En el cuarto día del régimen de control de cambios, el Banco Central dio detalles aclaratorios sobre la implementación del nuevo cepo y explicó cómo se deberán pagar los consumos con tarjetas de crédito en moneda extranjera y cómo deben liquidarse las exportaciones.

Para contener la suba del dólar, desde el lunes rige en la Argentina nuevas regulaciones que limitan las operaciones en el mercado cambiario de los ahorristas y ponen como tope de compra de divisas u$s10.000 por mes para personas humanas.

Según la Comunicación “A” 6776, ese límite “no alcanza a los pagos de los clientes de las financiaciones en moneda extranjera otorgadas por entidades financieras locales, incluyendo los pagos por los consumos en moneda extranjera efectuados mediante tarjetas de crédito”.

De ahí surge que los consumos con plásticos en moneda extranjera podrán cursarse libremente, sin límites de monto.

“También están exceptuados aquellos agentes locales que recauden en el país los fondos correspondientes a servicios prestados por no residentes a residentes y las entidades por los gastos que abonen a entidades del exterior por su operatoria habitual”, agrega la autoridad monetaria.

La comunicación explica también que el control de cambios “la transferencia de divisas de las personas humanas desde sus cuentas locales en moneda extranjera a cuentas propias en el exterior se puede efectuar sin restricciones”.

En tanto, para las financiaciones otorgadas por entidades financieras en moneda extranjera a clientes del sector privado no financiero, las divisas deben ser liquidadas en el mercado local de cambios al momento de su desembolso.

Cómo deben liquidarse las exportaciones

Respecto a los exportadores, la comunicación establece que “los plazos para el ingreso y liquidación se calculan a partir de la fecha de cumplido de embarque de la destinación de la exportación otorgado por la Aduana”.

Asimismo, explica que “el plazo de 15 días previsto en el inciso a) también resulta aplicable a las excepciones contempladas en el primer cuadro del anexo a la Resolución N° 57 de 2016 de la Secretaría de Comercio”.

Es decir, todas las operaciones de ventas al resto del mundo deberán cursarse en el mercado local de cambios en un plazo máximo de 15 días del despacho, de modo de contribuir a alimentar la oferta de dólares en un mercado que se había tornado más demandante que oferente de divisas.

Flexibilidad para los bancos

También, el directorio del Banco Central consideró pertinente concederle al conjunto de las entidades financieras facilidades para cumplir las exigencias de inmobilización de parte de sus depósitos, como de la forma de integración de la Posición Global de Cambios, como promedio entre septiembre y octubre.

De esta forma, se busca evitar ajustes forzados por el cambio brusco que desde mediados de agosto tuvieron lugar en los mercados de dinero y de cambio. Más aún al observar que entre ayer y hoy se advierte un clima de menor incertidumbre, y consecuentemente modificación de la tendencia al desarme de depósitos en pesos y dólares.

Fuente: iprofesional.com

La decisión del Gobierno implica que el salario más bajo alcanzado por el impuesto a las ganancias será de $55.376 brutos o de $45.962,08 netos (en lugar de los $46.146 brutos o $38.301 netos vigentes hasta antes de la medida) en el caso de un trabajador soltero y sin ninguna deducción por familia (ni deducciones por algún gasto) y de $70.274 brutos o $58.327,42 netos si se trata de un asalariado que deduce cónyuge y dos hijos (en esta situación, el mínimo para pagar es hasta ahora de $61.046 brutos o $50.668 netos).

Eso significa que el ingreso sobre el que se tributa (el comúnmente llamado mínimo no imponible) se incrementa en un 20%, luego de que este año había tenido un aumento de 28,29% respecto de 2018, un índice que se aplicó en función de lo dispuesto por una ley, pero que había quedado muy por debajo de la inflación.

Esto último provocó que se pagara un impuesto más elevado (medido como porcentaje efectivo del salario), aun percibiendo un ingreso de menor adquisitivo que antes.

También contempla un alivio de la carga fiscal para los jubilados alcanzados por el impuesto, que pagan a partir de un ingreso mínimo especial (si es que cumplen con determinadas condiciones) que equivale a seis haberes básicos y que en estos meses es de $69.170,64, mientras que en septiembre se iba a incrementar a $77.623,29.

Se haría el recálculo del tributo por todo lo ya pagado en lo que va del año. Por ejemplo, en el caso de un trabajador casado, con dos hijos y un salario bruto de $80.000 mensuales, habrá un reintegro de unos 12.000 pesos.

Por otra parte también hay un efecto vinculado a los ingresos salariales de los trabajadores formales tiene que ver con los aportes personales. En Hacienda aclararon que la decisión se refiere al descuento salarial con destino al sistema previsional, que es de 11% del salario. Sí quedarían vigentes los que se dirigen a financiar la obra social del empleado (3%) y el PAMI (otro 3%).

