Fuentes del BCRA expresaron a Télam su “preocupación por la circulación de rumores por las redes sociales, destinados a generar incertidumbre en los usuarios de servicios financieros sobre la disponibilidad de sus ahorros”.

Sin embargo, remarcaron que “está garantizado el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados”.

“Las entidades financieras funcionan con normalidad dentro de las restricciones del Aislamiento y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, según las normas emitidas por Poder Ejecutivo”, precisaron las fuentes.

La vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, dijo que “empiezan a circular cosas que igual estamos en Argentina y todos conocemos, que vamos a ir contra los depósitos en dólares”, y observó que “hay un conjunto de dirigentes que creen que es buena idea montarse sobre esa frustración, sobre esa incertidumbre que tiene la gente y agitar las aguas con todo tipo de fantasmas”.

Detalló que a partir de la crisis de 2002 “todos los depósitos que en Argentina se hacen en dólares los bancos sólo pueden prestar esos dólares a gente que tiene ingresos en dólares, básicamente exportadores y empresas vinculadas”.

“El resto de la plata que no se presta de esos dólares están dentro de las reservas del Banco Central“, afirmó la funcionaria, y remarcó que “el dinero está porque reglamentariamente no puede estar en otro lugar“.

Remarcó que “los que hacen correr estos rumores ponen a la gente en riesgo porque la gente va al banco a sacar la plata”, y además “este clima de zozobra permanente desgasta mucho a la población cuando la situación económica es tan difícil, y ese es el objetivo, mezclarlo todo y que no se pueda avanzar“.

Fuente: ambito.com

Fijan entre el 21/09 y 11/10/2020, ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario, con excepción para los procedimientos de fiscalización de la información proporcionada a la AFIP por la OCDE, y los de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio relacionados con el Régimen de Precios de Transferencia.

Resolución General (AFIP) Nº 4818/2020 (BO 22/09/2020)

Fuente: Lisicki Litvin

Según detalla la norma, se mantienen las excepciones a la feria para los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a la AFIP por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y los procedimientos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, relacionados con el Régimen de Precios de Transferencia previsto en la RG (AFIP) 4717 y su antecesora RG (AFIP) 1122. Pero se agrega una tercera excepción: los procedimientos habilitados a las fiscalizaciones electrónicas (aquellos controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente online).

La fiscalización electrónica de la RG (AFIP) 3416 consiste en aquellas que fueron creadas en 2012 y se utilizaron durante varios años en los siguientes casos, entre otros:

1) Cuando los depósitos en las cuentas bancarias superaban en un determinado porcentaje los ingresos declarados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias.

2) Cuando las ventas declaradas en el IVA diferían en un determinado porcentaje respecto a lo declarado en la declaración jurada del impuesto a las ganancias.

3) Cuando había pasivos declarados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias y la AFIP entendía que podían ser ficticios, representando incrementos patrimoniales no justificados.

Alcances de la feria fiscal

• Durante el transcurso de la misma no deben computarse los días hábiles administrativos respecto de los plazos procedimentales.
• Durante la Feria Fiscal el Fisco continúa ejerciendo sus facultades de contralor. Incluso puede realizar notificaciones a los contribuyentes, responsables o terceros. En estos casos, en nuestra opinión, estas notificaciones se tendrán por practicadas el día 11 de mayo de 2020, conforme lo dispone el último párrafo del Art. 100 de la Ley 11.683.
• El contribuyente o responsable tiene la facultad de contestar los requerimientos, citaciones, etc. durante el plazo que rija la Feria Fiscal.
• La feria fiscal no modifica los términos de prescripción de las acciones y poderes del Fisco para reclamar los tributos.
• La AFIP puede habilitar días y horas para la realización de determinados actos o trámites, mediante resolución fundada. Esto corresponde en los casos en que la demora afecte los intereses del Fisco.
• La AFIP está habilitada para disponer que la realización de trámites que resulten improrrogables para el contribuyente, responsable o usuario del servicio aduanero, se realicen ante determinadas dependencias, independientemente de la jurisdicción a la que pertenezcan.

Los bancos están adecuando sus sistemas para habilitar la compra de divisas para ahorro por homebanking. Estiman que para octubre estarían en funcionamiento.

Tendrá una tasa fija subsidiada del 15%, por un monto de hasta $100.000 con la tarjeta Nativa del Banco Nación. También se anunció una línea crediticia para producción.

En los últimos días y en medio de un contexto de crisis y recesión, profundizado por la pandemia de COVID-19, trascendió que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) analiza lanzar una nueva moratoria previsional que incluya dentro del beneficio a personas que no cumplan con todos los requisitos actuales para acceder a una jubilación, pese alcanzar la edad mínima requerida.

