La obligación de presentar las declaraciones juradas informativas con el detalle de bienes al 31 de diciembre de 2020 y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, resultará de aplicación para aquellos empleados, jubilados y pensionados que hubieran obtenido ganancias brutas iguales o superiores a $2.500.000.

La resolución general con el cambio antes mencionado será oficializada en esta semana.

Reglamentación Ganancias

“La reglamentación de la modificación del Impuesto a las Ganancias traerá alivio con los salarios de junio y también alcanzará al aguinaldo”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“Más de 1.200.000 de personas con salarios de hasta 150 mil pesos dejarán de pagar el impuesto. La ley impulsada por el oficialismo permite que solo 1 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia se vea alcanzado por el impuesto“, definió Marcó del Pont.

“El ingreso disponible adicional para las trabajadoras y los trabajadores es de unos 50.000 millones de pesos. La medida incrementa la capacidad de consumo de la clase media”, sostuvo la funcionaria. Marcó del Pont precisó que la retención que se practicó a los salarios entre enero y mayo “será devuelta en cinco cuotas mensuales, consecutivas e idénticas a partir de julio”.

“Todos los que ganen hasta 150.000 pesos no van a tener retención y los que están entre 150.000 y 173.000 verán una reducción en la carga tributaria”, confirmó Marcó del Pont en declaraciones radiales.

La normativa de la AFIP instrumenta las modificaciones introducidas por la Ley 27.617 con relación a la eliminación del tope de edad para la deducción del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los hijos y las hijas con discapacidad. La resolución del organismo también incorpora la deducción por pareja conviviente, antes reconocida sólo para cónyuges. Asimismo, se exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre.

Acerca del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, la titular de la AFIP aseguró que “los monotributistas que hayan pagado van a tener una reimputación de las diferencias que afrontaron, que implica que se van a liberar unos 20.000 millones de pesos adicionales para llevar alivio a otro sector de la clase media”.

Marcó del Pont añadió que “el proyecto incorpora otro beneficio que es la suba de las categorías para dar mayor espacio para facturar con un alivio mayor para las categorías más bajas, como la A y B”.

“Además, el proyecto añade otra arista, que es el programa de regularización que es casi como una moratoria con 60 cuotas y una tasa del 1,5% para los que se hayan pasado pueden volver”, detalló la titular de la AFIP.

Explicó que “el presidente Alberto Fernández pidió que tras las diferencias que generaron para los monotributistas al aplicar la ley votada en el Congreso, se buscará una solución para llevar alivio a otro sector de la clase media.”

Consultada sobre la recaudación tributaria respondió que la evolución es muy favorable. “La recaudación viene muy bien. Destacamos la evolución de los impuestos progresivos como Ganancias y Bienes Personales”, dijo la funcionaria.

Marcó del Pont resaltó que “también la recaudación del aporte solidario avanza de manera positiva, con 232 mil millones de pesos generados y 10.200 contribuyentes que pagaron de los 13 mil potenciales”.

“Muchos han ido por la vía judicial y la estamos peleando. En general, la respuesta de la Justicia ha sido más favorable al fisco que a los contribuyentes”, sostuvo la titular de la AFIP.

Ganancias: los cambios

La nueva ley exime del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores registrados con salarios de hasta $150.000 brutos mensuales y el que establece cambios en el Régimen de Monotributo.

En el caso de Ganancias, establece que serán los trabajadores que cobren entre $150.000 y $173.000 brutos mensuales los que comiencen a pagar el gravamen.

Hasta ahora, los que pagaban el tributo eran los empleados en relación de dependencia solteros sin hijos, con un sueldo promedio neto mensual de $74.810 y los casados con dos hijos menores que cobran a partir de            $98.963.

Por otro lado, la actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el Ripte (promedio de variación salarial que elabora la Secretaría de Seguridad Social).

1) Quiénes quedan exceptuados de Ganancias: sólo pagarán Ganancias quienes perciban un salario bruto mensual superior a los $150.000, unos $124.500 de bolsillo. Para ese cálculo se considerarán todos los importes percibidos en un mes, con excepción del aguinaldo.

2) Retroactivo al 1 de enero: la ley tendrá vigencia al 1° de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año. Con el cobro de los sueldos de abril, los exceptuados recibirán lo que les retuvieron en enero, febrero y marzo. Se estima que la devolución alcanzaría los $10.000 millones.

3) Jubilados y pensionados: el proyecto eleva el mínimo no imponible para el pago de Ganancias de 6 a 8 haberes mínimos. Por lo tanto, solo pagarán el impuesto los que ahora cobran a partir de $164.571 mensuales. Además, ese piso se ajusta automáticamente cada 3 meses por la ley de movilidad jubilatoria. Sin embargo, el beneficio para jubilados aplica siempre y cuando no tenga otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por ejemplo, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio.