Esa liberación de la carga estará vigente solamente por los meses de septiembre y octubre. El efecto de esta liberación de la carga será para quienes tengan salarios brutos de hasta $60.000 mensuales, con un tope de $2000 en la exención. Alcanza a unas 6,5 millones de personas.

Y los monotributistas, en tanto, no pagarán el componente impositivo de su aporte mensual. El mayor ingreso de bolsillo que tendrán esos contribuyentes solamente en septiembre será, según las fuentes oficiales, de $1000 en promedio.

Los contribuyentes a los que les corresponda sí deberán abonar, como lo hacen habitualmente, los importes con destino al sistema jubilatorio y a la obra social.

Cifras

Un asalariado sin ninguna deducción por familia ni por otros motivos, con una remuneración bruta promedio mensual este año de $50.000, habría tributado, por todo 2019, $2420, o un promedio mensual de $202, en caso de no mediar cambios.

Con la modificación, esta persona queda al margen del impuesto por 2019, con lo cual se le debe devolver lo retenido hasta ahora. Además, en este caso se suma el efecto de los $2000 más de bolsillo por la bonificación en el descuento al sistema jubilatorio.

Si se trata de alguien con un sueldo de $60.000 brutos, también sin deducciones, entonces habría tenido un descuento por Ganancias de $16.836.

Con las modificaciones, el recálculo da un impuesto anual de $3169. Entonces, deberá haber compensación por lo ya retenido de más y, en lo que queda del año, habrá descuentos pero menores a los anteriormente previstos.

Alguien con una remuneración promedio mensual en el año de $85.000 brutos, con deducciones por cónyuge y dos hijos, habría pagado con el esquema anterior un impuesto anual de $39.954. Con el cambio, el cálculo da que tributará $18.624 en el año.

También recibirá, entonces, una compensación por lo descontado de más hasta ahora y, además, luego se le seguirá restando un monto en concepto del impuesto.

Con un sueldo bruto mensual también de $85.000 brutos, pero en este caso con un hijo a cargo y con deducción por pagos al personal de servicio doméstico, se habría pagado por Ganancias un total anual de $49.048. En cambio, con lo ahora dispuesto el monto anual quedará en $21.925, señala el matutino.

Fuente: iprofesional.com

Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo informó este miércoles que bajó las calificaciones de emisor y de deuda en las escalas global/nacional tanto en moneda local como extranjera de ocho provincias y dos municipalidades argentinas y colocó sus calificaciones en revisión para la baja, criterio que hizo extensivo a un conjunto de 17 empresas, particularmente energéticas.

La degradación afecta las calificaciones de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Río Negro, Tucumán y las municipalidades de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires.

Las empresas con calificación empeorada, en tanto, son: Albanesi / Generación Mediterránea; Asociación de Cooperativas Argentinas; Camuzzi Gas Pampeana; Distribuidora de Electricidad de Salta; Distribuidora de Gas Cuyana; Edenor; Empresa Provincial de Energía de Córdoba; Holcim Argentina; Mirgor; Naturgy Ban; Metrogas; Raghsa; Sullair; Telecom; Transportadora de Gas del Sur; YPF; e YPF Energía Eléctrica.

La amplia acción de calificación tomada por Moody’s se deriva de la baja de las calificaciones a Caa2, desde B2, correspondiente a los bonos soberanos de Argentina en moneda local y extranjera anunciada el 30 de agosto pasado.

“La acción de hoy se deriva de una acción similar en la calificación de los bonos soberanos de Argentina (en moneda local y extranjera) y refleja las muy fuertes interrelaciones económicas y financieras existentes entre el gobierno de Argentina y los sub soberanos argentinos”, explicó la agencia.

Moody’s consideró que “la calidad crediticia de los sub soberanos de Argentina se verá afectada negativamente por el aumento de riesgos sistémicos significativos derivados del soberano”.

Para el resto del año la agencia espera que provincias y municipios “vean deterioradas sus calidad crediticia como resultado de restricciones en el acceso a los mercados, presiones cambiarias, mayores costos financieros e inflación persistentemente alta”.

Como consecuencia, agregó, “la posición de liquidez y flexibilidad fiscal de los sub soberanos en Argentina se deteriorará notablemente, al mismo tiempo que se incrementará su carga por servicios de deuda”.

Moody’s espera además que el período de revisión “se extienda más allá del horizonte habitual de tres meses” y el análisis “se centrará en la formulación de políticas del soberano en el contexto actual de volatilidad del mercado”.

“La revisión se centrará en las presiones de liquidez específicas y la fortaleza fiscal de los sub soberanos, en medio de la contracción económica y las presiones inflacionarias esperadas”, añadió la agencia.

En el caso de las empresas, Moody’s consideró que “la calidad crediticia de las compañías argentinas de servicios e infraestructura se ve afectada negativamente por el deterioro del entorno operativo de la Argentina”.

Fuente: iprofesional.com