Fuentes del organismo previsional dijeron a Infobae: “Aún queda mucho por definir, el momento de hacerlo no es ahora, sobre todo teniendo en cuenta que las prioridades hoy pasan por sancionar una nueva Ley de Movilidad”, tras la suspensión en diciembre de 2019 de la Ley de Movilidad Previsional sancionada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2017, prorrogada en junio, y de los tres aumentos por decreto establecidos desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández.

El alto porcentaje de informalidad del empleo en Argentina es unos de los flagelos más grandes que padece la sociedad y esto quedó claramente expuesto desde que comenzaron a regir las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para morigerar las consecuencias sanitarias de la pandemia de COVID-19, cuando se quiso identificar a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia. Situación que perjudica desde hace años a los trabajadores que encuentran serias dificultades para acceder a una jubilación.

“En la actualidad 4 de cada 10 personas poseen empleos no registrados o en la informalidad. Desde 2006 hasta hoy el 50% de los jubilados accedieron con moratorias. Dicho porcentaje aumenta en relación a las mujeres dado que el 85% de las jubiladas lo han hecho también con moratorias”, aseguró a Infobae la abogada previsionalista Silvia Arce.

En este marco, la entidad conducida por Fernanda Raverta admite el interés en trabajar en ese sentido, aunque asegura que la iniciativa recién podrá ser desarrollada luego de que se completen otras prioridades hoy en agenda. El proyecto, que según fuentes del organismo previsional todavía tiene pocos puntos definidos, incluiría la posibilidad de que personas que se encuentren cerca de la edad mínima para jubilarse puedan hacerlo en forma anticipada, en particular para los casos en que se encuentran desocupados pese a querer seguir trabajando.

Los 3 planes vigentes

– Ley 24.476: la inclusión en esta moratoria está sujeta previamente a una evaluación socioeconómica y los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1 de enero de 1955 y el 30 de septiembre de 1993 y desde los 18 años de edad.

La deuda puede cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecúan mediante la aplicación del índice de movilidad. Este es un plan de carácter permanente. “En la actualidad, un hombre para poder acceder a esa moratoria necesita contar al menos con 10 años de aportes con posterioridad a septiembre de 1993; y para la mujer 15 años de aportes”, detalló Silvia Arce.

– Ley 26.970: rige para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años, y menores de 65 años), prevista en el artículo 37 de la Ley 24.241. Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad. Mientras que la deuda se puede cancelar de contado o en un plan de hasta 60 cuotas. Los importes se adecúan mediante la aplicación del índice de movilidad. Estará vigente hasta el 23 de Julio de 2022. En este caso, una mujer de 60 años debe poseer cinco años de aportes con posterioridad al 31 de diciembre de 2003 para poder acceder.

– Ley 25.994: para el caso de los hombres, está vigente el artículo 6° de la Ley 25.994. Los períodos a incluir que deben estar comprendidos entre el 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 2003 para autónomos y hasta el 31 de nero de 2004 para el caso del inscripto en el Monotributo y desde los 18 años de edad.

En este caso la deuda se puede cancelar de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se deben adecuar mediante la aplicación del índice de movilidad.

Cómo hacer el trámite

Para gestionar cualquiera de esas tres moratorias y poder acceder a una jubilación hay que sacar turno en la Anses a través de la página de internet y, luego, superar una evaluación socioeconómica.

La entidad conducida por Fernanda Raverta admite el interés en trabajar en ese sentido, aunque asegura que la iniciativa recién podrá ser desarrollada luego de que se completen otras prioridades hoy en agenda. (Facebook)

Para la atención virtual o presencial en los casos autorizados, los trabajadores del organismo previsional inician el trámite y le entrega al solicitante el formulario para ingresar la primera cuota. Luego aprobado, la Anses liquida el expediente y las cuotas restantes se descuentan junto con el cobro de los haberes.

En septiembre de 2020 se abonarán por regímenes especiales 3.603.278 beneficios, de los cuales 3.390.068 (94,1%) corresponde a jubilaciones y 213.210 (5,9%) a pensiones). De la totalidad de beneficios por moratorias, 2.477.780 (68,8%) fueron realizados por las previstas en las Leyes 24.476 y 25.994 y 1.125.498 (31,2%) por la de Ley 26.970. Mientras que los casos regulares, sin moratoria suman algo menos de 3 millones de personas.

Qué piensan los especialistas

El antecedente más cercano a una moratoria jubilatoria fue el que había establecido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y consistía en que es que se puedan regularizar los aportes no ingresados hasta 2003 sin necesidad de contratar a un abogado o gestor. El régimen se mantuvo durante la administración de Cambiemos pero sin modificar el año tope.

