

c) Sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 53 y las asociaciones civiles  y de los fondos comunes de inversión, cuyas acciones, títulos o participaciones resulten objeto de la transferencia: dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de haber tomado conocimiento de la operación.

Los sujetos obligados efectuarán la registración mediante transferencia electrónica de datos, a través del sitio web de la AFIP, ingresando al servicio “Registración de Transferencias de Participaciones Societarias”, con “Clave Fiscal”.

Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo.

Por último se establece un régimen de información a cumplir por asociaciones civiles y fundaciones y los fondos comunes de inversión.

La información se suministrará mediante transferencia electrónica de datos, a través del sitio web de la AFIP ingresando al servicio “Actualización Autoridades Societarias” con “Clave Fiscal”.

Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo.

La obligación establecida deberá cumplirse dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se produzca alguno de los siguientes hechos:

a) Inscripción ante esta Administración Federal, en el caso de entidades que inicien actividades.

b) Modificación de lo informado oportunamente a este Organismo.

Fuente: iprofesional.com