4) Aguinaldos: el aguinaldo de los sueldos de hasta $ 150.000 brutos no pagará impuesto a las Ganancias.

5) Qué pasa con los sueldos entre $150.000 y $173.000: esos trabajadores pagarán Ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones a fin de evitar grandes diferencias entre quienes deben tributar y los que están exentos.

6) Qué pasa con las jubilaciones de los presidente y vice: por una propuesta de la diputada radical Carla Carrizo se estableció que las rentas vitalicias de los expresidentes y vicepresidentes paguen el impuesto.

7) Bonos productivos: se considera exento del pago de Ganancias los bonos por productividad, fallo de Caja y conceptos de similar naturaleza por el equivalente al 40% de base no imponible del impuesto -$67.071 anuales- para los trabajadores que perciben menos de $300.000 de sueldo bruto. Se estima que alcanza a 400.000 trabajadores. Se delega en el Poder Ejecutivo la reglamentación de lo que se entiende por “conceptos similares”.

8) Horas extras del personal de la Salud: se vuelve a prorrogar este beneficio hasta el 30 de setiembre de 2021, con efecto exclusivo para las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada. En este punto se agrega al personal de recolección de residuos patogénicos.

9) Guarderías: los gastos de guardería para niños y niñas de hasta tres años no pagarán Ganancias hasta un tope anual de $ 67.000.

10) Hijo con discapacidad: también se eliminó el tope de edad para poder deducir al hijo por discapacidad. Se dispuso que las deducciones por hijo con discapacidad serán de manera permanente (hasta ahora el beneficio regía hasta los 18 años de la persona con discapacidad). Además, se duplica la exención por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de $78.833.

11) Recolección de basura: los trabajadores de recolección no pagarán el impuesto por las horas extras.

12) Herramientas educativas: se podrá deducir de Ganancias la compra de herramientas educativas por parte de los trabajadores asalariados. Se trata de “la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora y el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización y hasta el límite del 40%” de la base no imponible del impuesto “en las condiciones que establezca la AFIP“. “Herramienta educativa” incluye, por ejemplo, computadora o vestimenta escolar.

13) Concubinos: actualmente, el contribuyente puede deducir $156.320,63 anuales de la base imponible del impuesto por cónyuge si no tiene ingresos. Con las reformas, se amplió la deducción al concubino o concubina -cualquiera fuera el sexo. La reglamentación de AFIP va a establecer las condiciones para la deducción como, por ejemplo: acta unión convivencial, contrato de alquiler, etc.

14) Ropa, equipamiento y capacitación para el trabajador: la provisión de ropa y equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación, no pagará el impuesto a las Ganancias.

15) Plus patagónico: se mantiene el incremento del 22% del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región. Esto abarca a cerca de 83.467 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona -pero con una menor carga tributaria que el resto de los contribuyentes- porque mantendrán un incremento en las deducciones del 22% respecto del resto del país. Esto significa que pagan Ganancias a partir de niveles salariales más altos.

16) Ajuste por Ripte: se fijó que la actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaría de Seguridad Social), porque se dejó de lado el reclamo de la oposición de que se ajustara por el Índice de Precios al Consumidor (IPC, o inflación minorista) que elabora el Indec.

En esa línea, como un aumento salarial otorgado este año puede hacer que una persona que había quedada eximida del impuesto volviera a quedar sujeta a pagarlo, los legisladores delegaron en el Ejecutivo la capacidad de elevar el piso, en caso de que lo considere necesario.

17) Fuerzas Armadas: es por los “suplementos particulares” que cobra el personal de las Fuerzas Armadas indicados en el artículo 57 de la Ley       Nº 19.101. Esos suplementos son: por actividad arriesgada, por título terciario, y por alta especialización o por zona o ambiente insalubre o penoso. Se estima un costo fiscal de $15 millones.

Fuente: iprofesional.com

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de realizar audiencias remotas durante los procesos de fiscalización del trabajo no registrado. La herramienta permitirá a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social tomar declaraciones informativas y testimoniales en forma virtual. El nuevo mecanismo garantiza mayor celeridad en los procedimientos destinados a constatar irregularidades laborales.

El protocolo que permite realizar audiencias laborales virtuales facilitará los procedimientos donde las trabajadoras y los trabajadores deben aportar la información necesaria para que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP que encabeza Carlos Castagneto avance en la desarticulación de las irregularidades en materia laboral y salarial denunciadas.

Nuevas audiencias remotas para fiscalizar trabajo no registrado

La herramienta garantiza la continuidad de los procesos donde las trabajadoras y los trabajadores puedan haber sido afectados los derechos de los trabajadores, como la remuneración, fecha de inicio del vínculo laboral y duración de la jornada, entre otras irregularidades laborales.