“Estamos pensando desde el organismo dar soluciones a problemas que necesariamente nos obligan a ser mejores. El tope de la moratoria alcanzó hasta el 2003 a cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y por responsabilidad no propia no habían tenido sus aportes que pudiera el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”, había dicho Raverta el mes pasado a Radio 10.

“En la actualidad 4 de cada 10 personas poseen empleos no registrados o en la informalidad. Desde 2006 hasta hoy el 50% de los jubilados accedieron con moratorias. Dicho porcentaje aumenta a 85% en relación a las mujeres”, dijo Infobae la abogada previsionalista Silvia Arce (Marcos Gomez)

Para la abogada previsionailsta Andrea Falcone, no es el momento para abrir una nueva moratoria. “Primero por la situación económica del Anses que está muy golpeada. Tenés baja recaudación y una alta carga de lo que tienen que pagar con el IFE y el ATP. Y si mirás el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que su función era enfrentar las crisis, ves que está volcado con el 65% de la plata invertida en bonos defaulteados”, afirmó en diálogo con Infobae.

No hay que perder de vista que luego de la suspensión en diciembre de 2019 de la Ley de Movilidad Previsional sancionada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2017 y de los aumentos por decreto establecidos durante la gestión de Alberto Fernández, el Estado reduciría el gasto público en $72.000 millones o el equivalente a la erogación del primer mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esto siempre que el Gobierno no otorgue ningún bono a jubilados, pensionados y asignaciones de acá a fin de año.

El informe sostiene que desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, aunque también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por la Ley de movilidad.

“Hasta el año pasado se jubilaban 18 mil personas por mes. Y en los meses plenos de pandemia se están oficializando menos de 3 mil personas”, dijo a Infobae Andrea Falcone

Falcone añadió que tampoco es el momento de lanzar una moratoria desde el punto de vista práctico. “Anses está trabajando de forma dificultosa. Atiende el 20% de lo que normalmente estarían atendiendo. Hasta el año pasado se jubilaban 18 mil personas por mes. Y en los meses plenos de pandemia se están oficializando menos de 3 mil personas”, detalló.

No obstante, dijo que la moratoria es siempre un parche y no una solución definitiva. “Es el ibuprofeno ante el síntoma pero no estamos pensando en la vacuna. Es la respuesta que da el Estado ante la falta de control del trabajo informal. Si no existen las moratorias no se jubila nadie. Es una figura que nos va a acompañar mucho tiempo hasta que no se tomen decisiones profundas de hacer blanqueo laboral, sobre todo teniendo en cuenta que afecta a los sectores más vulnerables”, planteó.

Según la abogada previsionailsta Silvia Arce, “la problemática radica en que las moratorias existentes benefician a un grupo muy reducido de personas dado que se necesitan contar con aportes y además es necesario superar la evaluación socio económica prevista por la ley”.

Cabe destacar que la evaluación socio económica toma en cuenta los bienes e ingresos de las personas. Los parámetros actuales de la evaluación son no tener un patrimonio que supere $2.583.792; no poseer vehículos superiores a $968.922; los gastos y consumos con tarjetas de crédito no pueden superar anualmente la suma de $839.732 y no haber percibido ingresos brutos mensuales por la suma de $53.829 promedio durante el último año.

“Es fundamental entender que en nuestro país no podemos pensar en tener un sistema previsional sin moratorias, dado que históricamente el empleo no registrado es una constante y los controles de los aportes recién llegaron en los últimos años”, afirmó Arce.

En tanto, el previsionalista Adrián Tróccoli dijo a Infobae: “la idea que tiene hoy Anses es básicamente dejar de lado la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y pasar de nuevo a un esquema de moratoria donde casi haya un derecho universal a jubilarse. Esto rompe con lo que plantea el Gobierno porque, o se centran en el trabajo o en permitir que la gente se jubile sin haber contribuido nunca”.

Para Tróccoli, es necesario pensar un esquema que no deje afuera por completo a dos grupos; los que no tuvieron un esquema formal de trabajo (para quienes está destinada la PUAM) y a otro que incluye a mucha gente tiene por ejemplo 28 años de aportes.

“No parece justo que esas personas no puedan jubilarse hasta mucho tiempo después de cumplir la edad jubilatoria. Hay que ver cómo se da un a jubilación proporcional. El resto es el riesgo de desfinanciar al Estado. Lo que se discute hoy en el Congreso que estudia la forma de movilidad es que el sistema tiene un enorme déficit porque tiene que pagar mucho de jubilaciones”, concluyó.

Fuente: infobae economico