El procedimiento instrumentado por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP es optativo. Las personas que deban declarar tendrán prioridad para decidir la plataforma virtual que les resulte más útil.

Los funcionarios del organismo fijarán una fecha para la audiencia y notificarán a los involucrados con al menos 10 días de antelación. Una vez finalizada la audiencia, los funcionarios de la AFIP deberán exhibir el acta y luego será enviada por correo electrónico o a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

AFIP intima a regularizar el empleo doméstico

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a más de 190.000 contribuyentes para inducirlos a regularizar la situación laboral de sus trabajadoras de casas particulares, según confirmaron fuentes del organismo fiscalizador.

Las misivas comenzaron a llegar a los Domicilios Fiscales Electrónicos de personas que, aunque declaran remuneraciones y patrimonios significativamente superiores a la media, no tienen registrado personal de casas particulares y tampoco sus cónyuges.

Las notificaciones fueron remitidas por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social que encabeza Carlos Castagneto.

Los contribuyentes contactados para que regularicen el presunto vínculo laboral son personas que declararon remuneraciones brutas superiores a los $4 millones, declararon bienes por más de $10 millones y poseen vehículos que suman un valor superior a los $3,5 millones.

“Nos contactamos para informarle que, a partir del análisis de sus datos patrimoniales y sus consumos, detectamos que podría ser empleador o empleadora de personal de casas particulares. Sin embargo, a la fecha, no registra el alta de ninguna trabajadora o trabajador”, advierte la notificación que recibieron más de 190.000 contribuyentes.

Qué hacer para regularizar la situación

El Régimen de Casas Particulares incluye a las trabajadoras que realizan tareas de limpieza, jardinería y cuidado de personas, entre otras labores.

La legislación estableció en 2013 que la registración de las trabajadoras es obligatoria sin importar la carga horaria.

Aquellos contribuyentes que deban regularizar la situación de sus trabajadores pueden dar de alta una nueva relación laboral desde el sitio web de la AFIP, deben ingresar con su CUIT y una clave fiscal nivel 2.

A partir del ingreso, se puede acceder a alguno de los servicios presentados como Personal de Casas Particulares o Simplificación Registral – Registros Especiales de Seguridad Social.

Los pagos son electrónicos y se pueden realizar desde la aplicación Casas Particulares disponible en App Store o Google Play o desde el sitio Casas Particulares de AFIP.

Las trabajadoras registradas tienen derecho a vacaciones, licencia por maternidad, acceso a una obra social, jubilación y ART en caso de sufrir un accidente laboral.

Además del salario, el empleador debe abonar todos los meses los aportes y contribuciones al régimen de seguridad social y al Sistema de Riesgos del Trabajo.

Aquellos contribuyentes que tengan personal de casas particulares a su cargo pueden deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas incluidas en la cotización fija mensual. El máximo previsto para 2021 es $167.678,40.

Fuente: iprofesional.com

El dato, en sí mismo, resulta escalofriante: la mitad de los cuatro millones de monotributistas está en deuda con la AFIP.

Son exactamente 1.955.832 personas, que en algún momento dejaron de pagar la cuota del monotributo. Este es el shockeante estado de situación, que obligó a tomar medidas extraordinarias -un proyecto de ley para aliviar la carga de esos contribuyentes- más que la deuda que se había armado por el ajuste de los últimos seis meses, y que provocó el enojo de buena parte de los monotributistas.

La morosidad en el monotributo pone en relieve el severo impacto de la crisis económica, agravada por la pandemia. La mayor parte de los morosos cayeron en la irregularidad el año pasado, por la feroz caída de la actividad, y no han logrado recuperarse.

Es por este motivo que el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso incluye un capítulo para poner en marcha un plan de pagos -de hasta 60 cuotas- para que los contribuyentes -en su enorme mayoría pequeños comerciantes, emprendedores y profesionales- se pongan al día con la AFIP.

A diferencia de otros tiempos -cuando los diferentes gobiernos pretendieron achicar la cantidad de monotributistas para que esos contribuyentes pasaran al régimen general pagando IVA y Ganancias-, ahora la realidad impone lo contrario: tras el grosero error de la última modificación que generó deudas, se busca aliviar la carga.

La cuenta es sencilla: mejor contribuyente pagando y perfectamente identificado, dentro del sistema legal, antes de que esa persona salga del radar de la AFIP yéndose a la informalidad.

De hecho, dos de cada tres contribuyentes pertenecen a las categorías “A” y “B”, personas que hasta ahora facturaban un máximo de $26.000 mensuales.

Los bancos y temor al efecto colateral

La crisis de los monotributistas no es una isla. Obviamente. Los saldos impagos también golpean a los bancos, aunque en una proporción muy menor.

“A la hora de no disponer de liquidez, la gente deja de pagar los impuestos. Los créditos los sigue abonando, o pide ayuda“, argumenta el director de uno de los bancos líderes a iProfesional.

Además, el Banco Central flexibilizó algunas normas -como la cantidad de días que deben transcurrir sin que una deuda se ponga al día antes de bajar de categoría a un deudor-, con el objetivo de no perjudicar a los clientes, al menos transitoriamente.

Además, los bancos cuentan con “alertas tempranas” por las cuales cuando detectan que un cliente dejó de pagar una cuota o el saldo de la tarjeta, ponen en marcha mecanismos para normalizar la situación.

Es típico de los morosos con las tarjetas de crédito. Cuando los bancos detectan que un cliente no puede pagar (aunque la enorme mayoría abona aunque sea el monto mínimo mensual), los gerentes de las sucursales proponen convertir la deuda acumulada con la tarjeta en un crédito personal, con un máximo de tres años de plazo.

El caso es real. Un usuario de una tarjeta de crédito. En diciembre tenía las cosas controladas: consumos por $78.000 y un pago mínimo de algo más de $10.000. Como ese mes sólo abonó ese mínimo, al mes siguiente la tarjeta vino con un saldo de $128.000 y un pago mínimo de $14.000.

Hizo lo mismo: pagó el “mínimo” y siguió. En febrero, la deuda volvió a subir y el pago mínimo se fue a $35.000. Finalmente, este mes, cuando le llegó $255.000 y un pago mínimo de $100.000, al usuario no le quedó otra que parar la pelota y adherirse a un plan de refinanciación del banco.

De esa manera, una deuda de $100.000 se refinancia a una tasa del 43% anual (costo financiero total del 52,5%), lo que da una cuota mensual de $5.510. Es decir, el cliente termina devolviendo casi el doble de lo que pidió ($198.430).

Ejemplo como el mencionado se empezaron a multiplicar en los bancos. Y los financistas temen que los problemas se agranden todavía más, con una economía que no se recupera en plena segunda ola y las restricciones.

En simultáneo, desaparecieron todos los beneficios que las entidades financieras otorgaron a partir de la explosión de la pandemia, a instancias del Banco Central. Esos beneficios se terminaron a fin del año pasado, y no se repusieron a pesar del estallido de la segunda ola de coronavirus.

Para tener en cuenta de la gravedad de la situación: una de cada cuatro cuotas de créditos otorgados por bancos no pudo ser pagada por los clientes y fue refinanciada por las entidades financieras desde que empezó la pandemia.

Esta posibilidad -de pasar al final de la vida del préstamo las cuotas que no pudieron abonarse- formaron parte del paquete de medidas de ayuda que tomó el Banco Central durante la emergencia.

En los bancos, la situación de los deudores es monitoreada a diario. Nadie quiere llevarse una sorpresa.

Lo dicho más arriba: a diferencia de lo que sucede con las deudas con el fisco -donde al fin y al cabo los contribuyentes especulan con que una moratoria salvadora los ponga de nuevo en carrera-, la situación en los bancos luce más tranquila.

“En marzo el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se incrementó levemente hasta 3,9%”, explicitó el último Informe sobre Bancos del BCRA.

“Desde el comienzo de abril de 2021 y hasta fines de mayo de 2021 el BCRA estableció una transición gradual en las pautas para la clasificación de las personas deudoras de entidades financieras, volviendo a los criterios existentes de forma previa al inicio de la pandemia a partir de junio de 2021”, completó el mencionado informe.

Preocupación por la situación de empresas

Desde las entidades financieras están alertas para que la “nueva normalidad” sea sin traumatismos.

Más que problemas entre los individuos, la mayor carga de morosidad -por ahora- se ubica entre las empresas. “En los préstamos a las empresas, el indicador de morosidad se ubicó en 5,6% en marzo”, reveló el BCRA. Nada alarmante.

“Cuando la gente no tiene plata, deja de consumir. No corre riesgos agrandando su deuda”, destaca el analista de riesgo de uno de los bancos consultados por iProfesional.

Un reciente informe elaborado por BBVA Research sobre la utilización de las tarjetas de crédito en medio de la segunda ola destacó que los pagos con plásticos se derrumbaron 30% durante el mes pasado, en relación a abril, como reacción ante las restricciones.

Por ahora, el Banco Central evitó un mal mayor al mantener sin cambios las tasas de interés de referencia. Lo mismo con el costo de refinanciamiento de las tarjetas de crédito.

Esas medidas sirven como contención de una crisis de deuda más grave. Sin embargo, la salida de la asfixia se concretará recién cuando la economía vuelva a crecer y mejoren las expectativas.

Fuente: iprofesional.com